La pobreza política e intelectual de los diputados panameños

Algunos de nuestros diputados creen que por mostrar un título universitario eso los hace personas capaces y altamente educadas. Nada más falso y pretencioso. Alabarse uno mismo por un título académico es como un sapo que se infla para parecer más grande de lo que es realmente.

por Luis Alberto Díaz

Hace unos días un miembro de la Asamblea Nacional propuso cambiar el nombre de las nuevas esclusas del Canal de Panamá en un acto con más tinte de lisonjería y clientelismo electorero que fundamento histórico o patriótico. Su propuesta, proporciones guardadas, se suma a diversos actos bochornosos protagonizados por algunos de sus colegas diputados en lo que va del año.

Si algo nos demuestran los miembros de la cámara legislativa, en sentido general, es la pobreza política e intelectual que predomina entre los miembros de ese órgano del estado. La poca cultura general que se evidencia entre ellos, la chabacanería, el verbo vulgar en sus intervenciones públicas y el comportamiento escandaloso y la actitud bajuna de algunos de ellos le dan a la Asamblea una imagen pública de pillería, corrupción y sinvergüenzura que lesiona gravemente su reputación y pone en entredicho la honorabilidad de un órgano del estado que está llamado a actuar en todo momento en interés de la nación, proveyéndola de las leyes que le den sustento al marco jurídico que ordena la vida legal del país para el buen funcionamiento del régimen democrático y garantizar los derechos de quienes viven dentro de sus fronteras.

El diputado proponente de la descabellada idea de cambiar los nombres de las nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí ignora, y si no lo hace pasa voluntariamente por ignorante, que cada esclusa del Canal de Panamá toma su nombre de una ubicación geográfica existente antes de la construcción de la vía acuática. Que esos nombres buscan mantener viva la historia panameña y del propio canal al bautizarlas así. Cambiarles el nombre es una bofetada a nuestra historia, a los panameños que hicieron de esos lugares su hogar y terruño durante 400 años, y a tantos y tantos compatriotas que sufrieron y lucharon, incluso algunos ofrendando sus vidas, para recuperar el territorio de la antigua Zona del Canal. Recuperación que también implica la historia de Panamá sobre dicho territorio.

Cualquiera que se precie de haber pasado por el sistema educativo panameño, y de la propia Universidad de Panamá, ha tenido que oír, al menos, nombres como Armand Reclus o Gil Blas Tejeira. El primero con su documentado recorrido por los pueblos que estaban en la ruta del actual Canal de Panamá, y el segundo, con su novela "Pueblos Perdidos", que narra intensamente las experiencias de una familia centroamericana inmigrante que recorre los pueblos sepultados, unos por las aguas del canal, y desmantelados otros, por los constructores estadounidenses de la ruta interoceánica.

Decenas de pueblos en los que vivían, para la época, más de 50,000 personas, se vieron privados de su gente y de su vida cotidiana. Pueblos en los que se hablaba, además del español, el francés, el inglés y el chino. Idiomas del que dudo tenga gran conocimiento el diputado proponente del adefesio legislativo que busca cambiarle el nombre a las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Contrario a él, y sin mayores estudios académicos, gente humilde y trabajadora sí los dominaba o, por lo menos, podía mantener una breve conversación en tales lenguas.

Casas, escuelas, iglesias, cuarteles, comercios, calles y plazas que constituían dichos pueblos se perdieron para siempre por la mano y la acción de los constructores del Canal. Hoy, en una lisonjera y politiquera acción un diputado pretende borrarlos, también, de la historia de la nación y del propio Canal de Panamá.

Si el diputado de marras busca honrar los esfuerzos del general Torrijos y el presidente estadounidense Carter, en la consecución de la firma del Tratado del Canal de Panamá, que nos devolvió la jurisdicción sobre la vía acuática y su territorio, bien puede poner a funcionar su cerebro buscando otra forma. Si no lo logra, consulte con el resto de los panameños o recurra a los libros de historia que reposan en las bibliotecas Nacional, de la Universidad de Panamá, o del propio Canal. De seguro no faltarán ideas valiosas. Y si lo que quiere es congraciarse con el electorado, que haga alianza con el colega de San Miguelito que representa a los electores del sector que lleva los nombres de Torrijos - Carter, para proponer una ley que ayude a mejorar la vida comunitaria de los moradores de ese lugar. ¿Qué mejor homenaje que procurar hacer de Torrijos - Carter un lugar agradable y digno para vivir? ¿Qué mejor homenaje que restituir en Torrijos - Carter y su gente las escuelas, plazas, cultura, orden urbanístico y calidad de vida que otrora tuvieron los moradores de los pueblos perdidos del Canal?

Como dijera Francisco Vera a su hija María de los Ángeles en la novela de Gil Blas Tejeira: "Aprende, hija, que cuando tus padres te falten solo ha de valerte lo que sepas", igual le damos el paternal consejo al diputado proponente de la aberración de cambiar el nombre de las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Lo mismo vale para el Presidente de la República, que ha prometido sancionar la bofetada histórica que da el diputado a la nación panameña si llega a ser aprobada en el pleno de la ya desacreditada Asamblea Nacional.

Diputados clientelistas

 Con las recientes palabras de un diputado por su red social queda en evidencia, una vez más, que las prácticas de estos funcionarios forman parte del esquema de corrupción institucional.

El sistema de elección de los diputados, la inmunidad que se les otorga y el complicado proceso para investigarlos y juzgarlos ha creado una casta de funcionarios acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que en un tiempo fue pensado para proteger a los legisladores opositores de los abusos de la dictadura se ha convertido en una pieza importante del esquema de corrupción institucional que impera en el país.

Cómo es posible que un diputado le pida al presidente de la república nombramientos de personas y dinero para obras circuitales que faciliten su clientelismo electoral, sin que pueda ser investigado de oficio por el ministerio público a causa de la norma constitucional que le impide a la vindicta pública cumplir con su función perseguidora del delito. La susodicha norma es un elemento dañino para la administración de justicia y la propia democracia, porque en ella se sustenta la cuestionada inmunidad de la que gozan estos funcionarios.

De acuerdo con el sistema de gobierno que consagra la Constitución de la República de Panamá, la función de los diputados es hacer leyes y fiscalizar la labor del órgano ejecutivo para evitar abusos de poder y garantizar el buen funcionamiento del país a través del marco jurídico que lo rige. Nada más alejado de la realidad. Desde hace muchos años los diputados se las han ingeniado para manejar las conocidas partidas circuitales, ya sean estas asignadas de manera directa o disfrazadas dentro del presupuesto nacional, como arma para negociar su voto ante el presidente de turno. Por eso no es de extrañar que un diputado oficialista, olvidando todo recato o temor por alguna sanción, pida nombramientos de allegados y manejo de dinero público de la manera más descarada que haya podido encontrar: un mensaje directo al mandatario de la nación a través de las redes sociales.

Tal ha sido el descaro del parlamentario que, incluso, justificó su petición con el argumento de quién mejor que un diputado para manejar dinero de obras comunitarias porque es elegido por el voto popular y porque, de no hacerlo, le pasarían los electores la factura política en las siguientes elecciones. ¡Qué ignorancia! Ni siquiera es capaz de razonar sobre las funciones y la razón de existir del cargo que ocupa.

La ley y la constitución establecen claramente que son los municipios y los alcaldes los que deben y pueden, por motivos inherentes a sus funciones, dedicarse a realizar obras para la comunidad y administrar los recursos económicos que se proveen para ello. Incluso los representantes de corregimiento pueden hacerlo, aunque de manera más limitada por razones políticas más que jurídicas. Si tanto deseo tiene de servirle a la comunidad con obras y nombramientos, ¿por qué no se postuló para estos cargos? Al fin y al cabo los alcaldes y representantes de corregimiento también son elegidos por el voto popular. Pero no, no buscó esos cargos porque el esquema de corrupción política les da un poder limitado frente al que tiene un diputado. Esa es la razón, no hay otra.

Panamá está en mora con la democracia. Tras 30 años de haberse recuperado el régimen democrático, las principales instituciones democráticas continúan contaminadas con el germen heredado de la dictadura, lo que algunos aprovechan para mantener prácticas corruptas que son difíciles de erradicar bajo el sistema institucional imperante.

Urge plantearnos de manera seria, como pueblo y nación, una nueva estructura institucional para perfeccionar nuestra democracia. Uno de esos cambios es acabar con el sistema de circuitos electorales tal como lo conocemos, con la forma de elección basada en cuociente, medio cuociente y residuo que facilita el llamado voto plancha que desconoce el principio de una persona un voto para cada cargo electoral, y con la camisa de fuerza que se le impone a los municipios y a los alcaldes que resultan superados en su gestión por el abuso del presidencialismo a través del poder de los ministerios que componen el órgano ejecutivo.

Basta ya de mantener a los diputados clientelistas con nombramientos y partidas circuitales disfrazadas de gestión parlamentaria. Es un hábito deleznable que no pocas veces se utiliza para comprar el voto de los diputados, financiar su proselitismo y mantener el nefasto cacicazgo político en las circunscripciones conocidas como circuitos electorales. 

Tarde o temprano este cambio llegará. Solo esperamos que ocurra sin los traumas que han llevado a otros pueblos latinoamericanos a pasar a regímenes peores.

Cualquier persona no puede ser periodista

 "Un viejo debate reaparece en nuestro ambiente. ¿Cualquiera puede ser periodista? Alegatos por aquí y por allá con tinte de derechos humanos, de intenciones ocultas de abaratar la mano de obra en los medios y con argumentos tecnológicos son esgrimidos por unos y otros."

Esta polémica de vieja data viene desde los tiempos en que aparece el periodismo como carrera universitaria y dio el salto de mero oficio a profesión. Muchos propietarios de periódicos defendieron que el periodista se hace en el medio, no en el aula. Veteranos periodistas también defendieron esas ideas. Otros propugnaban por elevar el entonces oficio a nivel académico por el desarrollo tecnológico que sufrían los medios en aquel tiempo pasando de las rotativas a la radio y la televisión. 

Personajes como Joseph Pulitzer optaron por la ruta académica y otros, en sus países, hicieron lo mismo. En el caso panameño Gil Blas Tejeira, junto a otros periodistas empíricos, lucharon muy duro para crear la escuela de periodismo en Panamá y elevarla a nivel universitario en 1961.

Hace unos días se ha encendido este viejo debate sobre ejercer el periodismo sin estudiar para ello, apelando al fenómeno de las redes sociales introducidas por la tecnología digital y el supuesto reemplazo del periodista por aquellos que divulgan y denuncian hechos a través de ellas. Como ha ocurrido desde hace casi un siglo, en este tema unos se lanzan a favor y otros en contra. Cada uno con sus argumentos. Y salta la pregunta al aire: ¿Puede ser periodista quien no haya estudiado para serlo? Veamos.

"La profesión periodística tiene como campo principal de trabajo la transmisión de noticias. Eso en el sentido ortodoxo. Pero, limitarla solo a esa tarea es desconocer la evolución que ha sufrido el periodismo durante tres cuartas partes del siglo pasado y casi una cuarta parte del presente siglo 21. De la mera transmisión de noticias el periodismo mutó al campo de la información. Tanto es así que en el sector público y en las grandes y medianas empresas es común contratar expertos en información, comunicación corporativa y organizacional formados en las universidades. Ya no se trata de transmitir un hecho al público, sino de analizar sus consecuencias para la sociedad y la acción que deben tomar los diferentes actores que se desempeñan en el campo de la información desde los medios de comunicación hasta las entidades de la sociedades política y civil. Para poder realizar ese trabajo a cabalidad hace falta hacer uso de ciertos conocimientos, técnicas y herramientas informativas que deben adquirirse a través de una formación académica que permita desempeñarse de manera científica y profesional en la labor periodística."

Si bien es cierto que transmitir un hecho que ocurre en la calle no es potestad exclusiva de los periodistas, sí lo es su estructuración con todos los elementos que salvaguarden el uso del lenguaje periodístico y el pleno conocimiento de la situación para el público sin aristas sensacionalistas o intenciones manipulación individual o sectaria. Transmitir el hecho en sí puede ser una noticia en el momento, llegar a escudriñar el por qué y el para qué, saber distinguir qué es un hecho noticioso y qué no, cómo dar la información, dónde buscarla, qué fuente autorizada entrevistar, entre otros factores, supera el campo de la noticia momentánea que transmite un individuo por sus canales de Instagram, You Tube o cualquier otra red social. No es lo mismo, pues, enterarse de un hecho con ribetes noticiosos en tiempo real que informarse o ser informado sobre ese mismo hecho.

Aunque una persona tome la cámara de su celular para publicar lo que encuentra a su paso, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de información, eso no lo hace periodista. Simplemente ejerce un derecho humano que nadie le puede negar, impedir o regatear. Está en su derecho y eso no transgrede en nada el ejercicio de la profesión periodística. Sí lo haría, en cambio, el hacerse pasar por periodista sin serlo para aparentar ante el público u obtener un estatus social que legitime su actividad de usuario de las redes sociales. Pero esto es materia de otro campo, como el jurídico.

Frente a esta polémica debe tenerse claridad que una cosa es ejercer un derecho humano y ciudadano y otra es ser periodista. Al menos en lo que se entiende como la persona formada académicamente y reconocida formal y socialmente como titular de la profesión de periodista. Así como la gente que acostumbra hacer comida hogareña para los suyos y sus vecinos no puede ser reconocido ni llamado chef, por muy sabroso que cocine, tampoco el que está publicando hechos diarios por las redes sociales es un periodista por el solo hecho de realizar esta actividad. Y aquí vale notar que en este viejo debate los que se oponen a reconocer el periodismo como profesión adquirida formalmente a través de los estudios recurren a un ya trillado "no se trata de lo mismo", para descalificar cualquier ejemplo de otros oficios o profesiones que se presenten como argumento.

"Cualquier persona no puede ser periodista, porque el serlo requiere estudiar la carrera y conocer el arte científico de su ejercicio. Conocimiento y formación que le garantiza al público un manejo veraz y confiable de la información, que incluya los diversos puntos de vista sobre el hecho y que dé la garantía que no se trata del "fake news" que ha introducido el mundo de las redes sociales."

Si aplicarse en la reparación del automóvil y ayudar al vecino con el suyo no hace mecánico a un individuo, si el conocimiento de la medicina tradicional no hace médico al yerbero o al chamán, y si acostumbrar a conducir rápido por las calles y autopistas no hace piloto de carreras a quienes conducen así su auto habitualmente, ¿por qué pretender que una persona que divulga hechos a través de las redes sociales sin haber estudiado periodismo tenga forzosamente que ser periodista? El periodismo no se trata simplemente de ir por allí colgando hechos callejeros en las redes. Ser periodista, tampoco es eso. El periodismo y el ser periodista es mucho más que ser un "influencer" de hechos callejeros. Que cada uno, pues, ocupe el lugar y ejerza el derecho que le corresponde. Y que igual se respete el ejercicio y el reconocimiento del periodismo como profesión, porque también es un derecho. No lo olvidemos.