jueves, 7 de octubre de 2010

Condena absurda



 La inhabilitación de funciones para el ejercicio por un año del periodismo a los colegas Sabrina Bacal y Justino González, por parte de un Tribunal Superior, es un acto absurdo.  Aunque los fallos de esa instancia son inapelables y de forzoso cumplimiento, sólo en el fundamento de la justicia y el derecho encuentran la legitimidad de este principio.

Sabido es que por delitos mayores, y algunos probados, los acusados gozan de penas más benignas de las que merecen, u obtienen su libertad a causa de algún defecto de forma y no de fondo.  En el caso de los periodistas, la duda de que el delito está realmente probado es grande.  Lo actuado por los jueces, que echaron por tierra la decisión de primera instancia, en la que se señalaba la falta de prueba del delito imputado a los periodistas, deja un sabor de persecución contra el periodismo y de grave lesión contra el derecho a la información.

Tras comunicarse la decisión del tribunal, el gremio periodístico acudió a las escalinatas de la Corte, para manifestar su repudio.  Bajo un fuerte aguacero, periodistas de distintos medios de comunicación nos manifestamos.  Momentos después, una turba afecta al poder de turno, se presentó para hacer el contrapeso.  Venían con megáfonos, pancartas de tela elaboradas con mucha anticipación, letreros y arengadores conocidos por su simpatía con el sector oficialista.  Allí estaban, en abierta provocación; táctica que ya se ha empleado antes, y que un día, Dios no lo quiera, acabará enfrentando a las partes.

A pesar del indulto anunciado por el presidente, porque, supuestamente, no está de acuerdo con lo ocurrido, los provocadores se presentaron a hostigar a los periodistas que nos manifestábamos a la entrada del Palacio de Justicia.  Si fue un acto de provocación sin el consentimiento presidencial, que se busque al responsable y se le reprenda, porque allí había personas que fueron reconocidas, por algunos de los presentes, como supuestos funcionarios y que debían estar, a esa hora, en su puesto de trabajo.

La inhabilitación para ejercer el periodismo, a juicio de uno de los magistrados que salvo su voto, resulta un tanto excesivo y desproporcionado.  Es uno de tres, pero demuestra que no todo está perdido en la Corte.  Así como en la época de la dictadura se levantó la voz de un magistrado, contra el resto de los 9 jueces que conformaban el pleno, también, ahora, se levantan voces que dejan al descubierto las falencias de un sistema de justicia que debe ser el garante del derecho y las libertades públicas.

El gremio periodístico debe unirse más, ante los ataques que estamos sufriendo y las amenazas que se ciernen sobre la libertad de información y de expresión.  No estoy de acuerdo con el abuso en el ejercicio del periodismo, pero tampoco callo ante lo que me parece injusto.  Por eso apoyé con mi presencia a mis colegas, porque en la solidaridad gremial está el éxito o el fracaso de esta lucha que comienza.

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