Por qué el ministro de la presidencia debe dejar el cargo

La política es el arte de hacer posible lo imposible, a través del diálogo y la negociación. Bien llevada, la política ayuda al progreso de las naciones y permite a la población de los países realizarse y alcanzar niveles de calidad de vida individual y colectivo en los que la dignidad de las personas es valorada y respetada.

Cuando la visión de la política pierde ese principio, para enfocarse solo en el manejo electoral y el ejercicio del poder por el poder, toda ella se ve afectada y crea en los ciudadanos una sensación de suciedad y corrupción, al abandonarse su verdadero propósito y facilitar el uso del poder para que los copartidarios saquen ventaja de él, se enriquezcan, y administren la cosa pública como una finca particular.

Tal es el caso de las últimas situaciones con el uso de los fondos estatales por parte de los actuales gobernantes. Algunas figuras con altos cargos y personas allegadas a ellos, ya han sido catalogados como asaltantes del erario y adalides de la corrupción. Esa es la imagen pública que proyectan, aunque no medie investigación que así lo pruebe. Esa es la figura que prevalece en la opinión pública, la cual no funciona con base en pruebas, sino con indicios y argumentos lógicos que incitan a pensar y creer que realmente existe el hecho o la posibilidad cierta de un acto de corrupción.

Al centralizarse las compras de equipos e insumos de salud en la presidencia de la república, con motivo de la pandemia del Covid-19, el foco de atención se dirige hacia esa institución. El ministerio de la presidencia, instancia encargada de la logística de compras en este caso, ha resultado ser el epicentro del manejo cuestionado de ciertas compras cuyo monto aparenta ser escandaloso. Con cifras millonarias soltándose a los cuatro vientos, la gestión de compras a precios más altos de los que pueden encontrarse en el mercado regular, ha creado la duda entre la ciudadanía al ser consideradas como transacciones de poca virtud.

La gota que derramó el vaso fue el intento de compra de respiradores mecánicos, cuyo precio por unidad era diez veces mayor que lo usual. De poco han servido las explicaciones de escasez, especulación en el mercado internacional, y demanda encarnizada por hacerse de ellos a cualquier costo. La opinión pública ya tiene su idea. Y a tal punto llegó el asunto, que provocó la renuncia del vice ministro de la presidencia y obligó a prometer una investigación minuciosa del asunto.  Incluso, a la cuestión de los respiradores se han sumado otras compras como las de mascarillas y alcohol gel. Todas con un denominador común: el aparente sobreprecio.

Pero, como bien dice el refrán, eso no se queda ahí sino que se hincha. Y aquí entra al ruedo la figura del vicepresidente y, por añadidura, ministro de la presidencia. Responsable o no de los actos que se le achacan, su papel como ministro de la presidencia se ha convertido en el punto débil del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.  Como dijimos antes, la opinión pública no necesita obligatoriamente de pruebas: basta con indicios o argumentos lógicos que la lleven a pensar que el hecho es cierto, para que así lo asuma. Es aquí, en este punto, que entra a jugar su papel la política. Y así debe tratar la situación el presidente. No se trata de la inocencia o culpabilidad de su ministro de la presidencia, sino de lo que conviene a su administración para mantener la credibilidad y el clima de gobernabilidad que necesita para llevar adelante y con buen pie su gestión gubernamental. Así, a secas.

Como están las cosas, el presidente debe relevar del cargo de ministro de la presidencia a quien lo ocupa actualmente, para darle al pueblo la confianza de que él, como mandatario, está dispuesto a mantener una actuación ética correcta, transparente y respetuosa de la constitución y las leyes de la república, por encima de los compromisos políticos, los afectos y el partidismo que tradicionalmente se le imponen a quien ocupa el solio presidencial.

Darle una salida honrosa del cargo al actual ministro de la presidencia, en atención a su condición de vicepresidente, es lo politicamente recomendable y correcto en este caso. Y debe hacerse pronto, o las consecuencias y el costo político no solo serán mayores si se demora en ello, sino que dejará marcado al propio presidente y su gobierno con el estigma de la corrupción y el asalto descarado a las arcas del estado, que ya ostentan otros. Le toca al mandatario ponerse la mano en el pecho y actuar en consecuencia.

Respiradores mecánicos: el nuevo oro mundial

La rebatiña por los respiradores mecánicos es la guerra de supervivencia que enfrenta a los países de la comunidad internacional. El aparato médico es el artículo más preciado del momento, convirtiéndolo en el nuevo oro mundial que se precisa para atender la demanda de salud por la pandemia del Covid-19.

Panamá no escapa a esa guerra y, recientemente, ordenó la compra de 100 respiradores mecánicos con característica dual, invasivos y no invasivos, y que sean portátiles, a un precio de 48,950 balboas por unidad; monto que algunos consideran excesivo y que ha provocado que se inicie una investigación debido a la polémica causada.

Independientemente de lo justo o no del precio, lo cierto es que la escasez y la demanda del producto ha llevado a elevar los precios entre un 300% y un 500% de los que tenían antes de la pandemia. Un ventilador cuyo precio era de 5,000 o 10,000 dólares, hoy se cotiza a 25,000 o 30,000 dólares en el mercado internacional, con entrega a 3 o 4 meses. Panamá dice haber acordado un plazo de entrega de 10 días para los 100 que ha encargado por valor de 5.2 millones de dólares.

Un medio digital y otro impreso, vinculado uno a sectores de la izquierda local y el otro a un polémico personaje político panameño, desataron la polémica sobre el tema.  Uno de ellos, incluso, publicó el precio de eBay por el respirador mecánico AHP 300 Allied que encargó el gobierno, tasándolo en unos 5,000 dólares. Pero, al realizar una búsqueda en eBay, el respirador aparece como producto agotado, por lo que es casi imposible que algún hospital o país pueda, en este momento, hacerse de uno a ese módico precio, al menos por eBay, e imposible, también, establecer de primer momento la lesión patrimonial contra el estado basándose en el portal de compras electrónicas.

La carga que pesa sobre el gobierno nacional es muy fuerte, sobre todo por cuestionables contratos de compras y servicios que se intentan hacer en este tiempo en el campo de la salud y que involucran millones de dólares del erario público; por lo que se hace urgente una aclaración en detalle y convincente de la adquisición de los respiradores en cuestión.

Consultando medios internacionales como la BBC e Infobae, por ejemplo, hemos constatado la guerra mundial que se vive por la provisión de los respiradores mecánicos. No solo es el alto precio que debe pagarse, sino obtener una fuente segura para ser abastecido de ellos. Países que están distantes de los centros de producción de los ventiladores de cuidados intensivos temen, incluso, que sus pedidos puedan ser confiscados por otros países al hacer escala en ellos. Otros, que tienen los medios para fabricarlos, al ver copada su capacidad de fabricación, recurren sus empresas automovilísticas para construirlos con carácter de urgencia y proveerse, así, de esas máquinas que, hoy por hoy, son el bien más preciado en todo el mundo.

En el caso de Panamá, la investigación no debe suspender el pedido de los 100 ventiladores que requiere el Ministerio de Salud, porque no estarán allí esperando a que ese proceso termine. En medio de esta guerra por los ventiladores mecánicos, lo más probable es que ese pedido se desvíe a otro país si el nuestro demora en hacerse de ellos. Los respiradores bien pueden llegar a Panamá, sin que ello dé por agotada o suspendida la investigación.

Frente a los cuestionamientos y las dudas que provoca la polémica compra, el gobierno debe recurrir a la transparencia total que el caso amerita. Revelar el precio dado por el fabricante al proveedor que contrate el estado, los costos de flete que se pagaron, y la ganancia que obtiene el proveedor al vender los respiradores al estado panameño.  De esta manera, el público sabrá cuánto en realidad nos costaron los ventiladores mecánicos, el porqué de su alto precio, y si hay un margen razonable de ganancia para el proveedor de esos equipos al estado.

El asunto tiene su complejidad debido a la situación que vive el mundo, caracterizada por la escasez del producto, aeropuertos cerrados, rebatiña mundial por los respiradores, y la premura en adquirirlos por el peligro que representa la pandemia del Covid-19. Mientras más transparencia haya en este asunto, mejor será para todos.

Sentido y propósito del bono solidario

El bono solidario que entrega el gobierno nacional a las personas que se han quedado sin ingresos a causa de la cuarentena por el Coronavirus, está lejos de ser un medio de manutención para sus beneficiarios.

Las quejas, críticas y condenas que se escuchan al respecto -algunas fuera de tono e irrespetuosas- fundamentan su argumento en lo exiguo del monto, que no alcanza para satisfacer el hambre y otras necesidades de las familias pobres o necesitadas. Incluso, las imágenes de mujeres que reclaman alimento para 4 o 5 hijos se han hecho virales en las redes sociales, acompañadas con palabras de insulto y maledicencias contra los gobernantes y algunos empresarios.

Al hacer un análisis del contenido y las fuentes de los mensajes, llama la atención que grupos ideologizados fomenten la lucha de clases, aprovechándose del malestar popular y de la poca cultura y escolaridad que impera en los sectores pobres, especialmente los urbanos. Una vez encendida la mecha, la llama corre hacia el barril de pólvora haciendo estallar la ira popular. Tanto así, que ya parece tener más razón quien más vulgaridades y obscenidades grita en un video o audio transmitido en su perfil de redes sociales, que quien con serenidad y buen juicio trata de explicar las cosas. Y lo peor, que lo obsceno y lo vulgar encuentre eco en personas que lo comparten, anteponiendo su animadversión hacia ciertas figuras políticas o empresariales, por encima de sus principios y valores morales.

Panamá vive un momento en el que se necesita más de una idea o aporte positivo que el desborde de odios y resentimientos personales, por causa de la política o el desengaño social. Ya habrá tiempo, más adelante, de ocuparse de esas cosas. Hoy, hace falta transcender a aquello y elevarse por encima de tales ataduras, para contribuir a que todos superemos esta crisis causada por el Covid-19.

El sentido y propósito del bono solidario, entiéndase bien, es ofrecer un paliativo a los que califican para ser beneficiados con esa ayuda. Nunca ha tenido la finalidad de solucionar la carencia económica de la población beneficiaria del bono. Quien así lo piense, yerra; quien así lo reclame, mal hace. Dificilmente puede el estado, con los recursos limitados con que cuenta, solventar las necesidades de más de un millón de personas que han perdido sus ingresos o lo han visto mermado por causa de la pandemia que nos aqueja. Menos aún, garantizarle un modus vivendi a quien nunca o poco se ha preocupado por mantener una vida productiva y que aprovecha estos momentos para rebuscarse o hallar la manera de vivir a costa de otro.

Lo apropiado en este caso es apelar al sentido común y darse cuenta de la situación que enfrentamos. Esos 80 dólares de bono solidario multiplicado por un millón y medio de panameños, es mucho dinero. Y pesan enormemente en el presupuesto del estado cuando se continúa pagando salario completo a los empleados públicos y los subsidios de beca universal, ángel guardián y otros; cuando se destinan millonarios recursos al sistema de salud para atender a los enfermos regulares y a los contagiados por el Coronavirus; y cuando se tiene que atender otro cúmulo de subsidios y gastos gubernamentales.

Todos los panameños debemos tener claridad en lo que representa el bono solidario, para entender esta realidad del Covid-19 y sus consecuencias. Todos debemos hacer el mejor y racional uso de los recursos que tenemos cada uno en este momento. Y todos debemos apreciar la ayuda que se nos da en esta hora. Solo así podremos ver hacia el futuro con más esperanza y corregir, en el término de la distancia, los errores y las acciones que nos han llevado, hoy, a resentir la falta del ahorro o la búsqueda de una vida mejor que no supimos hacer ni darnos ayer.

El día después del Coronavirus

La situación que enfrentará el país después de controlada la pandemia del Covid-19 será de gran magnitud. Con la estructura económica debilitada, los recursos de salud mermados y la presión social sobre el gobierno, el panorama pinta sombrío.

Adelantándose a ella, el gobierno ha recurrido a asegurar créditos y disponibilidad de dinero para enfrentar el problema que se nos viene encima. Con 2,500 millones de dólares provenientes de bonos colocados en el mercado internacional, la autorización para pignorar recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y los recientes 1,300 millones de créditos autorizados por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo el gobierno se asegura fondos por casi 5,000 millones de dólares para atender los sectores de salud, alimentación, seguridad y empleo, además de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y el sector agropecuario a recuperarse o, por lo menos, seguir operando por un tiempo prolongado.

El gran reto para el gobierno está, al menos, en tres puntos claves: saber cómo invertir esos fondos de manera eficaz, equilibrar las finanzas públicas conforme a la realidad fiscal, y reducir la burocracia y el gasto estatal sin que ello aumente abruptamente el desempleo en el país.

Sabido es que el sector informal y el sector de emprendedores o trabajadores por cuenta propia tienen un impacto enorme en la economía panameña. Se calcula que la mitad, más o menos, de las personas que declaran tener un ingreso están en este segmento de los informales. De allí que las acciones económicas del gobierno, luego de controlado el Coronavirus, deben dirigirse con fuerza a este sector de la población, con el fin de reincorporarlos al sistema productivo, dándoles el subsidio necesario -no reembolsable- para ello. Subsidio que no superaría los 500 balboas per cápita, ya que sus actividades requieren de muy poco capital para funcionar.

Además del sector informal, las pequeñas y medianas empresas también requieren de un plan de financiamiento, asesoría tecnológica y acceso eficiente a los mercados. Casi sin excepción, ellas componen la base de las empresas nacionales cuyas inversiones, salarios y utilidades tienen un efecto de retorno económico doméstico que impacta grande y favorablemente en la economía nacional.

Otro sector que debe ser atendido con fuerza, en la era post Covid-19, es el cooperativo. Panamá tiene un sector cooperativo robusto, pero mayormente en el ahorro y crédito, no así en la producción. El fomento y expansión del sector cooperativo, principalmente en el sector agrícola y pesquero, sería fundamental para la rápida recuperación económica del país y su apuntalamiento futuro.

En cuanto a guardar el equilibrio de las finanzas públicas, el gobierno tendrá que administrar muy bien los ingresos dando prioridad al control fiscal en la contención del gasto y en la inversión en obras públicas. En este último aspecto debe posponer aquellas mega obras que no tengan ya contratado su financiamiento y dedicar los recursos disponibles a la pavimentación y rehabilitación de carreteras ya existentes, reparación y mantenimiento de estructuras públicas, y construcción de instalaciones vitales como plantas potabilizadoras, hospitales y centros de salud, escuelas, e instalación de paneles solares en los edificios públicos para disminuir el pago de energía eléctrica y usar el remanente de su producción de electricidad para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país. De igual manera, regular el uso de los vehículos del estado e incorporar al parque de automóviles estatales los propulsados por motores híbridos o totalmente eléctricos. Ello representaría un ahorro notable en el consumo de combustible y una disminución en los niveles de contaminación ambiental.

Reducir el tamaño de la burocracia estatal, sobre todo en la planilla, requiere, también, de ciertas medidas urgentes, tales como: el uso de tecnologías que agilicen la labor del gobierno, los servicios públicos y la reducción de personal o recurso humano poco calificado; el cese gradual de aquellos funcionarios que siguen trabajando dentro del sistema y que ya han alcanzado la edad de jubilación, así como la tercerización de ciertos servicios como los de mantenimiento, limpieza, seguridad, ornato y mensajería. Estos servicios serían traspasados a pequeñas o medianas empresas panameñas, que podrían incorporar dentro de su personal a funcionarios que ya realizaban esas labores con el estado.

El día después del Covid-19 es una realidad y un desafío que tendrán que enfrentar todas las naciones del planeta. Es una coyuntura que va más allá de las gestiones de salud y sanitarias que impone la actual crisis por causa de la pandemia. Dar el salto a la nueva era que esto representa depende en grado mayor de los gobiernos y sus autoridades, la sociedad civil y los particulares en general. La suerte está echada y no hay retorno.

Nombrar diputados en otros cargos atenta contra la democracia

Las estructuras del estado y su gobierno dentro del régimen democrático están constituidas para garantizar su funcionamiento a través de entes separados, con el fin de evitar el abuso de poder y el control amañado de su administración. Y, además, procurar el desempeño de una gestión administrativa que procure el bien común.

Cuando este principio estructural se rompe, los cimientos de la democracia se debilitan y corroen, poco a poco, los fundamentos del régimen hasta terminar con su destrucción. Un solo acto, aparentemente intrascedente o legitimado por el amañamiento de la ley, basta para poner en peligro el funcionamiento de toda sociedad democrática.

Tal es el caso del nombramiento de un diputado oficialista en la directiva del Canal de Panamá. No es el primero que ocurre, pero sí otro que reafirma la actitud recurrente del Órgano Legislativo en favorecer a los suyos, mayormente miembros del partido gobernante en turno, en posiciones públicas como la ya mencionada y otras que van desde magistraturas en la Corte Suprema hasta ministerios, embajadas y entidades autónomas del estado.

Si los diputados han recibido del pueblo un mandato para formar parte del Órgano Legislativo, ¿por qué insisten en auto escogerse para llenar vacantes en otros órganos del estado? ¿Acaso los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben actuar separadamente para preservar el régimen democrático? ¿Acaso no se dan cuenta que con esas acciones le dan la espalda al mandato recibido por sus electores?

Estas actuaciones perversas de los diputados deben corregirse, por el bien de la democracia, del país, y del propio órgano del estado que representan. Repetirlas de manera consuetudinaria no hace otra cosa que hundirlos más en las aguas del mar de corrupción que ya los adorna. Porque, en la mente del panameño común, los funcionarios más corruptos son los diputados; imagen bien ganada, gracias a las actuaciones de algunos de sus miembros que han traído a menos la honorabilidad del cargo y de la Asamblea misma.

Buscarse el acomodo económico, ya sea por el jugoso salario de la posición o por la tentadora oportunidad de hacer negocios turbios, es un acto deleznable impregnado de deshonestidad, falta de escrúpulos, carencia de civismo y ausencia de todo sentido moral y ético.

Todo diputado ha alcanzado esa posición por la voluntad popular. Es el voto ciudadano el que lo ha puesto allí y es a los ciudadanos a quien se debe y ha de responder.  Si alguna reforma constitucional merece la pena hacer en primer lugar, cuando llegue el momento, es destruir la creencia de que la curul ganada pertenece al partido político. ¡No, señor!  La curul pertenece al ciudadano, porque ella expresa su voluntad manifiesta a través del sufragio. Si un diputado le da la espalda a sus electores, para irse a ejercer funciones en otro cargo público, su puesto debe ser llenado por el candidato siguiente más votado, sin importar el partido, porque esa ha sido la voluntad del pueblo en su momento. Y que no quieran justificar la ausencia y el abandono del cargo con el suplente, porque una vez el principal deja su cargo, el suplente debe irse con él. Es más, esa figura del suplente, haragana y parásita, debe ser eliminada, porque, en la práctica, está más en función electoral que en aportar algo concreto y necesario para la labor legislativa.

Con la escogencia de uno de sus miembros para integrar la junta directiva del Canal, la Asamblea Nacional continúa demostrando su poco sentido de patria, su falta de voluntad para sacar la politización del manejo del Canal de Panamá, como manda la Constitución, el ADN que tiene de conglomerado juegavivo y su actitud acomodaticia que busca más servirse del cargo que servir desde el cargo al pueblo que los eligió.

El Panamá juegavivo y el Panamá noble

La idea que tenemos los panameños de nosotros mismos es la de un pueblo inculto, corrupto, vago y juegavivo. Razones hay para ello, sin duda, porque una parte de nuestra población así se manifiesta y se deja ver.

El día a día de nuestro Panamá es estremecido por las actitudes del delincuente común, del político corrupto, del vago que está en la calle aprovechándose de los demás, y por aquellos que actúan sin escrúpulos en el ambiente empresarial, laboral, gubernamental, incluso religioso, cuyo proceder desdice, y mucho, de su propia humanidad y de nuestra cultura como nación.

Sin embargo, muchos otros panameños son la cara opuesta de aquellos, y que jornada tras jornada dedican sus esfuerzos a engrandecer a su familia, a ganarse el pan honradamente, a procurar vivir con decencia y dignidad. Hacia estos panameños la mirada es poco dirigida, porque el impacto del mal proceder de los otros cubre, como un velo, la visión de ese otro Panamá que subyace en lo más recóndito del alma de esta pequeña patria que tanto amamos.

Mientras el Panamá juegavivo de aquellos insensatos que irrespetan el toque de queda, que trafican con los vales que ha dado el gobierno, que se aprovechan de los pobres de mil y una maneras, que dan rienda suelta a sus crímenes, a sus bajas pasiones y a su malvivir, se pone en evidencia en estos momentos de crisis ocasionados por la pandemia del Covid-19, el Panamá noble se muestra solidario acatando las disposiciones de salud pública, compartiendo lo que tiene con los necesitados, o jugándose la vida como voluntario para preparar bolsas de alimentos, como repartidor de comidas, y como trabajador del transporte y comercios autorizados, y de la salud o del orden público. Este Panamá noble, que construye el país las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es el Panamá que se agiganta en este momento de crisis nacional y mundial.

Si alguna lección no está dejando esta pandemia del Coronavirus a los panameños es, precisamente, la claridad de ver estas dos caras del país. El panameño juegavivo, que sale cada tarde en los noticieros mostrando su bajeza y su falta de humanidad, debe ser erradicado de nuestra sociedad o, por lo menos, reducido a su mínima expresión. Panamá no se merece hijos así, y, es preciso poner toda nuestra capacidad e inteligencia para cambiar esta situación que nos carcome y nos hace cargar con un estereotipo que tampoco merecemos como nación.

Panamá es, con mucho, un país de un pueblo noble y trabajador. Y esa parte noble del país necesita, también, atención y cuidados que la engrandezcan. A esta nobleza debemos apelar, para transformar la sociedad política, el empresariado, los gremios, los sindicatos, y el resto de las organizaciones sociales. Esa es la tarea que hemos de asumir luego de superar esta crisis, para procurar alcanzar la meta de una sociedad panameña nueva, construida por panameños nuevos; y, que, en lo futuro, tengamos la firme esperanza de que el juegavivo quede sometido bajo el Panamá noble que hemos olvidado por prestarle más atención a los perversos.