Sentido y propósito del bono solidario

El bono solidario que entrega el gobierno nacional a las personas que se han quedado sin ingresos a causa de la cuarentena por el Coronavirus, está lejos de ser un medio de manutención para sus beneficiarios.

Las quejas, críticas y condenas que se escuchan al respecto -algunas fuera de tono e irrespetuosas- fundamentan su argumento en lo exiguo del monto, que no alcanza para satisfacer el hambre y otras necesidades de las familias pobres o necesitadas. Incluso, las imágenes de mujeres que reclaman alimento para 4 o 5 hijos se han hecho virales en las redes sociales, acompañadas con palabras de insulto y maledicencias contra los gobernantes y algunos empresarios.

Al hacer un análisis del contenido y las fuentes de los mensajes, llama la atención que grupos ideologizados fomenten la lucha de clases, aprovechándose del malestar popular y de la poca cultura y escolaridad que impera en los sectores pobres, especialmente los urbanos. Una vez encendida la mecha, la llama corre hacia el barril de pólvora haciendo estallar la ira popular. Tanto así, que ya parece tener más razón quien más vulgaridades y obscenidades grita en un video o audio transmitido en su perfil de redes sociales, que quien con serenidad y buen juicio trata de explicar las cosas. Y lo peor, que lo obsceno y lo vulgar encuentre eco en personas que lo comparten, anteponiendo su animadversión hacia ciertas figuras políticas o empresariales, por encima de sus principios y valores morales.

Panamá vive un momento en el que se necesita más de una idea o aporte positivo que el desborde de odios y resentimientos personales, por causa de la política o el desengaño social. Ya habrá tiempo, más adelante, de ocuparse de esas cosas. Hoy, hace falta transcender a aquello y elevarse por encima de tales ataduras, para contribuir a que todos superemos esta crisis causada por el Covid-19.

El sentido y propósito del bono solidario, entiéndase bien, es ofrecer un paliativo a los que califican para ser beneficiados con esa ayuda. Nunca ha tenido la finalidad de solucionar la carencia económica de la población beneficiaria del bono. Quien así lo piense, yerra; quien así lo reclame, mal hace. Dificilmente puede el estado, con los recursos limitados con que cuenta, solventar las necesidades de más de un millón de personas que han perdido sus ingresos o lo han visto mermado por causa de la pandemia que nos aqueja. Menos aún, garantizarle un modus vivendi a quien nunca o poco se ha preocupado por mantener una vida productiva y que aprovecha estos momentos para rebuscarse o hallar la manera de vivir a costa de otro.

Lo apropiado en este caso es apelar al sentido común y darse cuenta de la situación que enfrentamos. Esos 80 dólares de bono solidario multiplicado por un millón y medio de panameños, es mucho dinero. Y pesan enormemente en el presupuesto del estado cuando se continúa pagando salario completo a los empleados públicos y los subsidios de beca universal, ángel guardián y otros; cuando se destinan millonarios recursos al sistema de salud para atender a los enfermos regulares y a los contagiados por el Coronavirus; y cuando se tiene que atender otro cúmulo de subsidios y gastos gubernamentales.

Todos los panameños debemos tener claridad en lo que representa el bono solidario, para entender esta realidad del Covid-19 y sus consecuencias. Todos debemos hacer el mejor y racional uso de los recursos que tenemos cada uno en este momento. Y todos debemos apreciar la ayuda que se nos da en esta hora. Solo así podremos ver hacia el futuro con más esperanza y corregir, en el término de la distancia, los errores y las acciones que nos han llevado, hoy, a resentir la falta del ahorro o la búsqueda de una vida mejor que no supimos hacer ni darnos ayer.

El día después del Coronavirus

La situación que enfrentará el país después de controlada la pandemia del Covid-19 será de gran magnitud. Con la estructura económica debilitada, los recursos de salud mermados y la presión social sobre el gobierno, el panorama pinta sombrío.

Adelantándose a ella, el gobierno ha recurrido a asegurar créditos y disponibilidad de dinero para enfrentar el problema que se nos viene encima. Con 2,500 millones de dólares provenientes de bonos colocados en el mercado internacional, la autorización para pignorar recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y los recientes 1,300 millones de créditos autorizados por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo el gobierno se asegura fondos por casi 5,000 millones de dólares para atender los sectores de salud, alimentación, seguridad y empleo, además de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y el sector agropecuario a recuperarse o, por lo menos, seguir operando por un tiempo prolongado.

El gran reto para el gobierno está, al menos, en tres puntos claves: saber cómo invertir esos fondos de manera eficaz, equilibrar las finanzas públicas conforme a la realidad fiscal, y reducir la burocracia y el gasto estatal sin que ello aumente abruptamente el desempleo en el país.

Sabido es que el sector informal y el sector de emprendedores o trabajadores por cuenta propia tienen un impacto enorme en la economía panameña. Se calcula que la mitad, más o menos, de las personas que declaran tener un ingreso están en este segmento de los informales. De allí que las acciones económicas del gobierno, luego de controlado el Coronavirus, deben dirigirse con fuerza a este sector de la población, con el fin de reincorporarlos al sistema productivo, dándoles el subsidio necesario -no reembolsable- para ello. Subsidio que no superaría los 500 balboas per cápita, ya que sus actividades requieren de muy poco capital para funcionar.

Además del sector informal, las pequeñas y medianas empresas también requieren de un plan de financiamiento, asesoría tecnológica y acceso eficiente a los mercados. Casi sin excepción, ellas componen la base de las empresas nacionales cuyas inversiones, salarios y utilidades tienen un efecto de retorno económico doméstico que impacta grande y favorablemente en la economía nacional.

Otro sector que debe ser atendido con fuerza, en la era post Covid-19, es el cooperativo. Panamá tiene un sector cooperativo robusto, pero mayormente en el ahorro y crédito, no así en la producción. El fomento y expansión del sector cooperativo, principalmente en el sector agrícola y pesquero, sería fundamental para la rápida recuperación económica del país y su apuntalamiento futuro.

En cuanto a guardar el equilibrio de las finanzas públicas, el gobierno tendrá que administrar muy bien los ingresos dando prioridad al control fiscal en la contención del gasto y en la inversión en obras públicas. En este último aspecto debe posponer aquellas mega obras que no tengan ya contratado su financiamiento y dedicar los recursos disponibles a la pavimentación y rehabilitación de carreteras ya existentes, reparación y mantenimiento de estructuras públicas, y construcción de instalaciones vitales como plantas potabilizadoras, hospitales y centros de salud, escuelas, e instalación de paneles solares en los edificios públicos para disminuir el pago de energía eléctrica y usar el remanente de su producción de electricidad para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país. De igual manera, regular el uso de los vehículos del estado e incorporar al parque de automóviles estatales los propulsados por motores híbridos o totalmente eléctricos. Ello representaría un ahorro notable en el consumo de combustible y una disminución en los niveles de contaminación ambiental.

Reducir el tamaño de la burocracia estatal, sobre todo en la planilla, requiere, también, de ciertas medidas urgentes, tales como: el uso de tecnologías que agilicen la labor del gobierno, los servicios públicos y la reducción de personal o recurso humano poco calificado; el cese gradual de aquellos funcionarios que siguen trabajando dentro del sistema y que ya han alcanzado la edad de jubilación, así como la tercerización de ciertos servicios como los de mantenimiento, limpieza, seguridad, ornato y mensajería. Estos servicios serían traspasados a pequeñas o medianas empresas panameñas, que podrían incorporar dentro de su personal a funcionarios que ya realizaban esas labores con el estado.

El día después del Covid-19 es una realidad y un desafío que tendrán que enfrentar todas las naciones del planeta. Es una coyuntura que va más allá de las gestiones de salud y sanitarias que impone la actual crisis por causa de la pandemia. Dar el salto a la nueva era que esto representa depende en grado mayor de los gobiernos y sus autoridades, la sociedad civil y los particulares en general. La suerte está echada y no hay retorno.

Nombrar diputados en otros cargos atenta contra la democracia

Las estructuras del estado y su gobierno dentro del régimen democrático están constituidas para garantizar su funcionamiento a través de entes separados, con el fin de evitar el abuso de poder y el control amañado de su administración. Y, además, procurar el desempeño de una gestión administrativa que procure el bien común.

Cuando este principio estructural se rompe, los cimientos de la democracia se debilitan y corroen, poco a poco, los fundamentos del régimen hasta terminar con su destrucción. Un solo acto, aparentemente intrascedente o legitimado por el amañamiento de la ley, basta para poner en peligro el funcionamiento de toda sociedad democrática.

Tal es el caso del nombramiento de un diputado oficialista en la directiva del Canal de Panamá. No es el primero que ocurre, pero sí otro que reafirma la actitud recurrente del Órgano Legislativo en favorecer a los suyos, mayormente miembros del partido gobernante en turno, en posiciones públicas como la ya mencionada y otras que van desde magistraturas en la Corte Suprema hasta ministerios, embajadas y entidades autónomas del estado.

Si los diputados han recibido del pueblo un mandato para formar parte del Órgano Legislativo, ¿por qué insisten en auto escogerse para llenar vacantes en otros órganos del estado? ¿Acaso los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben actuar separadamente para preservar el régimen democrático? ¿Acaso no se dan cuenta que con esas acciones le dan la espalda al mandato recibido por sus electores?

Estas actuaciones perversas de los diputados deben corregirse, por el bien de la democracia, del país, y del propio órgano del estado que representan. Repetirlas de manera consuetudinaria no hace otra cosa que hundirlos más en las aguas del mar de corrupción que ya los adorna. Porque, en la mente del panameño común, los funcionarios más corruptos son los diputados; imagen bien ganada, gracias a las actuaciones de algunos de sus miembros que han traído a menos la honorabilidad del cargo y de la Asamblea misma.

Buscarse el acomodo económico, ya sea por el jugoso salario de la posición o por la tentadora oportunidad de hacer negocios turbios, es un acto deleznable impregnado de deshonestidad, falta de escrúpulos, carencia de civismo y ausencia de todo sentido moral y ético.

Todo diputado ha alcanzado esa posición por la voluntad popular. Es el voto ciudadano el que lo ha puesto allí y es a los ciudadanos a quien se debe y ha de responder.  Si alguna reforma constitucional merece la pena hacer en primer lugar, cuando llegue el momento, es destruir la creencia de que la curul ganada pertenece al partido político. ¡No, señor!  La curul pertenece al ciudadano, porque ella expresa su voluntad manifiesta a través del sufragio. Si un diputado le da la espalda a sus electores, para irse a ejercer funciones en otro cargo público, su puesto debe ser llenado por el candidato siguiente más votado, sin importar el partido, porque esa ha sido la voluntad del pueblo en su momento. Y que no quieran justificar la ausencia y el abandono del cargo con el suplente, porque una vez el principal deja su cargo, el suplente debe irse con él. Es más, esa figura del suplente, haragana y parásita, debe ser eliminada, porque, en la práctica, está más en función electoral que en aportar algo concreto y necesario para la labor legislativa.

Con la escogencia de uno de sus miembros para integrar la junta directiva del Canal, la Asamblea Nacional continúa demostrando su poco sentido de patria, su falta de voluntad para sacar la politización del manejo del Canal de Panamá, como manda la Constitución, el ADN que tiene de conglomerado juegavivo y su actitud acomodaticia que busca más servirse del cargo que servir desde el cargo al pueblo que los eligió.

El Panamá juegavivo y el Panamá noble

La idea que tenemos los panameños de nosotros mismos es la de un pueblo inculto, corrupto, vago y juegavivo. Razones hay para ello, sin duda, porque una parte de nuestra población así se manifiesta y se deja ver.

El día a día de nuestro Panamá es estremecido por las actitudes del delincuente común, del político corrupto, del vago que está en la calle aprovechándose de los demás, y por aquellos que actúan sin escrúpulos en el ambiente empresarial, laboral, gubernamental, incluso religioso, cuyo proceder desdice, y mucho, de su propia humanidad y de nuestra cultura como nación.

Sin embargo, muchos otros panameños son la cara opuesta de aquellos, y que jornada tras jornada dedican sus esfuerzos a engrandecer a su familia, a ganarse el pan honradamente, a procurar vivir con decencia y dignidad. Hacia estos panameños la mirada es poco dirigida, porque el impacto del mal proceder de los otros cubre, como un velo, la visión de ese otro Panamá que subyace en lo más recóndito del alma de esta pequeña patria que tanto amamos.

Mientras el Panamá juegavivo de aquellos insensatos que irrespetan el toque de queda, que trafican con los vales que ha dado el gobierno, que se aprovechan de los pobres de mil y una maneras, que dan rienda suelta a sus crímenes, a sus bajas pasiones y a su malvivir, se pone en evidencia en estos momentos de crisis ocasionados por la pandemia del Covid-19, el Panamá noble se muestra solidario acatando las disposiciones de salud pública, compartiendo lo que tiene con los necesitados, o jugándose la vida como voluntario para preparar bolsas de alimentos, como repartidor de comidas, y como trabajador del transporte y comercios autorizados, y de la salud o del orden público. Este Panamá noble, que construye el país las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es el Panamá que se agiganta en este momento de crisis nacional y mundial.

Si alguna lección no está dejando esta pandemia del Coronavirus a los panameños es, precisamente, la claridad de ver estas dos caras del país. El panameño juegavivo, que sale cada tarde en los noticieros mostrando su bajeza y su falta de humanidad, debe ser erradicado de nuestra sociedad o, por lo menos, reducido a su mínima expresión. Panamá no se merece hijos así, y, es preciso poner toda nuestra capacidad e inteligencia para cambiar esta situación que nos carcome y nos hace cargar con un estereotipo que tampoco merecemos como nación.

Panamá es, con mucho, un país de un pueblo noble y trabajador. Y esa parte noble del país necesita, también, atención y cuidados que la engrandezcan. A esta nobleza debemos apelar, para transformar la sociedad política, el empresariado, los gremios, los sindicatos, y el resto de las organizaciones sociales. Esa es la tarea que hemos de asumir luego de superar esta crisis, para procurar alcanzar la meta de una sociedad panameña nueva, construida por panameños nuevos; y, que, en lo futuro, tengamos la firme esperanza de que el juegavivo quede sometido bajo el Panamá noble que hemos olvidado por prestarle más atención a los perversos.

El Coronavirus pone a prueba los valores humanos

Cada vez que la humanidad se enfrenta a una crisis o a una tragedia afloran sentimientos y actitudes solidarias, que tienen su raíz en el sentido gregario del ser humano y en los valores que ha creado a través del tiempo.

Muchas de las actuaciones y los sentimientos desembocan en lo que, universalmente, se conoce como solidaridad. Y ese ser solidario se dará en mayor o menor grado según los valores que tenga la persona o la población que se desenvuelva en determinada cultura. Con la pandemia del Coronavirus, tales valores son puestos a prueba y repercuten en el manejo colectivo de la enfermedad.

En China y Japón, por ejemplo, la población tiene un alto sentido del respeto y el deber, por lo que acatar el pedido de las autoridades de quedarse en casa y la ética personal de chinos y japoneses han resultado claves para contener el avance del virus. De allí los resultados obtenidos en cuanto a su control y el retorno paulatino a la vida normal en dichos países.

Lo ocurrido en países como Italia, España y algunos otros donde el Coronavirus ha hecho estragos, el denominador común ha sido la desobediencia al pedido de las autoridades sanitarias de quedarse en casa, el tomar el tiempo libre obligatorio que se ha decretado para vacacionar en campos y playas, y el acaparamiento de alimentos y productos de limpieza e higiene.

Precisamente, en esa desobediencia y acaparamiento, se ponen a prueba los valores humanos. Controlar la expansión del virus con el menor riesgo de contagio y pérdidas humanas posible, parte de la calidad y el arraigo de esos valores entre la población. Si los habitantes cooperan con las autoridades acatando sus recomendaciones, si el que acaparó productos y artículos esenciales comparte con el vecino necesitado lo que tomó en demasía, si se actúa con responsabilidad y honestidad ante las situaciones que nos impone la pandemia, entonces tendremos la esperanza de salir prontamente de esta crisis. Si, por el contrario, prevalecen las actitudes egoístas y personalistas en este tiempo de Coronavirus, la salida será más dolorosa y demorada.

La ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la honestidad, son principios universales por los que se rige la mayoría de las personas.  En ellos se fundamentan sus valores y, en ellos, está hacer la diferencia entre superar pronto la pandemia del Coronavirus o sufrir sus consecuencias más allá de lo deseado por cada uno de nosotros.

EL PROBLEMA NO ES UBER, SINO LA FORMA EN QUE SE MANEJA EL TRANSPORTE SELECTIVO

Una vez más vuelve a escena el tema de las plataformas digitales de transporte, al que comúnmente se le llama caso Uber, por ser la dominante en dicho campo, con las consabidas protestas y amenazas del gremio de taxistas. En el fondo, el reclamo y la intención de éstos persiguen el mismo fin: sacarlas del mercado para mantener el favorable sistema que impera para ellos hasta ahora.

Los concesionarios del transporte selectivo de pasajeros, principalmente los operadores de taxi, ven como enemigas y gran amenaza para su negocio a las plataformas tecnológicas. Como lo han hecho ellos durante años, su actitud es eliminar todo lo que consideren contrario a sus intereses, a través de la presión política y las acciones de fuerza que estén a su alcance. Y, mientras la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se maneje como un ente político y siga controlada por ellos y sus similares, ese gremio de concesionarios encontrará el caldo de cultivo perfecto para mantener sus privilegios sectarios.

Ni la autoridad competente, ni el gremio de transportistas concesionarios, parecen entender la revolución tecnológica actual. Más temprano que tarde tendrán que abrir los ojos a esta realidad. Las plataformas tecnológicas se impondrán a medida que el país se adapte a ellas y se hagan populares. No hablamos solamente de Uber y otras del campo del transporte, sino de las que van más allá de ese tema, como: la banca electrónica, las compras por internet, los servicios de entrega a domicilio y el trabajo desde la casa, entre otras. Todas están concatenadas y afectarán, en proporcional medida, al sector transporte.

En este último aspecto, el servicio de transporte selectivo de pasajeros se ha quedado tecnológicamente atrás; más por testarudez que por falta de acceso a las tecnologías. Para sus dirigentes es difícil comprender que el problema no es Uber, ni las otras plataformas tecnológicas, sino su necedad por mantener vigente un sistema cavernario, tanto en lo que respecta a su modernidad como a su esencia lucrativa. Recorrer las calles ruleteando para conseguir clientes, cobrándoles tarifas caprichosas, ultrajándolos de palabra e imponiéndoles compartir el taxi con personas desconocidas, es el verdadero enemigo de los concesionarios del servicio selectivo de pasajeros. Olvidan que el usuario busca un servicio eficiente, seguro, a precio justo, y es quien decide que medio de transporte utiliza de acuerdo a sus necesidades y capacidad económica.

Dicho gremio pierde el horizonte al no advertir que la ampliación constante del sistema de metro, el aumento del servicio de entrega de compras a domicilio, y la cultura de tener que salir menos a trabajar a una oficina o a recibir clases en un centro educativo, traerán como consecuencia que el uso del taxi disminuya y pierda su sentido como negocio, tal y como hasta ahora lo conocemos.

Ante la coyuntura actual, la ATTT y los operadores de taxi parecen empeñarse en caminar juntos hacia el abismo. La ATTT debe ejercer su función de regular el tránsito y el transporte terrestre. Ella no está solo para regular el transporte colectivo y selectivo, por lo que debe asumir el resto de sus tareas y sacudirse a los "transportistas" enquistados en su organismo de decisión, porque son ellos los que deben ser regulados y no ellos regular y, porque, además, la presencia de ellos en la ATTT es más producto de la dádiva política que de la experticia.

Por su parte, los concesionarios del transporte selectivo deben procurar abandonar pronto el juegavivo, la explotación inmisericorde del usuario y el anacrónico y pésimo servicio que ofrecen. Tienen que hacer una purga de los maleantes que están entre ellos y que le han dado la mala y bien ganada fama que tienen, adaptarse al uso de las nuevas tecnologías, y garantizar al usuario una tarifa justa y libre de cobros caprichosos, a través del uso del taxímetro o de las aplicación tecnológica correspondiente. De no hacerlo, sus días estarán contados como operadores del transporte selectivo de pasajeros, quedándoles solo la nostalgia y el llanto y el crujir de dientes.

De listas negras y paraíso fiscal

La reputación como paraíso fiscal y la constante aparición del país en listas negras y grises nos dan mala fama en la comunidad internacional. Cambiar esa realidad reclama una firme acción del servicio diplomático panameño, el fortalecimiento del sistema de justicia, la eficiencia del engranaje fiscal y mejorar la capacidad legislativa.

Ni la reputación de paraíso fiscal ni la inclusión en aquellas listas son un fenómeno reciente. Es, como bien se sabe en ciertos círculos, una enfermedad de vieja data. Esa mala fama cobró mayor auge desde la creación del centro bancario a principios de los años setenta y, hace crisis, al ampliarse el alcance del delito de lavado de dinero más allá del ámbito del narcotráfico.

Panamá, como país en vía de desarrollo, como se le llamaba en aquel tiempo en que se creó el centro bancario, se vio obligado a plantearse su progreso de acuerdo a las circunstancias del momento. Su posición geográfica, su economía de servicios, y el uso de una moneda fuerte como el dólar, proponían el escenario perfecto. Las leyes de sociedades anónimas, nacidas con la república, y nuestra vocación transitista, facilitaron la tarea. El control de divisas que imperaba en la región latinoamericana, también contribuyeron a la causa del flujo de capitales por el país. Así fue como casi un centenar de bancos, conocidos y desconocidos, se instalaron en el istmo y generaron negocios financieros, asegurándose pingües ganancias con la oportunidad del momento y el imperante sistema fiscal.

Cuando se incorporó al delito de lavado de dinero la evasión fiscal, dichos bancos abandonaron la plaza local y el centro bancario panameño comenzó a introducir prácticas de negocio más acorde con la realidad actual. Pero, la vieja fama mantiene viva, en la mente de los políticos de algunos países, la figura del fantasma de paraíso fiscal del siglo pasado. Y en conjurar el espectro, poco ha ayudado el escándalo de las sociedades anónimas y de los sobornos de transnacionales internacionales, sobre todo de la industria de las mega construcciones, aunado a la actitud de ciertos políticos del patio.

Toda esta aureola de lavadores de dinero, de evasores fiscales, de políticos y jueces corruptos que nos adorna -merecida o no- debemos cambiarla por el bien del país. Es una tarea urgente. Demorar en hacer los cambios nos acarreará una fama peor en la comunidad internacional.

Aunque se han hecho esfuerzos por reformar las leyes, aún queda en pie una estructura que impide aplicarlas con eficacia. Panamá necesita convocar a personas capaces, no solo con la debida experticia profesional, sino con la suficiente solvencia moral y ética, al campo de la administración de justicia, el órgano legislativo, las finanzas del estado, y el servicio diplomático. Las leyes, por sí solas, no harán el cambio sin las personas adecuadas.

Mientras haya diputados con pobre educación, reputación dudosa y propensión al juegavivo y la delincuencia, ni las leyes ni la función fiscalizadora de la gestión de gobierno llenará su cometido. Mientras haya fiscales blandengues y jueces venales o con débil criterio judicial, la justicia no será justicia. Mientras la administración fiscal no enderece el rumbo y siga permitiendo la evasión, el contrabando, el reparto caprichoso del erario en exoneraciones y licitaciones con nombre y apellido, y el ocultamiento de bienes, de poco o nada servirán las leyes de control fiscal que se aprueben. Y, mientras el servicio diplomático sea la dádiva para enriquecer a unos y descanse sobre la base del amiguismo y la improvisación, en detrimento de un servicio exterior profesional y altamente calificado, el nombre de Panamá seguirá a merced de cualquier viento que sople en dirección de la imagen de paraíso fiscal y santuario de lavado de dinero que nos endilgan.

El actual gobierno, al igual que los anteriores, tiene en sus manos cambiar esta historia. El presidente debe empezar por lo que tiene a su alcance: el control fiscal, el servicio exterior y el nombramiento de los altos funcionarios de justicia. Luego, plantearse una reforma real del Órgano Legislativo y del Órgano Judicial, a través de una reforma constitucional dedicada, exclusivamente, a estos dos aspectos, olvidándose de las otras reformas que tiene en mente. Estos son los pasos inmediatos que deben darse, el resto vendrá por añadidura.

De listas negras y paraíso fiscal se escuchará hablar o no, dependiendo de las acciones que se tomen ahora y de la rendición de cuentas, declaración pública de bienes y transparencia que se le exija a los actuales funcionarios de los tres poderes del estado. La suerte está echada.