No basta con sentirse panameño; hay que serlo

 Muchos creen que por nacer en esta tierra, arroparse con la bandera o gritar Panamá ya son panameños: ¡qué equivocados están!

A lo largo de mi vida he visto cientos de personas, quizá miles, que desgañitándose pregonan a los cuatro vientos que son panameños sin poder demostrarlo más allá de sus eufóricas palabras. En los años recientes, merced a la publicidad de algunos medios patrocinadores de eventos deportivos, principalmente el fútbol, la imagen del ser panameño se ha distorsionado y estereotipado reduciéndola al sujeto que bebe una cerveza, viste una camiseta con la insignia y los colores patrios gritando a voz en cuello ¡Panamá, Panamá! mientras zarandea la bandera.

En este Mes de la Patria que transcurre en medio de la pandemia del Coronavirus, la mayoría de la población rememora los desfiles de otros años y desempolva una bandera nacional o el vestido típico que guarda en una gaveta o en el closet. Así intenta expresar su ser panameño, porque no ha aprendido otra forma de hacerlo.

Ser panameño va más allá de los signos exteriores. Serlo implica estar consciente del porqué somos panameños, saber explicarlo con arraigado conocimiento de la historia patria y defenderla ante cada intento por mancillarla o traerla a menos. Hacerlo con argumentos fundados en la razón, el saber y el entender de cada una de las etapas que han ido construyendo el tejido de nuestra sociedad nacional. No es cuestión de gritos y frases sin sentido, sino de los hechos y las palabras que dan fe de la autoridad con la que hablamos de nuestra tierra, su cultura, su historia, los hechos vividos que hacen parte de nuestra memoria colectiva y como la construimos cada día amando la familia y trabajando honestamente para nuestro crecimiento personal y comunitario.

La gesta independentista iniciada el 10 de Noviembre de 1821 en La Villa de Los Santos, proclamada el 28 de Noviembre de ese mismo año; nuestra unión al sueño de la Colombia de Bolívar; y el largo itinerario que recorrimos para culminarla y consolidarla el 3 de Noviembre de 1903 no admite, por parte de ningún panameño auténtico, los agravios que suelen proferir algunos, incluso nacidos en esta tierra, de que somos un país inventado por la hegemónica potencia norteamericana de nuestro continente americano. Nada más alejado de la realidad. Allí están los documentos que nos hablan de la verdad concreta de Panamá: algunos en nuestros Archivos Nacionales y otros rehundidos en los de Bogotá y de España, en espera de que los panameños los saquemos del ostracismo para esclarecer tantos y tantos decires sin sustento histórico que zahieren nuestro ser nacional. 

Desde la supuesta no existencia de Rufina Alfaro hasta la hechura de Panamá por Wall Street transitan por cuanto medio lo permita, provocando que haya quienes haciéndose eco de tales aseveraciones las den por ciertas sin detenerse a analizar, siquiera, la proveniencia de ellas. 

Recuerdo hace unos 25 años que Gilberto Medina, abogado de oficio, colombiano de nacimiento y nacionalizado panameño, llegó a la oficina del periódico Panorama Católico que yo dirigía, con la novedad que Rufina Alfaro no aparecía en el Registro Civil y que, por ello, no existía. Conversé ampliamente con él y le expliqué que aquello no era determinante porque para esos tiempos había deficiencias en los registros de provincias, que los archivos centrales se manejaban en España y no en Panamá, que muchas personas en los pueblos eran conocidas por su nombre usual y no el de pila y que en el pueblo de La Villa de Los Santos aún son conocidos parientes de la heroína santeña. Incluso le mencioné que había leído alguna vez un artículo fechado unos 30 años después 1821 donde se hace mención de Rufina Alfaro, por lo que ya era aceptada su existencia y, probablemente, con muchos actores del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos aún vivos que pudieron haber dado fe de el hecho y desmentir cualquier mito o leyenda colectiva que quisiera todo el pueblo santeño crearse al respecto. El caballero siguió con su idea y algunos medios de comunicación se han hecho eco de ella a lo largo del tiempo provocando la mención cada año de la supuesta inexistencia de Rufina Alfaro. 

Otra de las afirmaciones poco analizadas y dada por cierta es decir que Panamá pertenecía a Colombia y que los Estados Unidos le quitó ese territorio para crear Panamá, sin hacer la distinción entre la Colombia de Bolívar y la Nueva Granada que, posteriormente, adoptó el nombre de Colombia. Panamá se unió a Colombia y se separó de ella, como también lo hicieran Venezuela y Ecuador (con Quito y Guayaquil primero). Ninguno, y menos un colombiano actual, tiene la osadía de decirle a un venezolano o a un ecuatoriano "ustedes eran de nosotros" sin recibir una respuesta tajante de parte de ellos o de sus propias autoridades, según sea el caso. ¿Por qué los panameños hemos de aceptar tal ultraje repetido una y otra vez cada noviembre? Nuestra vida de unión a Colombia está plagada de múltiples intentos de separación y aplastamiento militar de dichos intentos por parte de la metrópoli bogotana. Si no pudimos consolidar esa separación antes de 1903 fue por causa del poder político y militar que imponía Colombia sobre nuestro pequeño país. La conocida historia del sometimiento del débil por parte del más fuerte.

Que los Estados Unidos contribuyeron con el reconocimiento de nuestra separación de Colombia para consolidar nuestro movimiento separatista y erección como república independiente no tiene nada de pecaminoso como quieren hacernos ver algunos. El mismo Bolívar recibió ayuda de Francia e Inglaterra para independizar a los pueblos que llamó a conformar su Colombia, incluida la actual que, a la sazón, era conocida como Nueva Granada. Los propios Estados Unidos también recibieron ayuda de Francia para su independencia. Si recibir ayuda extranjera para hacer valer el sentimiento de independencia de nuestra nación es pecado, igual debe ser pecado para los demás. Pecadores unos, pecadores otros.

Panamá declaró su independencia el 28 de Noviembre de 1821. En un acto soberano, que solo puede ejercer una nación independiente, nos unimos casi de inmediato a la Colombia original creada por Bolívar. Una década después iniciamos el camino de separación de la ya desintegrada Colombia bolivariana, pero sin éxito hasta 1903. Nunca fuimos de la actual Colombia dentro del contexto de la Nueva Granada o del estado que quedó luego de desaparecida la Colombia originaria. Y la prueba más fehaciente es que al independizarse, la Nueva Granada jamás reclamo el Istmo de Panamá como suyo. Mal pudimos haber sido, y menos aceptar que lo fuimos, parte de la Colombia que adoptó ese nombre al renunciar al de Nueva Granada y que es el único territorio que hoy queda de la que fundó el Libertador Simón Bolívar. Si ya no existe la Colombia de Bolívar, la actual, de la que solo lleva el nombre, no puede insistir en decir ni enseñarlo a sus ciudadanos que Panamá fue parte de ella. Esa Colombia actual más bien conculcó nuestros derechos de recobrar nuestra soberanía e independencia que pusimos voluntariamente en las manos del sueño de Bolívar y que, así como voluntariamente nos unimos a la Colombia originaria y fuimos aceptados como nación independiente en ella, igual, voluntariamente, teníamos toda la razón y el derecho de separarnos como lo hicieran Venezuela y Ecuador a quienes la casta política bogotana no se atrevió a retener ni someter con el mismo empeño y poderío que lo hizo con Panamá.

Ojalá que a partir de este Noviembre, Mes de la Patria, los panameños aprendamos nuestra historia y defendamos con tesón nuestro verdadero ser panameño. Que nos convenzamos de serlo, no solo de sentirlo en el color de las telas. Y tener plena conciencia que el respeto hacia nuestro país comienza por el respeto que tengamos de nosotros mismos. No basta con sentirse panameño; hay que serlo.

A 528 años del Descubrimiento de América

 Así como se lee, descubrimiento de América. El hecho es una realidad porque el continente llamado América fue descubierto para el mundo y la civilización aquella madrugada del 12 de octubre de 1492.

El aniversario del arribo de Cristóbal Colón al hemisferio occidental tiene como punto de discusión algunos argumentos que al analizarse concienzudamente, la mayoría de ellos no tienen un fundamento realmente histórico sino ideológico. Cuestiones como: Colón es el causante de los males que padece la población indígena de América; el almirante genovés no descubrió nada porque aquí ya había pobladores a su llegada o porque los vikingos llegaron antes a Terranova; y cientos de millones de aborígenes vivían en paz y armonía hasta que murieron asesinados o contagiados por un montón de enfermedades traídas de Europa. Todos argumentos muy publicitados y hasta tomados literalmente como verdaderos sin escrutarlos debidamente.

Los mitos y leyendas invocados para desvirtuar la hazaña de Colón son variados y han florecido ampliamente durante la segunda mitad del siglo veinte. Los movimientos sociales promovidos desde la concepción ideológica y política del marxismo latinoamericano ha demonizado, sin duda, el propósito del viaje de Cristóbal Colón, con el fin de ganar adeptos entre la población indígena del continente aprovechando el estado de marginación que esta sufre. La consecuencia ha sido que el arraigo de alguna de esas ideas provoque enfrentamientos sociales, algunos violentos, buscando crear el caos que necesita la corriente marxista regional para ganar espacio político y así asaltar el poder con el fin instaurar el régimen revolucionario comunista que, supuestamente, será la solución a todos los males de nuestros países.

La expedición de Colón fue una odisea extraordinaria, solo comparable en el tiempo con la llegada del ser humano a la luna. Cruzar el Océano Atlántico en tres pequeñas embarcaciones, enfrentando momentos de oleajes formidables y la temporada de vientos huracanados durante la travesía, no tiene comparación con hazaña marítima alguna conocida por la civilización occidental. El viaje tenía un propósito comercial con visos de conquista, de acuerdo con el pasaporte dado a Colón y otros documentos de la época que decían, entre otras cosas, que sería nombrado Almirante y Adelantado de las tierras que descubriera. Estaba claro, pues, que el sentido comercial de llegar a Cipango y Catay por una nueva ruta proveería la segunda intención de la travesía: el descubrimiento obligado de nuevas tierras por navegar en busca de un camino desconocido hasta el momento. La motivación de Colón era más mercantil; la de la corona española de expansión de su dominios y el poder político que traía consigo.

Una vez consumado el hecho del encuentro de las culturas europeas y americanas, el 12 de Octubre, comienza un proceso de intercambio, conquista y colonización del nuevo mundo, en el cual las altruistas y bajas pasiones del ser humano se ponen de manifiesto. El europeo, ya sea español, inglés, portugués, francés u holandés, impone su ley a fuerza de un mayor conocimiento tecnológico y militar, con la complicidad de los pueblos indígenas que eran oprimidos por imperios como el inca, el azteca y naciones nativas más fuertes que sometían a tribus y naciones indígenas más débiles y pequeñas. Esa es, fundamentalmente, la forma en que la conquista y posterior colonización de América tuvo lugar, como ocurrió con otras tantas expansiones imperiales en Europa, África, el Medio Oriente y Asia.

Culpar a Colón de las situaciones posteriores a su viaje es injusto y absurdo. Y mucho más cuando se ignora o se olvida que los españoles no fueron los únicos que vinieron a América para conquistarla y colonizarla. La responsabilidad del almirante se limita a los 14 años que transcurrieron entre su primer y cuarto viaje hasta su muerte en 1506. Igual a los actos cometidos como Virrey de La Española, algunos de ellos de dudosa comprobación por lo exagerados y construidos algunos por sus enemigos ávidos, también, de poder y fama. Al fin y al cabo, las nuevas tierras prometían riquezas, alta posición social, poder económico, político y hasta ascenso a la nobleza . Cada uno quería su pedazo del pastel y cada imperio y conquistador debe ser juzgado por sus actos, sin achacárselos al chivo expiatorio de Colón.

A 528 años del Descubrimiento de América, aunque haya quienes prefieran llamarlo de otra forma, sobradas razones hay para pensar que conocerse ambas culturas era un encuentro inevitable. Si no se producía por el lado del Viejo Mundo, tarde o temprano se habría producido por el Nuevo Mundo. Tengamos claridad, entonces, que los males actuales de nuestros hermanos indígenas, con quienes compartimos la herencia genética y cultural de América, al igual los de la población africana traída a estas tierras como esclava, son responsabilidad nuestra desde que cada pueblo americano declaró la independencia de su respectiva corona europea. Durante los últimos 200 años años hemos sido nosotros y solo nosotros los responsables de los males que padecen nuestros pueblos. Buscar cargárselos a Cristóbal Colón es una estupidez. Como igual lo es el decir que antes de su llegada este continente era un paraíso poblado de inocentes individuos que no conocían la guerra, el egoísmo, la envidia o la maldad: eso sería negar la esencia humana misma.

La verdad histórica tenemos que asumirla con sus luces y sus sombras, no borrarla. Nada ganamos con ignorarla, ni con ello cambiamos el estado de marginación y pobreza en la que viven nuestros hermanos indígenas y otros habitantes de nuestros pueblos americanos. El 12 de Octubre debe ser dedicado a recordar nuestro pasado y mirar nuestro presente. Y si el vocablo descubrimiento significa "encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta el momento", redescubramos, a partir de una seria y equilibrada reflexión, nuestra historia integral, y descubramos a través de ello las causas reales de nuestros males, antes de estar culpando en octubre de cada año a quien tuvo el coraje de cruzar el mar en tres pequeñas embarcaciones en sus cuatro viajes, mientras a nuestros gobernantes y líderes les falta ese mismo valor para enfrentar el desafío de hacer progresar a nuestras naciones con justicia, honradez y trabajo duro.

Los Representantes de Corregimiento deben ser nombrados por los alcaldes

 La función dual de los representantes de corregimiento, como concejales y administradores de las juntas comunales, es un obstáculo para el desempeño democrático de los municipios porque su independencia se ve comprometida al estar sometida a la manipulación política.

Cuando la Constitución de 1972 creó la figura de los representantes de corregimiento la puso como centro del llamado poder popular. Tenía funciones locales administrando las juntas comunales, ejercía el control municipal como concejal, injerencia en los consejos provinciales de coordinación, poder legislativo al integrar parte de sus miembros la asamblea nacional, y escogía o nombraba al presidente de la república. En ese contexto tenía un poder político que, incluso, era superior al de los alcaldes, por ser estos últimos nombrados por la vía administrativa a través del órgano ejecutivo. 

Ante tal estructura de poder, el representante de corregimiento no podía ser sometido por ningún alcalde, porque ellos no solo controlaban el presupuesto municipal sino que, si hacía falta, podían solicitar la remoción de los alcaldes al ejecutivo ya que ellos, reunidos en asamblea nacional, eran la autoridad que nombraba al presidente de la república y, en teoría, también podían destituirlo. Su influencia sobre el presidente y los ministros era muy poderosa, por lo que cada uno en su corregimiento podía conseguir, facilmente, presupuesto para obras comunales y tenían acceso expedito a los funcionarios de jerarquía en el poder ejecutivo.

Luego de la reforma constitucional de 1983, el poder de los representantes de corregimiento vino a menos. Al quitar de sus manos el nombramiento del presidente de la república y al permitirse la elección de los alcaldes por el sufragio directo, las cosas se complicaron para ellos al verse confinados a sus juntas comunales, aunque conservaron su función de concejales. Tal cambio constitucional los convirtió en los funcionarios de menor jerarquía elegidos por el voto popular, en lo que respecta a su cargo como cabeza de las juntas comunales, donde ya no tienen el poder de aprobar sus presupuestos y son opacados por la figura del alcalde que sí cuenta con mando y jurisdicción y goza de mayor respaldo político.

Transcurridos casi 40 años desde la perdida del poder que les daba la constitución de 1972, la experiencia indica que el representante de corregimiento es un funcionario inoperante, incluso como concejal, y su existencia como tal está limitada a mantener un vínculo endeble con la comunidad a través de servicios intermediarios con autoridades superiores y otros más propios de asociaciones benéficas o de cualquier oenegé.

Frente a esa realidad, el cargo de representante de corregimiento sirve más para el reparto de cuota y componenda política que para servir a la comunidad. Al menos en la experiencia actual. Convendría mejor, en una futura reforma constitucional, que tal figura desaparezca del firmamento político y separar la función dual que actualmente ejercen. La administración de la junta comunal, por ejemplo, recaería en un funcionario nombrado por el alcalde del distrito como auxiliar de su gestión. Eso facilitaría la prestación de servicios a la comunidad, porque las respuestas dejarían de estar sujetas a la negociación o la intermediación entre el representante y el alcalde, permitiría un mejor manejo y reparto presupuestario en el municipio, y la gestión de gobierno municipal tendría más eficacia en el manejo ambiental, ornato, sanidad y otros servicios públicos que ahora cada ente -juntas comunales y alcaldías- opera por separado.

En cuanto al cargo de concejal, este sería ejercido por funcionarios de elección popular que solo se dedicarían de manera exclusiva a dicha función, teniendo como único emolumento la dieta correspondiente por cada sesión. Esto permitiría que cualquier persona ejerza dicho cargo, sin detrimento del trabajo o profesión que tenga, dándole al concejal la independencia necesaria en sus actuaciones ya que no tendría que transar o negociar pactos que faciliten su gestión política como representante de corregimiento a cambio de su voto en el Consejo Municipal. 

Panamá tiene que abocarse a provocar un cambio radical en sus instituciones y estructuras políticas, si quiere afianzar el régimen democrático. Uno de esos cambios es la institución municipal, que incluye a las juntas comunales y las figuras de los representantes de corregimiento y los concejales. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales es vital para el afianzamiento de la democracia y el desarrollo y progreso del país. Tenemos que liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros de un sistema que, en sus deficiencias, en parte es causa de la corrupción política que impide darnos un futuro mejor. Y una de esas ataduras es la actual figura del representante de corregimiento que, al perder su poder original pierde, también, su propia razón de ser y la deja reducida a un cargo que se presta para el negociado, la componenda política y para ser uno de los obstáculos que impide el desarrollo pleno de la institución municipal que está llamada a ser el motor del progreso de la comunidad y del desarrollo del país. 

La pobreza política e intelectual de los diputados panameños

Algunos de nuestros diputados creen que por mostrar un título universitario eso los hace personas capaces y altamente educadas. Nada más falso y pretencioso. Alabarse uno mismo por un título académico es como un sapo que se infla para parecer más grande de lo que es realmente.

por Luis Alberto Díaz

Hace unos días un miembro de la Asamblea Nacional propuso cambiar el nombre de las nuevas esclusas del Canal de Panamá en un acto con más tinte de lisonjería y clientelismo electorero que fundamento histórico o patriótico. Su propuesta, proporciones guardadas, se suma a diversos actos bochornosos protagonizados por algunos de sus colegas diputados en lo que va del año.

Si algo nos demuestran los miembros de la cámara legislativa, en sentido general, es la pobreza política e intelectual que predomina entre los miembros de ese órgano del estado. La poca cultura general que se evidencia entre ellos, la chabacanería, el verbo vulgar en sus intervenciones públicas y el comportamiento escandaloso y la actitud bajuna de algunos de ellos le dan a la Asamblea una imagen pública de pillería, corrupción y sinvergüenzura que lesiona gravemente su reputación y pone en entredicho la honorabilidad de un órgano del estado que está llamado a actuar en todo momento en interés de la nación, proveyéndola de las leyes que le den sustento al marco jurídico que ordena la vida legal del país para el buen funcionamiento del régimen democrático y garantizar los derechos de quienes viven dentro de sus fronteras.

El diputado proponente de la descabellada idea de cambiar los nombres de las nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí ignora, y si no lo hace pasa voluntariamente por ignorante, que cada esclusa del Canal de Panamá toma su nombre de una ubicación geográfica existente antes de la construcción de la vía acuática. Que esos nombres buscan mantener viva la historia panameña y del propio canal al bautizarlas así. Cambiarles el nombre es una bofetada a nuestra historia, a los panameños que hicieron de esos lugares su hogar y terruño durante 400 años, y a tantos y tantos compatriotas que sufrieron y lucharon, incluso algunos ofrendando sus vidas, para recuperar el territorio de la antigua Zona del Canal. Recuperación que también implica la historia de Panamá sobre dicho territorio.

Cualquiera que se precie de haber pasado por el sistema educativo panameño, y de la propia Universidad de Panamá, ha tenido que oír, al menos, nombres como Armand Reclus o Gil Blas Tejeira. El primero con su documentado recorrido por los pueblos que estaban en la ruta del actual Canal de Panamá, y el segundo, con su novela "Pueblos Perdidos", que narra intensamente las experiencias de una familia centroamericana inmigrante que recorre los pueblos sepultados, unos por las aguas del canal, y desmantelados otros, por los constructores estadounidenses de la ruta interoceánica.

Decenas de pueblos en los que vivían, para la época, más de 50,000 personas, se vieron privados de su gente y de su vida cotidiana. Pueblos en los que se hablaba, además del español, el francés, el inglés y el chino. Idiomas del que dudo tenga gran conocimiento el diputado proponente del adefesio legislativo que busca cambiarle el nombre a las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Contrario a él, y sin mayores estudios académicos, gente humilde y trabajadora sí los dominaba o, por lo menos, podía mantener una breve conversación en tales lenguas.

Casas, escuelas, iglesias, cuarteles, comercios, calles y plazas que constituían dichos pueblos se perdieron para siempre por la mano y la acción de los constructores del Canal. Hoy, en una lisonjera y politiquera acción un diputado pretende borrarlos, también, de la historia de la nación y del propio Canal de Panamá.

Si el diputado de marras busca honrar los esfuerzos del general Torrijos y el presidente estadounidense Carter, en la consecución de la firma del Tratado del Canal de Panamá, que nos devolvió la jurisdicción sobre la vía acuática y su territorio, bien puede poner a funcionar su cerebro buscando otra forma. Si no lo logra, consulte con el resto de los panameños o recurra a los libros de historia que reposan en las bibliotecas Nacional, de la Universidad de Panamá, o del propio Canal. De seguro no faltarán ideas valiosas. Y si lo que quiere es congraciarse con el electorado, que haga alianza con el colega de San Miguelito que representa a los electores del sector que lleva los nombres de Torrijos - Carter, para proponer una ley que ayude a mejorar la vida comunitaria de los moradores de ese lugar. ¿Qué mejor homenaje que procurar hacer de Torrijos - Carter un lugar agradable y digno para vivir? ¿Qué mejor homenaje que restituir en Torrijos - Carter y su gente las escuelas, plazas, cultura, orden urbanístico y calidad de vida que otrora tuvieron los moradores de los pueblos perdidos del Canal?

Como dijera Francisco Vera a su hija María de los Ángeles en la novela de Gil Blas Tejeira: "Aprende, hija, que cuando tus padres te falten solo ha de valerte lo que sepas", igual le damos el paternal consejo al diputado proponente de la aberración de cambiar el nombre de las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Lo mismo vale para el Presidente de la República, que ha prometido sancionar la bofetada histórica que da el diputado a la nación panameña si llega a ser aprobada en el pleno de la ya desacreditada Asamblea Nacional.

Diputados clientelistas

 Con las recientes palabras de un diputado por su red social queda en evidencia, una vez más, que las prácticas de estos funcionarios forman parte del esquema de corrupción institucional.

El sistema de elección de los diputados, la inmunidad que se les otorga y el complicado proceso para investigarlos y juzgarlos ha creado una casta de funcionarios acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que en un tiempo fue pensado para proteger a los legisladores opositores de los abusos de la dictadura se ha convertido en una pieza importante del esquema de corrupción institucional que impera en el país.

Cómo es posible que un diputado le pida al presidente de la república nombramientos de personas y dinero para obras circuitales que faciliten su clientelismo electoral, sin que pueda ser investigado de oficio por el ministerio público a causa de la norma constitucional que le impide a la vindicta pública cumplir con su función perseguidora del delito. La susodicha norma es un elemento dañino para la administración de justicia y la propia democracia, porque en ella se sustenta la cuestionada inmunidad de la que gozan estos funcionarios.

De acuerdo con el sistema de gobierno que consagra la Constitución de la República de Panamá, la función de los diputados es hacer leyes y fiscalizar la labor del órgano ejecutivo para evitar abusos de poder y garantizar el buen funcionamiento del país a través del marco jurídico que lo rige. Nada más alejado de la realidad. Desde hace muchos años los diputados se las han ingeniado para manejar las conocidas partidas circuitales, ya sean estas asignadas de manera directa o disfrazadas dentro del presupuesto nacional, como arma para negociar su voto ante el presidente de turno. Por eso no es de extrañar que un diputado oficialista, olvidando todo recato o temor por alguna sanción, pida nombramientos de allegados y manejo de dinero público de la manera más descarada que haya podido encontrar: un mensaje directo al mandatario de la nación a través de las redes sociales.

Tal ha sido el descaro del parlamentario que, incluso, justificó su petición con el argumento de quién mejor que un diputado para manejar dinero de obras comunitarias porque es elegido por el voto popular y porque, de no hacerlo, le pasarían los electores la factura política en las siguientes elecciones. ¡Qué ignorancia! Ni siquiera es capaz de razonar sobre las funciones y la razón de existir del cargo que ocupa.

La ley y la constitución establecen claramente que son los municipios y los alcaldes los que deben y pueden, por motivos inherentes a sus funciones, dedicarse a realizar obras para la comunidad y administrar los recursos económicos que se proveen para ello. Incluso los representantes de corregimiento pueden hacerlo, aunque de manera más limitada por razones políticas más que jurídicas. Si tanto deseo tiene de servirle a la comunidad con obras y nombramientos, ¿por qué no se postuló para estos cargos? Al fin y al cabo los alcaldes y representantes de corregimiento también son elegidos por el voto popular. Pero no, no buscó esos cargos porque el esquema de corrupción política les da un poder limitado frente al que tiene un diputado. Esa es la razón, no hay otra.

Panamá está en mora con la democracia. Tras 30 años de haberse recuperado el régimen democrático, las principales instituciones democráticas continúan contaminadas con el germen heredado de la dictadura, lo que algunos aprovechan para mantener prácticas corruptas que son difíciles de erradicar bajo el sistema institucional imperante.

Urge plantearnos de manera seria, como pueblo y nación, una nueva estructura institucional para perfeccionar nuestra democracia. Uno de esos cambios es acabar con el sistema de circuitos electorales tal como lo conocemos, con la forma de elección basada en cuociente, medio cuociente y residuo que facilita el llamado voto plancha que desconoce el principio de una persona un voto para cada cargo electoral, y con la camisa de fuerza que se le impone a los municipios y a los alcaldes que resultan superados en su gestión por el abuso del presidencialismo a través del poder de los ministerios que componen el órgano ejecutivo.

Basta ya de mantener a los diputados clientelistas con nombramientos y partidas circuitales disfrazadas de gestión parlamentaria. Es un hábito deleznable que no pocas veces se utiliza para comprar el voto de los diputados, financiar su proselitismo y mantener el nefasto cacicazgo político en las circunscripciones conocidas como circuitos electorales. 

Tarde o temprano este cambio llegará. Solo esperamos que ocurra sin los traumas que han llevado a otros pueblos latinoamericanos a pasar a regímenes peores.

Cualquier persona no puede ser periodista

 "Un viejo debate reaparece en nuestro ambiente. ¿Cualquiera puede ser periodista? Alegatos por aquí y por allá con tinte de derechos humanos, de intenciones ocultas de abaratar la mano de obra en los medios y con argumentos tecnológicos son esgrimidos por unos y otros."

Esta polémica de vieja data viene desde los tiempos en que aparece el periodismo como carrera universitaria y dio el salto de mero oficio a profesión. Muchos propietarios de periódicos defendieron que el periodista se hace en el medio, no en el aula. Veteranos periodistas también defendieron esas ideas. Otros propugnaban por elevar el entonces oficio a nivel académico por el desarrollo tecnológico que sufrían los medios en aquel tiempo pasando de las rotativas a la radio y la televisión. 

Personajes como Joseph Pulitzer optaron por la ruta académica y otros, en sus países, hicieron lo mismo. En el caso panameño Gil Blas Tejeira, junto a otros periodistas empíricos, lucharon muy duro para crear la escuela de periodismo en Panamá y elevarla a nivel universitario en 1961.

Hace unos días se ha encendido este viejo debate sobre ejercer el periodismo sin estudiar para ello, apelando al fenómeno de las redes sociales introducidas por la tecnología digital y el supuesto reemplazo del periodista por aquellos que divulgan y denuncian hechos a través de ellas. Como ha ocurrido desde hace casi un siglo, en este tema unos se lanzan a favor y otros en contra. Cada uno con sus argumentos. Y salta la pregunta al aire: ¿Puede ser periodista quien no haya estudiado para serlo? Veamos.

"La profesión periodística tiene como campo principal de trabajo la transmisión de noticias. Eso en el sentido ortodoxo. Pero, limitarla solo a esa tarea es desconocer la evolución que ha sufrido el periodismo durante tres cuartas partes del siglo pasado y casi una cuarta parte del presente siglo 21. De la mera transmisión de noticias el periodismo mutó al campo de la información. Tanto es así que en el sector público y en las grandes y medianas empresas es común contratar expertos en información, comunicación corporativa y organizacional formados en las universidades. Ya no se trata de transmitir un hecho al público, sino de analizar sus consecuencias para la sociedad y la acción que deben tomar los diferentes actores que se desempeñan en el campo de la información desde los medios de comunicación hasta las entidades de la sociedades política y civil. Para poder realizar ese trabajo a cabalidad hace falta hacer uso de ciertos conocimientos, técnicas y herramientas informativas que deben adquirirse a través de una formación académica que permita desempeñarse de manera científica y profesional en la labor periodística."

Si bien es cierto que transmitir un hecho que ocurre en la calle no es potestad exclusiva de los periodistas, sí lo es su estructuración con todos los elementos que salvaguarden el uso del lenguaje periodístico y el pleno conocimiento de la situación para el público sin aristas sensacionalistas o intenciones manipulación individual o sectaria. Transmitir el hecho en sí puede ser una noticia en el momento, llegar a escudriñar el por qué y el para qué, saber distinguir qué es un hecho noticioso y qué no, cómo dar la información, dónde buscarla, qué fuente autorizada entrevistar, entre otros factores, supera el campo de la noticia momentánea que transmite un individuo por sus canales de Instagram, You Tube o cualquier otra red social. No es lo mismo, pues, enterarse de un hecho con ribetes noticiosos en tiempo real que informarse o ser informado sobre ese mismo hecho.

Aunque una persona tome la cámara de su celular para publicar lo que encuentra a su paso, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de información, eso no lo hace periodista. Simplemente ejerce un derecho humano que nadie le puede negar, impedir o regatear. Está en su derecho y eso no transgrede en nada el ejercicio de la profesión periodística. Sí lo haría, en cambio, el hacerse pasar por periodista sin serlo para aparentar ante el público u obtener un estatus social que legitime su actividad de usuario de las redes sociales. Pero esto es materia de otro campo, como el jurídico.

Frente a esta polémica debe tenerse claridad que una cosa es ejercer un derecho humano y ciudadano y otra es ser periodista. Al menos en lo que se entiende como la persona formada académicamente y reconocida formal y socialmente como titular de la profesión de periodista. Así como la gente que acostumbra hacer comida hogareña para los suyos y sus vecinos no puede ser reconocido ni llamado chef, por muy sabroso que cocine, tampoco el que está publicando hechos diarios por las redes sociales es un periodista por el solo hecho de realizar esta actividad. Y aquí vale notar que en este viejo debate los que se oponen a reconocer el periodismo como profesión adquirida formalmente a través de los estudios recurren a un ya trillado "no se trata de lo mismo", para descalificar cualquier ejemplo de otros oficios o profesiones que se presenten como argumento.

"Cualquier persona no puede ser periodista, porque el serlo requiere estudiar la carrera y conocer el arte científico de su ejercicio. Conocimiento y formación que le garantiza al público un manejo veraz y confiable de la información, que incluya los diversos puntos de vista sobre el hecho y que dé la garantía que no se trata del "fake news" que ha introducido el mundo de las redes sociales."

Si aplicarse en la reparación del automóvil y ayudar al vecino con el suyo no hace mecánico a un individuo, si el conocimiento de la medicina tradicional no hace médico al yerbero o al chamán, y si acostumbrar a conducir rápido por las calles y autopistas no hace piloto de carreras a quienes conducen así su auto habitualmente, ¿por qué pretender que una persona que divulga hechos a través de las redes sociales sin haber estudiado periodismo tenga forzosamente que ser periodista? El periodismo no se trata simplemente de ir por allí colgando hechos callejeros en las redes. Ser periodista, tampoco es eso. El periodismo y el ser periodista es mucho más que ser un "influencer" de hechos callejeros. Que cada uno, pues, ocupe el lugar y ejerza el derecho que le corresponde. Y que igual se respete el ejercicio y el reconocimiento del periodismo como profesión, porque también es un derecho. No lo olvidemos.

La economía crecerá después del Covid-19

Contrario a los malos augurios la economía podría crecer rapidamente al levantarse las restricciones impuestas por la crisis del Covid-19.

En el análisis social de la economía existen dos elementos importantes a considerar: la realidad de la infraestructura económica y los posibles eventos y escenarios que podrían ocurrir en el corto y largo plazo. Toda predicción se fundamenta en ellos; lo demás es accesorio y complementa o sustenta el resultado que se predice.

La economía panameña, como toda economía, es dinámica y sufre cambios constantemente. Con varios años de desaceleración a cuestas, ya la nuestra estaba en vías de transformación, aunque de una manera lenta. Con la crisis del coronavirus, esos cambios se acelerarán y favorecerán a las empresas que ya habían iniciado su migración hacia la etapa tecnológica. Estas, por cierto, son las que han podido capear mejor el temporal con el teletrabajo y el comercio electrónico que ya habían experimentado de manera parcial. Las otras, que con la crisis se han visto forzadas a recurrir a las herramientas tecnológicas o a suspender operaciones, estarán en clara desventaja cuando llegue la apertura total.

Si recordamos lo que ocurrió con la economía y el ambiente empresarial del país, tras la Invasión de 1989, podemos vislumbrar una fuerte transformación de las empresas panameñas. Contrario a aquel tiempo, en que la infraestructura económica estaba casi destruida, con las empresas descapitalizadas, y la carga de varios años con adversidades financieras, fuga de capital y de talentos, y la crisis restringida a la economía local, el momento actual se caracteriza por una crisis global y de unos seis meses de duración, aproximadamente, antes de que sea abierta toda la actividad económica.

Con un bajo crecimiento forzado por las circunstancias, es casi probable que tengamos un crecimiento más acelerado de lo pensado. Aunque en los próximos dos años el empleo se verá afectado duramente, no es menos cierto que la mayoría de los empresarios intentará salvar sus empresas y modernizarse, diversificando su oferta mercantil y contratando personal capaz de lidiar con las tecnologías y el comercio electrónico. Sin duda, el nuevo virus empresarial será la búsqueda del crecimiento y el uso de herramientas tecnológicas, para migrar a un novedoso modelo de negocios.

Así las cosas, quienes más sufrirán el desempleo serán aquellos que no tienen estudios ni formación para desempeñarse con las tecnologías actuales. Las personas mayores de 50 años y los que han desertado de la escuela serán las principales víctimas, ocasionando una fuerte carga social para el estado y la sociedad en general.

Panamá, luego de un par de años de adecuación a esa nueva realidad, tendrá una década de transformación y crecimiento económico muy fuerte. La población joven, aficionada a la tecnología, será un punto fuerte en esta transformación. Sin duda, y ya hay muestras de ello, entre la juventud surgirán emprendedores y expertos en tecnología que transformarán el mundo empresarial panameño. También habrá otro importante núcleo de población que quedará rezagado, por su poca dedicación y motivación para el estudio y el emprendimiento. Hacia este grupo habrá que dirigir los programas de desarrollo social, si no queremos una profundización de la pobreza y el desempleo.

Vislumbro un futuro panameño con más empresas tecnológicas, mayor inversión a través de la asociación público - privada, y un emprendurismo vigoroso, lo que redundará en mayor crecimiento económico. Eso si, siempre y cuando ocurra la adopción de leyes que faciliten esa gestión y se practique una actitud ética en todos los campos del quehacer nacional.

El reto está, pues, en que la empresa privada y el gobierno comprendan y tomen en serio el fenómeno social que se producirá después del Covid-19. Intentar volver a lo mismo es un error, y seguir con las prácticas de corrupción en ambos sectores, también. En las manos de toda la sociedad panameña está asumir el desafío y aprovechar la oportunidad que se nos presenta tras está crisis.

De cuarentena a toque de queda

A partir del 1 de junio pasaremos de la cuarentena al toque de queda. Se acabaron las salidas por sexo, edad y número de cédula. La pregunta que surge: ¿demostraremos sentido cívico como pueblo?

Si de algo carecemos desde hace años es, precisamente, de sentido cívico y respeto por las leyes y hasta por nuestra propia libertad. A pesar de que aún quedamos panameños con el ánimo de querer vivir en la rectitud, practicando el civismo y el respeto por las leyes y las normas de convivencia hay, entre nosotros, una parte de la población que le importa un rábano las reglas de urbanidad, el respeto hacia el que tiene al lado, la actitud cívica y el sometimiento legítimo a la autoridad y a las leyes.

No son pocos quienes transgreden y violentan, a diario, todo aquello que rige el comportamiento individual y colectivo. Lo mismo les da hacer ruido, ensuciar, destruir, ejercer violencia de todo tipo e irrespetar todo sentido de la ética, los reglamentos y las leyes que norman la convivencia doméstica y colectiva, sean estas derivadas de la legislación nacional o, simplemente, impuestas por los códigos de comportamiento social. Les da lo mismo, porque primero son ellos que los demás y nadie les puede decir qué hacer o cómo actuar.

Así es el ser panameño, lamentablemente, y costará mucho hacer que el panameño vuelva a ser la persona afable, respetuosa de la ley, y con alto sentido del deber y del civismo que un día fue y que lo llevaba, incluso, a detenerse y plantarse en posición de firme cuando veía izar o arriar la bandera de su patria. ¿En qué momento el panameño perdió la educación? ¿Qué circunstancias lo obligaron a perder su esencia como gente cabal? ¿Qué corriente lo condujo a la chabacanería y la irreverencia colectiva?

Con el paso de la cuarentena al toque de queda se pondrá a prueba el material del que estamos hechos los panameños. A pesar de la esperanza que tengo de ver aflorar el civismo y la responsabilidad colectiva, la experiencia vivida me pinta otro panorama. Ese levantamiento de la restricción de salir a la calle que hemos pasado en las últimas semanas nos dirá, como siempre, que esa corrupción moral que nos afecta asomará una vez más en nuestro horizonte.  No es difícil imaginar que el primer día de movilización sin las limitaciones de número de cédula, sexo, edad y periodo máximo de dos horas, será como un toque a recreo para muchos. Saldrán a la calle por el solo hecho de salir, no porque realmente lo necesiten o tengan algo urgente que hacer. La actitud será la de "salgo porque quiero y porque ya no hay confinamiento por cuarentena."

Triste es esta realidad panameña, ya demostrada en los cientos que han violado el toque de queda durante esta cuarentena por el Covid-19. Demostrada en situaciones anteriores en las que se recomendaba seguir ciertas indicaciones por riesgos para la salud por epidemias como la conjuntivitis, el dengue, el hantavirus, el zika o el chikungunya. La irresponsabilidad demostrada en estas otras situaciones quizá -y casi probablemente- vuelva a ser la misma. En esto el panameño que ha optado por ser poco importa, chabacano y chusma, no cambiará.

Panamá necesita una revolución ética y moral que traiga esperanza de un país mejor para todos. Una revolución que debe empezar desde cada persona que busca vivir una vida decente y honesta. Hay que armarse de valor y exigir a los del entorno cercano, familia, parientes, amigos, compañeros y vecinos, el respeto por los valores y principios que nos procuran el bien como personas. No podemos seguir por el camino de la corrupción que nos lleva a la degradación moral, a la vulgaridad y a la delincuencia, donde el que grita más y más irreverente es resulta ser el más popular en las redes o el más aplaudido por likes y retuits. No nos llamemos a engaño: no habrá Panamá decente, sin panameños decentes. Así de cruda está la cosa.

La desidia y la sinvergüenzura están por acabar con el Seguro Social

A partir de la reforma de la seguridad en el año 2005 se calculó que había un periodo de 10 años para buscar una solución más permanente al sistema de pago de pensiones. Los gobiernos sucesivos, en un despliegue de desidia y, hasta, de sinvergüenzura política han dejado de lado ese compromiso.

Los años fueron pasando y desde 2018 empezaron a utilizarse los ahorros que se destinarían para hacer frente a la urgencia por el impago de las pensiones. Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que ha traído como consecuencia una disminución drástica de la recaudación de cuotas, la Caja de Seguro Social ve agravada su situación para cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a través del cual se pagan las pensiones.

Pero no todo es provocado por el Covid-19, porque la situación ya venía dándose y el público no sabe, a ciencia cierta, de qué manera, cómo y con qué se tapaba el hueco financiero del IVM, porque la presentación de los estados financieros ha estado en mora y la transparencia y acción de la junta directiva de la entidad está en modo de poca virtud.

Un análisis básico del funcionamiento de la Caja, recurriendo a algunos artículos de la Ley Orgánica que la rige, crea ciertas interrogantes que deben ser respondidas en algún momento. El artículo 44, que trata de la Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción, habla de la existencia de un Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, que es seleccionado por la Junta Directiva y responde ante ella. ¿Quiénes han sido esos directores en los últimos 10 años y cuál ha sido su papel en cuanto a transparencia y responsabilidad institucional? ¿Por qué ellos han permitido que los estados financieros permanecieran ocultos al público? ¿Con qué criterio fueron nombrados? ¿Cumplieron con los requisitos que la ley señala para dicho cargo?

Si avanzamos en la lectura de la ley que rige la Caja de Seguro Social, también nos encontramos con los requisitos que se exigen para ser miembro de su junta directiva, señalados en el artículo 25, en el que llama la atención el numeral 4 de dicha norma, que establece, preferiblemente, que para ser miembro de la junta directiva la persona debe "tener título académico universitario o experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en administración, finanzas, inversiones, manejo de fondos de pensiones o salud." ¿Cuántos miembros de las juntas directivas de los últimos 15 años han reunido esos requisitos?  Al parecer, en algunos casos, la palabra "preferiblemente" que aparece en dicho artículo es tomada al pie de la letra para saltarse los requisitos. Ese "camarón legislativo" hijo de la sinvergüenzura política panameña, echa por tierra cualquier propósito serio que haya podido tener la creación de la tal ley. Esa ausencia de seriedad legislativa es, sin duda, una de las causas por la que la junta directiva resulta ser un organismo inoperante e incapaz de salvaguardar, plenamente, el auténtico objetivo de la Caja de Seguro Social.

Igual ocurre con el director general de la entidad, a quien se le exige, en el artículo 36, numeral 3, "poseer título universitario en cualquier disciplina y experiencia mínima de 5 años en administración o en finanzas."  Quizá uno que otro haya llenado cabalmente tales exigencias, pero no escapan de los nexos políticos con el partido gobernante; cosa que debe explicarle al pueblo la junta directiva que debe escoger al director general mediante un concurso del cual debe escoger a los tres mejores candidatos y presentar una terna de nombres al presidente de la república, para el correspondiente nombramiento. ¿Cómo, pues, casi siempre resulta el director general de la Caja tener vínculos políticos con el partido gobernante?

Las cosas andan mal en el Seguro Social porque la carcome la politiquería, la desidia y la sinvergüenzura de algunos que ven en ella un medio para sacar provecho propio o partidario. De nada vale que exista un director encargado de la transparencia, una comisión de inversiones y riesgos, una reserva de fluctuación e imprevistos, o cualquier otra supuesta medida para salvaguardar su objetivo y subsistencia. Lo que ocurre ahora con las finanzas del programa IVM es consecuencia directa de la politización a la que ha sido sometida la CSS por largos años.

Para robustecer sus finanzas, la reforma de su ley en 2005, hizo obligatorio que a partir de enero de 2007 toda persona que perciba ingresos debe cotizar al Seguro Social, sea asalariado o trabajador por cuenta propia. ¿Por qué no se ha podido alcanzar ese objetivo?  Los directores generales y los miembros de la junta directiva que han pasado por la institución desde dicha reforma, le deben esa explicación al país, porque esas cuotas no percibidas le hacen falta hoy a la entidad.

Corresponde a la gestión de gobierno actual enfrentar el desafío de corregir el rumbo de la Caja de Seguro Social y superar la barrera de la desidia y la sinvergüenzura que hasta ahora ha impedido que la situación del IVM se solucione. No es el mejor momento, es cierto, ni por los efectos provocados por el Covid-19 ni por el débil respaldo político con que cuenta, pero debe hacerlo asumiendo los riesgos que ello implica, porque son muchos más los misterios que las verdades en el manejo de la CSS, y porque el pueblo espera una respuesta concreta con respecto al pago de las pensiones, tanto en el presente como en el futuro.

El gobierno necesita atreverse más

Las medidas de control del gasto público anunciadas por el gobierno nacional son acertadas, pero insuficientes para enfrentar el reto post Covid-19 que tiene por delante. Sin duda, necesita atreverse mucho más allá de las metas ya fijadas.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se recortarán 500 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento, se dejará de contratar personal para 10,420 posiciones por un monto de 151 millones de dólares, y se reducirán pagos de viáticos, transporte y otros servicios no personales por un total de 274.1 millones. Adicional a ello casi 73 millones en materiales y suministros y otros 2.6 millones en maquinaria y equipo, también, se recortarán del presupuesto. Los proyectos de inversión que no se hayan iniciado, igualmente, se suspenderán.

Todo eso vale; pero la situación provocada por la suspensión de las actividades económicas por causa del Coronavirus, ha traído como consecuencia una contracción económica general que afecta, gravemente, las recaudaciones fiscales. Ante ese panorama, el esfuerzo debe ser mayor en cuanto a control del gasto público y reclama tomar decisiones firmes y, en algunos casos, impopulares, que tiendan a equilibrar las finanzas públicas y garantizar el clima propicio para reactivar la economía haciendo énfasis en el sector doméstico.

Uno de los mayores gastos del sector público está en la planilla. Si bien se dejará de contratar personal por casi 150 millones de dólares, eso no reduce el actual gasto en salarios. Se impone una reducción real del rubro, sin recurrir a destituciones masivas que resultarían negativas para el desempeño económico. Se entiende que el gobierno debe poner circulante en la calle para mover la economía, y una de las vías para ello es dar empleo en el sector público; sin embargo, el gobierno puede reducir el gasto de la planilla estatal sin recurrir a las destituciones, solo con rebajar en un 5% los salarios mayores de 1,000 balboas, en 10% los salarios mayores de 2,000 y en 20% los sueldos que superan los 3,000 dólares, lo puede lograr. Esta medida, por supuesto, será temporal; quizá por un periodo de 3 años. De igual manera, el gobierno puede suspender los aumentos automáticos y los ordinarios, por igual periodo de tiempo.

El recorte salarial de carácter temporal a los funcionarios y de los aumentos de salario, ayudaría, enormemente, a reducir el gasto público, asegurando, al mismo tiempo, las plazas de trabajo ya existentes. De estos recortes se exceptuarían, por cuestión estratégica, a los trabajadores de la salud, los docentes y la policía y bomberos.

Otras medidas de recorte temporal del gasto público que puede tomar el gobierno serían: la renegociación de los cánones de arrendamiento de las oficinas públicas, para lograr un ajuste a la baja del 10 o 15  por ciento. Otra puede ser el recorte de una hora de la jornada laboral, para ahorrar, mayormente, en el gasto de electricidad que es cuantioso. Y, también, un mayor uso de las tecnologías para reducir el gasto en papel y materiales de oficina, el uso de vehículos para mensajería, y el desplazamiento de funcionarios de manera innecesaria.

También podría ahorrarse el gobierno en combustible, al imponer el uso del vehículo oficial compartido, y al crear un amplio programa de reciclaje de los desechos, equipos o materiales descartados de todas las entidades del estado, ya sea para reutilizarlos o darles un valor agregado como producto reciclado.

Si realmente el gobierno quiere salir bien librado de la actual crisis, necesita, con urgencia y mucha seriedad, tomar decisiones atrevidas. Y eso lo logrará con un liderazgo firme y que, al mismo tiempo, marque un rumbo claro hacia dónde quiere ir. Sin ese liderazgo y sin voluntad, todo plan se quedará en el papel y las circunstancias lo arrastrarán hacia el abismo.

La oportunidad política detrás del Covid-19

El gobierno actual tiene la oportunidad de cambiar el país como ninguno de sus predecesores, con excepción del gobierno post invasión. Forzado a dedicarse al tema de salud y orden público, por causa de la pandemia del Coronavirus, goza de un receso en las gestiones cotidianas de gobierno y puede planificar, con casi total calma, las acciones que seguirá una vez controlado el ritmo de contagio del Covid-19.

Tiene a su favor el hecho de que su crisis fiscal es producto de un hecho fuera de su cotrol, como lo tuvo el gobierno de Guillermo Endara Galimany, y por ello los sectores económicos y la población están dispuestos a colaborar en cualquier plan fiable que busque normalizar y hacer crecer la economía del país.  Pero, a diferencia del gobierno de Endara, el del actual mandatario sí tiene acceso expedito al crédito para financiar sus obras y no enfrenta el bloqueo político internacional y el riesgo de disturbios armados internos que padeció el gobierno post invasión.

Frente a este escenario, el presidente Laurentino Cortizo tiene la oportunidad política que le ofrece la situación del Covid-19, para lograr cambios importantes en la estructura democrática de Panamá que le permitan transformar el andamiaje gubernamental, la economía, y el desarrollo social del país.

Hacer una hoja de ruta para alcanzar esos cambios es una tarea urgente. La primera cosa que ha de proponerse es ganarse la confianza y la credibilidad de la población, a través de la transparencia y la rendición de cuentas en cada una de sus decisiones y actuaciones, para así lograr el clima de gobernabilidad y liderazgo que necesita para llevar adelante su gestión de gobierno. La segunda es la adopción y ejecución de planes concretos para el desarrollo económico, haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito para los trabajadores independientes que han perdido su fuente de sustento, y el fortalecimiento y promoción de las cooperativas de producción, principalmente del agro y la pesca. Y la tercera es el impulso de la transformación de las estructuras políticas, a través de una asamblea constituyente que propugne por darle mayor poder a los gobiernos locales, un mejor equilibrio del poder entre los tres órganos del estado, y una verdadera independencia de las entidades autónomas del estado con respecto a la manipulación política que existe hasta ahora. Aunque la constituyente no es de su simpatía, es la vía correcta porque involucra a todos los sectores nacionales.

Esta es una oportunidad de oro para que el mandatario deje su nombre bien grabado en los anales de la historia nacional.  Ante grandes crisis, se necesitan grandes hombres y grandes liderazgos. Y esa grandeza se fundamenta no solo en las aptitudes de las personas que ejercen el poder y la autoridad, sino en la nobleza y la humildad para renunciar a los intereses personales y partidarios que las atan al efímero cargo que ostentan en un momento dado.

Con la situación política provocada por esta crisis de Coronavirus, quiérase o no, los planes originales de gobierno se han visto trastocados. Es un escenario diferente y reclama planes diferentes acordes con la nueva realidad de Panamá. Insistir en ejecutar las promesas de campaña que le sean incompatibles es caminar hacia el despeñadero. Así como el presidente tuvo el coraje de poner en manos de quienes estaban capacitados el manejo la crisis del Covid-19, igual debe hacer con el manejo de la nueva realidad nacional que tiene por delante. Señor Presidente: reafirme su liderazgo, busque a los mejores y más capacitados para asignarle las tareas de echar adelante el país, y recurra a la transparencia y al buen manejo de la cosa pública. No tema echar a un lado al que se muestre incapaz o incurra en actos de corrupción, porque mejor es pelearse con algunos por esa causa que cargar con el estigma de incapacidad y proceder corrupto ajenos.

La oportunidad política detrás del Covid-19 puede ser aprovechada para bien del país. Ofrece el campo propicio para la austeridad en el gasto gubernamental, el fortalecimiento de los servicios de salud, la transformación del sistema educativo, la creación de una estructura económica más acorde con nuestra realidad, un desarrollo social más justo y equitativo para los panameños, y, sobre todo, el abrir la puerta para el cambio constitucional profundo de las estructuras democráticas. Queda en manos de las actuales autoridades dar el paso, porque son ellas las legitimamente llamadas a tomar estas decisiones. Eso sí, lo que decidan hacer hoy dejará escrito para nuestra historia si será un gobierno para recordar o para olvidar.

Por qué el ministro de la presidencia debe dejar el cargo

La política es el arte de hacer posible lo imposible, a través del diálogo y la negociación. Bien llevada, la política ayuda al progreso de las naciones y permite a la población de los países realizarse y alcanzar niveles de calidad de vida individual y colectivo en los que la dignidad de las personas es valorada y respetada.

Cuando la visión de la política pierde ese principio, para enfocarse solo en el manejo electoral y el ejercicio del poder por el poder, toda ella se ve afectada y crea en los ciudadanos una sensación de suciedad y corrupción, al abandonarse su verdadero propósito y facilitar el uso del poder para que los copartidarios saquen ventaja de él, se enriquezcan, y administren la cosa pública como una finca particular.

Tal es el caso de las últimas situaciones con el uso de los fondos estatales por parte de los actuales gobernantes. Algunas figuras con altos cargos y personas allegadas a ellos, ya han sido catalogados como asaltantes del erario y adalides de la corrupción. Esa es la imagen pública que proyectan, aunque no medie investigación que así lo pruebe. Esa es la figura que prevalece en la opinión pública, la cual no funciona con base en pruebas, sino con indicios y argumentos lógicos que incitan a pensar y creer que realmente existe el hecho o la posibilidad cierta de un acto de corrupción.

Al centralizarse las compras de equipos e insumos de salud en la presidencia de la república, con motivo de la pandemia del Covid-19, el foco de atención se dirige hacia esa institución. El ministerio de la presidencia, instancia encargada de la logística de compras en este caso, ha resultado ser el epicentro del manejo cuestionado de ciertas compras cuyo monto aparenta ser escandaloso. Con cifras millonarias soltándose a los cuatro vientos, la gestión de compras a precios más altos de los que pueden encontrarse en el mercado regular, ha creado la duda entre la ciudadanía al ser consideradas como transacciones de poca virtud.

La gota que derramó el vaso fue el intento de compra de respiradores mecánicos, cuyo precio por unidad era diez veces mayor que lo usual. De poco han servido las explicaciones de escasez, especulación en el mercado internacional, y demanda encarnizada por hacerse de ellos a cualquier costo. La opinión pública ya tiene su idea. Y a tal punto llegó el asunto, que provocó la renuncia del vice ministro de la presidencia y obligó a prometer una investigación minuciosa del asunto.  Incluso, a la cuestión de los respiradores se han sumado otras compras como las de mascarillas y alcohol gel. Todas con un denominador común: el aparente sobreprecio.

Pero, como bien dice el refrán, eso no se queda ahí sino que se hincha. Y aquí entra al ruedo la figura del vicepresidente y, por añadidura, ministro de la presidencia. Responsable o no de los actos que se le achacan, su papel como ministro de la presidencia se ha convertido en el punto débil del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.  Como dijimos antes, la opinión pública no necesita obligatoriamente de pruebas: basta con indicios o argumentos lógicos que la lleven a pensar que el hecho es cierto, para que así lo asuma. Es aquí, en este punto, que entra a jugar su papel la política. Y así debe tratar la situación el presidente. No se trata de la inocencia o culpabilidad de su ministro de la presidencia, sino de lo que conviene a su administración para mantener la credibilidad y el clima de gobernabilidad que necesita para llevar adelante y con buen pie su gestión gubernamental. Así, a secas.

Como están las cosas, el presidente debe relevar del cargo de ministro de la presidencia a quien lo ocupa actualmente, para darle al pueblo la confianza de que él, como mandatario, está dispuesto a mantener una actuación ética correcta, transparente y respetuosa de la constitución y las leyes de la república, por encima de los compromisos políticos, los afectos y el partidismo que tradicionalmente se le imponen a quien ocupa el solio presidencial.

Darle una salida honrosa del cargo al actual ministro de la presidencia, en atención a su condición de vicepresidente, es lo politicamente recomendable y correcto en este caso. Y debe hacerse pronto, o las consecuencias y el costo político no solo serán mayores si se demora en ello, sino que dejará marcado al propio presidente y su gobierno con el estigma de la corrupción y el asalto descarado a las arcas del estado, que ya ostentan otros. Le toca al mandatario ponerse la mano en el pecho y actuar en consecuencia.

Respiradores mecánicos: el nuevo oro mundial

La rebatiña por los respiradores mecánicos es la guerra de supervivencia que enfrenta a los países de la comunidad internacional. El aparato médico es el artículo más preciado del momento, convirtiéndolo en el nuevo oro mundial que se precisa para atender la demanda de salud por la pandemia del Covid-19.

Panamá no escapa a esa guerra y, recientemente, ordenó la compra de 100 respiradores mecánicos con característica dual, invasivos y no invasivos, y que sean portátiles, a un precio de 48,950 balboas por unidad; monto que algunos consideran excesivo y que ha provocado que se inicie una investigación debido a la polémica causada.

Independientemente de lo justo o no del precio, lo cierto es que la escasez y la demanda del producto ha llevado a elevar los precios entre un 300% y un 500% de los que tenían antes de la pandemia. Un ventilador cuyo precio era de 5,000 o 10,000 dólares, hoy se cotiza a 25,000 o 30,000 dólares en el mercado internacional, con entrega a 3 o 4 meses. Panamá dice haber acordado un plazo de entrega de 10 días para los 100 que ha encargado por valor de 5.2 millones de dólares.

Un medio digital y otro impreso, vinculado uno a sectores de la izquierda local y el otro a un polémico personaje político panameño, desataron la polémica sobre el tema.  Uno de ellos, incluso, publicó el precio de eBay por el respirador mecánico AHP 300 Allied que encargó el gobierno, tasándolo en unos 5,000 dólares. Pero, al realizar una búsqueda en eBay, el respirador aparece como producto agotado, por lo que es casi imposible que algún hospital o país pueda, en este momento, hacerse de uno a ese módico precio, al menos por eBay, e imposible, también, establecer de primer momento la lesión patrimonial contra el estado basándose en el portal de compras electrónicas.

La carga que pesa sobre el gobierno nacional es muy fuerte, sobre todo por cuestionables contratos de compras y servicios que se intentan hacer en este tiempo en el campo de la salud y que involucran millones de dólares del erario público; por lo que se hace urgente una aclaración en detalle y convincente de la adquisición de los respiradores en cuestión.

Consultando medios internacionales como la BBC e Infobae, por ejemplo, hemos constatado la guerra mundial que se vive por la provisión de los respiradores mecánicos. No solo es el alto precio que debe pagarse, sino obtener una fuente segura para ser abastecido de ellos. Países que están distantes de los centros de producción de los ventiladores de cuidados intensivos temen, incluso, que sus pedidos puedan ser confiscados por otros países al hacer escala en ellos. Otros, que tienen los medios para fabricarlos, al ver copada su capacidad de fabricación, recurren sus empresas automovilísticas para construirlos con carácter de urgencia y proveerse, así, de esas máquinas que, hoy por hoy, son el bien más preciado en todo el mundo.

En el caso de Panamá, la investigación no debe suspender el pedido de los 100 ventiladores que requiere el Ministerio de Salud, porque no estarán allí esperando a que ese proceso termine. En medio de esta guerra por los ventiladores mecánicos, lo más probable es que ese pedido se desvíe a otro país si el nuestro demora en hacerse de ellos. Los respiradores bien pueden llegar a Panamá, sin que ello dé por agotada o suspendida la investigación.

Frente a los cuestionamientos y las dudas que provoca la polémica compra, el gobierno debe recurrir a la transparencia total que el caso amerita. Revelar el precio dado por el fabricante al proveedor que contrate el estado, los costos de flete que se pagaron, y la ganancia que obtiene el proveedor al vender los respiradores al estado panameño.  De esta manera, el público sabrá cuánto en realidad nos costaron los ventiladores mecánicos, el porqué de su alto precio, y si hay un margen razonable de ganancia para el proveedor de esos equipos al estado.

El asunto tiene su complejidad debido a la situación que vive el mundo, caracterizada por la escasez del producto, aeropuertos cerrados, rebatiña mundial por los respiradores, y la premura en adquirirlos por el peligro que representa la pandemia del Covid-19. Mientras más transparencia haya en este asunto, mejor será para todos.

Sentido y propósito del bono solidario

El bono solidario que entrega el gobierno nacional a las personas que se han quedado sin ingresos a causa de la cuarentena por el Coronavirus, está lejos de ser un medio de manutención para sus beneficiarios.

Las quejas, críticas y condenas que se escuchan al respecto -algunas fuera de tono e irrespetuosas- fundamentan su argumento en lo exiguo del monto, que no alcanza para satisfacer el hambre y otras necesidades de las familias pobres o necesitadas. Incluso, las imágenes de mujeres que reclaman alimento para 4 o 5 hijos se han hecho virales en las redes sociales, acompañadas con palabras de insulto y maledicencias contra los gobernantes y algunos empresarios.

Al hacer un análisis del contenido y las fuentes de los mensajes, llama la atención que grupos ideologizados fomenten la lucha de clases, aprovechándose del malestar popular y de la poca cultura y escolaridad que impera en los sectores pobres, especialmente los urbanos. Una vez encendida la mecha, la llama corre hacia el barril de pólvora haciendo estallar la ira popular. Tanto así, que ya parece tener más razón quien más vulgaridades y obscenidades grita en un video o audio transmitido en su perfil de redes sociales, que quien con serenidad y buen juicio trata de explicar las cosas. Y lo peor, que lo obsceno y lo vulgar encuentre eco en personas que lo comparten, anteponiendo su animadversión hacia ciertas figuras políticas o empresariales, por encima de sus principios y valores morales.

Panamá vive un momento en el que se necesita más de una idea o aporte positivo que el desborde de odios y resentimientos personales, por causa de la política o el desengaño social. Ya habrá tiempo, más adelante, de ocuparse de esas cosas. Hoy, hace falta transcender a aquello y elevarse por encima de tales ataduras, para contribuir a que todos superemos esta crisis causada por el Covid-19.

El sentido y propósito del bono solidario, entiéndase bien, es ofrecer un paliativo a los que califican para ser beneficiados con esa ayuda. Nunca ha tenido la finalidad de solucionar la carencia económica de la población beneficiaria del bono. Quien así lo piense, yerra; quien así lo reclame, mal hace. Dificilmente puede el estado, con los recursos limitados con que cuenta, solventar las necesidades de más de un millón de personas que han perdido sus ingresos o lo han visto mermado por causa de la pandemia que nos aqueja. Menos aún, garantizarle un modus vivendi a quien nunca o poco se ha preocupado por mantener una vida productiva y que aprovecha estos momentos para rebuscarse o hallar la manera de vivir a costa de otro.

Lo apropiado en este caso es apelar al sentido común y darse cuenta de la situación que enfrentamos. Esos 80 dólares de bono solidario multiplicado por un millón y medio de panameños, es mucho dinero. Y pesan enormemente en el presupuesto del estado cuando se continúa pagando salario completo a los empleados públicos y los subsidios de beca universal, ángel guardián y otros; cuando se destinan millonarios recursos al sistema de salud para atender a los enfermos regulares y a los contagiados por el Coronavirus; y cuando se tiene que atender otro cúmulo de subsidios y gastos gubernamentales.

Todos los panameños debemos tener claridad en lo que representa el bono solidario, para entender esta realidad del Covid-19 y sus consecuencias. Todos debemos hacer el mejor y racional uso de los recursos que tenemos cada uno en este momento. Y todos debemos apreciar la ayuda que se nos da en esta hora. Solo así podremos ver hacia el futuro con más esperanza y corregir, en el término de la distancia, los errores y las acciones que nos han llevado, hoy, a resentir la falta del ahorro o la búsqueda de una vida mejor que no supimos hacer ni darnos ayer.

El día después del Coronavirus

La situación que enfrentará el país después de controlada la pandemia del Covid-19 será de gran magnitud. Con la estructura económica debilitada, los recursos de salud mermados y la presión social sobre el gobierno, el panorama pinta sombrío.

Adelantándose a ella, el gobierno ha recurrido a asegurar créditos y disponibilidad de dinero para enfrentar el problema que se nos viene encima. Con 2,500 millones de dólares provenientes de bonos colocados en el mercado internacional, la autorización para pignorar recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y los recientes 1,300 millones de créditos autorizados por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo el gobierno se asegura fondos por casi 5,000 millones de dólares para atender los sectores de salud, alimentación, seguridad y empleo, además de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y el sector agropecuario a recuperarse o, por lo menos, seguir operando por un tiempo prolongado.

El gran reto para el gobierno está, al menos, en tres puntos claves: saber cómo invertir esos fondos de manera eficaz, equilibrar las finanzas públicas conforme a la realidad fiscal, y reducir la burocracia y el gasto estatal sin que ello aumente abruptamente el desempleo en el país.

Sabido es que el sector informal y el sector de emprendedores o trabajadores por cuenta propia tienen un impacto enorme en la economía panameña. Se calcula que la mitad, más o menos, de las personas que declaran tener un ingreso están en este segmento de los informales. De allí que las acciones económicas del gobierno, luego de controlado el Coronavirus, deben dirigirse con fuerza a este sector de la población, con el fin de reincorporarlos al sistema productivo, dándoles el subsidio necesario -no reembolsable- para ello. Subsidio que no superaría los 500 balboas per cápita, ya que sus actividades requieren de muy poco capital para funcionar.

Además del sector informal, las pequeñas y medianas empresas también requieren de un plan de financiamiento, asesoría tecnológica y acceso eficiente a los mercados. Casi sin excepción, ellas componen la base de las empresas nacionales cuyas inversiones, salarios y utilidades tienen un efecto de retorno económico doméstico que impacta grande y favorablemente en la economía nacional.

Otro sector que debe ser atendido con fuerza, en la era post Covid-19, es el cooperativo. Panamá tiene un sector cooperativo robusto, pero mayormente en el ahorro y crédito, no así en la producción. El fomento y expansión del sector cooperativo, principalmente en el sector agrícola y pesquero, sería fundamental para la rápida recuperación económica del país y su apuntalamiento futuro.

En cuanto a guardar el equilibrio de las finanzas públicas, el gobierno tendrá que administrar muy bien los ingresos dando prioridad al control fiscal en la contención del gasto y en la inversión en obras públicas. En este último aspecto debe posponer aquellas mega obras que no tengan ya contratado su financiamiento y dedicar los recursos disponibles a la pavimentación y rehabilitación de carreteras ya existentes, reparación y mantenimiento de estructuras públicas, y construcción de instalaciones vitales como plantas potabilizadoras, hospitales y centros de salud, escuelas, e instalación de paneles solares en los edificios públicos para disminuir el pago de energía eléctrica y usar el remanente de su producción de electricidad para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país. De igual manera, regular el uso de los vehículos del estado e incorporar al parque de automóviles estatales los propulsados por motores híbridos o totalmente eléctricos. Ello representaría un ahorro notable en el consumo de combustible y una disminución en los niveles de contaminación ambiental.

Reducir el tamaño de la burocracia estatal, sobre todo en la planilla, requiere, también, de ciertas medidas urgentes, tales como: el uso de tecnologías que agilicen la labor del gobierno, los servicios públicos y la reducción de personal o recurso humano poco calificado; el cese gradual de aquellos funcionarios que siguen trabajando dentro del sistema y que ya han alcanzado la edad de jubilación, así como la tercerización de ciertos servicios como los de mantenimiento, limpieza, seguridad, ornato y mensajería. Estos servicios serían traspasados a pequeñas o medianas empresas panameñas, que podrían incorporar dentro de su personal a funcionarios que ya realizaban esas labores con el estado.

El día después del Covid-19 es una realidad y un desafío que tendrán que enfrentar todas las naciones del planeta. Es una coyuntura que va más allá de las gestiones de salud y sanitarias que impone la actual crisis por causa de la pandemia. Dar el salto a la nueva era que esto representa depende en grado mayor de los gobiernos y sus autoridades, la sociedad civil y los particulares en general. La suerte está echada y no hay retorno.

Nombrar diputados en otros cargos atenta contra la democracia

Las estructuras del estado y su gobierno dentro del régimen democrático están constituidas para garantizar su funcionamiento a través de entes separados, con el fin de evitar el abuso de poder y el control amañado de su administración. Y, además, procurar el desempeño de una gestión administrativa que procure el bien común.

Cuando este principio estructural se rompe, los cimientos de la democracia se debilitan y corroen, poco a poco, los fundamentos del régimen hasta terminar con su destrucción. Un solo acto, aparentemente intrascedente o legitimado por el amañamiento de la ley, basta para poner en peligro el funcionamiento de toda sociedad democrática.

Tal es el caso del nombramiento de un diputado oficialista en la directiva del Canal de Panamá. No es el primero que ocurre, pero sí otro que reafirma la actitud recurrente del Órgano Legislativo en favorecer a los suyos, mayormente miembros del partido gobernante en turno, en posiciones públicas como la ya mencionada y otras que van desde magistraturas en la Corte Suprema hasta ministerios, embajadas y entidades autónomas del estado.

Si los diputados han recibido del pueblo un mandato para formar parte del Órgano Legislativo, ¿por qué insisten en auto escogerse para llenar vacantes en otros órganos del estado? ¿Acaso los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben actuar separadamente para preservar el régimen democrático? ¿Acaso no se dan cuenta que con esas acciones le dan la espalda al mandato recibido por sus electores?

Estas actuaciones perversas de los diputados deben corregirse, por el bien de la democracia, del país, y del propio órgano del estado que representan. Repetirlas de manera consuetudinaria no hace otra cosa que hundirlos más en las aguas del mar de corrupción que ya los adorna. Porque, en la mente del panameño común, los funcionarios más corruptos son los diputados; imagen bien ganada, gracias a las actuaciones de algunos de sus miembros que han traído a menos la honorabilidad del cargo y de la Asamblea misma.

Buscarse el acomodo económico, ya sea por el jugoso salario de la posición o por la tentadora oportunidad de hacer negocios turbios, es un acto deleznable impregnado de deshonestidad, falta de escrúpulos, carencia de civismo y ausencia de todo sentido moral y ético.

Todo diputado ha alcanzado esa posición por la voluntad popular. Es el voto ciudadano el que lo ha puesto allí y es a los ciudadanos a quien se debe y ha de responder.  Si alguna reforma constitucional merece la pena hacer en primer lugar, cuando llegue el momento, es destruir la creencia de que la curul ganada pertenece al partido político. ¡No, señor!  La curul pertenece al ciudadano, porque ella expresa su voluntad manifiesta a través del sufragio. Si un diputado le da la espalda a sus electores, para irse a ejercer funciones en otro cargo público, su puesto debe ser llenado por el candidato siguiente más votado, sin importar el partido, porque esa ha sido la voluntad del pueblo en su momento. Y que no quieran justificar la ausencia y el abandono del cargo con el suplente, porque una vez el principal deja su cargo, el suplente debe irse con él. Es más, esa figura del suplente, haragana y parásita, debe ser eliminada, porque, en la práctica, está más en función electoral que en aportar algo concreto y necesario para la labor legislativa.

Con la escogencia de uno de sus miembros para integrar la junta directiva del Canal, la Asamblea Nacional continúa demostrando su poco sentido de patria, su falta de voluntad para sacar la politización del manejo del Canal de Panamá, como manda la Constitución, el ADN que tiene de conglomerado juegavivo y su actitud acomodaticia que busca más servirse del cargo que servir desde el cargo al pueblo que los eligió.

El Panamá juegavivo y el Panamá noble

La idea que tenemos los panameños de nosotros mismos es la de un pueblo inculto, corrupto, vago y juegavivo. Razones hay para ello, sin duda, porque una parte de nuestra población así se manifiesta y se deja ver.

El día a día de nuestro Panamá es estremecido por las actitudes del delincuente común, del político corrupto, del vago que está en la calle aprovechándose de los demás, y por aquellos que actúan sin escrúpulos en el ambiente empresarial, laboral, gubernamental, incluso religioso, cuyo proceder desdice, y mucho, de su propia humanidad y de nuestra cultura como nación.

Sin embargo, muchos otros panameños son la cara opuesta de aquellos, y que jornada tras jornada dedican sus esfuerzos a engrandecer a su familia, a ganarse el pan honradamente, a procurar vivir con decencia y dignidad. Hacia estos panameños la mirada es poco dirigida, porque el impacto del mal proceder de los otros cubre, como un velo, la visión de ese otro Panamá que subyace en lo más recóndito del alma de esta pequeña patria que tanto amamos.

Mientras el Panamá juegavivo de aquellos insensatos que irrespetan el toque de queda, que trafican con los vales que ha dado el gobierno, que se aprovechan de los pobres de mil y una maneras, que dan rienda suelta a sus crímenes, a sus bajas pasiones y a su malvivir, se pone en evidencia en estos momentos de crisis ocasionados por la pandemia del Covid-19, el Panamá noble se muestra solidario acatando las disposiciones de salud pública, compartiendo lo que tiene con los necesitados, o jugándose la vida como voluntario para preparar bolsas de alimentos, como repartidor de comidas, y como trabajador del transporte y comercios autorizados, y de la salud o del orden público. Este Panamá noble, que construye el país las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es el Panamá que se agiganta en este momento de crisis nacional y mundial.

Si alguna lección no está dejando esta pandemia del Coronavirus a los panameños es, precisamente, la claridad de ver estas dos caras del país. El panameño juegavivo, que sale cada tarde en los noticieros mostrando su bajeza y su falta de humanidad, debe ser erradicado de nuestra sociedad o, por lo menos, reducido a su mínima expresión. Panamá no se merece hijos así, y, es preciso poner toda nuestra capacidad e inteligencia para cambiar esta situación que nos carcome y nos hace cargar con un estereotipo que tampoco merecemos como nación.

Panamá es, con mucho, un país de un pueblo noble y trabajador. Y esa parte noble del país necesita, también, atención y cuidados que la engrandezcan. A esta nobleza debemos apelar, para transformar la sociedad política, el empresariado, los gremios, los sindicatos, y el resto de las organizaciones sociales. Esa es la tarea que hemos de asumir luego de superar esta crisis, para procurar alcanzar la meta de una sociedad panameña nueva, construida por panameños nuevos; y, que, en lo futuro, tengamos la firme esperanza de que el juegavivo quede sometido bajo el Panamá noble que hemos olvidado por prestarle más atención a los perversos.

El Coronavirus pone a prueba los valores humanos

Cada vez que la humanidad se enfrenta a una crisis o a una tragedia afloran sentimientos y actitudes solidarias, que tienen su raíz en el sentido gregario del ser humano y en los valores que ha creado a través del tiempo.

Muchas de las actuaciones y los sentimientos desembocan en lo que, universalmente, se conoce como solidaridad. Y ese ser solidario se dará en mayor o menor grado según los valores que tenga la persona o la población que se desenvuelva en determinada cultura. Con la pandemia del Coronavirus, tales valores son puestos a prueba y repercuten en el manejo colectivo de la enfermedad.

En China y Japón, por ejemplo, la población tiene un alto sentido del respeto y el deber, por lo que acatar el pedido de las autoridades de quedarse en casa y la ética personal de chinos y japoneses han resultado claves para contener el avance del virus. De allí los resultados obtenidos en cuanto a su control y el retorno paulatino a la vida normal en dichos países.

Lo ocurrido en países como Italia, España y algunos otros donde el Coronavirus ha hecho estragos, el denominador común ha sido la desobediencia al pedido de las autoridades sanitarias de quedarse en casa, el tomar el tiempo libre obligatorio que se ha decretado para vacacionar en campos y playas, y el acaparamiento de alimentos y productos de limpieza e higiene.

Precisamente, en esa desobediencia y acaparamiento, se ponen a prueba los valores humanos. Controlar la expansión del virus con el menor riesgo de contagio y pérdidas humanas posible, parte de la calidad y el arraigo de esos valores entre la población. Si los habitantes cooperan con las autoridades acatando sus recomendaciones, si el que acaparó productos y artículos esenciales comparte con el vecino necesitado lo que tomó en demasía, si se actúa con responsabilidad y honestidad ante las situaciones que nos impone la pandemia, entonces tendremos la esperanza de salir prontamente de esta crisis. Si, por el contrario, prevalecen las actitudes egoístas y personalistas en este tiempo de Coronavirus, la salida será más dolorosa y demorada.

La ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la honestidad, son principios universales por los que se rige la mayoría de las personas.  En ellos se fundamentan sus valores y, en ellos, está hacer la diferencia entre superar pronto la pandemia del Coronavirus o sufrir sus consecuencias más allá de lo deseado por cada uno de nosotros.

EL PROBLEMA NO ES UBER, SINO LA FORMA EN QUE SE MANEJA EL TRANSPORTE SELECTIVO

Una vez más vuelve a escena el tema de las plataformas digitales de transporte, al que comúnmente se le llama caso Uber, por ser la dominante en dicho campo, con las consabidas protestas y amenazas del gremio de taxistas. En el fondo, el reclamo y la intención de éstos persiguen el mismo fin: sacarlas del mercado para mantener el favorable sistema que impera para ellos hasta ahora.

Los concesionarios del transporte selectivo de pasajeros, principalmente los operadores de taxi, ven como enemigas y gran amenaza para su negocio a las plataformas tecnológicas. Como lo han hecho ellos durante años, su actitud es eliminar todo lo que consideren contrario a sus intereses, a través de la presión política y las acciones de fuerza que estén a su alcance. Y, mientras la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se maneje como un ente político y siga controlada por ellos y sus similares, ese gremio de concesionarios encontrará el caldo de cultivo perfecto para mantener sus privilegios sectarios.

Ni la autoridad competente, ni el gremio de transportistas concesionarios, parecen entender la revolución tecnológica actual. Más temprano que tarde tendrán que abrir los ojos a esta realidad. Las plataformas tecnológicas se impondrán a medida que el país se adapte a ellas y se hagan populares. No hablamos solamente de Uber y otras del campo del transporte, sino de las que van más allá de ese tema, como: la banca electrónica, las compras por internet, los servicios de entrega a domicilio y el trabajo desde la casa, entre otras. Todas están concatenadas y afectarán, en proporcional medida, al sector transporte.

En este último aspecto, el servicio de transporte selectivo de pasajeros se ha quedado tecnológicamente atrás; más por testarudez que por falta de acceso a las tecnologías. Para sus dirigentes es difícil comprender que el problema no es Uber, ni las otras plataformas tecnológicas, sino su necedad por mantener vigente un sistema cavernario, tanto en lo que respecta a su modernidad como a su esencia lucrativa. Recorrer las calles ruleteando para conseguir clientes, cobrándoles tarifas caprichosas, ultrajándolos de palabra e imponiéndoles compartir el taxi con personas desconocidas, es el verdadero enemigo de los concesionarios del servicio selectivo de pasajeros. Olvidan que el usuario busca un servicio eficiente, seguro, a precio justo, y es quien decide que medio de transporte utiliza de acuerdo a sus necesidades y capacidad económica.

Dicho gremio pierde el horizonte al no advertir que la ampliación constante del sistema de metro, el aumento del servicio de entrega de compras a domicilio, y la cultura de tener que salir menos a trabajar a una oficina o a recibir clases en un centro educativo, traerán como consecuencia que el uso del taxi disminuya y pierda su sentido como negocio, tal y como hasta ahora lo conocemos.

Ante la coyuntura actual, la ATTT y los operadores de taxi parecen empeñarse en caminar juntos hacia el abismo. La ATTT debe ejercer su función de regular el tránsito y el transporte terrestre. Ella no está solo para regular el transporte colectivo y selectivo, por lo que debe asumir el resto de sus tareas y sacudirse a los "transportistas" enquistados en su organismo de decisión, porque son ellos los que deben ser regulados y no ellos regular y, porque, además, la presencia de ellos en la ATTT es más producto de la dádiva política que de la experticia.

Por su parte, los concesionarios del transporte selectivo deben procurar abandonar pronto el juegavivo, la explotación inmisericorde del usuario y el anacrónico y pésimo servicio que ofrecen. Tienen que hacer una purga de los maleantes que están entre ellos y que le han dado la mala y bien ganada fama que tienen, adaptarse al uso de las nuevas tecnologías, y garantizar al usuario una tarifa justa y libre de cobros caprichosos, a través del uso del taxímetro o de las aplicación tecnológica correspondiente. De no hacerlo, sus días estarán contados como operadores del transporte selectivo de pasajeros, quedándoles solo la nostalgia y el llanto y el crujir de dientes.

De listas negras y paraíso fiscal

La reputación como paraíso fiscal y la constante aparición del país en listas negras y grises nos dan mala fama en la comunidad internacional. Cambiar esa realidad reclama una firme acción del servicio diplomático panameño, el fortalecimiento del sistema de justicia, la eficiencia del engranaje fiscal y mejorar la capacidad legislativa.

Ni la reputación de paraíso fiscal ni la inclusión en aquellas listas son un fenómeno reciente. Es, como bien se sabe en ciertos círculos, una enfermedad de vieja data. Esa mala fama cobró mayor auge desde la creación del centro bancario a principios de los años setenta y, hace crisis, al ampliarse el alcance del delito de lavado de dinero más allá del ámbito del narcotráfico.

Panamá, como país en vía de desarrollo, como se le llamaba en aquel tiempo en que se creó el centro bancario, se vio obligado a plantearse su progreso de acuerdo a las circunstancias del momento. Su posición geográfica, su economía de servicios, y el uso de una moneda fuerte como el dólar, proponían el escenario perfecto. Las leyes de sociedades anónimas, nacidas con la república, y nuestra vocación transitista, facilitaron la tarea. El control de divisas que imperaba en la región latinoamericana, también contribuyeron a la causa del flujo de capitales por el país. Así fue como casi un centenar de bancos, conocidos y desconocidos, se instalaron en el istmo y generaron negocios financieros, asegurándose pingües ganancias con la oportunidad del momento y el imperante sistema fiscal.

Cuando se incorporó al delito de lavado de dinero la evasión fiscal, dichos bancos abandonaron la plaza local y el centro bancario panameño comenzó a introducir prácticas de negocio más acorde con la realidad actual. Pero, la vieja fama mantiene viva, en la mente de los políticos de algunos países, la figura del fantasma de paraíso fiscal del siglo pasado. Y en conjurar el espectro, poco ha ayudado el escándalo de las sociedades anónimas y de los sobornos de transnacionales internacionales, sobre todo de la industria de las mega construcciones, aunado a la actitud de ciertos políticos del patio.

Toda esta aureola de lavadores de dinero, de evasores fiscales, de políticos y jueces corruptos que nos adorna -merecida o no- debemos cambiarla por el bien del país. Es una tarea urgente. Demorar en hacer los cambios nos acarreará una fama peor en la comunidad internacional.

Aunque se han hecho esfuerzos por reformar las leyes, aún queda en pie una estructura que impide aplicarlas con eficacia. Panamá necesita convocar a personas capaces, no solo con la debida experticia profesional, sino con la suficiente solvencia moral y ética, al campo de la administración de justicia, el órgano legislativo, las finanzas del estado, y el servicio diplomático. Las leyes, por sí solas, no harán el cambio sin las personas adecuadas.

Mientras haya diputados con pobre educación, reputación dudosa y propensión al juegavivo y la delincuencia, ni las leyes ni la función fiscalizadora de la gestión de gobierno llenará su cometido. Mientras haya fiscales blandengues y jueces venales o con débil criterio judicial, la justicia no será justicia. Mientras la administración fiscal no enderece el rumbo y siga permitiendo la evasión, el contrabando, el reparto caprichoso del erario en exoneraciones y licitaciones con nombre y apellido, y el ocultamiento de bienes, de poco o nada servirán las leyes de control fiscal que se aprueben. Y, mientras el servicio diplomático sea la dádiva para enriquecer a unos y descanse sobre la base del amiguismo y la improvisación, en detrimento de un servicio exterior profesional y altamente calificado, el nombre de Panamá seguirá a merced de cualquier viento que sople en dirección de la imagen de paraíso fiscal y santuario de lavado de dinero que nos endilgan.

El actual gobierno, al igual que los anteriores, tiene en sus manos cambiar esta historia. El presidente debe empezar por lo que tiene a su alcance: el control fiscal, el servicio exterior y el nombramiento de los altos funcionarios de justicia. Luego, plantearse una reforma real del Órgano Legislativo y del Órgano Judicial, a través de una reforma constitucional dedicada, exclusivamente, a estos dos aspectos, olvidándose de las otras reformas que tiene en mente. Estos son los pasos inmediatos que deben darse, el resto vendrá por añadidura.

De listas negras y paraíso fiscal se escuchará hablar o no, dependiendo de las acciones que se tomen ahora y de la rendición de cuentas, declaración pública de bienes y transparencia que se le exija a los actuales funcionarios de los tres poderes del estado. La suerte está echada.

Requiem para la reforma constitucional

El intento de reforma constitucional del presidente Laurentino Cortizo parece haber entrado en fase terminal, al verse empujado a retirarlo de la Asamblea Nacional. No es para menos. La poca vocación cívica y pobre cultura política de los diputados predominantes en el Órgano Legislativo dieron al traste con los planes presidenciales. Así las cosas, el proyecto está en estado de coma y se encamina a una muerte inminente.

Las reformas constitucionales se enfrentan a tres obstáculos casi insalvables en el actual periodo de gobierno: el método elegido de dos legislaturas, la actitud de la mayoría legislativa, y el anunciado proceso de discusión y consenso con la participación de las Naciones Unidas como facilitador. Todos ellos con un factor común que juega en su contra: los plazos de tiempo para culminar la tarea.

Con siete meses de gobierno ya consumidos, al presidente Cortizo se le estrecha el tiempo. Convocar a una consulta nacional amplia, con participación de los diferentes sectores sociales, conlleva una planificación y ejercicio que tomará varios meses. La discusión de las reformas, también, y el proceso normal de dos legislaturas le sumarán, al menos, seis u ocho meses más. En total, estaríamos hablando de 18 a 24 meses, más el proceso de referéndum que sumaría otro año, lo que supone un plazo de casi tres años si todo le sale bien al presidente. Dicho plazo, sumado a los 7 meses de gobierno que ya lleva, lo pone a las puertas del período pre-electoral que marca el paso para la elección del nuevo gobierno del 2024.

Ni la ruta del consenso coordinado por las Naciones Unidas, ni la vía de las dos legislaturas le son propicias al presidente Cortizo. La actitud de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, tampoco le son favorables en su intento de reformar la Constitución. La mejor salida del aprieto es la Constituyente Paralela; cosa que no ha querido desde el principio, pero que ninguno, en su sana conciencia, objetaría, porque sería la vía más democrática que existe y que, en cuanto a plazo de tiempo, es el camino más corto de los hasta ahora andados: unos 18 meses según lo establecido en la actual Constitución.

Como es de suponer, la Constituyente Paralela no le es propicia al presidente, porque le impide controlar el contenido de las reformas, ya que dicha asamblea tiene total independencia para discutir y aprobar las reformas que surjan de su seno. Para él es más fácil controlar o transar con los diputados de su partido que enfrentarse a 60 constituyentes que no se sabe de donde saldrán ni a qué partido o corriente responderán.

Todo indica que en este tema de la reforma constitucional, el presidente está en una encrucijada. Tiene una promesa de campaña que cumplir, por un lado, y, por el otro, el tiempo y la actitud de los diputados de su alianza son un obstáculo para sus planes. De seguir por el camino que ha elegido, lo más probable es que el proyecto sucumba y quede, como en los otros intentos, sepultado por la fuerza del calendario o por el voto castigo que se le vendría encima en un forzado referéndum plagado de innumerables reformas y la carga del desgaste propio de un gobierno que alcanzó el poder con casi un tercio de los votos emitidos en las elecciones de 2018.

Si el presidente Cortizo quiere salvar la cara en este asunto, tiene que presentar propuestas puntuales a la Constitución, que estén orientadas hacia el equilibrio del poder político, la limitación de los privilegios que tienen los diputados, la independencia de los tres órganos del estado, y el fortalecimiento de los gobiernos locales. El resto de los cambios ha de ser materia para una constituyente paralela, que podría hacerse en otro momento si él no quiere dar ese paso. Pero, de seguir el camino que ha elegido, ya puede ir cantando el requiem para su proyecto de reforma constitucional.