El problema de inseguridad que enfrentamos reclama del gobierno y de la comunidad acciones concretas. La violencia, los asesinatos y otros crímenes, los accidentes de tránsito, son reflejo del relajamiento moral y cívico en el que hemos caído.
Cuando hablamos de la seguridad pública, equivocadamente pensamos que es algo exclusivo de la acción de la policía. En realidad la seguridad pública parte del comportamiento de la población, del respeto que siente por la ley, los reglamentos, y las normas de orden público. Luego está la competencia de diversos organismos que fiscalizan el acatamiento y el cumplimiento de la disposiciones legales. Algunos como la policía, el ministerio público, los tribunales, los bomberos, el sistema de protección civil, y las autoridades administrativas, son fundamentales para garantizar la seguridad pública.
La falta de competencia de las instituciones de seguridad pública, debido a que el sistema jurídico a mediatizan, y a que la población desconoce a fondo su papel, incide de manera grave en el resultado que vemos en la actualidad en ese campo.
Si revisamos el concepto que tenemos de la policía, por ejemplo, nos damos cuenta que para nosotros, la policía es el cuerpo uniformado. Sin embargo, el concepto de policía abarca, también, las normas que mantienen el orden en la colectividad. Por eso, los corregidores y alcaldes deben ser el primer eslabón de la cadena llamada policía, en lo que a la administración de justicia se refiere. Ellos, alcaldes y corregidores, son la autoridad más cercana a la población.
Al relajarse la acción de la policía, entendida en su conjunto, la población perdió el sentido del respeto al orden público. Se comenzó tirando basura a la calle, y no pasaba nada. Siguió el escándalo con los aparatos de música, las fiestas sin el debido permiso, y no pasaba nada. Continuó la libación de licor en la vía pública, la apertura de cantinas, bares y bodegas fuera de horario, y no pasaba nada. Después, la violación de las normas de tránsito, y ya no pasa nada. Le siguieron las riñas y los escándalos en la vía pública, y se hizo cosa normal. Vinieron los apuñalamientos, y se toleró. Se armó la población, aparecieron las amenazas a la vida, y se tomó por normal: ahora no aguantamos los balazos. Se orinan en plena calle, sin empacho, y comienza a aumentar la estadística de violaciones, porque se usa el órgano sexual como bien se viene en gana. Se entra al domicilio ajeno, y no resulta un delito grave. ¿Qué más permitiremos?
Vayamos a esas “pequeñas” cosas, y empezaremos a ver cambios en la gestión de la seguridad pública. Si se respeta el orden público, que ya lo tenemos por menos, la población podrá pensar que en lo más grave habrán consecuencias mayores. La certeza de la sanción y el castigo, en lo poco, será, también, certeza de lo punible en lo mucho.
Una población con moral y valores cívicos pobres, está impedida de coadyuvar en la represión del crimen y del delito. Si las propias personas consideran “normal” la bulla del vecino, la borrachera del que vive al lado, la micción en plena vía, tirar basura a la calle, o la riña entre parientes y amigos, nada cambiará. Rechazar estas actitudes no significa atraso o conservadurismo, ni apadrinarlas significa tener una mentalidad liberal o ser progresista. Permitirlo y tolerarlo, peor aún, aceptarlo, es sinvergüenzura y degradación moral. No hay otra manera de llamarlo.
Si queremos un verdadero cambio, y no como el que nos prometen cada 5 años, tenemos que cambiar nosotros mismos, en nuestra persona y en nuestro entorno cercano. Ese cambio debe reflejarse en la familia, el vecindario, el trabajo, y en cualquier comunidad social que nos desenvolvamos. Una sola persona que cambie, motivará a otra a cambiar, y, con el tiempo, veremos los resultados. El daño social que se le ha infligido a la sociedad panameña en los últimos 35 años es grave, pero no imposible de reparar. Recuperemos la convivencia sana y pacífica, el civismo, y el respeto por el orden público, y recuperaremos la paz ciudadana y la seguridad pública.
