La impunidad de los diputados tiene su fuerza en el sistema de circuitos electorales y en su juzgamiento por la Corte Suprema

El cúmulo de fueros y privilegios de los que gozan los diputados los ha convertido en figuras intocables. Tal poder los ha colocado en una posición de impunidad y de beneficiarios de prebendas que facilitan sus actos de corrupción, su desprecio por la ley, y su condición de intocables.

Pero, ¿dónde radica el sostén de ese mal? Nada más y nada menos que en la forma de elegirlos, a través del sistema de circuitos electorales, y en la disposición constitucional que reserva a la Corte Suprema el investigarlos y procesarlos. Allí, principalmente, tiene su fuerza y su origen la impunidad y la corrupción de las que un buen número de ellos hace gala.

La manera en que se conciben los circuitos electorales es, en gran medida, la causa de los males políticos que afectan a los miembros del órgano legislativo. Los artículos 147, 150 y 155 de la Constitución Política de la República de Panamá son la clave para comprender esa situación. Al dividir en tantos circuitos electorales a un país pequeño como el nuestro, se crean feudos a la medida de los diputados. Y es en función de estos feudos -circuitos electorales- que el diputado actúa y piensa desde la perspectiva electoral. De allí que el mecanismo de las partidas circuitales -disfrazadas o no- le permita hacer o conseguir "obras para su comunidad" y financiarse, velada o abiertamente, la campaña para su reelección. Diputados usurpando las funciones propias de un alcalde, tales como: construcción de campos deportivos, reparación de calles y de edificios públicos, financiamiento de comedores populares, reparto de alimentos y enseres, y otras gestiones similares son cosa común entre los funcionarios legislativos. Un circuito electoral es, pues, a un diputado, lo que representa para un pastor su congregación de fieles, con diezmo incluido. Por eso no es de extrañar que esta práctica se convierta en una vía expedita hacia la corrupción. Cuanto más años permanezca un diputado en el cargo, más riesgo de corrupción experimentará.

Por su parte, el amarre constitucional con la Corte, para que puedan ser investigados y procesados, es un obstáculo para que el brazo de la justicia los alcance. Es en el artículo 155 de nuestra Carta Magna donde se sustenta la impunidad de los diputados. Al establecerse que es el pleno de la Corte el que debe llevar a cabo su investigación y procesamiento, por la presunta comisión de un acto delictivo o policivo, el diputado es beneficiado con un fuero y un privilegio por encima del resto de los ciudadanos. Ni siquiera por una infracción de tránsito o por tirar basura a la calle o hacer ruido puede ser multado. Al mismo tiempo, tal beneficio impide que haya una segunda instancia para el que resulte condenado, en abierta violación a los derechos humanos fundamentales, porque los fallos de la Corte son inapelables. Traducido en la práctica: si los diputados son investigados y procesados por el Pleno de la Corte y, a su vez, los magistrados de la Corte con investigados y juzgados por los diputados, la independencia de ambos -diputados y magistrados- se ve comprometida y crea desconfianza entre los ciudadanos cualquier actuación que permita la continuidad de los actos de impunidad y corrupción, o que dé la sensación de componendas y acuerdos turbios entre los funcionarios judiciales y los legislativos. 

Si queremos poner fin al andamiaje en que se sustenta la impunidad de los diputados, a través de una Asamblea Constituyente, debemos acabar con el sistema de circuitos electorales vigente y con el amarre que se les ha dado a los diputados con la Corte Suprema, en cuanto a su investigación y procesamiento. Los diputados deben ser elegidos por provincias. Los diputados deben ser investigados y procesados por el Ministerio Público y los juzgados competentes. Que la Corte cumpla el papel de recibir en apelación las sentencias proferidas por el resto de los tribunales, como corresponde en un estado democrático y de derecho. Ningún diputado merece gozar de fueros, privilegios y prebendas que faciliten la impunidad y la corrupción, y menos aún estar por encima de la ley.

Antes de pedir una constituyente debe tenerse claridad en qué cambios queremos

Hace casi cuatro décadas diversos sectores de la sociedad levantan su voz en pro de una asamblea constituyente en Panamá. Ninguna iniciativa, hasta ahora, ha tenido éxito, salvo la realizada en 1983 bajo condiciones muy particulares del ambiente político de aquel entonces. Actualmente, el clamor por una constituyente se cuenta entre los temas que son tendencia en las redes sociales y en la opinión pública nacional.

A pesar del buen deseo de tanta gente, ese clamor por una constituyente no parece encauzarse hacia una realidad concreta, porque está ausente el elemento de proyecto que le dé cohesión al querer y al sentir de quienes reclaman la constituyente. Por otra parte, la opinión acerca de la constituyente oscila entre dos bandos: los que exigen la constituyente originaria, y los que estarían de acuerdo con una constituyente paralela para ajustarse al orden constitucional. El primer bando emplea un discurso intransigente en cuanto no aceptar otra forma de constituyente que no sea la originaria; el segundo, por su parte, recurre a un discurso más conciliador, pero con claridad en cuanto que sea una asamblea constituyente distinta a la legislativa ordinaria.

Tal ausencia de temas puntuales, de proyecto y de consenso en el tipo de asamblea constituyente es un obstáculo para el éxito de esa empresa. Historicamente así ha sido. Esto, en mi opinión, dificulta e impide la convocatoria real de la constituyente. Y si le sumamos la falta de un liderazgo efectivo para dicho propósito, la posibilidad inmediata de darle al país una nueva constitución por la vía de la constituyente es casi nula.

Como paso previo al llamado de una constituyente, los sectores que la impulsan necesitan definir los principales cambios que deben darse en una nueva constitución. Y dichos cambios deben apuntar, fundamentalmente, a los derechos políticos, la conformación de los poderes del estado, la fuerza del sufragio, y la relación entre los órganos de gobierno.

El modelo político vigente se agotó, porque propicia la práctica electorera, impide el necesario control ciudadano sobre los gobernantes, y es caldo de cultivo para la corrupción política de los partidos y los funcionarios. Necesitamos un mejor equilibrio del ejercicio del poder, una presencia ciudadana más participativa, y romper con los vicios constitucionales que dan pie a la impunidad y a los actos de corrupción. Aquí está el desafío democrático y constitucional.

¿Política o politiquería?

La política es el arte de buscar el bien común a través de acciones y decisiones de los gobernantes o los que pretenden gobernar, fundamentadas en el orden institucional, la ética y el buen manejo de la cosa pública. Así es en esencia, a pesar de las tantas definiciones que se dan de ella. La politiquería, por su parte, es lo opuesto a la política.

Cuando un gobierno, un partido, o un grupo social se compromete a hacer política, lo que busca es el bienestar de la población, nunca lo contrario. Bien ejercida la política es, pues, pieza fundamental para el desarrollo y el progreso de las naciones. Grandes metas pueden alcanzarse con políticos auténticos en su actuar y con políticas claras y definidas en cuanto a la ruta y el método que serán usados para alcanzar las metas que construyan un mejor país y una mejor sociedad.

Pero si los actores políticos dejan de lado la política, para reemplazarla por la politiquería, sus actuaciones devienen en hechos de corrupción que prostituyen el manejo de la cosa pública. La politiquería solo busca satisfacer los intereses de grupo, tanto en la conservación del poder como en el enriquecimiento personal de quienes la practican. La politiquería es una práctica aberrante que se disfraza de política, se justifica en el aparente poder del sufragio, y se envuelve en un manto de legalidad creado a la medida para obtener sus aviesos fines.

El reciente escándalo del manejo de fondos públicos por parte de diputados y representantes de corregimiento, expuesto a la luz por la Contraloría General de la República, es prueba fehaciente de la politiquería que ha reinado en Panamá desde hace décadas. Es el instrumento de dominación del órgano ejecutivo sobre el legislativo, que ha sido utilizado desde la dictadura hasta la actual etapa democrática. Y en el reciente ejemplo se corrobora, sin duda ni empacho, cuál era el precio para que un diputado saltara de partido o apoyara las decisiones del ejecutivo de turno quedándose en su colectivo como diputado rebelde.

Ante tal realidad, es menester una nueva clase de político. De nada vale no reelegirlos, si la matriz de donde salen es una matriz corrupta y podrida. Y esa matriz es la sociedad misma, en general, y los partidos políticos, en particular. Mientras dejemos de hacer el esfuerzo por educar a mejores ciudadanos, a mejores empresarios, a mejores líderes políticos y civiles, seguiremos a merced de la politiquería. Solo habrá cambios y una sociedad nueva cuando tengamos cambios en la población para formar personas nuevas. Necesitamos una revolución moral y ética, una revolución que tienda a formar ciudadanos probos, honestos, respetuosos de la ley y de sí mismos, con valores y principios que sustenten sus actuaciones. Y ese cambio comienza por cada panameño y panameña, en su propia persona, en su hogar, su trabajo y su ambiente social.

EL JUEGO POLÍTICO DE TRUMP EN AFGANISTÁN

Empoderar a India políticamente es parte de su estrategia.

La política antiterrorista del presidente Donald Trump en Afganistán descansa sobre la presencia militar de los Estados Unidos de manera indefinida en la región. Cuando se pensaba que el retiro de las tropas se daría en plazo perentorio, el inquilino de la Casa Blanca anuncia una permanencia sin fecha definida, un aumento de las tropas, y el uso de las armas sin previo aviso.

Su estrategia está dirigida no solo hacia los talibanes, sino al Estado Islámico (ISIS) y al gobierno paquistaní, a quien Trump considera como aliado y protector de los terroristas. Con la mitad del territorio afgano en manos del talibán y el doble juego paquistaní que aparenta combatir el terrorismo, pero ampara y apoya a los grupos terroristas, el gobierno de Trump necesita neutralizar al talibán y hacer que Paquistán cambie su actitud de protección al terrorismo.

Ante ese panorama, Trump decide involucrar a la India, adversaria de Paquistán, y sumarla como aliada en su lucha antiterrorista. Lo que persigue, más allá de un aliado confiable, es darle un mensaje al gobierno paquistaní: si ustedes no cambian de actitud, su adversario indio asumirá el papel protagónico en esta lucha contra el talibán e Isis. Es de esperar, por tanto, que los paquistaníes reaccionen en primera instancia con un acto de fuerte protesta, y al final se abran a un acuerdo con el gobierno estadounidense. ¿Será esto lo que busca Trump?  De ocurrir esto último, ¿qué pasará con la India?

El perfil sicológico de Donald Trump indica que no renunciará a cambiar el liderazgo en la zona. De alguna manera se las ingeniará para involucrar al gobierno indio y minar el poder y la influencia política paquistaní. Y este cambio político en la zona transformará las relaciones futuras de los Estados Unidos con esa parte del mundo.

Lo que le espera a la región es un período de intensa guerra, un panorama político complicado, y un futuro poco claro para Afganistán. Como ha dicho Donald Trump: lo que recibirán los afganos no será un cheque en blanco. Por el momento, aunque no parecen claros los objetivos del presidente Trump, parece despertar el interés de sus aliados para apoyarlo en su lucha antiterrorista. Y esto, por ahora, debe bastarle.

LA FALSA VISIÓN DE PROGRESO

Obras apoteósicas y multimillonarias pueden reñir con el progreso de las naciones.

Una de las prácticas más comunes en los países llamados emergentes, antes conocidos como subdesarrollados o en vías de desarrollo, es la de incurrir en cuantiosos gastos para construir mega estructuras que consumen gran parte de los presupuestos nacionales. Grandes puentes, autopistas, ostentosos coliseos deportivos, edificios de gran tamaño e incluso monumentos gigantescos, están en la lista.

El deseo de ser recordados por la hechura de esas obras parece ser el motivo de los políticos que gobiernan nuestros países. Cada una de ellas, cuya grandeza se mide más en el rédito electoral que en el beneficio de la población, representa un aumento del endeudamiento de los estados; un riesgo para su salud fiscal; y una oportunidad menos de un auténtico progreso.

Aún cuando dichas obras puedan justificarse desde el punto de vista del manejo del dinero público, no garantiza que tal inversión signifique el buen uso de los recursos del estado. Si tan solo los gobernantes de turno decidieran realizar la mitad de las mega obras que hacen y usar el resto del dinero para invertir en acueductos, alcantarillados, protección del medio ambiente, energía limpia e investigación científica, los países darían un salto cualitativo hacia el verdadero progreso. Progreso auténtico que se constata en mejor calidad de la educación, cobertura de salud, generación de empresas locales y puestos de trabajo, servicios públicos eficientes, y gestión de gobierno transparente y honesta.

Frente a esa realidad de falsa visión de progreso, la sociedad debe actuar de manera más decidida. Más que manifestar la insatisfacción con comentarios virulentos por las redes sociales, o convocar a una protesta cuyo efecto morirá al terminar el noticiero de la tarde, la población debe procurar organizarse y participar activamente en la vigilancia del actuar de las autoridades y en la toma de decisiones. Muchos países son víctimas de sus políticos, porque la población no les crítica ni les sigue la pista antes de ser elegidos. Solo cuando están en el cargo público es que se les presta suficiente atención, y el daño ya está hecho.

A menudo decimos que la educación es el motor para la transformación del país y su progreso; pero, ¿quién se ocupa de la educación de los políticos? ¿Quién vigila el actuar de los partidos cuando escogen sus candidatos o negocian acuerdos y alianzas con sus pares? Tenemos grandes deficiencias en el ejercicio democrático. Si el pueblo quiere, realmente, hacer valer la fuerza del sufragio, debe ser más riguroso en su participación en los asuntos públicos y en exigir, realmente, las obras que necesita la comunidad. Cuando se les haga ver a los políticos que invertir en lo que interesa a la población es redituable, entonces el derroche de dinero sin sentido que se hace en algunas mega estructuras, podrá controlarse. Cuando la población tenga clara la visión del auténtico progreso, así mismo la falsa visión de progreso se esfumará.

EL FENÓMENO UBER

Uber enfrenta una ola de rechazo acusada de competencia ilegal.

La plataforma tecnológica que permite contratar el servicio de transporte privado sufre el embate de los taxistas en varios países. Bajo la acusación de competencia ilegal por ejercer la actvidad de transporte sin permiso, se enfrenta a demandas, protestas callejeras y ataques a su modelo de negocios por parte de los afectados.

Sus problemas internos también provocaron la renuncia de su jefe ejecutivo y co-fundador, Travis Kalanick, y bajo nuevo liderazgo se aboca a hacer cambios dentro de su cultura empresarial y su relación con los conductores. Ante este panorama, los vientos de transformación parecen soplar dentro y fuera de Uber.

Uber y otras empresas similares, que han seguido sus huellas, son el reflejo del cambio social provocado por la tecnología. La nueva generación que vive esta era tecnológica modifica su actitud con respecto al transporte. Es aquí donde radica el éxito de Uber. Las personas pertenecientes a esa generación tienen preferencia por transportarse de manera diferente al modelo centenario del taxi; incluso tienen tendencia al vehículo compartido, en vez de comprarse uno. Es una nueva cultura que no asimila ni comprende el empresario del transporte de taxi. Incluso este fenómeno surgido de Uber afecta ya a otras empresas dedicadas al negocio del transporte, como las arrendadoras de vehículos. La nueva generación desea acceder al transporte de manera más expedita, en vez de utilizar el servicio de taxi en una ruleta aleatoria para lograr quien lo transporte o esté disponible para hacerlo mientras espera en una esquina. Lo mismo ocurre con el engorroso papeleo previo al alquiler de un automóvil.

Esta nueva cultura y este cambio social es lo que no parecen entender, aún, los que operan y explotan el servicio de taxi. Su problema no es ocasionado por Uber: Uber es la consecuencia de un problema ajeno a Uber y empresas similares. En muchos países las prácticas de los taxistas son percibidas por el público como algo abusivo, negativo y ofensivo. En el caso panameño, el negarse a llevar al pasajero porque no le conviene la carrera, subir al taxi a personas desconocidas violando el principio de transporte selectivo, los actos de violencia y grosería contra los pasajeros y otros conductores particulares son la causa del rechazo al taxi y la aceptación de Uber. Nueva cultura y mala fama ganada por el abuso conspiran en contra del negocio de taxi.

Si hay un adagio que viene como anillo al dedo en este caso es aquel que reza: la fiebre no está en la sábana. El punto en contra de Uber y similares es que sí es un negocio de transporte, aunque se escude tras la plataforma tecnológica. Si en vez de optar por el auto particular lo hubiera hecho con los prestatarios de servicio de taxi, se hubiera librado de las protestas; pero eso, quizá, no le habría permitido alcanzar el éxito en el negocio. La tecnología llegó para quedarse, la nueva cultura se impondrá y el negocio del transporte de pasajeros se revolucionará más allá del servicio de taxi.

Así como Whatsapp afectó al mensaje de texto de chat y al correo electrónico, así la tecnología creada por Uber ha transformado, y continuará haciéndolo, el negocio del transporte de pasajeros.

LA AMENAZA NORCOREANA

Las pretensiones de Kim Jon-un amenazan a Asia y al mundo.

El líder norcoreano demuestra una ambición de poder absoluto que intenta extender a la región asiática oriental y, desde allí, posicionarse como líder mundial con influencia suficiente para controlar la política internacional.

Kim apuesta por el poderío nuclear como arma política. De allí sus denodados intentos de acumular fuerza militar sobre esa base, para así chantajear a la comunidad internacional. Porque, hasta ahora, sus bravuconadas nucleares han estado más dirigidas a eso, precisamente: el chantaje.

Sin embargo, el gobernante norcoreano olvida que el tigre mayor, China, es el amo de los dominios que pretende usurpar. A pesar del apoyo chino para el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte, el verdadero rey de ese territorio no está dispuesto a ser desplazado. Corea del Norte está muy lejos, todavía, de contar con el desarrollo científico, tecnológico, económico y militar de China; menos aún de igualar el poder y la influencia política del gran Oso Panda.  Mientras China no lo considere una amenaza para sí misma, se le permitirá seguir a Kim Jon-un con sus bravuconadas.

Por otro lado, los Estados Unidos de América parecen perder la paciencia. Han presionado a China y buscado apoyo entre sus principales aliados, lo que ha traído como resultado la imposición de sanciones a Corea del Norte por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, controlado por las potencias nucleares, políticas y económicas del mundo. El pequeño tigre norcoreano ha recibido un palo de advertencia seria del garrote del Tío Sam. Si este logra la colaboración del gran tigre chino, ese garrote será blandido con furia por parte del viejo de la chistera y se dejará caer con igual ira.

La amenaza norcoreana es, pues, un asunto que va más allá de la cuestión nuclear. Es un juego de poder en el que, si se le permite, Kim Jon-un procurará convertir a su régimen y a su país en la voz de la región, desplazando a Japón y a Corea del Sur, entre otros. Y no escatimará en métodos, porque ya ha demostrado que elimina a sangre y fuego todo lo que se interpone en su camino y en sus planes; si no, que lo digan los que le sobreviven a los familiares y adeptos que mandó ejecutar.

¿Permitirá China el avance norcoreano? ¿Hasta cuándo durará la paciencia de los Estados Unidos? ¿Estarán dispuestas las otras potencias nucleares, como Francia, Inglaterra y Rusia a aceptar un liderazgo norcoreano? Son preguntas que, por el momento, no tienen respuesta cierta. Solo el tiempo develará lo que hoy está oscuro.