Colón Puerto Libre: un fracaso de 30 años

 Cuando se creó la ley de Colón Puerto Libre en 1992 muchas fueron las esperanzas que diversos sectores colonenses cifraron en dicho proyecto. A un año de cumplir las tres décadas, Colón Puerto Libre apenas mueve menos de 10 millones de dólares al año en ventas y servicios.

El entusiasmo inicial fue trastocándose en desesperanza al paso de los años, hasta que en 2016 la reforma de la ley de puerto libre abrió un nuevo horizonte que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, parece obligar a recorrer un accidentado camino para llegar a él, a semejanza de las destruidas calles y derruidas estructuras que adornan hoy la ciudad de Colón, ubicada sobre la Isla Manzanillo, cuna y propósito del ya longevo proyecto de Colón Puerto Libre.

La modificación de la ley sobre la cual descansa el pretendido puerto libre amplió, a otros lugares de la provincia colonense, la creación de nuevas zonas que pueden también funcionar como puerto libre, sin mencionar alguna en particular, con el fin de traer prosperidad a esa provincia atlántica. Sin embargo, algunos aspectos de la legislación juegan en contra del supuesto propósito de darle bienestar y progreso a Colón.

Uno de los factores que más juega en contra del puerto libre es el empecinamiento de querer insertarlo en el casco de Colón asentado en la Isla Manzanillo. A pesar de la similitud legal con el desarrollo del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá y los más de 500 millones de dólares invertidos en Colón a lo largo del tiempo, la situación de violencia y la cultura urbana que se ha creado en Colón en las últimas décadas impiden el desarrollo de un puerto libre en el lugar. Al menos bajo el método que establece la ley vigente. De aplicarse las normas incluidas en la reforma de la ley que rige el puerto libre, sitios como Portobelo, por ejemplo, podrían tomarle ventaja al emplazamiento colonense de Manzanillo, por ofrecer una situación histórica y una cultura popular mucho más rica en folclor y tradiciones, así como un ambiente más sano y seguro para los visitantes.

Otro factor que juega en contra de Colón Puerto Libre es el enfoque eminentemente mercantil de la ley, dejando de lado otro tipo de actividades como la ciencia, la tecnología y la innovación, que también podrían atraer inversiones y la instalación de empresas dedicadas a ese fin. Incluso, siendo un puerto, la legislación también podría facilitar el establecimiento de empresas dedicadas al mantenimiento y la reparación de buques, al igual que la instalación de granjas marinas y otros métodos sostenibles de aprovechamiento del recurso pesquero, cuya explotación en el sector caribeño del país es casi imperceptible.

Para el funcionamiento rápido y sustentable de Colón Puerto Libre es menester tomar decisiones en al menos tres aspectos, como: dejar de lado la obligación de que el puerto libre se instale primero en la Isla Manzanillo, buscar un área adyacente a la Zona Libre de Colón y construir allí infraestructuras modernas para hoteles, centros de convenciones y centros comerciales, que le brinden seguridad y un servicio de alta calidad a los usuarios del puerto libre, y flexibilizar el tiempo de veda de seis meses que tienen los nacionales para comprar en el puerto libre. En este último punto hay establecida por ley una cantidad fija de mil dólares en compras semestrales que, con el tiempo, perjudica al puerto libre por razón de la inflación y el aumento de precios. El monto debe establecerse tomando en consideración el salario mínimo nacional, que se revisa cada dos años y resuelve el problema de inflación y precio mencionado anteriormente. La norma podría fijar el límite de compras de los nacionales en el puerto libre en el monto máximo equivalente a un salario mínimo mensual y con veda de 30 días.

Después de casi 30 años del proyecto Colón Puerto Libre, de los cientos de millones de dólares invertidos en Colón por el estado, y de los resultados obtenidos al presente después de la reforma de la ley en 2016, la consecuencia resultante es el fracaso de Colón Puerto Libre. Si el gobierno actual, que tiene el proyecto como uno de sus planes estelares, quiere que Colón Puerto Libre funcione, tiene que tomar decisiones drásticas que requieren sacar temporalmente el proyecto de las 16 calles de Colón y ubicarlo al otro margen de la Zona Libre dentro de un ambiente seguro y arquitectonicamente agradable. Allí los colonenses que demuestren ser aptos podrán trabajar y mejorar su calidad de vida. Una vez logrado ese objetivo, concentrarse en el desarrollo del Colón de las 16 calles a la manera del Casco Antiguo de la capital, en donde las actividades de entretenimiento y cultura se desenvuelvan con mayor soltura y en un clima y ambiente distintos a los que ofrece en la actualidad.

Colón merece días mejores. Sus tiempos de tacita de oro quedaron atrás desde hace mucho, porque los factores que le ganaron ese título desaparecieron. Colón nació como terminal del ferrocarril transístmico, no como otras ciudades y pueblos del país que tuvieron un origen y una evolución diferente. El destino de Colón es lo pasajero y lo coyuntural. El ferrocarril, la construcción del Canal, las guerras mundiales y las bases militares estadounidenses han sostenido su economía y la han hundido, según aparecen o desaparecen. El puerto libre puede ser sostenible y sustentable en la medida que las autoridades nacionales y el propio colonense abran los ojos a su realidad y su vocación histórica. De ello dependerá el éxito o el continuo fracaso de Colón Puerto Libre.

El clamor pro constituyente

 La convocatoria de una asamblea constituyente es una vieja aspiración de los ciudadanos panameños.

Desde hace 40 años existe en el ambiente político el deseo de convocar a una asamblea constituyente que le dé al país un nuevo pacto constitucional con el fin de eliminar la actual constitución cuyo estigma, a pesar de las reformas sufridas, es haber sido aprobada por una asamblea constituyente espuria y manipulada por el gobierno militar de entonces.

Nunca antes como hasta ahora ese clamor ha resonado con tanta fuerza. En los últimos años ha habido diversas iniciativas que terminan fracasando por no reunir las firmas necesarias. El intento más reciente parecía calar más, a juzgar por las primeras reacciones en las que, al menos, dos partidos políticos y un ex candidato de libre postulación opositores habían manifestado, o dejado entrever, su apoyo a la recolección de firmas que gestiona el movimiento Panamá Decide para convocar a una asamblea constituyente paralela, tal como dispone la actual Constitución Política del país.

Sin embargo, el intento parece encallar entre las diversas trabas legales que, cual arrecife, debilita el casco de la embarcación constituyente al ser azotada por los vientos y el golpe de las olas que constituyen los obstáculos que erige la formalidad legal en el proceso de recolección de firmas para convocar la asamblea constituyente paralela.

Cuando se aprobó la norma de que para tal convocatoria es necesario recoger las firmas del 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, los proponentes levantaron un muro casi inexpugnable para que la convocatoria, por esa vía, fuera posible de lograr. Por eso más de un intento de este tipo ha resultado infructuoso. Pero son las reglas vigentes y hay que acatarlas. Aunque la reglamentación dejó abierta una salida: organizar a la par otra recolección de firmas para sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide y, así, consolidar en una sola propuesta el esfuerzo de ambas, antes del vencimiento del plazo de seis meses que tiene la primera iniciativa.

Si otro grupo de ciudadanos que quiere la constituyente paralela se aboca a recolectar las firmas que se exigen para tal fin, pensando en sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide, la iniciativa cobraría nueva vida y, por tanto, ampliaría la posibilidad de alcanzar el número de firmas suficientes para que sea convocada una asamblea constituyente paralela. De ocurrir un hecho como este, quienes tomaron la iniciativa previa deben verlo como una ayuda y deben brindarle toda la colaboración para llegar a la meta de convocatoria de la constituyente paralela. Lo mismo valdría para los gestores de la segunda iniciativa, en cuanto a ver el intento como un esfuerzo mancomunado y no como una forma de ganar protagonismo o arrogarse el derecho y la gloria de haber convocado la constituyente.

El camino para lograr la meta de convocar una asamblea constituyente paralela es largo y tortuoso. Un camino que va cuesta arriba y que muestra a su vera, cual los restos de los cadáveres que ven los que intentan escalar el Everest, el recuerdo esfuerzos anteriores que resultaron infructuosos. Frente a tal experiencia, tenemos que comprender que la convocatoria de una constituyente paralela es un acto mancomunado, de perseverancia y de profundo sentido democrático en cada uno de sus esfuerzos. El reto presente reclama, pues, lo mejor de la conciencia ciudadana y la renuncia a toda pretensión de constituirse en el personaje a quien se le debe reconocimiento eterno por convocar una constituyente paralela. Todo ha de ser un hacer colectivo en el que el empoderamiento ciudadano sea el protagonista para poder decir, algún día, que esa asamblea constituyente que tanto anhelamos fue producto del esfuerzo de mucha gente como fue, en su momento, la recordada Cruzada Civilista que nos abrió paso hacia la recuperación de la vida democrática panameña.

El Seguro Social ha sido presa de los buitres gremiales

Es un secreto a voces que la dictadura militar repartió la Caja de Seguro Social entre diversos gremios, para que a cada uno le tocará su pedazo de la institución.

La crisis de la Caja de Seguro Social va más allá del problema actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, en particular de la insostenibilidad del pago de pensiones en el futuro cercano. Muy pocos, casi ninguno, se atreve a mencionar, al menos publicamente, a los gremios que la han politizado y que, en parte, son responsables del mal manejo y de la corrupción que aquejan a esa entidad desde hace años.

Sindicatos, asociaciones de administrativos, gremios médicos y del resto de los funcionarios relacionados con la salud, además de su junta directiva, son los responsables directos del desgreño y el desangramiento institucional que vive el Seguro Social desde que cayó en sus manos. Son cual vacas sagradas que salen a comerse vivo a quien ose enfrentarlos o señalarlos como parte del problema que sufre la principal institución de seguridad social panameña y que amenaza con destruirla. La prueba está en que para ponerse de acuerdo en los diálogos que son convocados para resolver sus males, primero hacen una demostración de fuerza y amenazan con dejar de participar en ellos, para conseguir lo que ellos llaman un "equilibrio" entre los participantes de la mesa y asegurarse un número suficiente de ellos para controlar el diálogo por mayoría, cuando lo lógico y lo justo es que haya paridad entre empresarios y trabajadores, que son quienes cotizan, y que la suma de la representación del resto no exceda la cantidad combinada de patronos y empleados. Es más, ni siquiera debería tener voto en la junta directiva ninguno que no sea empleador o trabajador, permitiéndole solo el derecho a voz.

Para enderezar el rumbo de la Caja de Seguro Social primero es menester resolver la representatividad en la junta directiva; después decidir sobre el modelo de institución: si solo se dedica a administrar los fondos, o realiza una labor doble que incluya, además de la administración de las cotizaciones, la prestación de los servicios médicos con personal e instalaciones propias. Sin resolver estas dos situaciones es inútil aumentar cuotas y edad de jubilación, como se ha hecho antes y algunos proponen ahora. Cosa que, por cierto, acarrea otros problemas sociales como el acceso al empleo de los jóvenes, que verían limitadas las plazas de trabajo por el alargamiento de la edad de jubilación que obligará a más personas a mantenerse en los puestos de trabajo por más tiempo. Incluso, podría agravar la situación de desempleo para las personas con más años de edad que, por superar la barrera de los 50 años, les sería más difícil mantener la continuidad en el empleo o su contratación en ciertas tareas; y todos los años que le falten para ser pensionados sumarían a la crisis social que se cree con esa medida. Problema, pues, para el estado y la empresa privada que tendrían que enfrentarse a un aumento impositivo para los consiguientes subsidios que se establecerían para ayudar a las personas mayores afectadas por la situación.

Panamá es un país cuyo clima y condiciones sociales hacen inconveniente un incremento de la edad de jubilación o un aumento excesivo de los años de cotización. El clima tropical, como el nuestro, expone a las personas a un desgaste mayor de su cuerpo y al riesgo de enfermedades que en otras partes del mundo, con climas más benignos, favorecen el estado de salud de las personas. La edad vigente es suficiente para ser pensionado por vejez. Si algunas mentes propugnan por aumentarla, comparándola con la de otros países con mejor clima y condiciones sociales, entonces que también propongan que al trabajador panameño le sea pagado igual salario y que reciba la misma calidad de vida de esos países que son tomados como ejemplo para pretender aumentar la edad de jubilación.

Una reforma seria del Seguro Social debe incluir, aparte de lo mencionado antes, que ejecute de manera eficiente la norma legal de exigir a toda persona que tenga ingresos que cotice el seguro social y que la atención de los servicios médicos pase al sistema del ministerio de salud. El Seguro solo reembolsaría los servicios que le sean prestados a los asegurados. En caso de incluir beneficiarios, el trabajador deberá pagar un porcentaje adicional que podría ser del 1% por cada beneficiario, limitándolos a su cónyuge, hijos menores de 18 años, y los padres del cotizante que sean mayores de 70 años de edad o que tengan algún tipo de discapacidad que los haga dependientes del trabajador asegurado. Igual debe revisarse la proporción en que se distribuye la cuota entre los programas de Invalidez, vejez y muerte y enfermedad y maternidad, para asignar más recursos a las pensiones.

Todo lo anterior será posible si se deponen las actitudes amenazantes y los intereses sectarios de quienes participan del actual diálogo por la Caja de Seguro Social. Pero eso requiere de una voluntad altruista y de renunciar a la parte del botín que le corresponde a cada sector que compone la junta directiva, cosa que, difícilmente, están dispuestos a hacer los buitres gremiales que mantienen secuestrada a la institución desde hace muchos años.

Panamá necesita reglas de control más estables ante la pandemia

 A poco de cumplir un año sufriendo esta pandemia nos enfrentamos al dilema de continuar con cuarentenas y toques de queda, o fijar reglas más estables que permitan el funcionamiento ininterrumpido de la vida social y de la economía de Panamá.

Los procesos de ensayo y error ejecutados hasta ahora por las autoridades panameñas para controlar la propagación del Covid-19 deben dar el salto hacia medidas más eficientes y eficaces que redunden en beneficio de la salud pública y el desarrollo de las actividades propias de cada panameño y de cada sector económico del país. Realizar esta tarea supera la experticia médica y la de los estamentos del orden público, en cuyas manos hemos estado durante todo este tiempo. El trabajo realizado por sus profesionales es valioso, sin duda, pero de aquí en adelante necesitamos sumar la participación de otros expertos que contribuyan a crear una eficaz "nueva normalidad" que vele por el resto de las necesidades de la población.

El momento actual exige del gobierno nacional el nombramiento urgente de una comisión que diseñe un Plan de Apertura Controlada y convocar, para ello, a filósofos, sociólogos, financistas, conocedores de la economía de mercado, gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, emprendedores, especialistas del agro y la ganadería, comunicadores sociales, y expertos en la administración de negocios y la administración pública. Todos han de ser personas serias, capaces, de comprobada experiencia en su campo y libres de ataduras político partidistas. Dicha comisión debe ser capaz de diseñar el Plan de Apertura Controlada en un máximo de 30 días, para su ejecución inmediata. Lo revisará y evaluará, constantemente, para hacer los ajustes que corrijan las distorsiones y mejoren los procesos de ejecución. Los especialistas de la salud y la seguridad pública continuarán su trabajo por separado en sus respectivos campos, pero podrán hacer recomendaciones a la comisión en el área de su competencia.

Para darle estabilidad al Plan de Apertura Controlada, el periodo de vigencia debe fijarse en 6 meses; de manera tal que los distintos sectores puedan planificar sus actividades dentro de ese periodo, mientras se mide el comportamiento de su ejercicio y se decide su prórroga, previa evaluación de resultados, por el plazo periódico de tiempo que se considere necesario. Esto le daría estabilidad al mercado y seguridad a las empresas y personas de poder funcionar dentro de un tiempo fijo, libre de cambios intermitentes.

Ya hemos vivido los métodos de endurecimiento y relajamiento de la cuarentena, toques de queda y cercos sanitarios, pero su intermitencia se ha convertido en enemiga del bien que se quiere procurar. Sería más oportuno sacar lo mejor de cada medida aplicada, para crear una norma general que nos permita mantener la retransmisión del Covid-19 en 1% o menos, mientras se desenvuelve la vida cotidiana del país. Observando los resultados que han sido publicados desde marzo del año pasado, podemos concluir que los cierres y la salida controlada para compras ayuda, ciertamente, a disminuir el contagio entre la población. Por tanto, apelando a esa experiencia, puede diseñarse el Plan de Apertura Controlada del que hablamos en este escrito.

Vale mencionar algunos elementos que podrían ser de utilidad para el plan. Por ejemplo: las actividades de la población estarían claramente definidas en dos grandes grupos: las económicas y las de esparcimiento de la población. La parte económica se desarrollaría de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Las oficinas abrirían en horario entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los comercios y centros comerciales de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El horario de las oficinas públicas sería a jornada reducida, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, con asistencia presencial alternada del 50% del personal cada día. Los restaurantes tendrían un horario especial de 11 del día a 8 de la noche durante toda la semana, pero tendrán que cerrar un día obligatorio escogido por ellos e informándolo a la autoridad competente para el debido registro. Este día de cierre tendría que anunciarse con un aviso a la entrada del establecimiento. Casinos, discotecas y toda actividad que implique aglomeración de personas en sitios cerrados operarían según el comportamiento del contagio y con aforo controlado. Los días de compras se mantendrían conforme al género, masculino o femenino, agregando los sábados para los hombres o compartiendo el viernes ambos géneros, según se estime conveniente.

Los días sábados las oficinas funcionarían hasta las 12 del día y los centros comerciales hasta las 4 de la tarde. Los domingos serían, exclusivamente, para el esparcimiento de la población, permitiendo sólo la apertura para los restaurantes y aquellas actividades de comercio al aire libre de micro y pequeñas empresas relacionadas con el turismo y la recreación. Los domingos, de ser necesario, habría cercos sanitarios por provincia en todo el país y para algunos distritos, según el comportamiento de la pandemia y la transmisión del contagio. Se entiende que las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y control de la capacidad de aforo de los locales y medios de transporte continuarán vigentes como hasta ahora.

El caso de visita a las playas y viajes al interior del país con fines recreativos, también sería controlado los fines de semana o días festivos, e incluso permitiendo algunos días entre semana para acceso a las playas. La manera más viable de control es asignar el día de viaje o traslado interprovincial de acuerdo con el número final de las placas de los vehículos, observando la modalidad de par e impar. Los vehículos no podrían exceder la capacidad que le sea permitida por las autoridades de salud y sus ocupantes tendrían que mostrar prueba de hisopado con resultado negativo. Los vehículos que se dedican de manera usual al transporte público de pasajeros y de mercancías tendrían una norma especial para su circulación, según la necesidad del servicio.

Si hay verdadera voluntad para diseñar el Plan de Apertura Controlada, tanto la vida activa de la población como la economía podrán funcionar a la par, sin comprometer gravemente la salud de los panameños ni el necesario desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas de los panameños. El Covid-19 llegó para quedarse y tendremos que convivir con él. Ya no podemos esperar a que se erradique o reduzca a su mínima expresión. La apertura del país es necesaria y por eso es imperante un Plan de Apertura Controlada, mientras esperamos que la vacuna haga su efecto, probando su eficacia para controlar la propagación del contagio del coronavirus. Está en manos de las autoridades, primero, y del resto de la sociedad, después, llegar a acuerdos y encontrar caminos para salir adelante.

De ser necesario que este Plan de Apertura Controlada se establezca por medio de una ley, el Órgano Ejecutivo puede apelar a la excepción constitucional y aprobarlo en Consejo de Gabinete, para luego enviarlo a la Asamblea Nacional para su ratificación. De esta manera no se pierde tiempo y el presidente de la república podrá demostrar que está verdaderamente comprometido con las soluciones que requiere el país en este momento y, sobre todo, que tiene el temple y la autoridad de un mandatario que no está hecho de "leche condensada."

No basta con sentirse panameño; hay que serlo

 Muchos creen que por nacer en esta tierra, arroparse con la bandera o gritar Panamá ya son panameños: ¡qué equivocados están!

A lo largo de mi vida he visto cientos de personas, quizá miles, que desgañitándose pregonan a los cuatro vientos que son panameños sin poder demostrarlo más allá de sus eufóricas palabras. En los años recientes, merced a la publicidad de algunos medios patrocinadores de eventos deportivos, principalmente el fútbol, la imagen del ser panameño se ha distorsionado y estereotipado reduciéndola al sujeto que bebe una cerveza, viste una camiseta con la insignia y los colores patrios gritando a voz en cuello ¡Panamá, Panamá! mientras zarandea la bandera.

En este Mes de la Patria que transcurre en medio de la pandemia del Coronavirus, la mayoría de la población rememora los desfiles de otros años y desempolva una bandera nacional o el vestido típico que guarda en una gaveta o en el closet. Así intenta expresar su ser panameño, porque no ha aprendido otra forma de hacerlo.

Ser panameño va más allá de los signos exteriores. Serlo implica estar consciente del porqué somos panameños, saber explicarlo con arraigado conocimiento de la historia patria y defenderla ante cada intento por mancillarla o traerla a menos. Hacerlo con argumentos fundados en la razón, el saber y el entender de cada una de las etapas que han ido construyendo el tejido de nuestra sociedad nacional. No es cuestión de gritos y frases sin sentido, sino de los hechos y las palabras que dan fe de la autoridad con la que hablamos de nuestra tierra, su cultura, su historia, los hechos vividos que hacen parte de nuestra memoria colectiva y como la construimos cada día amando la familia y trabajando honestamente para nuestro crecimiento personal y comunitario.

La gesta independentista iniciada el 10 de Noviembre de 1821 en La Villa de Los Santos, proclamada el 28 de Noviembre de ese mismo año; nuestra unión al sueño de la Colombia de Bolívar; y el largo itinerario que recorrimos para culminarla y consolidarla el 3 de Noviembre de 1903 no admite, por parte de ningún panameño auténtico, los agravios que suelen proferir algunos, incluso nacidos en esta tierra, de que somos un país inventado por la hegemónica potencia norteamericana de nuestro continente americano. Nada más alejado de la realidad. Allí están los documentos que nos hablan de la verdad concreta de Panamá: algunos en nuestros Archivos Nacionales y otros rehundidos en los de Bogotá y de España, en espera de que los panameños los saquemos del ostracismo para esclarecer tantos y tantos decires sin sustento histórico que zahieren nuestro ser nacional. 

Desde la supuesta no existencia de Rufina Alfaro hasta la hechura de Panamá por Wall Street transitan por cuanto medio lo permita, provocando que haya quienes haciéndose eco de tales aseveraciones las den por ciertas sin detenerse a analizar, siquiera, la proveniencia de ellas. 

Recuerdo hace unos 25 años que Gilberto Medina, abogado de oficio, colombiano de nacimiento y nacionalizado panameño, llegó a la oficina del periódico Panorama Católico que yo dirigía, con la novedad que Rufina Alfaro no aparecía en el Registro Civil y que, por ello, no existía. Conversé ampliamente con él y le expliqué que aquello no era determinante porque para esos tiempos había deficiencias en los registros de provincias, que los archivos centrales se manejaban en España y no en Panamá, que muchas personas en los pueblos eran conocidas por su nombre usual y no el de pila y que en el pueblo de La Villa de Los Santos aún son conocidos parientes de la heroína santeña. Incluso le mencioné que había leído alguna vez un artículo fechado unos 30 años después 1821 donde se hace mención de Rufina Alfaro, por lo que ya era aceptada su existencia y, probablemente, con muchos actores del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos aún vivos que pudieron haber dado fe de el hecho y desmentir cualquier mito o leyenda colectiva que quisiera todo el pueblo santeño crearse al respecto. El caballero siguió con su idea y algunos medios de comunicación se han hecho eco de ella a lo largo del tiempo provocando la mención cada año de la supuesta inexistencia de Rufina Alfaro. 

Otra de las afirmaciones poco analizadas y dada por cierta es decir que Panamá pertenecía a Colombia y que los Estados Unidos le quitó ese territorio para crear Panamá, sin hacer la distinción entre la Colombia de Bolívar y la Nueva Granada que, posteriormente, adoptó el nombre de Colombia. Panamá se unió a Colombia y se separó de ella, como también lo hicieran Venezuela y Ecuador (con Quito y Guayaquil primero). Ninguno, y menos un colombiano actual, tiene la osadía de decirle a un venezolano o a un ecuatoriano "ustedes eran de nosotros" sin recibir una respuesta tajante de parte de ellos o de sus propias autoridades, según sea el caso. ¿Por qué los panameños hemos de aceptar tal ultraje repetido una y otra vez cada noviembre? Nuestra vida de unión a Colombia está plagada de múltiples intentos de separación y aplastamiento militar de dichos intentos por parte de la metrópoli bogotana. Si no pudimos consolidar esa separación antes de 1903 fue por causa del poder político y militar que imponía Colombia sobre nuestro pequeño país. La conocida historia del sometimiento del débil por parte del más fuerte.

Que los Estados Unidos contribuyeron con el reconocimiento de nuestra separación de Colombia para consolidar nuestro movimiento separatista y erección como república independiente no tiene nada de pecaminoso como quieren hacernos ver algunos. El mismo Bolívar recibió ayuda de Francia e Inglaterra para independizar a los pueblos que llamó a conformar su Colombia, incluida la actual que, a la sazón, era conocida como Nueva Granada. Los propios Estados Unidos también recibieron ayuda de Francia para su independencia. Si recibir ayuda extranjera para hacer valer el sentimiento de independencia de nuestra nación es pecado, igual debe ser pecado para los demás. Pecadores unos, pecadores otros.

Panamá declaró su independencia el 28 de Noviembre de 1821. En un acto soberano, que solo puede ejercer una nación independiente, nos unimos casi de inmediato a la Colombia original creada por Bolívar. Una década después iniciamos el camino de separación de la ya desintegrada Colombia bolivariana, pero sin éxito hasta 1903. Nunca fuimos de la actual Colombia dentro del contexto de la Nueva Granada o del estado que quedó luego de desaparecida la Colombia originaria. Y la prueba más fehaciente es que al independizarse, la Nueva Granada jamás reclamo el Istmo de Panamá como suyo. Mal pudimos haber sido, y menos aceptar que lo fuimos, parte de la Colombia que adoptó ese nombre al renunciar al de Nueva Granada y que es el único territorio que hoy queda de la que fundó el Libertador Simón Bolívar. Si ya no existe la Colombia de Bolívar, la actual, de la que solo lleva el nombre, no puede insistir en decir ni enseñarlo a sus ciudadanos que Panamá fue parte de ella. Esa Colombia actual más bien conculcó nuestros derechos de recobrar nuestra soberanía e independencia que pusimos voluntariamente en las manos del sueño de Bolívar y que, así como voluntariamente nos unimos a la Colombia originaria y fuimos aceptados como nación independiente en ella, igual, voluntariamente, teníamos toda la razón y el derecho de separarnos como lo hicieran Venezuela y Ecuador a quienes la casta política bogotana no se atrevió a retener ni someter con el mismo empeño y poderío que lo hizo con Panamá.

Ojalá que a partir de este Noviembre, Mes de la Patria, los panameños aprendamos nuestra historia y defendamos con tesón nuestro verdadero ser panameño. Que nos convenzamos de serlo, no solo de sentirlo en el color de las telas. Y tener plena conciencia que el respeto hacia nuestro país comienza por el respeto que tengamos de nosotros mismos. No basta con sentirse panameño; hay que serlo.

A 528 años del Descubrimiento de América

 Así como se lee, descubrimiento de América. El hecho es una realidad porque el continente llamado América fue descubierto para el mundo y la civilización aquella madrugada del 12 de octubre de 1492.

El aniversario del arribo de Cristóbal Colón al hemisferio occidental tiene como punto de discusión algunos argumentos que al analizarse concienzudamente, la mayoría de ellos no tienen un fundamento realmente histórico sino ideológico. Cuestiones como: Colón es el causante de los males que padece la población indígena de América; el almirante genovés no descubrió nada porque aquí ya había pobladores a su llegada o porque los vikingos llegaron antes a Terranova; y cientos de millones de aborígenes vivían en paz y armonía hasta que murieron asesinados o contagiados por un montón de enfermedades traídas de Europa. Todos argumentos muy publicitados y hasta tomados literalmente como verdaderos sin escrutarlos debidamente.

Los mitos y leyendas invocados para desvirtuar la hazaña de Colón son variados y han florecido ampliamente durante la segunda mitad del siglo veinte. Los movimientos sociales promovidos desde la concepción ideológica y política del marxismo latinoamericano ha demonizado, sin duda, el propósito del viaje de Cristóbal Colón, con el fin de ganar adeptos entre la población indígena del continente aprovechando el estado de marginación que esta sufre. La consecuencia ha sido que el arraigo de alguna de esas ideas provoque enfrentamientos sociales, algunos violentos, buscando crear el caos que necesita la corriente marxista regional para ganar espacio político y así asaltar el poder con el fin instaurar el régimen revolucionario comunista que, supuestamente, será la solución a todos los males de nuestros países.

La expedición de Colón fue una odisea extraordinaria, solo comparable en el tiempo con la llegada del ser humano a la luna. Cruzar el Océano Atlántico en tres pequeñas embarcaciones, enfrentando momentos de oleajes formidables y la temporada de vientos huracanados durante la travesía, no tiene comparación con hazaña marítima alguna conocida por la civilización occidental. El viaje tenía un propósito comercial con visos de conquista, de acuerdo con el pasaporte dado a Colón y otros documentos de la época que decían, entre otras cosas, que sería nombrado Almirante y Adelantado de las tierras que descubriera. Estaba claro, pues, que el sentido comercial de llegar a Cipango y Catay por una nueva ruta proveería la segunda intención de la travesía: el descubrimiento obligado de nuevas tierras por navegar en busca de un camino desconocido hasta el momento. La motivación de Colón era más mercantil; la de la corona española de expansión de su dominios y el poder político que traía consigo.

Una vez consumado el hecho del encuentro de las culturas europeas y americanas, el 12 de Octubre, comienza un proceso de intercambio, conquista y colonización del nuevo mundo, en el cual las altruistas y bajas pasiones del ser humano se ponen de manifiesto. El europeo, ya sea español, inglés, portugués, francés u holandés, impone su ley a fuerza de un mayor conocimiento tecnológico y militar, con la complicidad de los pueblos indígenas que eran oprimidos por imperios como el inca, el azteca y naciones nativas más fuertes que sometían a tribus y naciones indígenas más débiles y pequeñas. Esa es, fundamentalmente, la forma en que la conquista y posterior colonización de América tuvo lugar, como ocurrió con otras tantas expansiones imperiales en Europa, África, el Medio Oriente y Asia.

Culpar a Colón de las situaciones posteriores a su viaje es injusto y absurdo. Y mucho más cuando se ignora o se olvida que los españoles no fueron los únicos que vinieron a América para conquistarla y colonizarla. La responsabilidad del almirante se limita a los 14 años que transcurrieron entre su primer y cuarto viaje hasta su muerte en 1506. Igual a los actos cometidos como Virrey de La Española, algunos de ellos de dudosa comprobación por lo exagerados y construidos algunos por sus enemigos ávidos, también, de poder y fama. Al fin y al cabo, las nuevas tierras prometían riquezas, alta posición social, poder económico, político y hasta ascenso a la nobleza . Cada uno quería su pedazo del pastel y cada imperio y conquistador debe ser juzgado por sus actos, sin achacárselos al chivo expiatorio de Colón.

A 528 años del Descubrimiento de América, aunque haya quienes prefieran llamarlo de otra forma, sobradas razones hay para pensar que conocerse ambas culturas era un encuentro inevitable. Si no se producía por el lado del Viejo Mundo, tarde o temprano se habría producido por el Nuevo Mundo. Tengamos claridad, entonces, que los males actuales de nuestros hermanos indígenas, con quienes compartimos la herencia genética y cultural de América, al igual los de la población africana traída a estas tierras como esclava, son responsabilidad nuestra desde que cada pueblo americano declaró la independencia de su respectiva corona europea. Durante los últimos 200 años años hemos sido nosotros y solo nosotros los responsables de los males que padecen nuestros pueblos. Buscar cargárselos a Cristóbal Colón es una estupidez. Como igual lo es el decir que antes de su llegada este continente era un paraíso poblado de inocentes individuos que no conocían la guerra, el egoísmo, la envidia o la maldad: eso sería negar la esencia humana misma.

La verdad histórica tenemos que asumirla con sus luces y sus sombras, no borrarla. Nada ganamos con ignorarla, ni con ello cambiamos el estado de marginación y pobreza en la que viven nuestros hermanos indígenas y otros habitantes de nuestros pueblos americanos. El 12 de Octubre debe ser dedicado a recordar nuestro pasado y mirar nuestro presente. Y si el vocablo descubrimiento significa "encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta el momento", redescubramos, a partir de una seria y equilibrada reflexión, nuestra historia integral, y descubramos a través de ello las causas reales de nuestros males, antes de estar culpando en octubre de cada año a quien tuvo el coraje de cruzar el mar en tres pequeñas embarcaciones en sus cuatro viajes, mientras a nuestros gobernantes y líderes les falta ese mismo valor para enfrentar el desafío de hacer progresar a nuestras naciones con justicia, honradez y trabajo duro.

Los Representantes de Corregimiento deben ser nombrados por los alcaldes

 La función dual de los representantes de corregimiento, como concejales y administradores de las juntas comunales, es un obstáculo para el desempeño democrático de los municipios porque su independencia se ve comprometida al estar sometida a la manipulación política.

Cuando la Constitución de 1972 creó la figura de los representantes de corregimiento la puso como centro del llamado poder popular. Tenía funciones locales administrando las juntas comunales, ejercía el control municipal como concejal, injerencia en los consejos provinciales de coordinación, poder legislativo al integrar parte de sus miembros la asamblea nacional, y escogía o nombraba al presidente de la república. En ese contexto tenía un poder político que, incluso, era superior al de los alcaldes, por ser estos últimos nombrados por la vía administrativa a través del órgano ejecutivo. 

Ante tal estructura de poder, el representante de corregimiento no podía ser sometido por ningún alcalde, porque ellos no solo controlaban el presupuesto municipal sino que, si hacía falta, podían solicitar la remoción de los alcaldes al ejecutivo ya que ellos, reunidos en asamblea nacional, eran la autoridad que nombraba al presidente de la república y, en teoría, también podían destituirlo. Su influencia sobre el presidente y los ministros era muy poderosa, por lo que cada uno en su corregimiento podía conseguir, facilmente, presupuesto para obras comunales y tenían acceso expedito a los funcionarios de jerarquía en el poder ejecutivo.

Luego de la reforma constitucional de 1983, el poder de los representantes de corregimiento vino a menos. Al quitar de sus manos el nombramiento del presidente de la república y al permitirse la elección de los alcaldes por el sufragio directo, las cosas se complicaron para ellos al verse confinados a sus juntas comunales, aunque conservaron su función de concejales. Tal cambio constitucional los convirtió en los funcionarios de menor jerarquía elegidos por el voto popular, en lo que respecta a su cargo como cabeza de las juntas comunales, donde ya no tienen el poder de aprobar sus presupuestos y son opacados por la figura del alcalde que sí cuenta con mando y jurisdicción y goza de mayor respaldo político.

Transcurridos casi 40 años desde la perdida del poder que les daba la constitución de 1972, la experiencia indica que el representante de corregimiento es un funcionario inoperante, incluso como concejal, y su existencia como tal está limitada a mantener un vínculo endeble con la comunidad a través de servicios intermediarios con autoridades superiores y otros más propios de asociaciones benéficas o de cualquier oenegé.

Frente a esa realidad, el cargo de representante de corregimiento sirve más para el reparto de cuota y componenda política que para servir a la comunidad. Al menos en la experiencia actual. Convendría mejor, en una futura reforma constitucional, que tal figura desaparezca del firmamento político y separar la función dual que actualmente ejercen. La administración de la junta comunal, por ejemplo, recaería en un funcionario nombrado por el alcalde del distrito como auxiliar de su gestión. Eso facilitaría la prestación de servicios a la comunidad, porque las respuestas dejarían de estar sujetas a la negociación o la intermediación entre el representante y el alcalde, permitiría un mejor manejo y reparto presupuestario en el municipio, y la gestión de gobierno municipal tendría más eficacia en el manejo ambiental, ornato, sanidad y otros servicios públicos que ahora cada ente -juntas comunales y alcaldías- opera por separado.

En cuanto al cargo de concejal, este sería ejercido por funcionarios de elección popular que solo se dedicarían de manera exclusiva a dicha función, teniendo como único emolumento la dieta correspondiente por cada sesión. Esto permitiría que cualquier persona ejerza dicho cargo, sin detrimento del trabajo o profesión que tenga, dándole al concejal la independencia necesaria en sus actuaciones ya que no tendría que transar o negociar pactos que faciliten su gestión política como representante de corregimiento a cambio de su voto en el Consejo Municipal. 

Panamá tiene que abocarse a provocar un cambio radical en sus instituciones y estructuras políticas, si quiere afianzar el régimen democrático. Uno de esos cambios es la institución municipal, que incluye a las juntas comunales y las figuras de los representantes de corregimiento y los concejales. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales es vital para el afianzamiento de la democracia y el desarrollo y progreso del país. Tenemos que liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros de un sistema que, en sus deficiencias, en parte es causa de la corrupción política que impide darnos un futuro mejor. Y una de esas ataduras es la actual figura del representante de corregimiento que, al perder su poder original pierde, también, su propia razón de ser y la deja reducida a un cargo que se presta para el negociado, la componenda política y para ser uno de los obstáculos que impide el desarrollo pleno de la institución municipal que está llamada a ser el motor del progreso de la comunidad y del desarrollo del país.