A partir del 1 de junio pasaremos de la cuarentena al toque de queda. Se acabaron las salidas por sexo, edad y número de cédula. La pregunta que surge: ¿demostraremos sentido cívico como pueblo?
Si de algo carecemos desde hace años es, precisamente, de sentido cívico y respeto por las leyes y hasta por nuestra propia libertad. A pesar de que aún quedamos panameños con el ánimo de querer vivir en la rectitud, practicando el civismo y el respeto por las leyes y las normas de convivencia hay, entre nosotros, una parte de la población que le importa un rábano las reglas de urbanidad, el respeto hacia el que tiene al lado, la actitud cívica y el sometimiento legítimo a la autoridad y a las leyes.
No son pocos quienes transgreden y violentan, a diario, todo aquello que rige el comportamiento individual y colectivo. Lo mismo les da hacer ruido, ensuciar, destruir, ejercer violencia de todo tipo e irrespetar todo sentido de la ética, los reglamentos y las leyes que norman la convivencia doméstica y colectiva, sean estas derivadas de la legislación nacional o, simplemente, impuestas por los códigos de comportamiento social. Les da lo mismo, porque primero son ellos que los demás y nadie les puede decir qué hacer o cómo actuar.
Así es el ser panameño, lamentablemente, y costará mucho hacer que el panameño vuelva a ser la persona afable, respetuosa de la ley, y con alto sentido del deber y del civismo que un día fue y que lo llevaba, incluso, a detenerse y plantarse en posición de firme cuando veía izar o arriar la bandera de su patria. ¿En qué momento el panameño perdió la educación? ¿Qué circunstancias lo obligaron a perder su esencia como gente cabal? ¿Qué corriente lo condujo a la chabacanería y la irreverencia colectiva?
Con el paso de la cuarentena al toque de queda se pondrá a prueba el material del que estamos hechos los panameños. A pesar de la esperanza que tengo de ver aflorar el civismo y la responsabilidad colectiva, la experiencia vivida me pinta otro panorama. Ese levantamiento de la restricción de salir a la calle que hemos pasado en las últimas semanas nos dirá, como siempre, que esa corrupción moral que nos afecta asomará una vez más en nuestro horizonte. No es difícil imaginar que el primer día de movilización sin las limitaciones de número de cédula, sexo, edad y periodo máximo de dos horas, será como un toque a recreo para muchos. Saldrán a la calle por el solo hecho de salir, no porque realmente lo necesiten o tengan algo urgente que hacer. La actitud será la de "salgo porque quiero y porque ya no hay confinamiento por cuarentena."
Triste es esta realidad panameña, ya demostrada en los cientos que han violado el toque de queda durante esta cuarentena por el Covid-19. Demostrada en situaciones anteriores en las que se recomendaba seguir ciertas indicaciones por riesgos para la salud por epidemias como la conjuntivitis, el dengue, el hantavirus, el zika o el chikungunya. La irresponsabilidad demostrada en estas otras situaciones quizá -y casi probablemente- vuelva a ser la misma. En esto el panameño que ha optado por ser poco importa, chabacano y chusma, no cambiará.
Panamá necesita una revolución ética y moral que traiga esperanza de un país mejor para todos. Una revolución que debe empezar desde cada persona que busca vivir una vida decente y honesta. Hay que armarse de valor y exigir a los del entorno cercano, familia, parientes, amigos, compañeros y vecinos, el respeto por los valores y principios que nos procuran el bien como personas. No podemos seguir por el camino de la corrupción que nos lleva a la degradación moral, a la vulgaridad y a la delincuencia, donde el que grita más y más irreverente es resulta ser el más popular en las redes o el más aplaudido por likes y retuits. No nos llamemos a engaño: no habrá Panamá decente, sin panameños decentes. Así de cruda está la cosa.
miércoles, 27 de mayo de 2020
lunes, 18 de mayo de 2020
La desidia y la sinvergüenzura están por acabar con el Seguro Social
A partir de la reforma de la seguridad en el año 2005 se calculó que había un periodo de 10 años para buscar una solución más permanente al sistema de pago de pensiones. Los gobiernos sucesivos, en un despliegue de desidia y, hasta, de sinvergüenzura política han dejado de lado ese compromiso.
Los años fueron pasando y desde 2018 empezaron a utilizarse los ahorros que se destinarían para hacer frente a la urgencia por el impago de las pensiones. Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que ha traído como consecuencia una disminución drástica de la recaudación de cuotas, la Caja de Seguro Social ve agravada su situación para cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a través del cual se pagan las pensiones.
Pero no todo es provocado por el Covid-19, porque la situación ya venía dándose y el público no sabe, a ciencia cierta, de qué manera, cómo y con qué se tapaba el hueco financiero del IVM, porque la presentación de los estados financieros ha estado en mora y la transparencia y acción de la junta directiva de la entidad está en modo de poca virtud.
Un análisis básico del funcionamiento de la Caja, recurriendo a algunos artículos de la Ley Orgánica que la rige, crea ciertas interrogantes que deben ser respondidas en algún momento. El artículo 44, que trata de la Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción, habla de la existencia de un Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, que es seleccionado por la Junta Directiva y responde ante ella. ¿Quiénes han sido esos directores en los últimos 10 años y cuál ha sido su papel en cuanto a transparencia y responsabilidad institucional? ¿Por qué ellos han permitido que los estados financieros permanecieran ocultos al público? ¿Con qué criterio fueron nombrados? ¿Cumplieron con los requisitos que la ley señala para dicho cargo?
Si avanzamos en la lectura de la ley que rige la Caja de Seguro Social, también nos encontramos con los requisitos que se exigen para ser miembro de su junta directiva, señalados en el artículo 25, en el que llama la atención el numeral 4 de dicha norma, que establece, preferiblemente, que para ser miembro de la junta directiva la persona debe "tener título académico universitario o experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en administración, finanzas, inversiones, manejo de fondos de pensiones o salud." ¿Cuántos miembros de las juntas directivas de los últimos 15 años han reunido esos requisitos? Al parecer, en algunos casos, la palabra "preferiblemente" que aparece en dicho artículo es tomada al pie de la letra para saltarse los requisitos. Ese "camarón legislativo" hijo de la sinvergüenzura política panameña, echa por tierra cualquier propósito serio que haya podido tener la creación de la tal ley. Esa ausencia de seriedad legislativa es, sin duda, una de las causas por la que la junta directiva resulta ser un organismo inoperante e incapaz de salvaguardar, plenamente, el auténtico objetivo de la Caja de Seguro Social.
Igual ocurre con el director general de la entidad, a quien se le exige, en el artículo 36, numeral 3, "poseer título universitario en cualquier disciplina y experiencia mínima de 5 años en administración o en finanzas." Quizá uno que otro haya llenado cabalmente tales exigencias, pero no escapan de los nexos políticos con el partido gobernante; cosa que debe explicarle al pueblo la junta directiva que debe escoger al director general mediante un concurso del cual debe escoger a los tres mejores candidatos y presentar una terna de nombres al presidente de la república, para el correspondiente nombramiento. ¿Cómo, pues, casi siempre resulta el director general de la Caja tener vínculos políticos con el partido gobernante?
Las cosas andan mal en el Seguro Social porque la carcome la politiquería, la desidia y la sinvergüenzura de algunos que ven en ella un medio para sacar provecho propio o partidario. De nada vale que exista un director encargado de la transparencia, una comisión de inversiones y riesgos, una reserva de fluctuación e imprevistos, o cualquier otra supuesta medida para salvaguardar su objetivo y subsistencia. Lo que ocurre ahora con las finanzas del programa IVM es consecuencia directa de la politización a la que ha sido sometida la CSS por largos años.
Para robustecer sus finanzas, la reforma de su ley en 2005, hizo obligatorio que a partir de enero de 2007 toda persona que perciba ingresos debe cotizar al Seguro Social, sea asalariado o trabajador por cuenta propia. ¿Por qué no se ha podido alcanzar ese objetivo? Los directores generales y los miembros de la junta directiva que han pasado por la institución desde dicha reforma, le deben esa explicación al país, porque esas cuotas no percibidas le hacen falta hoy a la entidad.
Corresponde a la gestión de gobierno actual enfrentar el desafío de corregir el rumbo de la Caja de Seguro Social y superar la barrera de la desidia y la sinvergüenzura que hasta ahora ha impedido que la situación del IVM se solucione. No es el mejor momento, es cierto, ni por los efectos provocados por el Covid-19 ni por el débil respaldo político con que cuenta, pero debe hacerlo asumiendo los riesgos que ello implica, porque son muchos más los misterios que las verdades en el manejo de la CSS, y porque el pueblo espera una respuesta concreta con respecto al pago de las pensiones, tanto en el presente como en el futuro.
Los años fueron pasando y desde 2018 empezaron a utilizarse los ahorros que se destinarían para hacer frente a la urgencia por el impago de las pensiones. Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que ha traído como consecuencia una disminución drástica de la recaudación de cuotas, la Caja de Seguro Social ve agravada su situación para cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a través del cual se pagan las pensiones.
Pero no todo es provocado por el Covid-19, porque la situación ya venía dándose y el público no sabe, a ciencia cierta, de qué manera, cómo y con qué se tapaba el hueco financiero del IVM, porque la presentación de los estados financieros ha estado en mora y la transparencia y acción de la junta directiva de la entidad está en modo de poca virtud.
Un análisis básico del funcionamiento de la Caja, recurriendo a algunos artículos de la Ley Orgánica que la rige, crea ciertas interrogantes que deben ser respondidas en algún momento. El artículo 44, que trata de la Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción, habla de la existencia de un Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, que es seleccionado por la Junta Directiva y responde ante ella. ¿Quiénes han sido esos directores en los últimos 10 años y cuál ha sido su papel en cuanto a transparencia y responsabilidad institucional? ¿Por qué ellos han permitido que los estados financieros permanecieran ocultos al público? ¿Con qué criterio fueron nombrados? ¿Cumplieron con los requisitos que la ley señala para dicho cargo?
Si avanzamos en la lectura de la ley que rige la Caja de Seguro Social, también nos encontramos con los requisitos que se exigen para ser miembro de su junta directiva, señalados en el artículo 25, en el que llama la atención el numeral 4 de dicha norma, que establece, preferiblemente, que para ser miembro de la junta directiva la persona debe "tener título académico universitario o experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en administración, finanzas, inversiones, manejo de fondos de pensiones o salud." ¿Cuántos miembros de las juntas directivas de los últimos 15 años han reunido esos requisitos? Al parecer, en algunos casos, la palabra "preferiblemente" que aparece en dicho artículo es tomada al pie de la letra para saltarse los requisitos. Ese "camarón legislativo" hijo de la sinvergüenzura política panameña, echa por tierra cualquier propósito serio que haya podido tener la creación de la tal ley. Esa ausencia de seriedad legislativa es, sin duda, una de las causas por la que la junta directiva resulta ser un organismo inoperante e incapaz de salvaguardar, plenamente, el auténtico objetivo de la Caja de Seguro Social.
Igual ocurre con el director general de la entidad, a quien se le exige, en el artículo 36, numeral 3, "poseer título universitario en cualquier disciplina y experiencia mínima de 5 años en administración o en finanzas." Quizá uno que otro haya llenado cabalmente tales exigencias, pero no escapan de los nexos políticos con el partido gobernante; cosa que debe explicarle al pueblo la junta directiva que debe escoger al director general mediante un concurso del cual debe escoger a los tres mejores candidatos y presentar una terna de nombres al presidente de la república, para el correspondiente nombramiento. ¿Cómo, pues, casi siempre resulta el director general de la Caja tener vínculos políticos con el partido gobernante?
Las cosas andan mal en el Seguro Social porque la carcome la politiquería, la desidia y la sinvergüenzura de algunos que ven en ella un medio para sacar provecho propio o partidario. De nada vale que exista un director encargado de la transparencia, una comisión de inversiones y riesgos, una reserva de fluctuación e imprevistos, o cualquier otra supuesta medida para salvaguardar su objetivo y subsistencia. Lo que ocurre ahora con las finanzas del programa IVM es consecuencia directa de la politización a la que ha sido sometida la CSS por largos años.
Para robustecer sus finanzas, la reforma de su ley en 2005, hizo obligatorio que a partir de enero de 2007 toda persona que perciba ingresos debe cotizar al Seguro Social, sea asalariado o trabajador por cuenta propia. ¿Por qué no se ha podido alcanzar ese objetivo? Los directores generales y los miembros de la junta directiva que han pasado por la institución desde dicha reforma, le deben esa explicación al país, porque esas cuotas no percibidas le hacen falta hoy a la entidad.
Corresponde a la gestión de gobierno actual enfrentar el desafío de corregir el rumbo de la Caja de Seguro Social y superar la barrera de la desidia y la sinvergüenzura que hasta ahora ha impedido que la situación del IVM se solucione. No es el mejor momento, es cierto, ni por los efectos provocados por el Covid-19 ni por el débil respaldo político con que cuenta, pero debe hacerlo asumiendo los riesgos que ello implica, porque son muchos más los misterios que las verdades en el manejo de la CSS, y porque el pueblo espera una respuesta concreta con respecto al pago de las pensiones, tanto en el presente como en el futuro.
viernes, 15 de mayo de 2020
El gobierno necesita atreverse más
Las medidas de control del gasto público anunciadas por el gobierno nacional son acertadas, pero insuficientes para enfrentar el reto post Covid-19 que tiene por delante. Sin duda, necesita atreverse mucho más allá de las metas ya fijadas.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se recortarán 500 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento, se dejará de contratar personal para 10,420 posiciones por un monto de 151 millones de dólares, y se reducirán pagos de viáticos, transporte y otros servicios no personales por un total de 274.1 millones. Adicional a ello casi 73 millones en materiales y suministros y otros 2.6 millones en maquinaria y equipo, también, se recortarán del presupuesto. Los proyectos de inversión que no se hayan iniciado, igualmente, se suspenderán.
Todo eso vale; pero la situación provocada por la suspensión de las actividades económicas por causa del Coronavirus, ha traído como consecuencia una contracción económica general que afecta, gravemente, las recaudaciones fiscales. Ante ese panorama, el esfuerzo debe ser mayor en cuanto a control del gasto público y reclama tomar decisiones firmes y, en algunos casos, impopulares, que tiendan a equilibrar las finanzas públicas y garantizar el clima propicio para reactivar la economía haciendo énfasis en el sector doméstico.
Uno de los mayores gastos del sector público está en la planilla. Si bien se dejará de contratar personal por casi 150 millones de dólares, eso no reduce el actual gasto en salarios. Se impone una reducción real del rubro, sin recurrir a destituciones masivas que resultarían negativas para el desempeño económico. Se entiende que el gobierno debe poner circulante en la calle para mover la economía, y una de las vías para ello es dar empleo en el sector público; sin embargo, el gobierno puede reducir el gasto de la planilla estatal sin recurrir a las destituciones, solo con rebajar en un 5% los salarios mayores de 1,000 balboas, en 10% los salarios mayores de 2,000 y en 20% los sueldos que superan los 3,000 dólares, lo puede lograr. Esta medida, por supuesto, será temporal; quizá por un periodo de 3 años. De igual manera, el gobierno puede suspender los aumentos automáticos y los ordinarios, por igual periodo de tiempo.
El recorte salarial de carácter temporal a los funcionarios y de los aumentos de salario, ayudaría, enormemente, a reducir el gasto público, asegurando, al mismo tiempo, las plazas de trabajo ya existentes. De estos recortes se exceptuarían, por cuestión estratégica, a los trabajadores de la salud, los docentes y la policía y bomberos.
Otras medidas de recorte temporal del gasto público que puede tomar el gobierno serían: la renegociación de los cánones de arrendamiento de las oficinas públicas, para lograr un ajuste a la baja del 10 o 15 por ciento. Otra puede ser el recorte de una hora de la jornada laboral, para ahorrar, mayormente, en el gasto de electricidad que es cuantioso. Y, también, un mayor uso de las tecnologías para reducir el gasto en papel y materiales de oficina, el uso de vehículos para mensajería, y el desplazamiento de funcionarios de manera innecesaria.
También podría ahorrarse el gobierno en combustible, al imponer el uso del vehículo oficial compartido, y al crear un amplio programa de reciclaje de los desechos, equipos o materiales descartados de todas las entidades del estado, ya sea para reutilizarlos o darles un valor agregado como producto reciclado.
Si realmente el gobierno quiere salir bien librado de la actual crisis, necesita, con urgencia y mucha seriedad, tomar decisiones atrevidas. Y eso lo logrará con un liderazgo firme y que, al mismo tiempo, marque un rumbo claro hacia dónde quiere ir. Sin ese liderazgo y sin voluntad, todo plan se quedará en el papel y las circunstancias lo arrastrarán hacia el abismo.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se recortarán 500 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento, se dejará de contratar personal para 10,420 posiciones por un monto de 151 millones de dólares, y se reducirán pagos de viáticos, transporte y otros servicios no personales por un total de 274.1 millones. Adicional a ello casi 73 millones en materiales y suministros y otros 2.6 millones en maquinaria y equipo, también, se recortarán del presupuesto. Los proyectos de inversión que no se hayan iniciado, igualmente, se suspenderán.
Todo eso vale; pero la situación provocada por la suspensión de las actividades económicas por causa del Coronavirus, ha traído como consecuencia una contracción económica general que afecta, gravemente, las recaudaciones fiscales. Ante ese panorama, el esfuerzo debe ser mayor en cuanto a control del gasto público y reclama tomar decisiones firmes y, en algunos casos, impopulares, que tiendan a equilibrar las finanzas públicas y garantizar el clima propicio para reactivar la economía haciendo énfasis en el sector doméstico.
Uno de los mayores gastos del sector público está en la planilla. Si bien se dejará de contratar personal por casi 150 millones de dólares, eso no reduce el actual gasto en salarios. Se impone una reducción real del rubro, sin recurrir a destituciones masivas que resultarían negativas para el desempeño económico. Se entiende que el gobierno debe poner circulante en la calle para mover la economía, y una de las vías para ello es dar empleo en el sector público; sin embargo, el gobierno puede reducir el gasto de la planilla estatal sin recurrir a las destituciones, solo con rebajar en un 5% los salarios mayores de 1,000 balboas, en 10% los salarios mayores de 2,000 y en 20% los sueldos que superan los 3,000 dólares, lo puede lograr. Esta medida, por supuesto, será temporal; quizá por un periodo de 3 años. De igual manera, el gobierno puede suspender los aumentos automáticos y los ordinarios, por igual periodo de tiempo.
El recorte salarial de carácter temporal a los funcionarios y de los aumentos de salario, ayudaría, enormemente, a reducir el gasto público, asegurando, al mismo tiempo, las plazas de trabajo ya existentes. De estos recortes se exceptuarían, por cuestión estratégica, a los trabajadores de la salud, los docentes y la policía y bomberos.
Otras medidas de recorte temporal del gasto público que puede tomar el gobierno serían: la renegociación de los cánones de arrendamiento de las oficinas públicas, para lograr un ajuste a la baja del 10 o 15 por ciento. Otra puede ser el recorte de una hora de la jornada laboral, para ahorrar, mayormente, en el gasto de electricidad que es cuantioso. Y, también, un mayor uso de las tecnologías para reducir el gasto en papel y materiales de oficina, el uso de vehículos para mensajería, y el desplazamiento de funcionarios de manera innecesaria.
También podría ahorrarse el gobierno en combustible, al imponer el uso del vehículo oficial compartido, y al crear un amplio programa de reciclaje de los desechos, equipos o materiales descartados de todas las entidades del estado, ya sea para reutilizarlos o darles un valor agregado como producto reciclado.
Si realmente el gobierno quiere salir bien librado de la actual crisis, necesita, con urgencia y mucha seriedad, tomar decisiones atrevidas. Y eso lo logrará con un liderazgo firme y que, al mismo tiempo, marque un rumbo claro hacia dónde quiere ir. Sin ese liderazgo y sin voluntad, todo plan se quedará en el papel y las circunstancias lo arrastrarán hacia el abismo.
miércoles, 6 de mayo de 2020
La oportunidad política detrás del Covid-19
El gobierno actual tiene la oportunidad de cambiar el país como ninguno de sus predecesores, con excepción del gobierno post invasión. Forzado a dedicarse al tema de salud y orden público, por causa de la pandemia del Coronavirus, goza de un receso en las gestiones cotidianas de gobierno y puede planificar, con casi total calma, las acciones que seguirá una vez controlado el ritmo de contagio del Covid-19.
Tiene a su favor el hecho de que su crisis fiscal es producto de un hecho fuera de su cotrol, como lo tuvo el gobierno de Guillermo Endara Galimany, y por ello los sectores económicos y la población están dispuestos a colaborar en cualquier plan fiable que busque normalizar y hacer crecer la economía del país. Pero, a diferencia del gobierno de Endara, el del actual mandatario sí tiene acceso expedito al crédito para financiar sus obras y no enfrenta el bloqueo político internacional y el riesgo de disturbios armados internos que padeció el gobierno post invasión.
Frente a este escenario, el presidente Laurentino Cortizo tiene la oportunidad política que le ofrece la situación del Covid-19, para lograr cambios importantes en la estructura democrática de Panamá que le permitan transformar el andamiaje gubernamental, la economía, y el desarrollo social del país.
Hacer una hoja de ruta para alcanzar esos cambios es una tarea urgente. La primera cosa que ha de proponerse es ganarse la confianza y la credibilidad de la población, a través de la transparencia y la rendición de cuentas en cada una de sus decisiones y actuaciones, para así lograr el clima de gobernabilidad y liderazgo que necesita para llevar adelante su gestión de gobierno. La segunda es la adopción y ejecución de planes concretos para el desarrollo económico, haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito para los trabajadores independientes que han perdido su fuente de sustento, y el fortalecimiento y promoción de las cooperativas de producción, principalmente del agro y la pesca. Y la tercera es el impulso de la transformación de las estructuras políticas, a través de una asamblea constituyente que propugne por darle mayor poder a los gobiernos locales, un mejor equilibrio del poder entre los tres órganos del estado, y una verdadera independencia de las entidades autónomas del estado con respecto a la manipulación política que existe hasta ahora. Aunque la constituyente no es de su simpatía, es la vía correcta porque involucra a todos los sectores nacionales.
Esta es una oportunidad de oro para que el mandatario deje su nombre bien grabado en los anales de la historia nacional. Ante grandes crisis, se necesitan grandes hombres y grandes liderazgos. Y esa grandeza se fundamenta no solo en las aptitudes de las personas que ejercen el poder y la autoridad, sino en la nobleza y la humildad para renunciar a los intereses personales y partidarios que las atan al efímero cargo que ostentan en un momento dado.
Con la situación política provocada por esta crisis de Coronavirus, quiérase o no, los planes originales de gobierno se han visto trastocados. Es un escenario diferente y reclama planes diferentes acordes con la nueva realidad de Panamá. Insistir en ejecutar las promesas de campaña que le sean incompatibles es caminar hacia el despeñadero. Así como el presidente tuvo el coraje de poner en manos de quienes estaban capacitados el manejo la crisis del Covid-19, igual debe hacer con el manejo de la nueva realidad nacional que tiene por delante. Señor Presidente: reafirme su liderazgo, busque a los mejores y más capacitados para asignarle las tareas de echar adelante el país, y recurra a la transparencia y al buen manejo de la cosa pública. No tema echar a un lado al que se muestre incapaz o incurra en actos de corrupción, porque mejor es pelearse con algunos por esa causa que cargar con el estigma de incapacidad y proceder corrupto ajenos.
La oportunidad política detrás del Covid-19 puede ser aprovechada para bien del país. Ofrece el campo propicio para la austeridad en el gasto gubernamental, el fortalecimiento de los servicios de salud, la transformación del sistema educativo, la creación de una estructura económica más acorde con nuestra realidad, un desarrollo social más justo y equitativo para los panameños, y, sobre todo, el abrir la puerta para el cambio constitucional profundo de las estructuras democráticas. Queda en manos de las actuales autoridades dar el paso, porque son ellas las legitimamente llamadas a tomar estas decisiones. Eso sí, lo que decidan hacer hoy dejará escrito para nuestra historia si será un gobierno para recordar o para olvidar.
Tiene a su favor el hecho de que su crisis fiscal es producto de un hecho fuera de su cotrol, como lo tuvo el gobierno de Guillermo Endara Galimany, y por ello los sectores económicos y la población están dispuestos a colaborar en cualquier plan fiable que busque normalizar y hacer crecer la economía del país. Pero, a diferencia del gobierno de Endara, el del actual mandatario sí tiene acceso expedito al crédito para financiar sus obras y no enfrenta el bloqueo político internacional y el riesgo de disturbios armados internos que padeció el gobierno post invasión.
Frente a este escenario, el presidente Laurentino Cortizo tiene la oportunidad política que le ofrece la situación del Covid-19, para lograr cambios importantes en la estructura democrática de Panamá que le permitan transformar el andamiaje gubernamental, la economía, y el desarrollo social del país.
Hacer una hoja de ruta para alcanzar esos cambios es una tarea urgente. La primera cosa que ha de proponerse es ganarse la confianza y la credibilidad de la población, a través de la transparencia y la rendición de cuentas en cada una de sus decisiones y actuaciones, para así lograr el clima de gobernabilidad y liderazgo que necesita para llevar adelante su gestión de gobierno. La segunda es la adopción y ejecución de planes concretos para el desarrollo económico, haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito para los trabajadores independientes que han perdido su fuente de sustento, y el fortalecimiento y promoción de las cooperativas de producción, principalmente del agro y la pesca. Y la tercera es el impulso de la transformación de las estructuras políticas, a través de una asamblea constituyente que propugne por darle mayor poder a los gobiernos locales, un mejor equilibrio del poder entre los tres órganos del estado, y una verdadera independencia de las entidades autónomas del estado con respecto a la manipulación política que existe hasta ahora. Aunque la constituyente no es de su simpatía, es la vía correcta porque involucra a todos los sectores nacionales.
Esta es una oportunidad de oro para que el mandatario deje su nombre bien grabado en los anales de la historia nacional. Ante grandes crisis, se necesitan grandes hombres y grandes liderazgos. Y esa grandeza se fundamenta no solo en las aptitudes de las personas que ejercen el poder y la autoridad, sino en la nobleza y la humildad para renunciar a los intereses personales y partidarios que las atan al efímero cargo que ostentan en un momento dado.
Con la situación política provocada por esta crisis de Coronavirus, quiérase o no, los planes originales de gobierno se han visto trastocados. Es un escenario diferente y reclama planes diferentes acordes con la nueva realidad de Panamá. Insistir en ejecutar las promesas de campaña que le sean incompatibles es caminar hacia el despeñadero. Así como el presidente tuvo el coraje de poner en manos de quienes estaban capacitados el manejo la crisis del Covid-19, igual debe hacer con el manejo de la nueva realidad nacional que tiene por delante. Señor Presidente: reafirme su liderazgo, busque a los mejores y más capacitados para asignarle las tareas de echar adelante el país, y recurra a la transparencia y al buen manejo de la cosa pública. No tema echar a un lado al que se muestre incapaz o incurra en actos de corrupción, porque mejor es pelearse con algunos por esa causa que cargar con el estigma de incapacidad y proceder corrupto ajenos.
La oportunidad política detrás del Covid-19 puede ser aprovechada para bien del país. Ofrece el campo propicio para la austeridad en el gasto gubernamental, el fortalecimiento de los servicios de salud, la transformación del sistema educativo, la creación de una estructura económica más acorde con nuestra realidad, un desarrollo social más justo y equitativo para los panameños, y, sobre todo, el abrir la puerta para el cambio constitucional profundo de las estructuras democráticas. Queda en manos de las actuales autoridades dar el paso, porque son ellas las legitimamente llamadas a tomar estas decisiones. Eso sí, lo que decidan hacer hoy dejará escrito para nuestra historia si será un gobierno para recordar o para olvidar.
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