El intento de reforma constitucional del presidente Laurentino Cortizo parece haber entrado en fase terminal, al verse empujado a retirarlo de la Asamblea Nacional. No es para menos. La poca vocación cívica y pobre cultura política de los diputados predominantes en el Órgano Legislativo dieron al traste con los planes presidenciales. Así las cosas, el proyecto está en estado de coma y se encamina a una muerte inminente.
Las reformas constitucionales se enfrentan a tres obstáculos casi insalvables en el actual periodo de gobierno: el método elegido de dos legislaturas, la actitud de la mayoría legislativa, y el anunciado proceso de discusión y consenso con la participación de las Naciones Unidas como facilitador. Todos ellos con un factor común que juega en su contra: los plazos de tiempo para culminar la tarea.
Con siete meses de gobierno ya consumidos, al presidente Cortizo se le estrecha el tiempo. Convocar a una consulta nacional amplia, con participación de los diferentes sectores sociales, conlleva una planificación y ejercicio que tomará varios meses. La discusión de las reformas, también, y el proceso normal de dos legislaturas le sumarán, al menos, seis u ocho meses más. En total, estaríamos hablando de 18 a 24 meses, más el proceso de referéndum que sumaría otro año, lo que supone un plazo de casi tres años si todo le sale bien al presidente. Dicho plazo, sumado a los 7 meses de gobierno que ya lleva, lo pone a las puertas del período pre-electoral que marca el paso para la elección del nuevo gobierno del 2024.
Ni la ruta del consenso coordinado por las Naciones Unidas, ni la vía de las dos legislaturas le son propicias al presidente Cortizo. La actitud de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, tampoco le son favorables en su intento de reformar la Constitución. La mejor salida del aprieto es la Constituyente Paralela; cosa que no ha querido desde el principio, pero que ninguno, en su sana conciencia, objetaría, porque sería la vía más democrática que existe y que, en cuanto a plazo de tiempo, es el camino más corto de los hasta ahora andados: unos 18 meses según lo establecido en la actual Constitución.
Como es de suponer, la Constituyente Paralela no le es propicia al presidente, porque le impide controlar el contenido de las reformas, ya que dicha asamblea tiene total independencia para discutir y aprobar las reformas que surjan de su seno. Para él es más fácil controlar o transar con los diputados de su partido que enfrentarse a 60 constituyentes que no se sabe de donde saldrán ni a qué partido o corriente responderán.
Todo indica que en este tema de la reforma constitucional, el presidente está en una encrucijada. Tiene una promesa de campaña que cumplir, por un lado, y, por el otro, el tiempo y la actitud de los diputados de su alianza son un obstáculo para sus planes. De seguir por el camino que ha elegido, lo más probable es que el proyecto sucumba y quede, como en los otros intentos, sepultado por la fuerza del calendario o por el voto castigo que se le vendría encima en un forzado referéndum plagado de innumerables reformas y la carga del desgaste propio de un gobierno que alcanzó el poder con casi un tercio de los votos emitidos en las elecciones de 2018.
Si el presidente Cortizo quiere salvar la cara en este asunto, tiene que presentar propuestas puntuales a la Constitución, que estén orientadas hacia el equilibrio del poder político, la limitación de los privilegios que tienen los diputados, la independencia de los tres órganos del estado, y el fortalecimiento de los gobiernos locales. El resto de los cambios ha de ser materia para una constituyente paralela, que podría hacerse en otro momento si él no quiere dar ese paso. Pero, de seguir el camino que ha elegido, ya puede ir cantando el requiem para su proyecto de reforma constitucional.
sábado, 15 de febrero de 2020
martes, 9 de abril de 2019
La sociedad política está en mora con la democratización del país
Nos abocamos a un nuevo ejercicio electoral, el sexto post Invasión, bajo las mismas reglas heredadas de la dictadura militar. Veintiocho años han transcurrido desde entonces, sin que la sociedad política haya sido capaz de darle al país la institucionalidad que lo encamine hacia el régimen de plena democracia prometido hace casi tres décadas.
A lo largo del tiempo hemos experimentado un deterioro progresivo de la vida democrática. Los tres órganos del estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- viven de escándalo en escándalo. La corrupción los corroe y el equilibrio de poder que debe existir entre ellos cada día está más ausente de la vida política, económica, social y cultural de la nación y de la república misma. Casi todos sus funcionarios son cuestionados a diario; no solo por sus decisiones, sino por lo que es más grave aún: la solvencia ética y moral de sus propias personas. La confianza y la credibilidad en las autoridades y el sistema se pierden a velocidades sorprendentes. Basta tomar como muestra la oferta electoral de las candidaturas a los puestos de elección, para constatar como, período tras período, ha disminuido la calidad del discurso, la propuesta de gobierno, y la capacidad intelectual y política de algunos candidatos. Tanto el método como el sistema parecen ya gastados.
Necesitamos un cambio profundo de las estructuras del estado, que solo puede darse a través de una constitución legítima, que le dé un vuelco al sistema vigente, porque es la vía constitucional la idónea, ya que es ella la que rige el orden de todo régimen democrático. Y tal cambio no debe ni puede hacerse ajeno a la convocatoria de una asamblea constituyente, sea esta paralela u originaria, según convenga al país. Probar otra ruta sería continuar con un orden constitucional ilegítimo en su esencia, como se constata en el preámbulo de la actual constitución, que fue aprobada por un ente prohijado y controlado por la dictadura militar, huérfano de la legitimidad que solo puede dar el régimen democrático.
Si queremos, realmente, evitar la hecatombe social y política que se vislumbra en el horizonte, es necesario que se ponga fin a la mora que existe en cuanto a la plena democratización del país. Y el camino comienza por garantizar la elección de sus autoridades bajo un sistema confiable, verdaderamente democrático, y libre de los vicios que contiene el actual. Es una tarea impostergable que la sociedad política no debe rehuir. Si ella no lo hace, entonces la fuerza de los acontecimientos nos llevará hacia un destino ignoto, con todos los riesgos y males que eso supone.
A lo largo del tiempo hemos experimentado un deterioro progresivo de la vida democrática. Los tres órganos del estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- viven de escándalo en escándalo. La corrupción los corroe y el equilibrio de poder que debe existir entre ellos cada día está más ausente de la vida política, económica, social y cultural de la nación y de la república misma. Casi todos sus funcionarios son cuestionados a diario; no solo por sus decisiones, sino por lo que es más grave aún: la solvencia ética y moral de sus propias personas. La confianza y la credibilidad en las autoridades y el sistema se pierden a velocidades sorprendentes. Basta tomar como muestra la oferta electoral de las candidaturas a los puestos de elección, para constatar como, período tras período, ha disminuido la calidad del discurso, la propuesta de gobierno, y la capacidad intelectual y política de algunos candidatos. Tanto el método como el sistema parecen ya gastados.
Necesitamos un cambio profundo de las estructuras del estado, que solo puede darse a través de una constitución legítima, que le dé un vuelco al sistema vigente, porque es la vía constitucional la idónea, ya que es ella la que rige el orden de todo régimen democrático. Y tal cambio no debe ni puede hacerse ajeno a la convocatoria de una asamblea constituyente, sea esta paralela u originaria, según convenga al país. Probar otra ruta sería continuar con un orden constitucional ilegítimo en su esencia, como se constata en el preámbulo de la actual constitución, que fue aprobada por un ente prohijado y controlado por la dictadura militar, huérfano de la legitimidad que solo puede dar el régimen democrático.
Si queremos, realmente, evitar la hecatombe social y política que se vislumbra en el horizonte, es necesario que se ponga fin a la mora que existe en cuanto a la plena democratización del país. Y el camino comienza por garantizar la elección de sus autoridades bajo un sistema confiable, verdaderamente democrático, y libre de los vicios que contiene el actual. Es una tarea impostergable que la sociedad política no debe rehuir. Si ella no lo hace, entonces la fuerza de los acontecimientos nos llevará hacia un destino ignoto, con todos los riesgos y males que eso supone.
lunes, 23 de abril de 2018
La impunidad de los diputados tiene su fuerza en el sistema de circuitos electorales y en su juzgamiento por la Corte Suprema
El cúmulo de fueros y privilegios de los que gozan los diputados los ha convertido en figuras intocables. Tal poder los ha colocado en una posición de impunidad y de beneficiarios de prebendas que facilitan sus actos de corrupción, su desprecio por la ley, y su condición de intocables.
Pero, ¿dónde radica el sostén de ese mal? Nada más y nada menos que en la forma de elegirlos, a través del sistema de circuitos electorales, y en la disposición constitucional que reserva a la Corte Suprema el investigarlos y procesarlos. Allí, principalmente, tiene su fuerza y su origen la impunidad y la corrupción de las que un buen número de ellos hace gala.
La manera en que se conciben los circuitos electorales es, en gran medida, la causa de los males políticos que afectan a los miembros del órgano legislativo. Los artículos 147, 150 y 155 de la Constitución Política de la República de Panamá son la clave para comprender esa situación. Al dividir en tantos circuitos electorales a un país pequeño como el nuestro, se crean feudos a la medida de los diputados. Y es en función de estos feudos -circuitos electorales- que el diputado actúa y piensa desde la perspectiva electoral. De allí que el mecanismo de las partidas circuitales -disfrazadas o no- le permita hacer o conseguir "obras para su comunidad" y financiarse, velada o abiertamente, la campaña para su reelección. Diputados usurpando las funciones propias de un alcalde, tales como: construcción de campos deportivos, reparación de calles y de edificios públicos, financiamiento de comedores populares, reparto de alimentos y enseres, y otras gestiones similares son cosa común entre los funcionarios legislativos. Un circuito electoral es, pues, a un diputado, lo que representa para un pastor su congregación de fieles, con diezmo incluido. Por eso no es de extrañar que esta práctica se convierta en una vía expedita hacia la corrupción. Cuanto más años permanezca un diputado en el cargo, más riesgo de corrupción experimentará.
Por su parte, el amarre constitucional con la Corte, para que puedan ser investigados y procesados, es un obstáculo para que el brazo de la justicia los alcance. Es en el artículo 155 de nuestra Carta Magna donde se sustenta la impunidad de los diputados. Al establecerse que es el pleno de la Corte el que debe llevar a cabo su investigación y procesamiento, por la presunta comisión de un acto delictivo o policivo, el diputado es beneficiado con un fuero y un privilegio por encima del resto de los ciudadanos. Ni siquiera por una infracción de tránsito o por tirar basura a la calle o hacer ruido puede ser multado. Al mismo tiempo, tal beneficio impide que haya una segunda instancia para el que resulte condenado, en abierta violación a los derechos humanos fundamentales, porque los fallos de la Corte son inapelables. Traducido en la práctica: si los diputados son investigados y procesados por el Pleno de la Corte y, a su vez, los magistrados de la Corte con investigados y juzgados por los diputados, la independencia de ambos -diputados y magistrados- se ve comprometida y crea desconfianza entre los ciudadanos cualquier actuación que permita la continuidad de los actos de impunidad y corrupción, o que dé la sensación de componendas y acuerdos turbios entre los funcionarios judiciales y los legislativos.
Si queremos poner fin al andamiaje en que se sustenta la impunidad de los diputados, a través de una Asamblea Constituyente, debemos acabar con el sistema de circuitos electorales vigente y con el amarre que se les ha dado a los diputados con la Corte Suprema, en cuanto a su investigación y procesamiento. Los diputados deben ser elegidos por provincias. Los diputados deben ser investigados y procesados por el Ministerio Público y los juzgados competentes. Que la Corte cumpla el papel de recibir en apelación las sentencias proferidas por el resto de los tribunales, como corresponde en un estado democrático y de derecho. Ningún diputado merece gozar de fueros, privilegios y prebendas que faciliten la impunidad y la corrupción, y menos aún estar por encima de la ley.
jueves, 19 de abril de 2018
Antes de pedir una constituyente debe tenerse claridad en qué cambios queremos
Hace casi cuatro décadas diversos sectores de la sociedad levantan su voz en pro de una asamblea constituyente en Panamá. Ninguna iniciativa, hasta ahora, ha tenido éxito, salvo la realizada en 1983 bajo condiciones muy particulares del ambiente político de aquel entonces. Actualmente, el clamor por una constituyente se cuenta entre los temas que son tendencia en las redes sociales y en la opinión pública nacional.
A pesar del buen deseo de tanta gente, ese clamor por una constituyente no parece encauzarse hacia una realidad concreta, porque está ausente el elemento de proyecto que le dé cohesión al querer y al sentir de quienes reclaman la constituyente. Por otra parte, la opinión acerca de la constituyente oscila entre dos bandos: los que exigen la constituyente originaria, y los que estarían de acuerdo con una constituyente paralela para ajustarse al orden constitucional. El primer bando emplea un discurso intransigente en cuanto no aceptar otra forma de constituyente que no sea la originaria; el segundo, por su parte, recurre a un discurso más conciliador, pero con claridad en cuanto que sea una asamblea constituyente distinta a la legislativa ordinaria.
Tal ausencia de temas puntuales, de proyecto y de consenso en el tipo de asamblea constituyente es un obstáculo para el éxito de esa empresa. Historicamente así ha sido. Esto, en mi opinión, dificulta e impide la convocatoria real de la constituyente. Y si le sumamos la falta de un liderazgo efectivo para dicho propósito, la posibilidad inmediata de darle al país una nueva constitución por la vía de la constituyente es casi nula.
Como paso previo al llamado de una constituyente, los sectores que la impulsan necesitan definir los principales cambios que deben darse en una nueva constitución. Y dichos cambios deben apuntar, fundamentalmente, a los derechos políticos, la conformación de los poderes del estado, la fuerza del sufragio, y la relación entre los órganos de gobierno.
El modelo político vigente se agotó, porque propicia la práctica electorera, impide el necesario control ciudadano sobre los gobernantes, y es caldo de cultivo para la corrupción política de los partidos y los funcionarios. Necesitamos un mejor equilibrio del ejercicio del poder, una presencia ciudadana más participativa, y romper con los vicios constitucionales que dan pie a la impunidad y a los actos de corrupción. Aquí está el desafío democrático y constitucional.
A pesar del buen deseo de tanta gente, ese clamor por una constituyente no parece encauzarse hacia una realidad concreta, porque está ausente el elemento de proyecto que le dé cohesión al querer y al sentir de quienes reclaman la constituyente. Por otra parte, la opinión acerca de la constituyente oscila entre dos bandos: los que exigen la constituyente originaria, y los que estarían de acuerdo con una constituyente paralela para ajustarse al orden constitucional. El primer bando emplea un discurso intransigente en cuanto no aceptar otra forma de constituyente que no sea la originaria; el segundo, por su parte, recurre a un discurso más conciliador, pero con claridad en cuanto que sea una asamblea constituyente distinta a la legislativa ordinaria.
Tal ausencia de temas puntuales, de proyecto y de consenso en el tipo de asamblea constituyente es un obstáculo para el éxito de esa empresa. Historicamente así ha sido. Esto, en mi opinión, dificulta e impide la convocatoria real de la constituyente. Y si le sumamos la falta de un liderazgo efectivo para dicho propósito, la posibilidad inmediata de darle al país una nueva constitución por la vía de la constituyente es casi nula.
Como paso previo al llamado de una constituyente, los sectores que la impulsan necesitan definir los principales cambios que deben darse en una nueva constitución. Y dichos cambios deben apuntar, fundamentalmente, a los derechos políticos, la conformación de los poderes del estado, la fuerza del sufragio, y la relación entre los órganos de gobierno.
El modelo político vigente se agotó, porque propicia la práctica electorera, impide el necesario control ciudadano sobre los gobernantes, y es caldo de cultivo para la corrupción política de los partidos y los funcionarios. Necesitamos un mejor equilibrio del ejercicio del poder, una presencia ciudadana más participativa, y romper con los vicios constitucionales que dan pie a la impunidad y a los actos de corrupción. Aquí está el desafío democrático y constitucional.
martes, 6 de marzo de 2018
¿Política o politiquería?
La política es el arte de buscar el bien común a través de acciones y decisiones de los gobernantes o los que pretenden gobernar, fundamentadas en el orden institucional, la ética y el buen manejo de la cosa pública. Así es en esencia, a pesar de las tantas definiciones que se dan de ella. La politiquería, por su parte, es lo opuesto a la política.
Cuando un gobierno, un partido, o un grupo social se compromete a hacer política, lo que busca es el bienestar de la población, nunca lo contrario. Bien ejercida la política es, pues, pieza fundamental para el desarrollo y el progreso de las naciones. Grandes metas pueden alcanzarse con políticos auténticos en su actuar y con políticas claras y definidas en cuanto a la ruta y el método que serán usados para alcanzar las metas que construyan un mejor país y una mejor sociedad.
Pero si los actores políticos dejan de lado la política, para reemplazarla por la politiquería, sus actuaciones devienen en hechos de corrupción que prostituyen el manejo de la cosa pública. La politiquería solo busca satisfacer los intereses de grupo, tanto en la conservación del poder como en el enriquecimiento personal de quienes la practican. La politiquería es una práctica aberrante que se disfraza de política, se justifica en el aparente poder del sufragio, y se envuelve en un manto de legalidad creado a la medida para obtener sus aviesos fines.
El reciente escándalo del manejo de fondos públicos por parte de diputados y representantes de corregimiento, expuesto a la luz por la Contraloría General de la República, es prueba fehaciente de la politiquería que ha reinado en Panamá desde hace décadas. Es el instrumento de dominación del órgano ejecutivo sobre el legislativo, que ha sido utilizado desde la dictadura hasta la actual etapa democrática. Y en el reciente ejemplo se corrobora, sin duda ni empacho, cuál era el precio para que un diputado saltara de partido o apoyara las decisiones del ejecutivo de turno quedándose en su colectivo como diputado rebelde.
Ante tal realidad, es menester una nueva clase de político. De nada vale no reelegirlos, si la matriz de donde salen es una matriz corrupta y podrida. Y esa matriz es la sociedad misma, en general, y los partidos políticos, en particular. Mientras dejemos de hacer el esfuerzo por educar a mejores ciudadanos, a mejores empresarios, a mejores líderes políticos y civiles, seguiremos a merced de la politiquería. Solo habrá cambios y una sociedad nueva cuando tengamos cambios en la población para formar personas nuevas. Necesitamos una revolución moral y ética, una revolución que tienda a formar ciudadanos probos, honestos, respetuosos de la ley y de sí mismos, con valores y principios que sustenten sus actuaciones. Y ese cambio comienza por cada panameño y panameña, en su propia persona, en su hogar, su trabajo y su ambiente social.
Cuando un gobierno, un partido, o un grupo social se compromete a hacer política, lo que busca es el bienestar de la población, nunca lo contrario. Bien ejercida la política es, pues, pieza fundamental para el desarrollo y el progreso de las naciones. Grandes metas pueden alcanzarse con políticos auténticos en su actuar y con políticas claras y definidas en cuanto a la ruta y el método que serán usados para alcanzar las metas que construyan un mejor país y una mejor sociedad.
Pero si los actores políticos dejan de lado la política, para reemplazarla por la politiquería, sus actuaciones devienen en hechos de corrupción que prostituyen el manejo de la cosa pública. La politiquería solo busca satisfacer los intereses de grupo, tanto en la conservación del poder como en el enriquecimiento personal de quienes la practican. La politiquería es una práctica aberrante que se disfraza de política, se justifica en el aparente poder del sufragio, y se envuelve en un manto de legalidad creado a la medida para obtener sus aviesos fines.
El reciente escándalo del manejo de fondos públicos por parte de diputados y representantes de corregimiento, expuesto a la luz por la Contraloría General de la República, es prueba fehaciente de la politiquería que ha reinado en Panamá desde hace décadas. Es el instrumento de dominación del órgano ejecutivo sobre el legislativo, que ha sido utilizado desde la dictadura hasta la actual etapa democrática. Y en el reciente ejemplo se corrobora, sin duda ni empacho, cuál era el precio para que un diputado saltara de partido o apoyara las decisiones del ejecutivo de turno quedándose en su colectivo como diputado rebelde.
Ante tal realidad, es menester una nueva clase de político. De nada vale no reelegirlos, si la matriz de donde salen es una matriz corrupta y podrida. Y esa matriz es la sociedad misma, en general, y los partidos políticos, en particular. Mientras dejemos de hacer el esfuerzo por educar a mejores ciudadanos, a mejores empresarios, a mejores líderes políticos y civiles, seguiremos a merced de la politiquería. Solo habrá cambios y una sociedad nueva cuando tengamos cambios en la población para formar personas nuevas. Necesitamos una revolución moral y ética, una revolución que tienda a formar ciudadanos probos, honestos, respetuosos de la ley y de sí mismos, con valores y principios que sustenten sus actuaciones. Y ese cambio comienza por cada panameño y panameña, en su propia persona, en su hogar, su trabajo y su ambiente social.
martes, 22 de agosto de 2017
EL JUEGO POLÍTICO DE TRUMP EN AFGANISTÁN
Empoderar a India políticamente es parte de su estrategia.
La política antiterrorista del presidente Donald Trump en Afganistán descansa sobre la presencia militar de los Estados Unidos de manera indefinida en la región. Cuando se pensaba que el retiro de las tropas se daría en plazo perentorio, el inquilino de la Casa Blanca anuncia una permanencia sin fecha definida, un aumento de las tropas, y el uso de las armas sin previo aviso.
Su estrategia está dirigida no solo hacia los talibanes, sino al Estado Islámico (ISIS) y al gobierno paquistaní, a quien Trump considera como aliado y protector de los terroristas. Con la mitad del territorio afgano en manos del talibán y el doble juego paquistaní que aparenta combatir el terrorismo, pero ampara y apoya a los grupos terroristas, el gobierno de Trump necesita neutralizar al talibán y hacer que Paquistán cambie su actitud de protección al terrorismo.
Ante ese panorama, Trump decide involucrar a la India, adversaria de Paquistán, y sumarla como aliada en su lucha antiterrorista. Lo que persigue, más allá de un aliado confiable, es darle un mensaje al gobierno paquistaní: si ustedes no cambian de actitud, su adversario indio asumirá el papel protagónico en esta lucha contra el talibán e Isis. Es de esperar, por tanto, que los paquistaníes reaccionen en primera instancia con un acto de fuerte protesta, y al final se abran a un acuerdo con el gobierno estadounidense. ¿Será esto lo que busca Trump? De ocurrir esto último, ¿qué pasará con la India?
El perfil sicológico de Donald Trump indica que no renunciará a cambiar el liderazgo en la zona. De alguna manera se las ingeniará para involucrar al gobierno indio y minar el poder y la influencia política paquistaní. Y este cambio político en la zona transformará las relaciones futuras de los Estados Unidos con esa parte del mundo.
Lo que le espera a la región es un período de intensa guerra, un panorama político complicado, y un futuro poco claro para Afganistán. Como ha dicho Donald Trump: lo que recibirán los afganos no será un cheque en blanco. Por el momento, aunque no parecen claros los objetivos del presidente Trump, parece despertar el interés de sus aliados para apoyarlo en su lucha antiterrorista. Y esto, por ahora, debe bastarle.
La política antiterrorista del presidente Donald Trump en Afganistán descansa sobre la presencia militar de los Estados Unidos de manera indefinida en la región. Cuando se pensaba que el retiro de las tropas se daría en plazo perentorio, el inquilino de la Casa Blanca anuncia una permanencia sin fecha definida, un aumento de las tropas, y el uso de las armas sin previo aviso.
Su estrategia está dirigida no solo hacia los talibanes, sino al Estado Islámico (ISIS) y al gobierno paquistaní, a quien Trump considera como aliado y protector de los terroristas. Con la mitad del territorio afgano en manos del talibán y el doble juego paquistaní que aparenta combatir el terrorismo, pero ampara y apoya a los grupos terroristas, el gobierno de Trump necesita neutralizar al talibán y hacer que Paquistán cambie su actitud de protección al terrorismo.
Ante ese panorama, Trump decide involucrar a la India, adversaria de Paquistán, y sumarla como aliada en su lucha antiterrorista. Lo que persigue, más allá de un aliado confiable, es darle un mensaje al gobierno paquistaní: si ustedes no cambian de actitud, su adversario indio asumirá el papel protagónico en esta lucha contra el talibán e Isis. Es de esperar, por tanto, que los paquistaníes reaccionen en primera instancia con un acto de fuerte protesta, y al final se abran a un acuerdo con el gobierno estadounidense. ¿Será esto lo que busca Trump? De ocurrir esto último, ¿qué pasará con la India?
El perfil sicológico de Donald Trump indica que no renunciará a cambiar el liderazgo en la zona. De alguna manera se las ingeniará para involucrar al gobierno indio y minar el poder y la influencia política paquistaní. Y este cambio político en la zona transformará las relaciones futuras de los Estados Unidos con esa parte del mundo.
Lo que le espera a la región es un período de intensa guerra, un panorama político complicado, y un futuro poco claro para Afganistán. Como ha dicho Donald Trump: lo que recibirán los afganos no será un cheque en blanco. Por el momento, aunque no parecen claros los objetivos del presidente Trump, parece despertar el interés de sus aliados para apoyarlo en su lucha antiterrorista. Y esto, por ahora, debe bastarle.
martes, 15 de agosto de 2017
LA FALSA VISIÓN DE PROGRESO
Obras apoteósicas y multimillonarias pueden reñir con el progreso de las naciones.
Una de las prácticas más comunes en los países llamados emergentes, antes conocidos como subdesarrollados o en vías de desarrollo, es la de incurrir en cuantiosos gastos para construir mega estructuras que consumen gran parte de los presupuestos nacionales. Grandes puentes, autopistas, ostentosos coliseos deportivos, edificios de gran tamaño e incluso monumentos gigantescos, están en la lista.
El deseo de ser recordados por la hechura de esas obras parece ser el motivo de los políticos que gobiernan nuestros países. Cada una de ellas, cuya grandeza se mide más en el rédito electoral que en el beneficio de la población, representa un aumento del endeudamiento de los estados; un riesgo para su salud fiscal; y una oportunidad menos de un auténtico progreso.
Aún cuando dichas obras puedan justificarse desde el punto de vista del manejo del dinero público, no garantiza que tal inversión signifique el buen uso de los recursos del estado. Si tan solo los gobernantes de turno decidieran realizar la mitad de las mega obras que hacen y usar el resto del dinero para invertir en acueductos, alcantarillados, protección del medio ambiente, energía limpia e investigación científica, los países darían un salto cualitativo hacia el verdadero progreso. Progreso auténtico que se constata en mejor calidad de la educación, cobertura de salud, generación de empresas locales y puestos de trabajo, servicios públicos eficientes, y gestión de gobierno transparente y honesta.
Frente a esa realidad de falsa visión de progreso, la sociedad debe actuar de manera más decidida. Más que manifestar la insatisfacción con comentarios virulentos por las redes sociales, o convocar a una protesta cuyo efecto morirá al terminar el noticiero de la tarde, la población debe procurar organizarse y participar activamente en la vigilancia del actuar de las autoridades y en la toma de decisiones. Muchos países son víctimas de sus políticos, porque la población no les crítica ni les sigue la pista antes de ser elegidos. Solo cuando están en el cargo público es que se les presta suficiente atención, y el daño ya está hecho.
A menudo decimos que la educación es el motor para la transformación del país y su progreso; pero, ¿quién se ocupa de la educación de los políticos? ¿Quién vigila el actuar de los partidos cuando escogen sus candidatos o negocian acuerdos y alianzas con sus pares? Tenemos grandes deficiencias en el ejercicio democrático. Si el pueblo quiere, realmente, hacer valer la fuerza del sufragio, debe ser más riguroso en su participación en los asuntos públicos y en exigir, realmente, las obras que necesita la comunidad. Cuando se les haga ver a los políticos que invertir en lo que interesa a la población es redituable, entonces el derroche de dinero sin sentido que se hace en algunas mega estructuras, podrá controlarse. Cuando la población tenga clara la visión del auténtico progreso, así mismo la falsa visión de progreso se esfumará.
Una de las prácticas más comunes en los países llamados emergentes, antes conocidos como subdesarrollados o en vías de desarrollo, es la de incurrir en cuantiosos gastos para construir mega estructuras que consumen gran parte de los presupuestos nacionales. Grandes puentes, autopistas, ostentosos coliseos deportivos, edificios de gran tamaño e incluso monumentos gigantescos, están en la lista.
El deseo de ser recordados por la hechura de esas obras parece ser el motivo de los políticos que gobiernan nuestros países. Cada una de ellas, cuya grandeza se mide más en el rédito electoral que en el beneficio de la población, representa un aumento del endeudamiento de los estados; un riesgo para su salud fiscal; y una oportunidad menos de un auténtico progreso.
Aún cuando dichas obras puedan justificarse desde el punto de vista del manejo del dinero público, no garantiza que tal inversión signifique el buen uso de los recursos del estado. Si tan solo los gobernantes de turno decidieran realizar la mitad de las mega obras que hacen y usar el resto del dinero para invertir en acueductos, alcantarillados, protección del medio ambiente, energía limpia e investigación científica, los países darían un salto cualitativo hacia el verdadero progreso. Progreso auténtico que se constata en mejor calidad de la educación, cobertura de salud, generación de empresas locales y puestos de trabajo, servicios públicos eficientes, y gestión de gobierno transparente y honesta.
Frente a esa realidad de falsa visión de progreso, la sociedad debe actuar de manera más decidida. Más que manifestar la insatisfacción con comentarios virulentos por las redes sociales, o convocar a una protesta cuyo efecto morirá al terminar el noticiero de la tarde, la población debe procurar organizarse y participar activamente en la vigilancia del actuar de las autoridades y en la toma de decisiones. Muchos países son víctimas de sus políticos, porque la población no les crítica ni les sigue la pista antes de ser elegidos. Solo cuando están en el cargo público es que se les presta suficiente atención, y el daño ya está hecho.
A menudo decimos que la educación es el motor para la transformación del país y su progreso; pero, ¿quién se ocupa de la educación de los políticos? ¿Quién vigila el actuar de los partidos cuando escogen sus candidatos o negocian acuerdos y alianzas con sus pares? Tenemos grandes deficiencias en el ejercicio democrático. Si el pueblo quiere, realmente, hacer valer la fuerza del sufragio, debe ser más riguroso en su participación en los asuntos públicos y en exigir, realmente, las obras que necesita la comunidad. Cuando se les haga ver a los políticos que invertir en lo que interesa a la población es redituable, entonces el derroche de dinero sin sentido que se hace en algunas mega estructuras, podrá controlarse. Cuando la población tenga clara la visión del auténtico progreso, así mismo la falsa visión de progreso se esfumará.
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