Panamá apuesta por el emprendimiento

Dos leyes para emprendedores podrían hacer la diferencia en el país.

Una ley aprobada en diciembre de 2020 y otra que está para sancionarse y promulgarse son la apuesta de Panamá para reactivar su economía e impulsarla más allá de la pandemia del coronavirus. Se trata de la ley 186 de 2 de diciembre de 2020 que regula las sociedades de emprendimiento, una nueva categoría de sociedad mercantil, y el proyecto de ley 532 dirigido a los adultos mayores que desean emprender y que fue aprobado en tercer debate en julio de este año y que espera la sanción y promulgación del órgano ejecutivo.

Ambas leyes podrían reactivar la economía panameña en corto plazo y, bien promovida, sacar de la informalidad a miles de personas que al momento ejercen actividades económicas por cuenta propia sin ser consideradas como parte del engranaje productivo formal y, por ende, marginadas del acceso al crédito y de las facilidades que ofrece el mercado oficialmente regulado.

Tanto las nuevas sociedades de emprendimiento y la llamada economía plateada están presentes en la sociedad, pero de manera marginal. Con la ley ya aprobada y la que está pendiente de sanción para incorporar a los adultos mayores que desarrollan actividades económicas por cuenta propia al mercado formal, el país tendrá la oportunidad de ver crecer su economía por el factor multiplicador que implica el incorporar a este sector de la población al mercado formal.

Más del 50 por ciento de los panameños en capacidad de trabajar lo hacen fuera del empleo formal y buena parte de estos fuera de las formalidades jurídicas, incluyendo los adultos mayores que necesitan redondear su pensión y aquellos que, al no contar con ella, necesitan practicar medios de subsistencia hasta que sus fuerzas se lo permitan.

Enfocarse en los emprendedores es la vía para desarrollar el país. Si algo ha demostrado esta pandemia es la participación de los jóvenes desarrollando actividades empresariales que sacan provecho de las herramientas tecnológicas. Si a ello sumamos los adultos mayores que cuentan con formación académica y experiencia de trabajo y que, por razón de su edad, son rechazados por los empleadores, a pesar de estar en capacidad productiva, el emprendurismo tiene futuro en Panamá.

Corresponde a la Ampyme (Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) dirigir la orquesta en este caso. Tiene que realizar un esfuerzo masivo entre los adultos mayores y los jóvenes, para que estas leyes de sociedades de emprendimiento y de la economía plateada tengan sentido y no queden, como algunas otras, en letra muerta.Experiencia y juventud son la clave para el crecimiento económico pos pandemia y mientras más pronto se inicie la marcha mejores resultados se obtendrán.

  

El Shangri-La de los diputados

 Imbuidos en su zona de confort algunos diputados padecen una amnesia política que los hace perder la noción de periodo de mandato y sufragio electoral

Los intentos de reformar el Código Electoral a su antojo y acomodo por parte de los diputados que representan a las bancadas partidarias que dominan la asamblea es el ejemplo más fehaciente de quienes han perdido la noción de la moral y la ética en el ejercicio de la política.

Buscar cambiar radicalmente lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde han estado representados sus propios partidos junto al Tribunal Electoral y la sociedad civil, es un grave error político que tendrá serias consecuencias en el próximo torneo electoral. Echar por tierra lo aprobado en la CNRE en temas tan fundamentales como el impedimento para postularse a más de un puesto de elección, el límite de las donaciones, la prohibición de recibirlas de personas condenadas por corrupción, el financiamiento público electoral más equitativo, la libre postulación sin trabas políticas, la eliminación del fuero electoral y lo relacionado con la asignación de curules por residuo, es una manera de ganarse el rechazo y el odio de los electores.

Con tantas reformas y cambios que más bien buscan el acomodo de los que ya son diputados, la reacción ciudadana no se hizo esperar. En las principales ciudades del país la población se manifestó y pasó el mensaje alto y claro a los diputados que sus maniobras o triquiñuelas políticas rebasaron el límite de la paciencia de los votantes. Hacerse de los oídos sordos frente a este hecho es un acto de suprema estupidez política y una demostración de soberbia superlativa. Tan corta memoria es propia de ese Shangri-La creado en la mente de los diputados en mención, que les hace olvidar los resultados de las últimas elecciones en las que muchos de los candidatos considerados fijos, y entre ellos diputados de entonces, se quedaron vestidos y alborotados por causa del rechazo ciudadano.

Si algún sentido de supervivencia electoral les queda deben salir de su imaginaria burbuja política y volver a la realidad prontamente. Insistir en sacar ventaja de su posición actual como diputados, para el provecho y el acomodo propio, no es más que lanzarse hacia su suicidio político. Tienen que desistir de sus planes y aprobar lo consensuado en la CNRE, por respeto al trabajo y a las decisiones de sus partidos que por largos meses reclamaron tiempo, esfuerzo y discusiones de los participantes para elaborar un código electoral que tuviera el apoyo de los sectores involucrados. Esa sería la salida más honrosa para estos diputados que han querido jugar con la paciencia y la inteligencia ciudadana.

El tiempo, sabio maestro, nos dirá en el transcurso de su marcha inexorable si los perpetradores de tan abominable cúmulo de reformas electorales que buscan afianzar el juegavivo electorero y darle un maquillaje legal a la sinvergüenzura política se imponen a la razón, a la decencia y a la ética que debe prevalecer en la carrera electoral. Y nos dirá, también, si estos "padres de la patria" continuarán viviendo en su imaginario Shangri-La de espaldas a los electores que son los verdaderos dueños del sufragio popular ejercido en libertad.

Comunismo cubano en fase terminal

 Tras 60 años de comunismo los cimientos del régimen empieza a resquebrajarse mientras sus líderes intentan encontrar la fórmula que le devuelva la salud y la vitalidad. Será una tarea ardua y larga que no evitará la muerte del sistema, solo prolongar su agonía.

Los recientes levantamientos populares en Cuba son una muestra de lo que hace ya tiempo ocurre en la mayor de las antillas. Desde el éxodo de Mariel, con el comandante Fidel Castro aún vivo, el pueblo cubano anhela un nuevo despertar que lo introduzca a la libertad. Momentos cruciales a partir de esa diáspora marielita que, en un arrebato de arrogancia revolucionaria provocara el propio Fidel, han marcado el lento paso hacia la libertad del pueblo cubano. Mariel mismo, el aplaudido discurso del papa Juan Pablo II que trajo esperanza a la isla al pronunciar las palabras: "Que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo", la rebeldía de Oswaldo Payá, y las Damas de Blanco, entre otros movimientos, han ido haciendo mella en la desgastada estructura política que sustenta al régimen.

A partir de la muerte de Fidel Castro, y los intentos de reforma impulsados por su hermano y heredero político Raúl Castro, la situación en Cuba sufre cambios acelerados. Los comandantes revolucionarios históricos han ido desapareciendo de la escena política entre muerte y vejez. Los nuevos dirigentes parecen incapaces de trazar un nuevo rumbo y su pregonada unidad apenas se mantiene cohesionada por el frágil hilo de la persona de Raúl, último de los históricos que aún podría darle un poco de aliento a una revolución que ha entrado ya en su fase terminal. 

La euforia revolucionaria cada vez se siente menos en Cuba. El desgastado discurso que por más de 60 años invoca la dirigencia ya no enciende pasiones. Al ponerse toda el alma de la revolución en Fidel, la otrora fortaleza del régimen es ahora su debilidad. Ninguno puede ni podrá reemplazar a Fidel Castro, ni siquiera su hermano Raúl a quien le tocó reformar el régimen y entreabrir la puerta hacia la libertad de los cubanos. Las efímeras esperanzas que trajeron las reformas de Barak Obama hacia la isla sucumbieron ante las medidas de Donald Trump, aún vigentes en gran medida. El advenimiento de la pandemia del Coronavirus Covid-19 agravaron la situación. Sin más fuerzas para soportar la carga impuesta por los gobernantes revolucionarios durante sesenta años, el pueblo reclama su libertad. Una libertad que tiene su sostén en el hambre, el racionamiento de alimentos por décadas, y la evidente diferencia de calidad de vida entre el cubano de alcurnia revolucionaria y el isleño de a pie. 

Durante los últimos 20 años la dirigencia de la revolución ha intentado introducir cambios estructurales para permitir el ejercicio de una empresa privada controlada, porque sabe, desde hace más de 30 años, que el sistema de producción ha fracasado. Al menos eso se dejó entrever en los resultados que arrojó un congreso del Partido Comunista Cubano en 1985. Aquella autocrítica quedó en letra muerta hasta que comenzaron a sentirse los efectos de la desaparición de la Unión Soviética, fuerte sostén del régimen por casi 30 años. Los últimos 30 han pasado entre la inercia del modelo apadrinado por los soviéticos y la resistencia de unos líderes ahora ancianos o a punto de morir.

El sopeteado argumento del bloqueo también dejó en evidencia que no es tal, ante un pueblo ávido de comida y a quien se le quita la libertad más grande de la que gozaba hasta hace unos días: las redes sociales. El régimen atacó con furia ese bastión libertario y reprimió con garrotes, cárcel y balazos al pueblo que salió a la calle a manifestarse contra el hambre, la corrupción y la falta de libertad. Allí equivocó el régimen la estrategia. Apeló a un sentimiento revolucionario y nacionalista que ya no comparte gran parte del pueblo, mandó las hordas y las milicias vestidas de civil a reprimir en la calle, y utilizó adolescentes enrolados como milicianos como escudos humanos frente a los protestatarios. Ni siquiera el haber desempolvado al histórico comandante Raúl Castro, sacándolo de su recién anunciado retiro, pudo calmar la sublevación popular.

Tanto el comunismo cubano como el régimen que lo profesa tienen sus días contados. No será de manera inmediata que se cumpla este plazo, pero su fin es irreversible. La llamada revolución cubana tiene socavada sus bases. Los signos de muerte son evidentes, incluida la nueva constitución promulgada recientemente donde intentan hacer cambios que traen consigo efectos secundarios impredecibles en este momento. El sistema económico colapsado, los medios de producción anticuados y gravemente dañados, la corrupción y el lujoso modelo de vida de la aristocracia revolucionaria, el orden mundial que va en contravía del régimen cubano, un pueblo hastiado del discurso revolucionario y ansioso de ser libre, y un anciano comandante histórico que apenas puede mantener la unidad bajo el ideal castrista son los factores en contra de una revolución cubana que se apaga.

Si los dirigentes revolucionarios quieren salvar la cara, y que en el futuro se recuerde la revolución que lideró Fidel, tienen que darle libertad inmediata al pueblo, satisfacer su hambre, y liberando los medios de producción alimentaria. Que se vean en el espejo de Gorbachov para no pasar al olvido. No hacerlo será cavar su propia tumba; y más profunda será si su empecinamiento de mantener una revolución moribunda provoca carcelazos y muerte entre un pueblo cubano que ya le perdió el miedo y el respeto a la otrora gloriosa revolución cubana.

La pandemia del coronavirus marca un cambio de era

 La pandemia provocada por el Covid-19 es un trauma social global que, como otros, produce cambios en la humanidad y en las sociedades nacionales.

Desde el Descubrimiento de América hasta el ataque terrorista en Nueva York, pasando por la revolución industrial, el invento del automóvil, las dos guerras mundiales, la era espacial y la digital, el mundo ha vivido inmensas transformaciones que afectan la vida de cada ser humano y su entorno. Grandes traumas traen consigo grandes cambios y la presente pandemia del coronavirus no es la excepción.

Así como los viajes de Cristóbal Colón cambiaron la navegación, la revolución industrial la forma de producir y fabricar, el automóvil con la manera de transportarse y el advenimiento de las carreteras pavimentadas, el fin de las guerras mundiales que trajeron adelantos tecnológicos impensados que mejoraron de la calidad de vida, el ataque a las torres gemelas de Nueva York con la seguridad aérea, la era espacial con las comunicaciones por satélite, y la era digital con la forma de estar comunicados globalmente, igual cada trauma registra cambios profundos en el ámbito social, cultural, político y económico que afectan a millones de personas en todo el planeta.

El encerramiento y la nueva interacción pública de las personas como consecuencia de la pandemia del coronavirus ha obligado a cambiar nuestro modo de vida y la forma de hacer las cosas. Medidas de bioseguridad, trabajo y educación a distancia, acceso a los mercados y la provisión de bienes y servicios han entrado en un proceso acelerado de cambios que marcan el inicio de una nueva era, tal como lo hicieran los grandes traumas antes mencionados.

Así como el virus del Covid-19 tiene una capacidad de propagación rápida, igual lo están haciendo los cambios sociales que provoca el aislamiento de la población y el control de la movilidad de las personas. Lo que acostumbrábamos a hacer un año y medio atrás, hoy ya no es posible hacerlo de la misma manera. Cosas cotidianas como salir de compras o hacer el supermercado van pasando al campo de la entrega a domicilio o "delivery."  La creación reciente de distintas aplicaciones digitales facilitan ya la interacción entre personas, la forma de comprar y pagar, y el uso del tiempo dedicado al ocio, al desempeño del trabajo, a la formación escolar y  a la celebración de reuniones grupales.  Poco a poco estamos trayendo al seno del hogar el trabajo, la escuela y la participación en organizaciones sociales y benéficas, lo que obligará un uso diferente del tiempo de las personas y al diseño funcional de las viviendas, con la consiguiente creación de espacios comunes en edificios y conjuntos residenciales que ofrezcan más facilidades para el desempeño de esas tareas. También cambiará la manera de desplazarse de un sitio a otro y de hacer negocios. Es probable que ahora muchas empresas dejen de usar grandes espacios para ofrecer sus servicios o venta de mercancías, afectando así los diseños y el uso de los centros comerciales, la logística empresarial y el aumento de la disponibilidad de edificios de bodegas en donde se almacene la mercancía y se despache desde allí.

Los hogares tendrán necesidad de múltiples dispositivos de comunicación para poder integrarse a la nueva sociedad de la era post coronavirus. Ya lo estamos viviendo con el modelo educativo y el laboral, luego seguirán otros aspectos. Una cita médica, por ejemplo, se hará a través de la telemática y abriendo la boca delante de la cámara o conectándose a un reloj de pulso el médico podrá medir aspectos sintomáticos de la persona y sus signos vitales. Incluso con la máquina de ejercicios que lleva pantalla y conectores se podrá hacer una prueba de esfuerzo a distancia.

Nos abocamos a vivir cambios profundos en la sociedad y en nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos preparando para afrontarlos?  Esta es la pregunta que debemos hacernos en lo individual y lo colectivo. Cómo personas, familias, comunidades y países procuran estar listos para asumir este cambio de era, por el momento no lo sabemos a ciencia cierta en nuestra nación. Corresponde a las autoridades, en primer lugar, allanar el camino para facilitar la integración y el desarrollo de esos cambios en nuestra sociedad. Empresarios, profesionales, gremios y asociaciones de toda índole son otros llamados a realizar esta tarea de promoción e instauración del cambio. Quien se quede sin hacer nada, simplemente,  sufrirá las consecuencias de su desidia y su insensatez. El cambio llegó para quedarse y no habrá vuelta atrás.

Colón Puerto Libre: un fracaso de 30 años

 Cuando se creó la ley de Colón Puerto Libre en 1992 muchas fueron las esperanzas que diversos sectores colonenses cifraron en dicho proyecto. A un año de cumplir las tres décadas, Colón Puerto Libre apenas mueve menos de 10 millones de dólares al año en ventas y servicios.

El entusiasmo inicial fue trastocándose en desesperanza al paso de los años, hasta que en 2016 la reforma de la ley de puerto libre abrió un nuevo horizonte que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, parece obligar a recorrer un accidentado camino para llegar a él, a semejanza de las destruidas calles y derruidas estructuras que adornan hoy la ciudad de Colón, ubicada sobre la Isla Manzanillo, cuna y propósito del ya longevo proyecto de Colón Puerto Libre.

La modificación de la ley sobre la cual descansa el pretendido puerto libre amplió, a otros lugares de la provincia colonense, la creación de nuevas zonas que pueden también funcionar como puerto libre, sin mencionar alguna en particular, con el fin de traer prosperidad a esa provincia atlántica. Sin embargo, algunos aspectos de la legislación juegan en contra del supuesto propósito de darle bienestar y progreso a Colón.

Uno de los factores que más juega en contra del puerto libre es el empecinamiento de querer insertarlo en el casco de Colón asentado en la Isla Manzanillo. A pesar de la similitud legal con el desarrollo del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá y los más de 500 millones de dólares invertidos en Colón a lo largo del tiempo, la situación de violencia y la cultura urbana que se ha creado en Colón en las últimas décadas impiden el desarrollo de un puerto libre en el lugar. Al menos bajo el método que establece la ley vigente. De aplicarse las normas incluidas en la reforma de la ley que rige el puerto libre, sitios como Portobelo, por ejemplo, podrían tomarle ventaja al emplazamiento colonense de Manzanillo, por ofrecer una situación histórica y una cultura popular mucho más rica en folclor y tradiciones, así como un ambiente más sano y seguro para los visitantes.

Otro factor que juega en contra de Colón Puerto Libre es el enfoque eminentemente mercantil de la ley, dejando de lado otro tipo de actividades como la ciencia, la tecnología y la innovación, que también podrían atraer inversiones y la instalación de empresas dedicadas a ese fin. Incluso, siendo un puerto, la legislación también podría facilitar el establecimiento de empresas dedicadas al mantenimiento y la reparación de buques, al igual que la instalación de granjas marinas y otros métodos sostenibles de aprovechamiento del recurso pesquero, cuya explotación en el sector caribeño del país es casi imperceptible.

Para el funcionamiento rápido y sustentable de Colón Puerto Libre es menester tomar decisiones en al menos tres aspectos, como: dejar de lado la obligación de que el puerto libre se instale primero en la Isla Manzanillo, buscar un área adyacente a la Zona Libre de Colón y construir allí infraestructuras modernas para hoteles, centros de convenciones y centros comerciales, que le brinden seguridad y un servicio de alta calidad a los usuarios del puerto libre, y flexibilizar el tiempo de veda de seis meses que tienen los nacionales para comprar en el puerto libre. En este último punto hay establecida por ley una cantidad fija de mil dólares en compras semestrales que, con el tiempo, perjudica al puerto libre por razón de la inflación y el aumento de precios. El monto debe establecerse tomando en consideración el salario mínimo nacional, que se revisa cada dos años y resuelve el problema de inflación y precio mencionado anteriormente. La norma podría fijar el límite de compras de los nacionales en el puerto libre en el monto máximo equivalente a un salario mínimo mensual y con veda de 30 días.

Después de casi 30 años del proyecto Colón Puerto Libre, de los cientos de millones de dólares invertidos en Colón por el estado, y de los resultados obtenidos al presente después de la reforma de la ley en 2016, la consecuencia resultante es el fracaso de Colón Puerto Libre. Si el gobierno actual, que tiene el proyecto como uno de sus planes estelares, quiere que Colón Puerto Libre funcione, tiene que tomar decisiones drásticas que requieren sacar temporalmente el proyecto de las 16 calles de Colón y ubicarlo al otro margen de la Zona Libre dentro de un ambiente seguro y arquitectonicamente agradable. Allí los colonenses que demuestren ser aptos podrán trabajar y mejorar su calidad de vida. Una vez logrado ese objetivo, concentrarse en el desarrollo del Colón de las 16 calles a la manera del Casco Antiguo de la capital, en donde las actividades de entretenimiento y cultura se desenvuelvan con mayor soltura y en un clima y ambiente distintos a los que ofrece en la actualidad.

Colón merece días mejores. Sus tiempos de tacita de oro quedaron atrás desde hace mucho, porque los factores que le ganaron ese título desaparecieron. Colón nació como terminal del ferrocarril transístmico, no como otras ciudades y pueblos del país que tuvieron un origen y una evolución diferente. El destino de Colón es lo pasajero y lo coyuntural. El ferrocarril, la construcción del Canal, las guerras mundiales y las bases militares estadounidenses han sostenido su economía y la han hundido, según aparecen o desaparecen. El puerto libre puede ser sostenible y sustentable en la medida que las autoridades nacionales y el propio colonense abran los ojos a su realidad y su vocación histórica. De ello dependerá el éxito o el continuo fracaso de Colón Puerto Libre.

El clamor pro constituyente

 La convocatoria de una asamblea constituyente es una vieja aspiración de los ciudadanos panameños.

Desde hace 40 años existe en el ambiente político el deseo de convocar a una asamblea constituyente que le dé al país un nuevo pacto constitucional con el fin de eliminar la actual constitución cuyo estigma, a pesar de las reformas sufridas, es haber sido aprobada por una asamblea constituyente espuria y manipulada por el gobierno militar de entonces.

Nunca antes como hasta ahora ese clamor ha resonado con tanta fuerza. En los últimos años ha habido diversas iniciativas que terminan fracasando por no reunir las firmas necesarias. El intento más reciente parecía calar más, a juzgar por las primeras reacciones en las que, al menos, dos partidos políticos y un ex candidato de libre postulación opositores habían manifestado, o dejado entrever, su apoyo a la recolección de firmas que gestiona el movimiento Panamá Decide para convocar a una asamblea constituyente paralela, tal como dispone la actual Constitución Política del país.

Sin embargo, el intento parece encallar entre las diversas trabas legales que, cual arrecife, debilita el casco de la embarcación constituyente al ser azotada por los vientos y el golpe de las olas que constituyen los obstáculos que erige la formalidad legal en el proceso de recolección de firmas para convocar la asamblea constituyente paralela.

Cuando se aprobó la norma de que para tal convocatoria es necesario recoger las firmas del 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, los proponentes levantaron un muro casi inexpugnable para que la convocatoria, por esa vía, fuera posible de lograr. Por eso más de un intento de este tipo ha resultado infructuoso. Pero son las reglas vigentes y hay que acatarlas. Aunque la reglamentación dejó abierta una salida: organizar a la par otra recolección de firmas para sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide y, así, consolidar en una sola propuesta el esfuerzo de ambas, antes del vencimiento del plazo de seis meses que tiene la primera iniciativa.

Si otro grupo de ciudadanos que quiere la constituyente paralela se aboca a recolectar las firmas que se exigen para tal fin, pensando en sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide, la iniciativa cobraría nueva vida y, por tanto, ampliaría la posibilidad de alcanzar el número de firmas suficientes para que sea convocada una asamblea constituyente paralela. De ocurrir un hecho como este, quienes tomaron la iniciativa previa deben verlo como una ayuda y deben brindarle toda la colaboración para llegar a la meta de convocatoria de la constituyente paralela. Lo mismo valdría para los gestores de la segunda iniciativa, en cuanto a ver el intento como un esfuerzo mancomunado y no como una forma de ganar protagonismo o arrogarse el derecho y la gloria de haber convocado la constituyente.

El camino para lograr la meta de convocar una asamblea constituyente paralela es largo y tortuoso. Un camino que va cuesta arriba y que muestra a su vera, cual los restos de los cadáveres que ven los que intentan escalar el Everest, el recuerdo esfuerzos anteriores que resultaron infructuosos. Frente a tal experiencia, tenemos que comprender que la convocatoria de una constituyente paralela es un acto mancomunado, de perseverancia y de profundo sentido democrático en cada uno de sus esfuerzos. El reto presente reclama, pues, lo mejor de la conciencia ciudadana y la renuncia a toda pretensión de constituirse en el personaje a quien se le debe reconocimiento eterno por convocar una constituyente paralela. Todo ha de ser un hacer colectivo en el que el empoderamiento ciudadano sea el protagonista para poder decir, algún día, que esa asamblea constituyente que tanto anhelamos fue producto del esfuerzo de mucha gente como fue, en su momento, la recordada Cruzada Civilista que nos abrió paso hacia la recuperación de la vida democrática panameña.

El Seguro Social ha sido presa de los buitres gremiales

Es un secreto a voces que la dictadura militar repartió la Caja de Seguro Social entre diversos gremios, para que a cada uno le tocará su pedazo de la institución.

La crisis de la Caja de Seguro Social va más allá del problema actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, en particular de la insostenibilidad del pago de pensiones en el futuro cercano. Muy pocos, casi ninguno, se atreve a mencionar, al menos publicamente, a los gremios que la han politizado y que, en parte, son responsables del mal manejo y de la corrupción que aquejan a esa entidad desde hace años.

Sindicatos, asociaciones de administrativos, gremios médicos y del resto de los funcionarios relacionados con la salud, además de su junta directiva, son los responsables directos del desgreño y el desangramiento institucional que vive el Seguro Social desde que cayó en sus manos. Son cual vacas sagradas que salen a comerse vivo a quien ose enfrentarlos o señalarlos como parte del problema que sufre la principal institución de seguridad social panameña y que amenaza con destruirla. La prueba está en que para ponerse de acuerdo en los diálogos que son convocados para resolver sus males, primero hacen una demostración de fuerza y amenazan con dejar de participar en ellos, para conseguir lo que ellos llaman un "equilibrio" entre los participantes de la mesa y asegurarse un número suficiente de ellos para controlar el diálogo por mayoría, cuando lo lógico y lo justo es que haya paridad entre empresarios y trabajadores, que son quienes cotizan, y que la suma de la representación del resto no exceda la cantidad combinada de patronos y empleados. Es más, ni siquiera debería tener voto en la junta directiva ninguno que no sea empleador o trabajador, permitiéndole solo el derecho a voz.

Para enderezar el rumbo de la Caja de Seguro Social primero es menester resolver la representatividad en la junta directiva; después decidir sobre el modelo de institución: si solo se dedica a administrar los fondos, o realiza una labor doble que incluya, además de la administración de las cotizaciones, la prestación de los servicios médicos con personal e instalaciones propias. Sin resolver estas dos situaciones es inútil aumentar cuotas y edad de jubilación, como se ha hecho antes y algunos proponen ahora. Cosa que, por cierto, acarrea otros problemas sociales como el acceso al empleo de los jóvenes, que verían limitadas las plazas de trabajo por el alargamiento de la edad de jubilación que obligará a más personas a mantenerse en los puestos de trabajo por más tiempo. Incluso, podría agravar la situación de desempleo para las personas con más años de edad que, por superar la barrera de los 50 años, les sería más difícil mantener la continuidad en el empleo o su contratación en ciertas tareas; y todos los años que le falten para ser pensionados sumarían a la crisis social que se cree con esa medida. Problema, pues, para el estado y la empresa privada que tendrían que enfrentarse a un aumento impositivo para los consiguientes subsidios que se establecerían para ayudar a las personas mayores afectadas por la situación.

Panamá es un país cuyo clima y condiciones sociales hacen inconveniente un incremento de la edad de jubilación o un aumento excesivo de los años de cotización. El clima tropical, como el nuestro, expone a las personas a un desgaste mayor de su cuerpo y al riesgo de enfermedades que en otras partes del mundo, con climas más benignos, favorecen el estado de salud de las personas. La edad vigente es suficiente para ser pensionado por vejez. Si algunas mentes propugnan por aumentarla, comparándola con la de otros países con mejor clima y condiciones sociales, entonces que también propongan que al trabajador panameño le sea pagado igual salario y que reciba la misma calidad de vida de esos países que son tomados como ejemplo para pretender aumentar la edad de jubilación.

Una reforma seria del Seguro Social debe incluir, aparte de lo mencionado antes, que ejecute de manera eficiente la norma legal de exigir a toda persona que tenga ingresos que cotice el seguro social y que la atención de los servicios médicos pase al sistema del ministerio de salud. El Seguro solo reembolsaría los servicios que le sean prestados a los asegurados. En caso de incluir beneficiarios, el trabajador deberá pagar un porcentaje adicional que podría ser del 1% por cada beneficiario, limitándolos a su cónyuge, hijos menores de 18 años, y los padres del cotizante que sean mayores de 70 años de edad o que tengan algún tipo de discapacidad que los haga dependientes del trabajador asegurado. Igual debe revisarse la proporción en que se distribuye la cuota entre los programas de Invalidez, vejez y muerte y enfermedad y maternidad, para asignar más recursos a las pensiones.

Todo lo anterior será posible si se deponen las actitudes amenazantes y los intereses sectarios de quienes participan del actual diálogo por la Caja de Seguro Social. Pero eso requiere de una voluntad altruista y de renunciar a la parte del botín que le corresponde a cada sector que compone la junta directiva, cosa que, difícilmente, están dispuestos a hacer los buitres gremiales que mantienen secuestrada a la institución desde hace muchos años.

Panamá necesita reglas de control más estables ante la pandemia

 A poco de cumplir un año sufriendo esta pandemia nos enfrentamos al dilema de continuar con cuarentenas y toques de queda, o fijar reglas más estables que permitan el funcionamiento ininterrumpido de la vida social y de la economía de Panamá.

Los procesos de ensayo y error ejecutados hasta ahora por las autoridades panameñas para controlar la propagación del Covid-19 deben dar el salto hacia medidas más eficientes y eficaces que redunden en beneficio de la salud pública y el desarrollo de las actividades propias de cada panameño y de cada sector económico del país. Realizar esta tarea supera la experticia médica y la de los estamentos del orden público, en cuyas manos hemos estado durante todo este tiempo. El trabajo realizado por sus profesionales es valioso, sin duda, pero de aquí en adelante necesitamos sumar la participación de otros expertos que contribuyan a crear una eficaz "nueva normalidad" que vele por el resto de las necesidades de la población.

El momento actual exige del gobierno nacional el nombramiento urgente de una comisión que diseñe un Plan de Apertura Controlada y convocar, para ello, a filósofos, sociólogos, financistas, conocedores de la economía de mercado, gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, emprendedores, especialistas del agro y la ganadería, comunicadores sociales, y expertos en la administración de negocios y la administración pública. Todos han de ser personas serias, capaces, de comprobada experiencia en su campo y libres de ataduras político partidistas. Dicha comisión debe ser capaz de diseñar el Plan de Apertura Controlada en un máximo de 30 días, para su ejecución inmediata. Lo revisará y evaluará, constantemente, para hacer los ajustes que corrijan las distorsiones y mejoren los procesos de ejecución. Los especialistas de la salud y la seguridad pública continuarán su trabajo por separado en sus respectivos campos, pero podrán hacer recomendaciones a la comisión en el área de su competencia.

Para darle estabilidad al Plan de Apertura Controlada, el periodo de vigencia debe fijarse en 6 meses; de manera tal que los distintos sectores puedan planificar sus actividades dentro de ese periodo, mientras se mide el comportamiento de su ejercicio y se decide su prórroga, previa evaluación de resultados, por el plazo periódico de tiempo que se considere necesario. Esto le daría estabilidad al mercado y seguridad a las empresas y personas de poder funcionar dentro de un tiempo fijo, libre de cambios intermitentes.

Ya hemos vivido los métodos de endurecimiento y relajamiento de la cuarentena, toques de queda y cercos sanitarios, pero su intermitencia se ha convertido en enemiga del bien que se quiere procurar. Sería más oportuno sacar lo mejor de cada medida aplicada, para crear una norma general que nos permita mantener la retransmisión del Covid-19 en 1% o menos, mientras se desenvuelve la vida cotidiana del país. Observando los resultados que han sido publicados desde marzo del año pasado, podemos concluir que los cierres y la salida controlada para compras ayuda, ciertamente, a disminuir el contagio entre la población. Por tanto, apelando a esa experiencia, puede diseñarse el Plan de Apertura Controlada del que hablamos en este escrito.

Vale mencionar algunos elementos que podrían ser de utilidad para el plan. Por ejemplo: las actividades de la población estarían claramente definidas en dos grandes grupos: las económicas y las de esparcimiento de la población. La parte económica se desarrollaría de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Las oficinas abrirían en horario entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los comercios y centros comerciales de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El horario de las oficinas públicas sería a jornada reducida, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, con asistencia presencial alternada del 50% del personal cada día. Los restaurantes tendrían un horario especial de 11 del día a 8 de la noche durante toda la semana, pero tendrán que cerrar un día obligatorio escogido por ellos e informándolo a la autoridad competente para el debido registro. Este día de cierre tendría que anunciarse con un aviso a la entrada del establecimiento. Casinos, discotecas y toda actividad que implique aglomeración de personas en sitios cerrados operarían según el comportamiento del contagio y con aforo controlado. Los días de compras se mantendrían conforme al género, masculino o femenino, agregando los sábados para los hombres o compartiendo el viernes ambos géneros, según se estime conveniente.

Los días sábados las oficinas funcionarían hasta las 12 del día y los centros comerciales hasta las 4 de la tarde. Los domingos serían, exclusivamente, para el esparcimiento de la población, permitiendo sólo la apertura para los restaurantes y aquellas actividades de comercio al aire libre de micro y pequeñas empresas relacionadas con el turismo y la recreación. Los domingos, de ser necesario, habría cercos sanitarios por provincia en todo el país y para algunos distritos, según el comportamiento de la pandemia y la transmisión del contagio. Se entiende que las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y control de la capacidad de aforo de los locales y medios de transporte continuarán vigentes como hasta ahora.

El caso de visita a las playas y viajes al interior del país con fines recreativos, también sería controlado los fines de semana o días festivos, e incluso permitiendo algunos días entre semana para acceso a las playas. La manera más viable de control es asignar el día de viaje o traslado interprovincial de acuerdo con el número final de las placas de los vehículos, observando la modalidad de par e impar. Los vehículos no podrían exceder la capacidad que le sea permitida por las autoridades de salud y sus ocupantes tendrían que mostrar prueba de hisopado con resultado negativo. Los vehículos que se dedican de manera usual al transporte público de pasajeros y de mercancías tendrían una norma especial para su circulación, según la necesidad del servicio.

Si hay verdadera voluntad para diseñar el Plan de Apertura Controlada, tanto la vida activa de la población como la economía podrán funcionar a la par, sin comprometer gravemente la salud de los panameños ni el necesario desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas de los panameños. El Covid-19 llegó para quedarse y tendremos que convivir con él. Ya no podemos esperar a que se erradique o reduzca a su mínima expresión. La apertura del país es necesaria y por eso es imperante un Plan de Apertura Controlada, mientras esperamos que la vacuna haga su efecto, probando su eficacia para controlar la propagación del contagio del coronavirus. Está en manos de las autoridades, primero, y del resto de la sociedad, después, llegar a acuerdos y encontrar caminos para salir adelante.

De ser necesario que este Plan de Apertura Controlada se establezca por medio de una ley, el Órgano Ejecutivo puede apelar a la excepción constitucional y aprobarlo en Consejo de Gabinete, para luego enviarlo a la Asamblea Nacional para su ratificación. De esta manera no se pierde tiempo y el presidente de la república podrá demostrar que está verdaderamente comprometido con las soluciones que requiere el país en este momento y, sobre todo, que tiene el temple y la autoridad de un mandatario que no está hecho de "leche condensada."