Seguridad pública

El problema de inseguridad que enfrentamos reclama del gobierno y de la comunidad acciones concretas. La violencia, los asesinatos y otros crímenes, los accidentes de tránsito, son reflejo del relajamiento moral y cívico en el que hemos caído.

Cuando hablamos de la seguridad pública, equivocadamente pensamos que es algo exclusivo de la acción de la policía. En realidad la seguridad pública parte del comportamiento de la población, del respeto que siente por la ley, los reglamentos, y las normas de orden público. Luego está la competencia de diversos organismos que fiscalizan el acatamiento y el cumplimiento de la disposiciones legales. Algunos como la policía, el ministerio público, los tribunales, los bomberos, el sistema de protección civil, y las autoridades administrativas, son fundamentales para garantizar la seguridad pública.

La falta de competencia de las instituciones de seguridad pública, debido a que el sistema jurídico a mediatizan, y a que la población desconoce a fondo su papel, incide de manera grave en el resultado que vemos en la actualidad en ese campo.

Si revisamos el concepto que tenemos de la policía, por ejemplo, nos damos cuenta que para nosotros, la policía es el cuerpo uniformado. Sin embargo, el concepto de policía abarca, también, las normas que mantienen el orden en la colectividad. Por eso, los corregidores y alcaldes deben ser el primer eslabón de la cadena llamada policía, en lo que a la administración de justicia se refiere. Ellos, alcaldes y corregidores, son la autoridad más cercana a la población.

Al relajarse la acción de la policía, entendida en su conjunto, la población perdió el sentido del respeto al orden público. Se comenzó tirando basura a la calle, y no pasaba nada. Siguió el escándalo con los aparatos de música, las fiestas sin el debido permiso, y no pasaba nada. Continuó la libación de licor en la vía pública, la apertura de cantinas, bares y bodegas fuera de horario, y no pasaba nada. Después, la violación de las normas de tránsito, y ya no pasa nada. Le siguieron las riñas y los escándalos en la vía pública, y se hizo cosa normal. Vinieron los apuñalamientos, y se toleró. Se armó la población, aparecieron las amenazas a la vida, y se tomó por normal: ahora no aguantamos los balazos. Se orinan en plena calle, sin empacho, y comienza a aumentar la estadística de violaciones, porque se usa el órgano sexual como bien se viene en gana. Se entra al domicilio ajeno, y no resulta un delito grave. ¿Qué más permitiremos?

Vayamos a esas “pequeñas” cosas, y empezaremos a ver cambios en la gestión de la seguridad pública. Si se respeta el orden público, que ya lo tenemos por menos, la población podrá pensar que en lo más grave habrán consecuencias mayores. La certeza de la sanción y el castigo, en lo poco, será, también, certeza de lo punible en lo mucho.

Una población con moral y valores cívicos pobres, está impedida de coadyuvar en la represión del crimen y del delito. Si las propias personas consideran “normal” la bulla del vecino, la borrachera del que vive al lado, la micción en plena vía, tirar basura a la calle, o la riña entre parientes y amigos, nada cambiará. Rechazar estas actitudes no significa atraso o conservadurismo, ni apadrinarlas significa tener una mentalidad liberal o ser progresista. Permitirlo y tolerarlo, peor aún, aceptarlo, es sinvergüenzura y degradación moral. No hay otra manera de llamarlo.

Si queremos un verdadero cambio, y no como el que nos prometen cada 5 años, tenemos que cambiar nosotros mismos, en nuestra persona y en nuestro entorno cercano. Ese cambio debe reflejarse en la familia, el vecindario, el trabajo, y en cualquier comunidad social que nos desenvolvamos. Una sola persona que cambie, motivará a otra a cambiar, y, con el tiempo, veremos los resultados. El daño social que se le ha infligido a la sociedad panameña en los últimos 35 años es grave, pero no imposible de reparar. Recuperemos la convivencia sana y pacífica, el civismo, y el respeto por el orden público, y recuperaremos la paz ciudadana y la seguridad pública.

Las nuevas multas de tránsito

El anuncio del aumento de las multas de tránsito es ineficaz para resolver el caos y el irrespeto que se da en las vías públicas. Meter miedo es una cosa; hacer sentir respeto por la ley, otra. Un incremento desmedido en el monto de las multas, sólo presagia una cosa: más coima.

La nueva titular de la Autoridad del Tránsito es trabajadora, inteligente y sensible a las sugerencias. Cuando recoja las diversas opiniones sobre su propuesta, de seguro las tomará en cuenta y reevaluará su propuesta. Aumentar de manera excesiva la sanción pecuniaria por las infracciones al reglamento de tránsito, no es la solución para el problema. La cultura y el sistema creados en este ambiente conspiran contra tal medida. Los que se creen dueños de la avenida seguirán con sus malos hábitos, porque no es la multa actual la que los hace actuar así, sino el contubernio y la complicidad de ciertos agentes y de algunas autoridades.

Si analizamos por mera observación lo que acontece en la calle, nos daremos cuenta de algunas falencias en el control que se ejerce sobre los conductores infractores. La ausencia de vigilancia es notoria. Podemos recorrer por casi una hora las avenidas principales de la ciudad, y no vemos un policía de tránsito. Cuando aparece alguno, por lo general custodia una construcción o anda a pie. El conductor infractor lo sabe, y se juega una ruleta en la que tiene más probabilidad de salir impune que ser sorprendido en la acción.

Otra situación común es la actitud de los conductores de transporte colectivo, que poco caso hacen del silbato del agente. Tienen que pitarle varias veces, para que atiendan. Cuando hay varios agentes en un operativo, entonces obedecen, pero gran parte del día andan felices y a sus anchas.

Creo que antes de subir el precio de las multas es mejor organizar la vigilancia, colocar más policías de tránsito motorizados en la calles, y dividir la ciudad por cuadrantes, para que la vigilancia sea efectiva. Si se hace cumplir la ley, los conductores irresponsables tendrán la certeza del castigo y de la presencia constante de la policía de tránsito.

De hacerse una reforma endureciendo la sanción, esta debe dirigirse a los reincidentes. A esos debe imponérseles un castigo escalonado, que los disuada de su mal comportamiento al conducir un vehículo. Las penas empezarían por lo pecuniario, para luego pasar a terapia sicológica y suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir. De todo esto, a lo que más le temen es a perder la licencia. Ya una vez se elevó el monto de las multas, y la cosa sigue como antes. La fiebre no está en la sábana, sino en el enfermo.

Antes de poner en vigencia la desproporcionada elevación del monto de las multas, la Autoridad de Tránsito debe sopesar el alcance que esa medida tendrá. De no hacerlo, los agentes corruptos tendrán otra razón para llevarse dinero al bolsillo, sin que se vea la solución del problema. Por otra parte, los que no han caído en la vorágine de la corrupción estarían tentados, por el negociado y el dinero fácil que promete la cultura predominante en la relación entre conductores y policías torcidos, a incurrir en la misma despreciable anomalía.