Antes de pedir una constituyente debe tenerse claridad en qué cambios queremos

Hace casi cuatro décadas diversos sectores de la sociedad levantan su voz en pro de una asamblea constituyente en Panamá. Ninguna iniciativa, hasta ahora, ha tenido éxito, salvo la realizada en 1983 bajo condiciones muy particulares del ambiente político de aquel entonces. Actualmente, el clamor por una constituyente se cuenta entre los temas que son tendencia en las redes sociales y en la opinión pública nacional.

A pesar del buen deseo de tanta gente, ese clamor por una constituyente no parece encauzarse hacia una realidad concreta, porque está ausente el elemento de proyecto que le dé cohesión al querer y al sentir de quienes reclaman la constituyente. Por otra parte, la opinión acerca de la constituyente oscila entre dos bandos: los que exigen la constituyente originaria, y los que estarían de acuerdo con una constituyente paralela para ajustarse al orden constitucional. El primer bando emplea un discurso intransigente en cuanto no aceptar otra forma de constituyente que no sea la originaria; el segundo, por su parte, recurre a un discurso más conciliador, pero con claridad en cuanto que sea una asamblea constituyente distinta a la legislativa ordinaria.

Tal ausencia de temas puntuales, de proyecto y de consenso en el tipo de asamblea constituyente es un obstáculo para el éxito de esa empresa. Historicamente así ha sido. Esto, en mi opinión, dificulta e impide la convocatoria real de la constituyente. Y si le sumamos la falta de un liderazgo efectivo para dicho propósito, la posibilidad inmediata de darle al país una nueva constitución por la vía de la constituyente es casi nula.

Como paso previo al llamado de una constituyente, los sectores que la impulsan necesitan definir los principales cambios que deben darse en una nueva constitución. Y dichos cambios deben apuntar, fundamentalmente, a los derechos políticos, la conformación de los poderes del estado, la fuerza del sufragio, y la relación entre los órganos de gobierno.

El modelo político vigente se agotó, porque propicia la práctica electorera, impide el necesario control ciudadano sobre los gobernantes, y es caldo de cultivo para la corrupción política de los partidos y los funcionarios. Necesitamos un mejor equilibrio del ejercicio del poder, una presencia ciudadana más participativa, y romper con los vicios constitucionales que dan pie a la impunidad y a los actos de corrupción. Aquí está el desafío democrático y constitucional.