A 528 años del Descubrimiento de América

 Así como se lee, descubrimiento de América. El hecho es una realidad porque el continente llamado América fue descubierto para el mundo y la civilización aquella madrugada del 12 de octubre de 1492.

El aniversario del arribo de Cristóbal Colón al hemisferio occidental tiene como punto de discusión algunos argumentos que al analizarse concienzudamente, la mayoría de ellos no tienen un fundamento realmente histórico sino ideológico. Cuestiones como: Colón es el causante de los males que padece la población indígena de América; el almirante genovés no descubrió nada porque aquí ya había pobladores a su llegada o porque los vikingos llegaron antes a Terranova; y cientos de millones de aborígenes vivían en paz y armonía hasta que murieron asesinados o contagiados por un montón de enfermedades traídas de Europa. Todos argumentos muy publicitados y hasta tomados literalmente como verdaderos sin escrutarlos debidamente.

Los mitos y leyendas invocados para desvirtuar la hazaña de Colón son variados y han florecido ampliamente durante la segunda mitad del siglo veinte. Los movimientos sociales promovidos desde la concepción ideológica y política del marxismo latinoamericano ha demonizado, sin duda, el propósito del viaje de Cristóbal Colón, con el fin de ganar adeptos entre la población indígena del continente aprovechando el estado de marginación que esta sufre. La consecuencia ha sido que el arraigo de alguna de esas ideas provoque enfrentamientos sociales, algunos violentos, buscando crear el caos que necesita la corriente marxista regional para ganar espacio político y así asaltar el poder con el fin instaurar el régimen revolucionario comunista que, supuestamente, será la solución a todos los males de nuestros países.

La expedición de Colón fue una odisea extraordinaria, solo comparable en el tiempo con la llegada del ser humano a la luna. Cruzar el Océano Atlántico en tres pequeñas embarcaciones, enfrentando momentos de oleajes formidables y la temporada de vientos huracanados durante la travesía, no tiene comparación con hazaña marítima alguna conocida por la civilización occidental. El viaje tenía un propósito comercial con visos de conquista, de acuerdo con el pasaporte dado a Colón y otros documentos de la época que decían, entre otras cosas, que sería nombrado Almirante y Adelantado de las tierras que descubriera. Estaba claro, pues, que el sentido comercial de llegar a Cipango y Catay por una nueva ruta proveería la segunda intención de la travesía: el descubrimiento obligado de nuevas tierras por navegar en busca de un camino desconocido hasta el momento. La motivación de Colón era más mercantil; la de la corona española de expansión de su dominios y el poder político que traía consigo.

Una vez consumado el hecho del encuentro de las culturas europeas y americanas, el 12 de Octubre, comienza un proceso de intercambio, conquista y colonización del nuevo mundo, en el cual las altruistas y bajas pasiones del ser humano se ponen de manifiesto. El europeo, ya sea español, inglés, portugués, francés u holandés, impone su ley a fuerza de un mayor conocimiento tecnológico y militar, con la complicidad de los pueblos indígenas que eran oprimidos por imperios como el inca, el azteca y naciones nativas más fuertes que sometían a tribus y naciones indígenas más débiles y pequeñas. Esa es, fundamentalmente, la forma en que la conquista y posterior colonización de América tuvo lugar, como ocurrió con otras tantas expansiones imperiales en Europa, África, el Medio Oriente y Asia.

Culpar a Colón de las situaciones posteriores a su viaje es injusto y absurdo. Y mucho más cuando se ignora o se olvida que los españoles no fueron los únicos que vinieron a América para conquistarla y colonizarla. La responsabilidad del almirante se limita a los 14 años que transcurrieron entre su primer y cuarto viaje hasta su muerte en 1506. Igual a los actos cometidos como Virrey de La Española, algunos de ellos de dudosa comprobación por lo exagerados y construidos algunos por sus enemigos ávidos, también, de poder y fama. Al fin y al cabo, las nuevas tierras prometían riquezas, alta posición social, poder económico, político y hasta ascenso a la nobleza . Cada uno quería su pedazo del pastel y cada imperio y conquistador debe ser juzgado por sus actos, sin achacárselos al chivo expiatorio de Colón.

A 528 años del Descubrimiento de América, aunque haya quienes prefieran llamarlo de otra forma, sobradas razones hay para pensar que conocerse ambas culturas era un encuentro inevitable. Si no se producía por el lado del Viejo Mundo, tarde o temprano se habría producido por el Nuevo Mundo. Tengamos claridad, entonces, que los males actuales de nuestros hermanos indígenas, con quienes compartimos la herencia genética y cultural de América, al igual los de la población africana traída a estas tierras como esclava, son responsabilidad nuestra desde que cada pueblo americano declaró la independencia de su respectiva corona europea. Durante los últimos 200 años años hemos sido nosotros y solo nosotros los responsables de los males que padecen nuestros pueblos. Buscar cargárselos a Cristóbal Colón es una estupidez. Como igual lo es el decir que antes de su llegada este continente era un paraíso poblado de inocentes individuos que no conocían la guerra, el egoísmo, la envidia o la maldad: eso sería negar la esencia humana misma.

La verdad histórica tenemos que asumirla con sus luces y sus sombras, no borrarla. Nada ganamos con ignorarla, ni con ello cambiamos el estado de marginación y pobreza en la que viven nuestros hermanos indígenas y otros habitantes de nuestros pueblos americanos. El 12 de Octubre debe ser dedicado a recordar nuestro pasado y mirar nuestro presente. Y si el vocablo descubrimiento significa "encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta el momento", redescubramos, a partir de una seria y equilibrada reflexión, nuestra historia integral, y descubramos a través de ello las causas reales de nuestros males, antes de estar culpando en octubre de cada año a quien tuvo el coraje de cruzar el mar en tres pequeñas embarcaciones en sus cuatro viajes, mientras a nuestros gobernantes y líderes les falta ese mismo valor para enfrentar el desafío de hacer progresar a nuestras naciones con justicia, honradez y trabajo duro.

Los Representantes de Corregimiento deben ser nombrados por los alcaldes

 La función dual de los representantes de corregimiento, como concejales y administradores de las juntas comunales, es un obstáculo para el desempeño democrático de los municipios porque su independencia se ve comprometida al estar sometida a la manipulación política.

Cuando la Constitución de 1972 creó la figura de los representantes de corregimiento la puso como centro del llamado poder popular. Tenía funciones locales administrando las juntas comunales, ejercía el control municipal como concejal, injerencia en los consejos provinciales de coordinación, poder legislativo al integrar parte de sus miembros la asamblea nacional, y escogía o nombraba al presidente de la república. En ese contexto tenía un poder político que, incluso, era superior al de los alcaldes, por ser estos últimos nombrados por la vía administrativa a través del órgano ejecutivo. 

Ante tal estructura de poder, el representante de corregimiento no podía ser sometido por ningún alcalde, porque ellos no solo controlaban el presupuesto municipal sino que, si hacía falta, podían solicitar la remoción de los alcaldes al ejecutivo ya que ellos, reunidos en asamblea nacional, eran la autoridad que nombraba al presidente de la república y, en teoría, también podían destituirlo. Su influencia sobre el presidente y los ministros era muy poderosa, por lo que cada uno en su corregimiento podía conseguir, facilmente, presupuesto para obras comunales y tenían acceso expedito a los funcionarios de jerarquía en el poder ejecutivo.

Luego de la reforma constitucional de 1983, el poder de los representantes de corregimiento vino a menos. Al quitar de sus manos el nombramiento del presidente de la república y al permitirse la elección de los alcaldes por el sufragio directo, las cosas se complicaron para ellos al verse confinados a sus juntas comunales, aunque conservaron su función de concejales. Tal cambio constitucional los convirtió en los funcionarios de menor jerarquía elegidos por el voto popular, en lo que respecta a su cargo como cabeza de las juntas comunales, donde ya no tienen el poder de aprobar sus presupuestos y son opacados por la figura del alcalde que sí cuenta con mando y jurisdicción y goza de mayor respaldo político.

Transcurridos casi 40 años desde la perdida del poder que les daba la constitución de 1972, la experiencia indica que el representante de corregimiento es un funcionario inoperante, incluso como concejal, y su existencia como tal está limitada a mantener un vínculo endeble con la comunidad a través de servicios intermediarios con autoridades superiores y otros más propios de asociaciones benéficas o de cualquier oenegé.

Frente a esa realidad, el cargo de representante de corregimiento sirve más para el reparto de cuota y componenda política que para servir a la comunidad. Al menos en la experiencia actual. Convendría mejor, en una futura reforma constitucional, que tal figura desaparezca del firmamento político y separar la función dual que actualmente ejercen. La administración de la junta comunal, por ejemplo, recaería en un funcionario nombrado por el alcalde del distrito como auxiliar de su gestión. Eso facilitaría la prestación de servicios a la comunidad, porque las respuestas dejarían de estar sujetas a la negociación o la intermediación entre el representante y el alcalde, permitiría un mejor manejo y reparto presupuestario en el municipio, y la gestión de gobierno municipal tendría más eficacia en el manejo ambiental, ornato, sanidad y otros servicios públicos que ahora cada ente -juntas comunales y alcaldías- opera por separado.

En cuanto al cargo de concejal, este sería ejercido por funcionarios de elección popular que solo se dedicarían de manera exclusiva a dicha función, teniendo como único emolumento la dieta correspondiente por cada sesión. Esto permitiría que cualquier persona ejerza dicho cargo, sin detrimento del trabajo o profesión que tenga, dándole al concejal la independencia necesaria en sus actuaciones ya que no tendría que transar o negociar pactos que faciliten su gestión política como representante de corregimiento a cambio de su voto en el Consejo Municipal. 

Panamá tiene que abocarse a provocar un cambio radical en sus instituciones y estructuras políticas, si quiere afianzar el régimen democrático. Uno de esos cambios es la institución municipal, que incluye a las juntas comunales y las figuras de los representantes de corregimiento y los concejales. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales es vital para el afianzamiento de la democracia y el desarrollo y progreso del país. Tenemos que liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros de un sistema que, en sus deficiencias, en parte es causa de la corrupción política que impide darnos un futuro mejor. Y una de esas ataduras es la actual figura del representante de corregimiento que, al perder su poder original pierde, también, su propia razón de ser y la deja reducida a un cargo que se presta para el negociado, la componenda política y para ser uno de los obstáculos que impide el desarrollo pleno de la institución municipal que está llamada a ser el motor del progreso de la comunidad y del desarrollo del país. 

La pobreza política e intelectual de los diputados panameños

Algunos de nuestros diputados creen que por mostrar un título universitario eso los hace personas capaces y altamente educadas. Nada más falso y pretencioso. Alabarse uno mismo por un título académico es como un sapo que se infla para parecer más grande de lo que es realmente.

por Luis Alberto Díaz

Hace unos días un miembro de la Asamblea Nacional propuso cambiar el nombre de las nuevas esclusas del Canal de Panamá en un acto con más tinte de lisonjería y clientelismo electorero que fundamento histórico o patriótico. Su propuesta, proporciones guardadas, se suma a diversos actos bochornosos protagonizados por algunos de sus colegas diputados en lo que va del año.

Si algo nos demuestran los miembros de la cámara legislativa, en sentido general, es la pobreza política e intelectual que predomina entre los miembros de ese órgano del estado. La poca cultura general que se evidencia entre ellos, la chabacanería, el verbo vulgar en sus intervenciones públicas y el comportamiento escandaloso y la actitud bajuna de algunos de ellos le dan a la Asamblea una imagen pública de pillería, corrupción y sinvergüenzura que lesiona gravemente su reputación y pone en entredicho la honorabilidad de un órgano del estado que está llamado a actuar en todo momento en interés de la nación, proveyéndola de las leyes que le den sustento al marco jurídico que ordena la vida legal del país para el buen funcionamiento del régimen democrático y garantizar los derechos de quienes viven dentro de sus fronteras.

El diputado proponente de la descabellada idea de cambiar los nombres de las nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí ignora, y si no lo hace pasa voluntariamente por ignorante, que cada esclusa del Canal de Panamá toma su nombre de una ubicación geográfica existente antes de la construcción de la vía acuática. Que esos nombres buscan mantener viva la historia panameña y del propio canal al bautizarlas así. Cambiarles el nombre es una bofetada a nuestra historia, a los panameños que hicieron de esos lugares su hogar y terruño durante 400 años, y a tantos y tantos compatriotas que sufrieron y lucharon, incluso algunos ofrendando sus vidas, para recuperar el territorio de la antigua Zona del Canal. Recuperación que también implica la historia de Panamá sobre dicho territorio.

Cualquiera que se precie de haber pasado por el sistema educativo panameño, y de la propia Universidad de Panamá, ha tenido que oír, al menos, nombres como Armand Reclus o Gil Blas Tejeira. El primero con su documentado recorrido por los pueblos que estaban en la ruta del actual Canal de Panamá, y el segundo, con su novela "Pueblos Perdidos", que narra intensamente las experiencias de una familia centroamericana inmigrante que recorre los pueblos sepultados, unos por las aguas del canal, y desmantelados otros, por los constructores estadounidenses de la ruta interoceánica.

Decenas de pueblos en los que vivían, para la época, más de 50,000 personas, se vieron privados de su gente y de su vida cotidiana. Pueblos en los que se hablaba, además del español, el francés, el inglés y el chino. Idiomas del que dudo tenga gran conocimiento el diputado proponente del adefesio legislativo que busca cambiarle el nombre a las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Contrario a él, y sin mayores estudios académicos, gente humilde y trabajadora sí los dominaba o, por lo menos, podía mantener una breve conversación en tales lenguas.

Casas, escuelas, iglesias, cuarteles, comercios, calles y plazas que constituían dichos pueblos se perdieron para siempre por la mano y la acción de los constructores del Canal. Hoy, en una lisonjera y politiquera acción un diputado pretende borrarlos, también, de la historia de la nación y del propio Canal de Panamá.

Si el diputado de marras busca honrar los esfuerzos del general Torrijos y el presidente estadounidense Carter, en la consecución de la firma del Tratado del Canal de Panamá, que nos devolvió la jurisdicción sobre la vía acuática y su territorio, bien puede poner a funcionar su cerebro buscando otra forma. Si no lo logra, consulte con el resto de los panameños o recurra a los libros de historia que reposan en las bibliotecas Nacional, de la Universidad de Panamá, o del propio Canal. De seguro no faltarán ideas valiosas. Y si lo que quiere es congraciarse con el electorado, que haga alianza con el colega de San Miguelito que representa a los electores del sector que lleva los nombres de Torrijos - Carter, para proponer una ley que ayude a mejorar la vida comunitaria de los moradores de ese lugar. ¿Qué mejor homenaje que procurar hacer de Torrijos - Carter un lugar agradable y digno para vivir? ¿Qué mejor homenaje que restituir en Torrijos - Carter y su gente las escuelas, plazas, cultura, orden urbanístico y calidad de vida que otrora tuvieron los moradores de los pueblos perdidos del Canal?

Como dijera Francisco Vera a su hija María de los Ángeles en la novela de Gil Blas Tejeira: "Aprende, hija, que cuando tus padres te falten solo ha de valerte lo que sepas", igual le damos el paternal consejo al diputado proponente de la aberración de cambiar el nombre de las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Lo mismo vale para el Presidente de la República, que ha prometido sancionar la bofetada histórica que da el diputado a la nación panameña si llega a ser aprobada en el pleno de la ya desacreditada Asamblea Nacional.

Diputados clientelistas

 Con las recientes palabras de un diputado por su red social queda en evidencia, una vez más, que las prácticas de estos funcionarios forman parte del esquema de corrupción institucional.

El sistema de elección de los diputados, la inmunidad que se les otorga y el complicado proceso para investigarlos y juzgarlos ha creado una casta de funcionarios acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que en un tiempo fue pensado para proteger a los legisladores opositores de los abusos de la dictadura se ha convertido en una pieza importante del esquema de corrupción institucional que impera en el país.

Cómo es posible que un diputado le pida al presidente de la república nombramientos de personas y dinero para obras circuitales que faciliten su clientelismo electoral, sin que pueda ser investigado de oficio por el ministerio público a causa de la norma constitucional que le impide a la vindicta pública cumplir con su función perseguidora del delito. La susodicha norma es un elemento dañino para la administración de justicia y la propia democracia, porque en ella se sustenta la cuestionada inmunidad de la que gozan estos funcionarios.

De acuerdo con el sistema de gobierno que consagra la Constitución de la República de Panamá, la función de los diputados es hacer leyes y fiscalizar la labor del órgano ejecutivo para evitar abusos de poder y garantizar el buen funcionamiento del país a través del marco jurídico que lo rige. Nada más alejado de la realidad. Desde hace muchos años los diputados se las han ingeniado para manejar las conocidas partidas circuitales, ya sean estas asignadas de manera directa o disfrazadas dentro del presupuesto nacional, como arma para negociar su voto ante el presidente de turno. Por eso no es de extrañar que un diputado oficialista, olvidando todo recato o temor por alguna sanción, pida nombramientos de allegados y manejo de dinero público de la manera más descarada que haya podido encontrar: un mensaje directo al mandatario de la nación a través de las redes sociales.

Tal ha sido el descaro del parlamentario que, incluso, justificó su petición con el argumento de quién mejor que un diputado para manejar dinero de obras comunitarias porque es elegido por el voto popular y porque, de no hacerlo, le pasarían los electores la factura política en las siguientes elecciones. ¡Qué ignorancia! Ni siquiera es capaz de razonar sobre las funciones y la razón de existir del cargo que ocupa.

La ley y la constitución establecen claramente que son los municipios y los alcaldes los que deben y pueden, por motivos inherentes a sus funciones, dedicarse a realizar obras para la comunidad y administrar los recursos económicos que se proveen para ello. Incluso los representantes de corregimiento pueden hacerlo, aunque de manera más limitada por razones políticas más que jurídicas. Si tanto deseo tiene de servirle a la comunidad con obras y nombramientos, ¿por qué no se postuló para estos cargos? Al fin y al cabo los alcaldes y representantes de corregimiento también son elegidos por el voto popular. Pero no, no buscó esos cargos porque el esquema de corrupción política les da un poder limitado frente al que tiene un diputado. Esa es la razón, no hay otra.

Panamá está en mora con la democracia. Tras 30 años de haberse recuperado el régimen democrático, las principales instituciones democráticas continúan contaminadas con el germen heredado de la dictadura, lo que algunos aprovechan para mantener prácticas corruptas que son difíciles de erradicar bajo el sistema institucional imperante.

Urge plantearnos de manera seria, como pueblo y nación, una nueva estructura institucional para perfeccionar nuestra democracia. Uno de esos cambios es acabar con el sistema de circuitos electorales tal como lo conocemos, con la forma de elección basada en cuociente, medio cuociente y residuo que facilita el llamado voto plancha que desconoce el principio de una persona un voto para cada cargo electoral, y con la camisa de fuerza que se le impone a los municipios y a los alcaldes que resultan superados en su gestión por el abuso del presidencialismo a través del poder de los ministerios que componen el órgano ejecutivo.

Basta ya de mantener a los diputados clientelistas con nombramientos y partidas circuitales disfrazadas de gestión parlamentaria. Es un hábito deleznable que no pocas veces se utiliza para comprar el voto de los diputados, financiar su proselitismo y mantener el nefasto cacicazgo político en las circunscripciones conocidas como circuitos electorales. 

Tarde o temprano este cambio llegará. Solo esperamos que ocurra sin los traumas que han llevado a otros pueblos latinoamericanos a pasar a regímenes peores.

Cualquier persona no puede ser periodista

 "Un viejo debate reaparece en nuestro ambiente. ¿Cualquiera puede ser periodista? Alegatos por aquí y por allá con tinte de derechos humanos, de intenciones ocultas de abaratar la mano de obra en los medios y con argumentos tecnológicos son esgrimidos por unos y otros."

Esta polémica de vieja data viene desde los tiempos en que aparece el periodismo como carrera universitaria y dio el salto de mero oficio a profesión. Muchos propietarios de periódicos defendieron que el periodista se hace en el medio, no en el aula. Veteranos periodistas también defendieron esas ideas. Otros propugnaban por elevar el entonces oficio a nivel académico por el desarrollo tecnológico que sufrían los medios en aquel tiempo pasando de las rotativas a la radio y la televisión. 

Personajes como Joseph Pulitzer optaron por la ruta académica y otros, en sus países, hicieron lo mismo. En el caso panameño Gil Blas Tejeira, junto a otros periodistas empíricos, lucharon muy duro para crear la escuela de periodismo en Panamá y elevarla a nivel universitario en 1961.

Hace unos días se ha encendido este viejo debate sobre ejercer el periodismo sin estudiar para ello, apelando al fenómeno de las redes sociales introducidas por la tecnología digital y el supuesto reemplazo del periodista por aquellos que divulgan y denuncian hechos a través de ellas. Como ha ocurrido desde hace casi un siglo, en este tema unos se lanzan a favor y otros en contra. Cada uno con sus argumentos. Y salta la pregunta al aire: ¿Puede ser periodista quien no haya estudiado para serlo? Veamos.

"La profesión periodística tiene como campo principal de trabajo la transmisión de noticias. Eso en el sentido ortodoxo. Pero, limitarla solo a esa tarea es desconocer la evolución que ha sufrido el periodismo durante tres cuartas partes del siglo pasado y casi una cuarta parte del presente siglo 21. De la mera transmisión de noticias el periodismo mutó al campo de la información. Tanto es así que en el sector público y en las grandes y medianas empresas es común contratar expertos en información, comunicación corporativa y organizacional formados en las universidades. Ya no se trata de transmitir un hecho al público, sino de analizar sus consecuencias para la sociedad y la acción que deben tomar los diferentes actores que se desempeñan en el campo de la información desde los medios de comunicación hasta las entidades de la sociedades política y civil. Para poder realizar ese trabajo a cabalidad hace falta hacer uso de ciertos conocimientos, técnicas y herramientas informativas que deben adquirirse a través de una formación académica que permita desempeñarse de manera científica y profesional en la labor periodística."

Si bien es cierto que transmitir un hecho que ocurre en la calle no es potestad exclusiva de los periodistas, sí lo es su estructuración con todos los elementos que salvaguarden el uso del lenguaje periodístico y el pleno conocimiento de la situación para el público sin aristas sensacionalistas o intenciones manipulación individual o sectaria. Transmitir el hecho en sí puede ser una noticia en el momento, llegar a escudriñar el por qué y el para qué, saber distinguir qué es un hecho noticioso y qué no, cómo dar la información, dónde buscarla, qué fuente autorizada entrevistar, entre otros factores, supera el campo de la noticia momentánea que transmite un individuo por sus canales de Instagram, You Tube o cualquier otra red social. No es lo mismo, pues, enterarse de un hecho con ribetes noticiosos en tiempo real que informarse o ser informado sobre ese mismo hecho.

Aunque una persona tome la cámara de su celular para publicar lo que encuentra a su paso, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de información, eso no lo hace periodista. Simplemente ejerce un derecho humano que nadie le puede negar, impedir o regatear. Está en su derecho y eso no transgrede en nada el ejercicio de la profesión periodística. Sí lo haría, en cambio, el hacerse pasar por periodista sin serlo para aparentar ante el público u obtener un estatus social que legitime su actividad de usuario de las redes sociales. Pero esto es materia de otro campo, como el jurídico.

Frente a esta polémica debe tenerse claridad que una cosa es ejercer un derecho humano y ciudadano y otra es ser periodista. Al menos en lo que se entiende como la persona formada académicamente y reconocida formal y socialmente como titular de la profesión de periodista. Así como la gente que acostumbra hacer comida hogareña para los suyos y sus vecinos no puede ser reconocido ni llamado chef, por muy sabroso que cocine, tampoco el que está publicando hechos diarios por las redes sociales es un periodista por el solo hecho de realizar esta actividad. Y aquí vale notar que en este viejo debate los que se oponen a reconocer el periodismo como profesión adquirida formalmente a través de los estudios recurren a un ya trillado "no se trata de lo mismo", para descalificar cualquier ejemplo de otros oficios o profesiones que se presenten como argumento.

"Cualquier persona no puede ser periodista, porque el serlo requiere estudiar la carrera y conocer el arte científico de su ejercicio. Conocimiento y formación que le garantiza al público un manejo veraz y confiable de la información, que incluya los diversos puntos de vista sobre el hecho y que dé la garantía que no se trata del "fake news" que ha introducido el mundo de las redes sociales."

Si aplicarse en la reparación del automóvil y ayudar al vecino con el suyo no hace mecánico a un individuo, si el conocimiento de la medicina tradicional no hace médico al yerbero o al chamán, y si acostumbrar a conducir rápido por las calles y autopistas no hace piloto de carreras a quienes conducen así su auto habitualmente, ¿por qué pretender que una persona que divulga hechos a través de las redes sociales sin haber estudiado periodismo tenga forzosamente que ser periodista? El periodismo no se trata simplemente de ir por allí colgando hechos callejeros en las redes. Ser periodista, tampoco es eso. El periodismo y el ser periodista es mucho más que ser un "influencer" de hechos callejeros. Que cada uno, pues, ocupe el lugar y ejerza el derecho que le corresponde. Y que igual se respete el ejercicio y el reconocimiento del periodismo como profesión, porque también es un derecho. No lo olvidemos.

La economía crecerá después del Covid-19

Contrario a los malos augurios la economía podría crecer rapidamente al levantarse las restricciones impuestas por la crisis del Covid-19.

En el análisis social de la economía existen dos elementos importantes a considerar: la realidad de la infraestructura económica y los posibles eventos y escenarios que podrían ocurrir en el corto y largo plazo. Toda predicción se fundamenta en ellos; lo demás es accesorio y complementa o sustenta el resultado que se predice.

La economía panameña, como toda economía, es dinámica y sufre cambios constantemente. Con varios años de desaceleración a cuestas, ya la nuestra estaba en vías de transformación, aunque de una manera lenta. Con la crisis del coronavirus, esos cambios se acelerarán y favorecerán a las empresas que ya habían iniciado su migración hacia la etapa tecnológica. Estas, por cierto, son las que han podido capear mejor el temporal con el teletrabajo y el comercio electrónico que ya habían experimentado de manera parcial. Las otras, que con la crisis se han visto forzadas a recurrir a las herramientas tecnológicas o a suspender operaciones, estarán en clara desventaja cuando llegue la apertura total.

Si recordamos lo que ocurrió con la economía y el ambiente empresarial del país, tras la Invasión de 1989, podemos vislumbrar una fuerte transformación de las empresas panameñas. Contrario a aquel tiempo, en que la infraestructura económica estaba casi destruida, con las empresas descapitalizadas, y la carga de varios años con adversidades financieras, fuga de capital y de talentos, y la crisis restringida a la economía local, el momento actual se caracteriza por una crisis global y de unos seis meses de duración, aproximadamente, antes de que sea abierta toda la actividad económica.

Con un bajo crecimiento forzado por las circunstancias, es casi probable que tengamos un crecimiento más acelerado de lo pensado. Aunque en los próximos dos años el empleo se verá afectado duramente, no es menos cierto que la mayoría de los empresarios intentará salvar sus empresas y modernizarse, diversificando su oferta mercantil y contratando personal capaz de lidiar con las tecnologías y el comercio electrónico. Sin duda, el nuevo virus empresarial será la búsqueda del crecimiento y el uso de herramientas tecnológicas, para migrar a un novedoso modelo de negocios.

Así las cosas, quienes más sufrirán el desempleo serán aquellos que no tienen estudios ni formación para desempeñarse con las tecnologías actuales. Las personas mayores de 50 años y los que han desertado de la escuela serán las principales víctimas, ocasionando una fuerte carga social para el estado y la sociedad en general.

Panamá, luego de un par de años de adecuación a esa nueva realidad, tendrá una década de transformación y crecimiento económico muy fuerte. La población joven, aficionada a la tecnología, será un punto fuerte en esta transformación. Sin duda, y ya hay muestras de ello, entre la juventud surgirán emprendedores y expertos en tecnología que transformarán el mundo empresarial panameño. También habrá otro importante núcleo de población que quedará rezagado, por su poca dedicación y motivación para el estudio y el emprendimiento. Hacia este grupo habrá que dirigir los programas de desarrollo social, si no queremos una profundización de la pobreza y el desempleo.

Vislumbro un futuro panameño con más empresas tecnológicas, mayor inversión a través de la asociación público - privada, y un emprendurismo vigoroso, lo que redundará en mayor crecimiento económico. Eso si, siempre y cuando ocurra la adopción de leyes que faciliten esa gestión y se practique una actitud ética en todos los campos del quehacer nacional.

El reto está, pues, en que la empresa privada y el gobierno comprendan y tomen en serio el fenómeno social que se producirá después del Covid-19. Intentar volver a lo mismo es un error, y seguir con las prácticas de corrupción en ambos sectores, también. En las manos de toda la sociedad panameña está asumir el desafío y aprovechar la oportunidad que se nos presenta tras está crisis.

De cuarentena a toque de queda

A partir del 1 de junio pasaremos de la cuarentena al toque de queda. Se acabaron las salidas por sexo, edad y número de cédula. La pregunta que surge: ¿demostraremos sentido cívico como pueblo?

Si de algo carecemos desde hace años es, precisamente, de sentido cívico y respeto por las leyes y hasta por nuestra propia libertad. A pesar de que aún quedamos panameños con el ánimo de querer vivir en la rectitud, practicando el civismo y el respeto por las leyes y las normas de convivencia hay, entre nosotros, una parte de la población que le importa un rábano las reglas de urbanidad, el respeto hacia el que tiene al lado, la actitud cívica y el sometimiento legítimo a la autoridad y a las leyes.

No son pocos quienes transgreden y violentan, a diario, todo aquello que rige el comportamiento individual y colectivo. Lo mismo les da hacer ruido, ensuciar, destruir, ejercer violencia de todo tipo e irrespetar todo sentido de la ética, los reglamentos y las leyes que norman la convivencia doméstica y colectiva, sean estas derivadas de la legislación nacional o, simplemente, impuestas por los códigos de comportamiento social. Les da lo mismo, porque primero son ellos que los demás y nadie les puede decir qué hacer o cómo actuar.

Así es el ser panameño, lamentablemente, y costará mucho hacer que el panameño vuelva a ser la persona afable, respetuosa de la ley, y con alto sentido del deber y del civismo que un día fue y que lo llevaba, incluso, a detenerse y plantarse en posición de firme cuando veía izar o arriar la bandera de su patria. ¿En qué momento el panameño perdió la educación? ¿Qué circunstancias lo obligaron a perder su esencia como gente cabal? ¿Qué corriente lo condujo a la chabacanería y la irreverencia colectiva?

Con el paso de la cuarentena al toque de queda se pondrá a prueba el material del que estamos hechos los panameños. A pesar de la esperanza que tengo de ver aflorar el civismo y la responsabilidad colectiva, la experiencia vivida me pinta otro panorama. Ese levantamiento de la restricción de salir a la calle que hemos pasado en las últimas semanas nos dirá, como siempre, que esa corrupción moral que nos afecta asomará una vez más en nuestro horizonte.  No es difícil imaginar que el primer día de movilización sin las limitaciones de número de cédula, sexo, edad y periodo máximo de dos horas, será como un toque a recreo para muchos. Saldrán a la calle por el solo hecho de salir, no porque realmente lo necesiten o tengan algo urgente que hacer. La actitud será la de "salgo porque quiero y porque ya no hay confinamiento por cuarentena."

Triste es esta realidad panameña, ya demostrada en los cientos que han violado el toque de queda durante esta cuarentena por el Covid-19. Demostrada en situaciones anteriores en las que se recomendaba seguir ciertas indicaciones por riesgos para la salud por epidemias como la conjuntivitis, el dengue, el hantavirus, el zika o el chikungunya. La irresponsabilidad demostrada en estas otras situaciones quizá -y casi probablemente- vuelva a ser la misma. En esto el panameño que ha optado por ser poco importa, chabacano y chusma, no cambiará.

Panamá necesita una revolución ética y moral que traiga esperanza de un país mejor para todos. Una revolución que debe empezar desde cada persona que busca vivir una vida decente y honesta. Hay que armarse de valor y exigir a los del entorno cercano, familia, parientes, amigos, compañeros y vecinos, el respeto por los valores y principios que nos procuran el bien como personas. No podemos seguir por el camino de la corrupción que nos lleva a la degradación moral, a la vulgaridad y a la delincuencia, donde el que grita más y más irreverente es resulta ser el más popular en las redes o el más aplaudido por likes y retuits. No nos llamemos a engaño: no habrá Panamá decente, sin panameños decentes. Así de cruda está la cosa.