La pobreza política e intelectual de los diputados panameños

Algunos de nuestros diputados creen que por mostrar un título universitario eso los hace personas capaces y altamente educadas. Nada más falso y pretencioso. Alabarse uno mismo por un título académico es como un sapo que se infla para parecer más grande de lo que es realmente.

por Luis Alberto Díaz

Hace unos días un miembro de la Asamblea Nacional propuso cambiar el nombre de las nuevas esclusas del Canal de Panamá en un acto con más tinte de lisonjería y clientelismo electorero que fundamento histórico o patriótico. Su propuesta, proporciones guardadas, se suma a diversos actos bochornosos protagonizados por algunos de sus colegas diputados en lo que va del año.

Si algo nos demuestran los miembros de la cámara legislativa, en sentido general, es la pobreza política e intelectual que predomina entre los miembros de ese órgano del estado. La poca cultura general que se evidencia entre ellos, la chabacanería, el verbo vulgar en sus intervenciones públicas y el comportamiento escandaloso y la actitud bajuna de algunos de ellos le dan a la Asamblea una imagen pública de pillería, corrupción y sinvergüenzura que lesiona gravemente su reputación y pone en entredicho la honorabilidad de un órgano del estado que está llamado a actuar en todo momento en interés de la nación, proveyéndola de las leyes que le den sustento al marco jurídico que ordena la vida legal del país para el buen funcionamiento del régimen democrático y garantizar los derechos de quienes viven dentro de sus fronteras.

El diputado proponente de la descabellada idea de cambiar los nombres de las nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí ignora, y si no lo hace pasa voluntariamente por ignorante, que cada esclusa del Canal de Panamá toma su nombre de una ubicación geográfica existente antes de la construcción de la vía acuática. Que esos nombres buscan mantener viva la historia panameña y del propio canal al bautizarlas así. Cambiarles el nombre es una bofetada a nuestra historia, a los panameños que hicieron de esos lugares su hogar y terruño durante 400 años, y a tantos y tantos compatriotas que sufrieron y lucharon, incluso algunos ofrendando sus vidas, para recuperar el territorio de la antigua Zona del Canal. Recuperación que también implica la historia de Panamá sobre dicho territorio.

Cualquiera que se precie de haber pasado por el sistema educativo panameño, y de la propia Universidad de Panamá, ha tenido que oír, al menos, nombres como Armand Reclus o Gil Blas Tejeira. El primero con su documentado recorrido por los pueblos que estaban en la ruta del actual Canal de Panamá, y el segundo, con su novela "Pueblos Perdidos", que narra intensamente las experiencias de una familia centroamericana inmigrante que recorre los pueblos sepultados, unos por las aguas del canal, y desmantelados otros, por los constructores estadounidenses de la ruta interoceánica.

Decenas de pueblos en los que vivían, para la época, más de 50,000 personas, se vieron privados de su gente y de su vida cotidiana. Pueblos en los que se hablaba, además del español, el francés, el inglés y el chino. Idiomas del que dudo tenga gran conocimiento el diputado proponente del adefesio legislativo que busca cambiarle el nombre a las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Contrario a él, y sin mayores estudios académicos, gente humilde y trabajadora sí los dominaba o, por lo menos, podía mantener una breve conversación en tales lenguas.

Casas, escuelas, iglesias, cuarteles, comercios, calles y plazas que constituían dichos pueblos se perdieron para siempre por la mano y la acción de los constructores del Canal. Hoy, en una lisonjera y politiquera acción un diputado pretende borrarlos, también, de la historia de la nación y del propio Canal de Panamá.

Si el diputado de marras busca honrar los esfuerzos del general Torrijos y el presidente estadounidense Carter, en la consecución de la firma del Tratado del Canal de Panamá, que nos devolvió la jurisdicción sobre la vía acuática y su territorio, bien puede poner a funcionar su cerebro buscando otra forma. Si no lo logra, consulte con el resto de los panameños o recurra a los libros de historia que reposan en las bibliotecas Nacional, de la Universidad de Panamá, o del propio Canal. De seguro no faltarán ideas valiosas. Y si lo que quiere es congraciarse con el electorado, que haga alianza con el colega de San Miguelito que representa a los electores del sector que lleva los nombres de Torrijos - Carter, para proponer una ley que ayude a mejorar la vida comunitaria de los moradores de ese lugar. ¿Qué mejor homenaje que procurar hacer de Torrijos - Carter un lugar agradable y digno para vivir? ¿Qué mejor homenaje que restituir en Torrijos - Carter y su gente las escuelas, plazas, cultura, orden urbanístico y calidad de vida que otrora tuvieron los moradores de los pueblos perdidos del Canal?

Como dijera Francisco Vera a su hija María de los Ángeles en la novela de Gil Blas Tejeira: "Aprende, hija, que cuando tus padres te falten solo ha de valerte lo que sepas", igual le damos el paternal consejo al diputado proponente de la aberración de cambiar el nombre de las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Lo mismo vale para el Presidente de la República, que ha prometido sancionar la bofetada histórica que da el diputado a la nación panameña si llega a ser aprobada en el pleno de la ya desacreditada Asamblea Nacional.

Diputados clientelistas

 Con las recientes palabras de un diputado por su red social queda en evidencia, una vez más, que las prácticas de estos funcionarios forman parte del esquema de corrupción institucional.

El sistema de elección de los diputados, la inmunidad que se les otorga y el complicado proceso para investigarlos y juzgarlos ha creado una casta de funcionarios acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que en un tiempo fue pensado para proteger a los legisladores opositores de los abusos de la dictadura se ha convertido en una pieza importante del esquema de corrupción institucional que impera en el país.

Cómo es posible que un diputado le pida al presidente de la república nombramientos de personas y dinero para obras circuitales que faciliten su clientelismo electoral, sin que pueda ser investigado de oficio por el ministerio público a causa de la norma constitucional que le impide a la vindicta pública cumplir con su función perseguidora del delito. La susodicha norma es un elemento dañino para la administración de justicia y la propia democracia, porque en ella se sustenta la cuestionada inmunidad de la que gozan estos funcionarios.

De acuerdo con el sistema de gobierno que consagra la Constitución de la República de Panamá, la función de los diputados es hacer leyes y fiscalizar la labor del órgano ejecutivo para evitar abusos de poder y garantizar el buen funcionamiento del país a través del marco jurídico que lo rige. Nada más alejado de la realidad. Desde hace muchos años los diputados se las han ingeniado para manejar las conocidas partidas circuitales, ya sean estas asignadas de manera directa o disfrazadas dentro del presupuesto nacional, como arma para negociar su voto ante el presidente de turno. Por eso no es de extrañar que un diputado oficialista, olvidando todo recato o temor por alguna sanción, pida nombramientos de allegados y manejo de dinero público de la manera más descarada que haya podido encontrar: un mensaje directo al mandatario de la nación a través de las redes sociales.

Tal ha sido el descaro del parlamentario que, incluso, justificó su petición con el argumento de quién mejor que un diputado para manejar dinero de obras comunitarias porque es elegido por el voto popular y porque, de no hacerlo, le pasarían los electores la factura política en las siguientes elecciones. ¡Qué ignorancia! Ni siquiera es capaz de razonar sobre las funciones y la razón de existir del cargo que ocupa.

La ley y la constitución establecen claramente que son los municipios y los alcaldes los que deben y pueden, por motivos inherentes a sus funciones, dedicarse a realizar obras para la comunidad y administrar los recursos económicos que se proveen para ello. Incluso los representantes de corregimiento pueden hacerlo, aunque de manera más limitada por razones políticas más que jurídicas. Si tanto deseo tiene de servirle a la comunidad con obras y nombramientos, ¿por qué no se postuló para estos cargos? Al fin y al cabo los alcaldes y representantes de corregimiento también son elegidos por el voto popular. Pero no, no buscó esos cargos porque el esquema de corrupción política les da un poder limitado frente al que tiene un diputado. Esa es la razón, no hay otra.

Panamá está en mora con la democracia. Tras 30 años de haberse recuperado el régimen democrático, las principales instituciones democráticas continúan contaminadas con el germen heredado de la dictadura, lo que algunos aprovechan para mantener prácticas corruptas que son difíciles de erradicar bajo el sistema institucional imperante.

Urge plantearnos de manera seria, como pueblo y nación, una nueva estructura institucional para perfeccionar nuestra democracia. Uno de esos cambios es acabar con el sistema de circuitos electorales tal como lo conocemos, con la forma de elección basada en cuociente, medio cuociente y residuo que facilita el llamado voto plancha que desconoce el principio de una persona un voto para cada cargo electoral, y con la camisa de fuerza que se le impone a los municipios y a los alcaldes que resultan superados en su gestión por el abuso del presidencialismo a través del poder de los ministerios que componen el órgano ejecutivo.

Basta ya de mantener a los diputados clientelistas con nombramientos y partidas circuitales disfrazadas de gestión parlamentaria. Es un hábito deleznable que no pocas veces se utiliza para comprar el voto de los diputados, financiar su proselitismo y mantener el nefasto cacicazgo político en las circunscripciones conocidas como circuitos electorales. 

Tarde o temprano este cambio llegará. Solo esperamos que ocurra sin los traumas que han llevado a otros pueblos latinoamericanos a pasar a regímenes peores.

Cualquier persona no puede ser periodista

 "Un viejo debate reaparece en nuestro ambiente. ¿Cualquiera puede ser periodista? Alegatos por aquí y por allá con tinte de derechos humanos, de intenciones ocultas de abaratar la mano de obra en los medios y con argumentos tecnológicos son esgrimidos por unos y otros."

Esta polémica de vieja data viene desde los tiempos en que aparece el periodismo como carrera universitaria y dio el salto de mero oficio a profesión. Muchos propietarios de periódicos defendieron que el periodista se hace en el medio, no en el aula. Veteranos periodistas también defendieron esas ideas. Otros propugnaban por elevar el entonces oficio a nivel académico por el desarrollo tecnológico que sufrían los medios en aquel tiempo pasando de las rotativas a la radio y la televisión. 

Personajes como Joseph Pulitzer optaron por la ruta académica y otros, en sus países, hicieron lo mismo. En el caso panameño Gil Blas Tejeira, junto a otros periodistas empíricos, lucharon muy duro para crear la escuela de periodismo en Panamá y elevarla a nivel universitario en 1961.

Hace unos días se ha encendido este viejo debate sobre ejercer el periodismo sin estudiar para ello, apelando al fenómeno de las redes sociales introducidas por la tecnología digital y el supuesto reemplazo del periodista por aquellos que divulgan y denuncian hechos a través de ellas. Como ha ocurrido desde hace casi un siglo, en este tema unos se lanzan a favor y otros en contra. Cada uno con sus argumentos. Y salta la pregunta al aire: ¿Puede ser periodista quien no haya estudiado para serlo? Veamos.

"La profesión periodística tiene como campo principal de trabajo la transmisión de noticias. Eso en el sentido ortodoxo. Pero, limitarla solo a esa tarea es desconocer la evolución que ha sufrido el periodismo durante tres cuartas partes del siglo pasado y casi una cuarta parte del presente siglo 21. De la mera transmisión de noticias el periodismo mutó al campo de la información. Tanto es así que en el sector público y en las grandes y medianas empresas es común contratar expertos en información, comunicación corporativa y organizacional formados en las universidades. Ya no se trata de transmitir un hecho al público, sino de analizar sus consecuencias para la sociedad y la acción que deben tomar los diferentes actores que se desempeñan en el campo de la información desde los medios de comunicación hasta las entidades de la sociedades política y civil. Para poder realizar ese trabajo a cabalidad hace falta hacer uso de ciertos conocimientos, técnicas y herramientas informativas que deben adquirirse a través de una formación académica que permita desempeñarse de manera científica y profesional en la labor periodística."

Si bien es cierto que transmitir un hecho que ocurre en la calle no es potestad exclusiva de los periodistas, sí lo es su estructuración con todos los elementos que salvaguarden el uso del lenguaje periodístico y el pleno conocimiento de la situación para el público sin aristas sensacionalistas o intenciones manipulación individual o sectaria. Transmitir el hecho en sí puede ser una noticia en el momento, llegar a escudriñar el por qué y el para qué, saber distinguir qué es un hecho noticioso y qué no, cómo dar la información, dónde buscarla, qué fuente autorizada entrevistar, entre otros factores, supera el campo de la noticia momentánea que transmite un individuo por sus canales de Instagram, You Tube o cualquier otra red social. No es lo mismo, pues, enterarse de un hecho con ribetes noticiosos en tiempo real que informarse o ser informado sobre ese mismo hecho.

Aunque una persona tome la cámara de su celular para publicar lo que encuentra a su paso, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de información, eso no lo hace periodista. Simplemente ejerce un derecho humano que nadie le puede negar, impedir o regatear. Está en su derecho y eso no transgrede en nada el ejercicio de la profesión periodística. Sí lo haría, en cambio, el hacerse pasar por periodista sin serlo para aparentar ante el público u obtener un estatus social que legitime su actividad de usuario de las redes sociales. Pero esto es materia de otro campo, como el jurídico.

Frente a esta polémica debe tenerse claridad que una cosa es ejercer un derecho humano y ciudadano y otra es ser periodista. Al menos en lo que se entiende como la persona formada académicamente y reconocida formal y socialmente como titular de la profesión de periodista. Así como la gente que acostumbra hacer comida hogareña para los suyos y sus vecinos no puede ser reconocido ni llamado chef, por muy sabroso que cocine, tampoco el que está publicando hechos diarios por las redes sociales es un periodista por el solo hecho de realizar esta actividad. Y aquí vale notar que en este viejo debate los que se oponen a reconocer el periodismo como profesión adquirida formalmente a través de los estudios recurren a un ya trillado "no se trata de lo mismo", para descalificar cualquier ejemplo de otros oficios o profesiones que se presenten como argumento.

"Cualquier persona no puede ser periodista, porque el serlo requiere estudiar la carrera y conocer el arte científico de su ejercicio. Conocimiento y formación que le garantiza al público un manejo veraz y confiable de la información, que incluya los diversos puntos de vista sobre el hecho y que dé la garantía que no se trata del "fake news" que ha introducido el mundo de las redes sociales."

Si aplicarse en la reparación del automóvil y ayudar al vecino con el suyo no hace mecánico a un individuo, si el conocimiento de la medicina tradicional no hace médico al yerbero o al chamán, y si acostumbrar a conducir rápido por las calles y autopistas no hace piloto de carreras a quienes conducen así su auto habitualmente, ¿por qué pretender que una persona que divulga hechos a través de las redes sociales sin haber estudiado periodismo tenga forzosamente que ser periodista? El periodismo no se trata simplemente de ir por allí colgando hechos callejeros en las redes. Ser periodista, tampoco es eso. El periodismo y el ser periodista es mucho más que ser un "influencer" de hechos callejeros. Que cada uno, pues, ocupe el lugar y ejerza el derecho que le corresponde. Y que igual se respete el ejercicio y el reconocimiento del periodismo como profesión, porque también es un derecho. No lo olvidemos.

La economía crecerá después del Covid-19

Contrario a los malos augurios la economía podría crecer rapidamente al levantarse las restricciones impuestas por la crisis del Covid-19.

En el análisis social de la economía existen dos elementos importantes a considerar: la realidad de la infraestructura económica y los posibles eventos y escenarios que podrían ocurrir en el corto y largo plazo. Toda predicción se fundamenta en ellos; lo demás es accesorio y complementa o sustenta el resultado que se predice.

La economía panameña, como toda economía, es dinámica y sufre cambios constantemente. Con varios años de desaceleración a cuestas, ya la nuestra estaba en vías de transformación, aunque de una manera lenta. Con la crisis del coronavirus, esos cambios se acelerarán y favorecerán a las empresas que ya habían iniciado su migración hacia la etapa tecnológica. Estas, por cierto, son las que han podido capear mejor el temporal con el teletrabajo y el comercio electrónico que ya habían experimentado de manera parcial. Las otras, que con la crisis se han visto forzadas a recurrir a las herramientas tecnológicas o a suspender operaciones, estarán en clara desventaja cuando llegue la apertura total.

Si recordamos lo que ocurrió con la economía y el ambiente empresarial del país, tras la Invasión de 1989, podemos vislumbrar una fuerte transformación de las empresas panameñas. Contrario a aquel tiempo, en que la infraestructura económica estaba casi destruida, con las empresas descapitalizadas, y la carga de varios años con adversidades financieras, fuga de capital y de talentos, y la crisis restringida a la economía local, el momento actual se caracteriza por una crisis global y de unos seis meses de duración, aproximadamente, antes de que sea abierta toda la actividad económica.

Con un bajo crecimiento forzado por las circunstancias, es casi probable que tengamos un crecimiento más acelerado de lo pensado. Aunque en los próximos dos años el empleo se verá afectado duramente, no es menos cierto que la mayoría de los empresarios intentará salvar sus empresas y modernizarse, diversificando su oferta mercantil y contratando personal capaz de lidiar con las tecnologías y el comercio electrónico. Sin duda, el nuevo virus empresarial será la búsqueda del crecimiento y el uso de herramientas tecnológicas, para migrar a un novedoso modelo de negocios.

Así las cosas, quienes más sufrirán el desempleo serán aquellos que no tienen estudios ni formación para desempeñarse con las tecnologías actuales. Las personas mayores de 50 años y los que han desertado de la escuela serán las principales víctimas, ocasionando una fuerte carga social para el estado y la sociedad en general.

Panamá, luego de un par de años de adecuación a esa nueva realidad, tendrá una década de transformación y crecimiento económico muy fuerte. La población joven, aficionada a la tecnología, será un punto fuerte en esta transformación. Sin duda, y ya hay muestras de ello, entre la juventud surgirán emprendedores y expertos en tecnología que transformarán el mundo empresarial panameño. También habrá otro importante núcleo de población que quedará rezagado, por su poca dedicación y motivación para el estudio y el emprendimiento. Hacia este grupo habrá que dirigir los programas de desarrollo social, si no queremos una profundización de la pobreza y el desempleo.

Vislumbro un futuro panameño con más empresas tecnológicas, mayor inversión a través de la asociación público - privada, y un emprendurismo vigoroso, lo que redundará en mayor crecimiento económico. Eso si, siempre y cuando ocurra la adopción de leyes que faciliten esa gestión y se practique una actitud ética en todos los campos del quehacer nacional.

El reto está, pues, en que la empresa privada y el gobierno comprendan y tomen en serio el fenómeno social que se producirá después del Covid-19. Intentar volver a lo mismo es un error, y seguir con las prácticas de corrupción en ambos sectores, también. En las manos de toda la sociedad panameña está asumir el desafío y aprovechar la oportunidad que se nos presenta tras está crisis.

De cuarentena a toque de queda

A partir del 1 de junio pasaremos de la cuarentena al toque de queda. Se acabaron las salidas por sexo, edad y número de cédula. La pregunta que surge: ¿demostraremos sentido cívico como pueblo?

Si de algo carecemos desde hace años es, precisamente, de sentido cívico y respeto por las leyes y hasta por nuestra propia libertad. A pesar de que aún quedamos panameños con el ánimo de querer vivir en la rectitud, practicando el civismo y el respeto por las leyes y las normas de convivencia hay, entre nosotros, una parte de la población que le importa un rábano las reglas de urbanidad, el respeto hacia el que tiene al lado, la actitud cívica y el sometimiento legítimo a la autoridad y a las leyes.

No son pocos quienes transgreden y violentan, a diario, todo aquello que rige el comportamiento individual y colectivo. Lo mismo les da hacer ruido, ensuciar, destruir, ejercer violencia de todo tipo e irrespetar todo sentido de la ética, los reglamentos y las leyes que norman la convivencia doméstica y colectiva, sean estas derivadas de la legislación nacional o, simplemente, impuestas por los códigos de comportamiento social. Les da lo mismo, porque primero son ellos que los demás y nadie les puede decir qué hacer o cómo actuar.

Así es el ser panameño, lamentablemente, y costará mucho hacer que el panameño vuelva a ser la persona afable, respetuosa de la ley, y con alto sentido del deber y del civismo que un día fue y que lo llevaba, incluso, a detenerse y plantarse en posición de firme cuando veía izar o arriar la bandera de su patria. ¿En qué momento el panameño perdió la educación? ¿Qué circunstancias lo obligaron a perder su esencia como gente cabal? ¿Qué corriente lo condujo a la chabacanería y la irreverencia colectiva?

Con el paso de la cuarentena al toque de queda se pondrá a prueba el material del que estamos hechos los panameños. A pesar de la esperanza que tengo de ver aflorar el civismo y la responsabilidad colectiva, la experiencia vivida me pinta otro panorama. Ese levantamiento de la restricción de salir a la calle que hemos pasado en las últimas semanas nos dirá, como siempre, que esa corrupción moral que nos afecta asomará una vez más en nuestro horizonte.  No es difícil imaginar que el primer día de movilización sin las limitaciones de número de cédula, sexo, edad y periodo máximo de dos horas, será como un toque a recreo para muchos. Saldrán a la calle por el solo hecho de salir, no porque realmente lo necesiten o tengan algo urgente que hacer. La actitud será la de "salgo porque quiero y porque ya no hay confinamiento por cuarentena."

Triste es esta realidad panameña, ya demostrada en los cientos que han violado el toque de queda durante esta cuarentena por el Covid-19. Demostrada en situaciones anteriores en las que se recomendaba seguir ciertas indicaciones por riesgos para la salud por epidemias como la conjuntivitis, el dengue, el hantavirus, el zika o el chikungunya. La irresponsabilidad demostrada en estas otras situaciones quizá -y casi probablemente- vuelva a ser la misma. En esto el panameño que ha optado por ser poco importa, chabacano y chusma, no cambiará.

Panamá necesita una revolución ética y moral que traiga esperanza de un país mejor para todos. Una revolución que debe empezar desde cada persona que busca vivir una vida decente y honesta. Hay que armarse de valor y exigir a los del entorno cercano, familia, parientes, amigos, compañeros y vecinos, el respeto por los valores y principios que nos procuran el bien como personas. No podemos seguir por el camino de la corrupción que nos lleva a la degradación moral, a la vulgaridad y a la delincuencia, donde el que grita más y más irreverente es resulta ser el más popular en las redes o el más aplaudido por likes y retuits. No nos llamemos a engaño: no habrá Panamá decente, sin panameños decentes. Así de cruda está la cosa.

La desidia y la sinvergüenzura están por acabar con el Seguro Social

A partir de la reforma de la seguridad en el año 2005 se calculó que había un periodo de 10 años para buscar una solución más permanente al sistema de pago de pensiones. Los gobiernos sucesivos, en un despliegue de desidia y, hasta, de sinvergüenzura política han dejado de lado ese compromiso.

Los años fueron pasando y desde 2018 empezaron a utilizarse los ahorros que se destinarían para hacer frente a la urgencia por el impago de las pensiones. Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que ha traído como consecuencia una disminución drástica de la recaudación de cuotas, la Caja de Seguro Social ve agravada su situación para cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a través del cual se pagan las pensiones.

Pero no todo es provocado por el Covid-19, porque la situación ya venía dándose y el público no sabe, a ciencia cierta, de qué manera, cómo y con qué se tapaba el hueco financiero del IVM, porque la presentación de los estados financieros ha estado en mora y la transparencia y acción de la junta directiva de la entidad está en modo de poca virtud.

Un análisis básico del funcionamiento de la Caja, recurriendo a algunos artículos de la Ley Orgánica que la rige, crea ciertas interrogantes que deben ser respondidas en algún momento. El artículo 44, que trata de la Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción, habla de la existencia de un Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, que es seleccionado por la Junta Directiva y responde ante ella. ¿Quiénes han sido esos directores en los últimos 10 años y cuál ha sido su papel en cuanto a transparencia y responsabilidad institucional? ¿Por qué ellos han permitido que los estados financieros permanecieran ocultos al público? ¿Con qué criterio fueron nombrados? ¿Cumplieron con los requisitos que la ley señala para dicho cargo?

Si avanzamos en la lectura de la ley que rige la Caja de Seguro Social, también nos encontramos con los requisitos que se exigen para ser miembro de su junta directiva, señalados en el artículo 25, en el que llama la atención el numeral 4 de dicha norma, que establece, preferiblemente, que para ser miembro de la junta directiva la persona debe "tener título académico universitario o experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en administración, finanzas, inversiones, manejo de fondos de pensiones o salud." ¿Cuántos miembros de las juntas directivas de los últimos 15 años han reunido esos requisitos?  Al parecer, en algunos casos, la palabra "preferiblemente" que aparece en dicho artículo es tomada al pie de la letra para saltarse los requisitos. Ese "camarón legislativo" hijo de la sinvergüenzura política panameña, echa por tierra cualquier propósito serio que haya podido tener la creación de la tal ley. Esa ausencia de seriedad legislativa es, sin duda, una de las causas por la que la junta directiva resulta ser un organismo inoperante e incapaz de salvaguardar, plenamente, el auténtico objetivo de la Caja de Seguro Social.

Igual ocurre con el director general de la entidad, a quien se le exige, en el artículo 36, numeral 3, "poseer título universitario en cualquier disciplina y experiencia mínima de 5 años en administración o en finanzas."  Quizá uno que otro haya llenado cabalmente tales exigencias, pero no escapan de los nexos políticos con el partido gobernante; cosa que debe explicarle al pueblo la junta directiva que debe escoger al director general mediante un concurso del cual debe escoger a los tres mejores candidatos y presentar una terna de nombres al presidente de la república, para el correspondiente nombramiento. ¿Cómo, pues, casi siempre resulta el director general de la Caja tener vínculos políticos con el partido gobernante?

Las cosas andan mal en el Seguro Social porque la carcome la politiquería, la desidia y la sinvergüenzura de algunos que ven en ella un medio para sacar provecho propio o partidario. De nada vale que exista un director encargado de la transparencia, una comisión de inversiones y riesgos, una reserva de fluctuación e imprevistos, o cualquier otra supuesta medida para salvaguardar su objetivo y subsistencia. Lo que ocurre ahora con las finanzas del programa IVM es consecuencia directa de la politización a la que ha sido sometida la CSS por largos años.

Para robustecer sus finanzas, la reforma de su ley en 2005, hizo obligatorio que a partir de enero de 2007 toda persona que perciba ingresos debe cotizar al Seguro Social, sea asalariado o trabajador por cuenta propia. ¿Por qué no se ha podido alcanzar ese objetivo?  Los directores generales y los miembros de la junta directiva que han pasado por la institución desde dicha reforma, le deben esa explicación al país, porque esas cuotas no percibidas le hacen falta hoy a la entidad.

Corresponde a la gestión de gobierno actual enfrentar el desafío de corregir el rumbo de la Caja de Seguro Social y superar la barrera de la desidia y la sinvergüenzura que hasta ahora ha impedido que la situación del IVM se solucione. No es el mejor momento, es cierto, ni por los efectos provocados por el Covid-19 ni por el débil respaldo político con que cuenta, pero debe hacerlo asumiendo los riesgos que ello implica, porque son muchos más los misterios que las verdades en el manejo de la CSS, y porque el pueblo espera una respuesta concreta con respecto al pago de las pensiones, tanto en el presente como en el futuro.

El gobierno necesita atreverse más

Las medidas de control del gasto público anunciadas por el gobierno nacional son acertadas, pero insuficientes para enfrentar el reto post Covid-19 que tiene por delante. Sin duda, necesita atreverse mucho más allá de las metas ya fijadas.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se recortarán 500 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento, se dejará de contratar personal para 10,420 posiciones por un monto de 151 millones de dólares, y se reducirán pagos de viáticos, transporte y otros servicios no personales por un total de 274.1 millones. Adicional a ello casi 73 millones en materiales y suministros y otros 2.6 millones en maquinaria y equipo, también, se recortarán del presupuesto. Los proyectos de inversión que no se hayan iniciado, igualmente, se suspenderán.

Todo eso vale; pero la situación provocada por la suspensión de las actividades económicas por causa del Coronavirus, ha traído como consecuencia una contracción económica general que afecta, gravemente, las recaudaciones fiscales. Ante ese panorama, el esfuerzo debe ser mayor en cuanto a control del gasto público y reclama tomar decisiones firmes y, en algunos casos, impopulares, que tiendan a equilibrar las finanzas públicas y garantizar el clima propicio para reactivar la economía haciendo énfasis en el sector doméstico.

Uno de los mayores gastos del sector público está en la planilla. Si bien se dejará de contratar personal por casi 150 millones de dólares, eso no reduce el actual gasto en salarios. Se impone una reducción real del rubro, sin recurrir a destituciones masivas que resultarían negativas para el desempeño económico. Se entiende que el gobierno debe poner circulante en la calle para mover la economía, y una de las vías para ello es dar empleo en el sector público; sin embargo, el gobierno puede reducir el gasto de la planilla estatal sin recurrir a las destituciones, solo con rebajar en un 5% los salarios mayores de 1,000 balboas, en 10% los salarios mayores de 2,000 y en 20% los sueldos que superan los 3,000 dólares, lo puede lograr. Esta medida, por supuesto, será temporal; quizá por un periodo de 3 años. De igual manera, el gobierno puede suspender los aumentos automáticos y los ordinarios, por igual periodo de tiempo.

El recorte salarial de carácter temporal a los funcionarios y de los aumentos de salario, ayudaría, enormemente, a reducir el gasto público, asegurando, al mismo tiempo, las plazas de trabajo ya existentes. De estos recortes se exceptuarían, por cuestión estratégica, a los trabajadores de la salud, los docentes y la policía y bomberos.

Otras medidas de recorte temporal del gasto público que puede tomar el gobierno serían: la renegociación de los cánones de arrendamiento de las oficinas públicas, para lograr un ajuste a la baja del 10 o 15  por ciento. Otra puede ser el recorte de una hora de la jornada laboral, para ahorrar, mayormente, en el gasto de electricidad que es cuantioso. Y, también, un mayor uso de las tecnologías para reducir el gasto en papel y materiales de oficina, el uso de vehículos para mensajería, y el desplazamiento de funcionarios de manera innecesaria.

También podría ahorrarse el gobierno en combustible, al imponer el uso del vehículo oficial compartido, y al crear un amplio programa de reciclaje de los desechos, equipos o materiales descartados de todas las entidades del estado, ya sea para reutilizarlos o darles un valor agregado como producto reciclado.

Si realmente el gobierno quiere salir bien librado de la actual crisis, necesita, con urgencia y mucha seriedad, tomar decisiones atrevidas. Y eso lo logrará con un liderazgo firme y que, al mismo tiempo, marque un rumbo claro hacia dónde quiere ir. Sin ese liderazgo y sin voluntad, todo plan se quedará en el papel y las circunstancias lo arrastrarán hacia el abismo.