El primer número de Panorama Católico

 Un día como hoy, 24 de febrero, pero del año 1985, el periódico de la iglesia panameña, Panorama Católico, salió al público por primera vez. Éramos un puñado de entusiastas personas que trabajando con las uñas nos lanzamos a la aventura bajo la guía de nuestro recordado arzobispo Marcos Gregorio McGrath.

Todo inició para mí en el mes de octubre anterior, cuando me asignaron la cobertura de una rueda de prensa en al arzobispado donde la Conferencia Episcopal Panameña presentaba su carta pastoral sobre el Ecumenismo en Panamá. Yo era un joven periodista a quien en la redacción le llamaban pichón de cura por mi activismo católico en la parroquia de San José, en el Casco Viejo de San Felipe, Ciudad de Panamá. Por esa razón me asignaron aquella cobertura que cambiaría el rumbo de mi carrera periodística.

Al final de la rueda de prensa me acerqué a monseñor McGrath y le pregunté sin mucho protocolo: ¿por qué la Iglesia no tiene un periódico propio?  Él, con sus casi dos metros de estatura me mira desde su altura con aquellos profundos ojos claros que tenía -ya apenas mido 1.70 metros- y me pregunta: ¿Y por qué usted quiere que la Iglesia tenga un periódico?  De inmediato le respondí, para que la Iglesia diga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, monseñor.  Él sonrió con esa sonrisa que a lo largo de mis casi 10 años de trabajo junto a él iría yo descubriendo cuando tenía en mente encomendar alguna tarea, o más bien el reto, de emprender alguna obra apostólica u otra que involucrara al laicado. Y, tomándome del brazo, me llevó ante el padre Fernando Guardia Jaén.

Reunidos los tres vuelve a mirarme fijamente, como acostumbraba, y me dice: desde hace cinco años estamos intentando hacer un periódico y tenemos una persona encargada en estos momentos. El padre Guardia le puede dar detalles, y me encomendó a este sacerdote que ocupaba el cargo de Vicario de Pastoral. El padre Guardia me conduce a la oficina de la hermana Inés González, secretaria de monseñor McGrath, y le pide el teléfono para hacer una llamada. Se comunica con el padre Juan Rooney, encargado del proyecto y le dice: "oye Juan, aquí hay un muchacho periodista que acaba de presentar monseñor y se ofrece colaborar con el proyecto del periódico. ¿No será el que estamos esperando?  El padre Guardia lanza una carcajada contenida y me da cita para vernos con el padre Rooney a la semana siguiente.  Después me enteraría que la carcajada se debió a la respuesta del padre Rooney, que con su humor irlandés contestó a la pregunta del padre Guardia así: El que estamos esperando, ¿quién? ¿Jesucristo?

Desde aquel final de octubre de 1984 hasta enero tuvimos que trabajar a marcha forzada y casi sin recursos. La primera persona del equipo que conocí fue Manuelita Núñez, quien organizaba un archivo de fotografías. Poco tiempo después nos reunimos en casa de monseñor McGrath para almorzar con el resto del equipo: la profesora Mélida Sepúlveda, quien fue nombrada directora; Belén Olayvar Lizárraga, secretaria; Rafael Alvarado, en publicidad; el padre Rooney, director pastoral; y yo como jefe de redacción.

Tras algunas pruebas de imprenta y cambiarle el nombre inicial de "El Panamá Católico" a "Panorama Católico" quedó todo listo para lanzarlo. El cambio de nombre se lo sugerí al padre Rooney para evitar confusiones con otros medios que ya usaban la palabra Panamá. Recuerdo que tomé la idea de un programa titulado Panorama Italiano que se pasaba por la televisión y cuya presentación mostraba una fotografía de la Basílica de San Pedro de Roma.

El 24 de febrero de 1985, Primer Domingo de Cuaresma, y luego de cuatro meses de constante trabajo, se publica el primer número de Panorama Católico. Habíamos impreso 5,000 ejemplares y el padre Juan Rooney, junto a Gregorio Herrera, quien no pudo incorporarse en los meses primeros al equipo por estar trabajando en otro lugar, se lanzaron a la aventura de llevar casi la mitad del tiraje a la fiesta del Cristo de Atalaya. Allí, ante miles de peregrinos, Panorama Católico hizo su estreno y nunca más dejó de estar presente en Atalaya.

Muchas fueron las vivencias de mi paso por el periódico católico, obra a la que estuve vinculado 27 años, ocupando el cargo de director durante 21 de ellos. En la página 4 de la primera edición monseñor Marcos Gregorio McGrath explica cómo la creación de un periódico de la iglesia fue una de las tres tareas que le encomendó el arzobispo Francisco Beckman, cuando fue nombrado como su obispo auxiliar.  Allí podrán ver su foto con aquella sonrisa de satisfacción y que para mí significó "ya tengo una de las piezas que faltaba para crear el periódico de la iglesia" y que le dio un giro a mi carrera periodística.  Le ofrecí 6 meses y me quedé 9 años con él; luego llegó monseñor José Dimas Cedeño, a quien le dije que nombrara un nuevo director si era su deseo; me dijo "quédese un rato" y fueron 14 años más  junto a él. Dos obispos con quienes trabajé de manera muy cercana como director de Panorama Católico. 

Página editorial y primera plana de la edición No. 1

Por eso, un día como hoy, 24 de febrero, hago memoria de los inicios de la obra apostólica que constituye Panorama Católico, en sus 37 años de haber salido a la luz pública como medio de comunicación de la iglesia.

Panamá apuesta por el emprendimiento

Dos leyes para emprendedores podrían hacer la diferencia en el país.

Una ley aprobada en diciembre de 2020 y otra que está para sancionarse y promulgarse son la apuesta de Panamá para reactivar su economía e impulsarla más allá de la pandemia del coronavirus. Se trata de la ley 186 de 2 de diciembre de 2020 que regula las sociedades de emprendimiento, una nueva categoría de sociedad mercantil, y el proyecto de ley 532 dirigido a los adultos mayores que desean emprender y que fue aprobado en tercer debate en julio de este año y que espera la sanción y promulgación del órgano ejecutivo.

Ambas leyes podrían reactivar la economía panameña en corto plazo y, bien promovida, sacar de la informalidad a miles de personas que al momento ejercen actividades económicas por cuenta propia sin ser consideradas como parte del engranaje productivo formal y, por ende, marginadas del acceso al crédito y de las facilidades que ofrece el mercado oficialmente regulado.

Tanto las nuevas sociedades de emprendimiento y la llamada economía plateada están presentes en la sociedad, pero de manera marginal. Con la ley ya aprobada y la que está pendiente de sanción para incorporar a los adultos mayores que desarrollan actividades económicas por cuenta propia al mercado formal, el país tendrá la oportunidad de ver crecer su economía por el factor multiplicador que implica el incorporar a este sector de la población al mercado formal.

Más del 50 por ciento de los panameños en capacidad de trabajar lo hacen fuera del empleo formal y buena parte de estos fuera de las formalidades jurídicas, incluyendo los adultos mayores que necesitan redondear su pensión y aquellos que, al no contar con ella, necesitan practicar medios de subsistencia hasta que sus fuerzas se lo permitan.

Enfocarse en los emprendedores es la vía para desarrollar el país. Si algo ha demostrado esta pandemia es la participación de los jóvenes desarrollando actividades empresariales que sacan provecho de las herramientas tecnológicas. Si a ello sumamos los adultos mayores que cuentan con formación académica y experiencia de trabajo y que, por razón de su edad, son rechazados por los empleadores, a pesar de estar en capacidad productiva, el emprendurismo tiene futuro en Panamá.

Corresponde a la Ampyme (Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) dirigir la orquesta en este caso. Tiene que realizar un esfuerzo masivo entre los adultos mayores y los jóvenes, para que estas leyes de sociedades de emprendimiento y de la economía plateada tengan sentido y no queden, como algunas otras, en letra muerta.Experiencia y juventud son la clave para el crecimiento económico pos pandemia y mientras más pronto se inicie la marcha mejores resultados se obtendrán.

  

El Shangri-La de los diputados

 Imbuidos en su zona de confort algunos diputados padecen una amnesia política que los hace perder la noción de periodo de mandato y sufragio electoral

Los intentos de reformar el Código Electoral a su antojo y acomodo por parte de los diputados que representan a las bancadas partidarias que dominan la asamblea es el ejemplo más fehaciente de quienes han perdido la noción de la moral y la ética en el ejercicio de la política.

Buscar cambiar radicalmente lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde han estado representados sus propios partidos junto al Tribunal Electoral y la sociedad civil, es un grave error político que tendrá serias consecuencias en el próximo torneo electoral. Echar por tierra lo aprobado en la CNRE en temas tan fundamentales como el impedimento para postularse a más de un puesto de elección, el límite de las donaciones, la prohibición de recibirlas de personas condenadas por corrupción, el financiamiento público electoral más equitativo, la libre postulación sin trabas políticas, la eliminación del fuero electoral y lo relacionado con la asignación de curules por residuo, es una manera de ganarse el rechazo y el odio de los electores.

Con tantas reformas y cambios que más bien buscan el acomodo de los que ya son diputados, la reacción ciudadana no se hizo esperar. En las principales ciudades del país la población se manifestó y pasó el mensaje alto y claro a los diputados que sus maniobras o triquiñuelas políticas rebasaron el límite de la paciencia de los votantes. Hacerse de los oídos sordos frente a este hecho es un acto de suprema estupidez política y una demostración de soberbia superlativa. Tan corta memoria es propia de ese Shangri-La creado en la mente de los diputados en mención, que les hace olvidar los resultados de las últimas elecciones en las que muchos de los candidatos considerados fijos, y entre ellos diputados de entonces, se quedaron vestidos y alborotados por causa del rechazo ciudadano.

Si algún sentido de supervivencia electoral les queda deben salir de su imaginaria burbuja política y volver a la realidad prontamente. Insistir en sacar ventaja de su posición actual como diputados, para el provecho y el acomodo propio, no es más que lanzarse hacia su suicidio político. Tienen que desistir de sus planes y aprobar lo consensuado en la CNRE, por respeto al trabajo y a las decisiones de sus partidos que por largos meses reclamaron tiempo, esfuerzo y discusiones de los participantes para elaborar un código electoral que tuviera el apoyo de los sectores involucrados. Esa sería la salida más honrosa para estos diputados que han querido jugar con la paciencia y la inteligencia ciudadana.

El tiempo, sabio maestro, nos dirá en el transcurso de su marcha inexorable si los perpetradores de tan abominable cúmulo de reformas electorales que buscan afianzar el juegavivo electorero y darle un maquillaje legal a la sinvergüenzura política se imponen a la razón, a la decencia y a la ética que debe prevalecer en la carrera electoral. Y nos dirá, también, si estos "padres de la patria" continuarán viviendo en su imaginario Shangri-La de espaldas a los electores que son los verdaderos dueños del sufragio popular ejercido en libertad.

Comunismo cubano en fase terminal

 Tras 60 años de comunismo los cimientos del régimen empieza a resquebrajarse mientras sus líderes intentan encontrar la fórmula que le devuelva la salud y la vitalidad. Será una tarea ardua y larga que no evitará la muerte del sistema, solo prolongar su agonía.

Los recientes levantamientos populares en Cuba son una muestra de lo que hace ya tiempo ocurre en la mayor de las antillas. Desde el éxodo de Mariel, con el comandante Fidel Castro aún vivo, el pueblo cubano anhela un nuevo despertar que lo introduzca a la libertad. Momentos cruciales a partir de esa diáspora marielita que, en un arrebato de arrogancia revolucionaria provocara el propio Fidel, han marcado el lento paso hacia la libertad del pueblo cubano. Mariel mismo, el aplaudido discurso del papa Juan Pablo II que trajo esperanza a la isla al pronunciar las palabras: "Que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo", la rebeldía de Oswaldo Payá, y las Damas de Blanco, entre otros movimientos, han ido haciendo mella en la desgastada estructura política que sustenta al régimen.

A partir de la muerte de Fidel Castro, y los intentos de reforma impulsados por su hermano y heredero político Raúl Castro, la situación en Cuba sufre cambios acelerados. Los comandantes revolucionarios históricos han ido desapareciendo de la escena política entre muerte y vejez. Los nuevos dirigentes parecen incapaces de trazar un nuevo rumbo y su pregonada unidad apenas se mantiene cohesionada por el frágil hilo de la persona de Raúl, último de los históricos que aún podría darle un poco de aliento a una revolución que ha entrado ya en su fase terminal. 

La euforia revolucionaria cada vez se siente menos en Cuba. El desgastado discurso que por más de 60 años invoca la dirigencia ya no enciende pasiones. Al ponerse toda el alma de la revolución en Fidel, la otrora fortaleza del régimen es ahora su debilidad. Ninguno puede ni podrá reemplazar a Fidel Castro, ni siquiera su hermano Raúl a quien le tocó reformar el régimen y entreabrir la puerta hacia la libertad de los cubanos. Las efímeras esperanzas que trajeron las reformas de Barak Obama hacia la isla sucumbieron ante las medidas de Donald Trump, aún vigentes en gran medida. El advenimiento de la pandemia del Coronavirus Covid-19 agravaron la situación. Sin más fuerzas para soportar la carga impuesta por los gobernantes revolucionarios durante sesenta años, el pueblo reclama su libertad. Una libertad que tiene su sostén en el hambre, el racionamiento de alimentos por décadas, y la evidente diferencia de calidad de vida entre el cubano de alcurnia revolucionaria y el isleño de a pie. 

Durante los últimos 20 años la dirigencia de la revolución ha intentado introducir cambios estructurales para permitir el ejercicio de una empresa privada controlada, porque sabe, desde hace más de 30 años, que el sistema de producción ha fracasado. Al menos eso se dejó entrever en los resultados que arrojó un congreso del Partido Comunista Cubano en 1985. Aquella autocrítica quedó en letra muerta hasta que comenzaron a sentirse los efectos de la desaparición de la Unión Soviética, fuerte sostén del régimen por casi 30 años. Los últimos 30 han pasado entre la inercia del modelo apadrinado por los soviéticos y la resistencia de unos líderes ahora ancianos o a punto de morir.

El sopeteado argumento del bloqueo también dejó en evidencia que no es tal, ante un pueblo ávido de comida y a quien se le quita la libertad más grande de la que gozaba hasta hace unos días: las redes sociales. El régimen atacó con furia ese bastión libertario y reprimió con garrotes, cárcel y balazos al pueblo que salió a la calle a manifestarse contra el hambre, la corrupción y la falta de libertad. Allí equivocó el régimen la estrategia. Apeló a un sentimiento revolucionario y nacionalista que ya no comparte gran parte del pueblo, mandó las hordas y las milicias vestidas de civil a reprimir en la calle, y utilizó adolescentes enrolados como milicianos como escudos humanos frente a los protestatarios. Ni siquiera el haber desempolvado al histórico comandante Raúl Castro, sacándolo de su recién anunciado retiro, pudo calmar la sublevación popular.

Tanto el comunismo cubano como el régimen que lo profesa tienen sus días contados. No será de manera inmediata que se cumpla este plazo, pero su fin es irreversible. La llamada revolución cubana tiene socavada sus bases. Los signos de muerte son evidentes, incluida la nueva constitución promulgada recientemente donde intentan hacer cambios que traen consigo efectos secundarios impredecibles en este momento. El sistema económico colapsado, los medios de producción anticuados y gravemente dañados, la corrupción y el lujoso modelo de vida de la aristocracia revolucionaria, el orden mundial que va en contravía del régimen cubano, un pueblo hastiado del discurso revolucionario y ansioso de ser libre, y un anciano comandante histórico que apenas puede mantener la unidad bajo el ideal castrista son los factores en contra de una revolución cubana que se apaga.

Si los dirigentes revolucionarios quieren salvar la cara, y que en el futuro se recuerde la revolución que lideró Fidel, tienen que darle libertad inmediata al pueblo, satisfacer su hambre, y liberando los medios de producción alimentaria. Que se vean en el espejo de Gorbachov para no pasar al olvido. No hacerlo será cavar su propia tumba; y más profunda será si su empecinamiento de mantener una revolución moribunda provoca carcelazos y muerte entre un pueblo cubano que ya le perdió el miedo y el respeto a la otrora gloriosa revolución cubana.

La pandemia del coronavirus marca un cambio de era

 La pandemia provocada por el Covid-19 es un trauma social global que, como otros, produce cambios en la humanidad y en las sociedades nacionales.

Desde el Descubrimiento de América hasta el ataque terrorista en Nueva York, pasando por la revolución industrial, el invento del automóvil, las dos guerras mundiales, la era espacial y la digital, el mundo ha vivido inmensas transformaciones que afectan la vida de cada ser humano y su entorno. Grandes traumas traen consigo grandes cambios y la presente pandemia del coronavirus no es la excepción.

Así como los viajes de Cristóbal Colón cambiaron la navegación, la revolución industrial la forma de producir y fabricar, el automóvil con la manera de transportarse y el advenimiento de las carreteras pavimentadas, el fin de las guerras mundiales que trajeron adelantos tecnológicos impensados que mejoraron de la calidad de vida, el ataque a las torres gemelas de Nueva York con la seguridad aérea, la era espacial con las comunicaciones por satélite, y la era digital con la forma de estar comunicados globalmente, igual cada trauma registra cambios profundos en el ámbito social, cultural, político y económico que afectan a millones de personas en todo el planeta.

El encerramiento y la nueva interacción pública de las personas como consecuencia de la pandemia del coronavirus ha obligado a cambiar nuestro modo de vida y la forma de hacer las cosas. Medidas de bioseguridad, trabajo y educación a distancia, acceso a los mercados y la provisión de bienes y servicios han entrado en un proceso acelerado de cambios que marcan el inicio de una nueva era, tal como lo hicieran los grandes traumas antes mencionados.

Así como el virus del Covid-19 tiene una capacidad de propagación rápida, igual lo están haciendo los cambios sociales que provoca el aislamiento de la población y el control de la movilidad de las personas. Lo que acostumbrábamos a hacer un año y medio atrás, hoy ya no es posible hacerlo de la misma manera. Cosas cotidianas como salir de compras o hacer el supermercado van pasando al campo de la entrega a domicilio o "delivery."  La creación reciente de distintas aplicaciones digitales facilitan ya la interacción entre personas, la forma de comprar y pagar, y el uso del tiempo dedicado al ocio, al desempeño del trabajo, a la formación escolar y  a la celebración de reuniones grupales.  Poco a poco estamos trayendo al seno del hogar el trabajo, la escuela y la participación en organizaciones sociales y benéficas, lo que obligará un uso diferente del tiempo de las personas y al diseño funcional de las viviendas, con la consiguiente creación de espacios comunes en edificios y conjuntos residenciales que ofrezcan más facilidades para el desempeño de esas tareas. También cambiará la manera de desplazarse de un sitio a otro y de hacer negocios. Es probable que ahora muchas empresas dejen de usar grandes espacios para ofrecer sus servicios o venta de mercancías, afectando así los diseños y el uso de los centros comerciales, la logística empresarial y el aumento de la disponibilidad de edificios de bodegas en donde se almacene la mercancía y se despache desde allí.

Los hogares tendrán necesidad de múltiples dispositivos de comunicación para poder integrarse a la nueva sociedad de la era post coronavirus. Ya lo estamos viviendo con el modelo educativo y el laboral, luego seguirán otros aspectos. Una cita médica, por ejemplo, se hará a través de la telemática y abriendo la boca delante de la cámara o conectándose a un reloj de pulso el médico podrá medir aspectos sintomáticos de la persona y sus signos vitales. Incluso con la máquina de ejercicios que lleva pantalla y conectores se podrá hacer una prueba de esfuerzo a distancia.

Nos abocamos a vivir cambios profundos en la sociedad y en nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos preparando para afrontarlos?  Esta es la pregunta que debemos hacernos en lo individual y lo colectivo. Cómo personas, familias, comunidades y países procuran estar listos para asumir este cambio de era, por el momento no lo sabemos a ciencia cierta en nuestra nación. Corresponde a las autoridades, en primer lugar, allanar el camino para facilitar la integración y el desarrollo de esos cambios en nuestra sociedad. Empresarios, profesionales, gremios y asociaciones de toda índole son otros llamados a realizar esta tarea de promoción e instauración del cambio. Quien se quede sin hacer nada, simplemente,  sufrirá las consecuencias de su desidia y su insensatez. El cambio llegó para quedarse y no habrá vuelta atrás.

Colón Puerto Libre: un fracaso de 30 años

 Cuando se creó la ley de Colón Puerto Libre en 1992 muchas fueron las esperanzas que diversos sectores colonenses cifraron en dicho proyecto. A un año de cumplir las tres décadas, Colón Puerto Libre apenas mueve menos de 10 millones de dólares al año en ventas y servicios.

El entusiasmo inicial fue trastocándose en desesperanza al paso de los años, hasta que en 2016 la reforma de la ley de puerto libre abrió un nuevo horizonte que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, parece obligar a recorrer un accidentado camino para llegar a él, a semejanza de las destruidas calles y derruidas estructuras que adornan hoy la ciudad de Colón, ubicada sobre la Isla Manzanillo, cuna y propósito del ya longevo proyecto de Colón Puerto Libre.

La modificación de la ley sobre la cual descansa el pretendido puerto libre amplió, a otros lugares de la provincia colonense, la creación de nuevas zonas que pueden también funcionar como puerto libre, sin mencionar alguna en particular, con el fin de traer prosperidad a esa provincia atlántica. Sin embargo, algunos aspectos de la legislación juegan en contra del supuesto propósito de darle bienestar y progreso a Colón.

Uno de los factores que más juega en contra del puerto libre es el empecinamiento de querer insertarlo en el casco de Colón asentado en la Isla Manzanillo. A pesar de la similitud legal con el desarrollo del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá y los más de 500 millones de dólares invertidos en Colón a lo largo del tiempo, la situación de violencia y la cultura urbana que se ha creado en Colón en las últimas décadas impiden el desarrollo de un puerto libre en el lugar. Al menos bajo el método que establece la ley vigente. De aplicarse las normas incluidas en la reforma de la ley que rige el puerto libre, sitios como Portobelo, por ejemplo, podrían tomarle ventaja al emplazamiento colonense de Manzanillo, por ofrecer una situación histórica y una cultura popular mucho más rica en folclor y tradiciones, así como un ambiente más sano y seguro para los visitantes.

Otro factor que juega en contra de Colón Puerto Libre es el enfoque eminentemente mercantil de la ley, dejando de lado otro tipo de actividades como la ciencia, la tecnología y la innovación, que también podrían atraer inversiones y la instalación de empresas dedicadas a ese fin. Incluso, siendo un puerto, la legislación también podría facilitar el establecimiento de empresas dedicadas al mantenimiento y la reparación de buques, al igual que la instalación de granjas marinas y otros métodos sostenibles de aprovechamiento del recurso pesquero, cuya explotación en el sector caribeño del país es casi imperceptible.

Para el funcionamiento rápido y sustentable de Colón Puerto Libre es menester tomar decisiones en al menos tres aspectos, como: dejar de lado la obligación de que el puerto libre se instale primero en la Isla Manzanillo, buscar un área adyacente a la Zona Libre de Colón y construir allí infraestructuras modernas para hoteles, centros de convenciones y centros comerciales, que le brinden seguridad y un servicio de alta calidad a los usuarios del puerto libre, y flexibilizar el tiempo de veda de seis meses que tienen los nacionales para comprar en el puerto libre. En este último punto hay establecida por ley una cantidad fija de mil dólares en compras semestrales que, con el tiempo, perjudica al puerto libre por razón de la inflación y el aumento de precios. El monto debe establecerse tomando en consideración el salario mínimo nacional, que se revisa cada dos años y resuelve el problema de inflación y precio mencionado anteriormente. La norma podría fijar el límite de compras de los nacionales en el puerto libre en el monto máximo equivalente a un salario mínimo mensual y con veda de 30 días.

Después de casi 30 años del proyecto Colón Puerto Libre, de los cientos de millones de dólares invertidos en Colón por el estado, y de los resultados obtenidos al presente después de la reforma de la ley en 2016, la consecuencia resultante es el fracaso de Colón Puerto Libre. Si el gobierno actual, que tiene el proyecto como uno de sus planes estelares, quiere que Colón Puerto Libre funcione, tiene que tomar decisiones drásticas que requieren sacar temporalmente el proyecto de las 16 calles de Colón y ubicarlo al otro margen de la Zona Libre dentro de un ambiente seguro y arquitectonicamente agradable. Allí los colonenses que demuestren ser aptos podrán trabajar y mejorar su calidad de vida. Una vez logrado ese objetivo, concentrarse en el desarrollo del Colón de las 16 calles a la manera del Casco Antiguo de la capital, en donde las actividades de entretenimiento y cultura se desenvuelvan con mayor soltura y en un clima y ambiente distintos a los que ofrece en la actualidad.

Colón merece días mejores. Sus tiempos de tacita de oro quedaron atrás desde hace mucho, porque los factores que le ganaron ese título desaparecieron. Colón nació como terminal del ferrocarril transístmico, no como otras ciudades y pueblos del país que tuvieron un origen y una evolución diferente. El destino de Colón es lo pasajero y lo coyuntural. El ferrocarril, la construcción del Canal, las guerras mundiales y las bases militares estadounidenses han sostenido su economía y la han hundido, según aparecen o desaparecen. El puerto libre puede ser sostenible y sustentable en la medida que las autoridades nacionales y el propio colonense abran los ojos a su realidad y su vocación histórica. De ello dependerá el éxito o el continuo fracaso de Colón Puerto Libre.

El clamor pro constituyente

 La convocatoria de una asamblea constituyente es una vieja aspiración de los ciudadanos panameños.

Desde hace 40 años existe en el ambiente político el deseo de convocar a una asamblea constituyente que le dé al país un nuevo pacto constitucional con el fin de eliminar la actual constitución cuyo estigma, a pesar de las reformas sufridas, es haber sido aprobada por una asamblea constituyente espuria y manipulada por el gobierno militar de entonces.

Nunca antes como hasta ahora ese clamor ha resonado con tanta fuerza. En los últimos años ha habido diversas iniciativas que terminan fracasando por no reunir las firmas necesarias. El intento más reciente parecía calar más, a juzgar por las primeras reacciones en las que, al menos, dos partidos políticos y un ex candidato de libre postulación opositores habían manifestado, o dejado entrever, su apoyo a la recolección de firmas que gestiona el movimiento Panamá Decide para convocar a una asamblea constituyente paralela, tal como dispone la actual Constitución Política del país.

Sin embargo, el intento parece encallar entre las diversas trabas legales que, cual arrecife, debilita el casco de la embarcación constituyente al ser azotada por los vientos y el golpe de las olas que constituyen los obstáculos que erige la formalidad legal en el proceso de recolección de firmas para convocar la asamblea constituyente paralela.

Cuando se aprobó la norma de que para tal convocatoria es necesario recoger las firmas del 20% de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, los proponentes levantaron un muro casi inexpugnable para que la convocatoria, por esa vía, fuera posible de lograr. Por eso más de un intento de este tipo ha resultado infructuoso. Pero son las reglas vigentes y hay que acatarlas. Aunque la reglamentación dejó abierta una salida: organizar a la par otra recolección de firmas para sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide y, así, consolidar en una sola propuesta el esfuerzo de ambas, antes del vencimiento del plazo de seis meses que tiene la primera iniciativa.

Si otro grupo de ciudadanos que quiere la constituyente paralela se aboca a recolectar las firmas que se exigen para tal fin, pensando en sumarlas a las ya recolectadas por Panamá Decide, la iniciativa cobraría nueva vida y, por tanto, ampliaría la posibilidad de alcanzar el número de firmas suficientes para que sea convocada una asamblea constituyente paralela. De ocurrir un hecho como este, quienes tomaron la iniciativa previa deben verlo como una ayuda y deben brindarle toda la colaboración para llegar a la meta de convocatoria de la constituyente paralela. Lo mismo valdría para los gestores de la segunda iniciativa, en cuanto a ver el intento como un esfuerzo mancomunado y no como una forma de ganar protagonismo o arrogarse el derecho y la gloria de haber convocado la constituyente.

El camino para lograr la meta de convocar una asamblea constituyente paralela es largo y tortuoso. Un camino que va cuesta arriba y que muestra a su vera, cual los restos de los cadáveres que ven los que intentan escalar el Everest, el recuerdo esfuerzos anteriores que resultaron infructuosos. Frente a tal experiencia, tenemos que comprender que la convocatoria de una constituyente paralela es un acto mancomunado, de perseverancia y de profundo sentido democrático en cada uno de sus esfuerzos. El reto presente reclama, pues, lo mejor de la conciencia ciudadana y la renuncia a toda pretensión de constituirse en el personaje a quien se le debe reconocimiento eterno por convocar una constituyente paralela. Todo ha de ser un hacer colectivo en el que el empoderamiento ciudadano sea el protagonista para poder decir, algún día, que esa asamblea constituyente que tanto anhelamos fue producto del esfuerzo de mucha gente como fue, en su momento, la recordada Cruzada Civilista que nos abrió paso hacia la recuperación de la vida democrática panameña.

El Seguro Social ha sido presa de los buitres gremiales

Es un secreto a voces que la dictadura militar repartió la Caja de Seguro Social entre diversos gremios, para que a cada uno le tocará su pedazo de la institución.

La crisis de la Caja de Seguro Social va más allá del problema actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, en particular de la insostenibilidad del pago de pensiones en el futuro cercano. Muy pocos, casi ninguno, se atreve a mencionar, al menos publicamente, a los gremios que la han politizado y que, en parte, son responsables del mal manejo y de la corrupción que aquejan a esa entidad desde hace años.

Sindicatos, asociaciones de administrativos, gremios médicos y del resto de los funcionarios relacionados con la salud, además de su junta directiva, son los responsables directos del desgreño y el desangramiento institucional que vive el Seguro Social desde que cayó en sus manos. Son cual vacas sagradas que salen a comerse vivo a quien ose enfrentarlos o señalarlos como parte del problema que sufre la principal institución de seguridad social panameña y que amenaza con destruirla. La prueba está en que para ponerse de acuerdo en los diálogos que son convocados para resolver sus males, primero hacen una demostración de fuerza y amenazan con dejar de participar en ellos, para conseguir lo que ellos llaman un "equilibrio" entre los participantes de la mesa y asegurarse un número suficiente de ellos para controlar el diálogo por mayoría, cuando lo lógico y lo justo es que haya paridad entre empresarios y trabajadores, que son quienes cotizan, y que la suma de la representación del resto no exceda la cantidad combinada de patronos y empleados. Es más, ni siquiera debería tener voto en la junta directiva ninguno que no sea empleador o trabajador, permitiéndole solo el derecho a voz.

Para enderezar el rumbo de la Caja de Seguro Social primero es menester resolver la representatividad en la junta directiva; después decidir sobre el modelo de institución: si solo se dedica a administrar los fondos, o realiza una labor doble que incluya, además de la administración de las cotizaciones, la prestación de los servicios médicos con personal e instalaciones propias. Sin resolver estas dos situaciones es inútil aumentar cuotas y edad de jubilación, como se ha hecho antes y algunos proponen ahora. Cosa que, por cierto, acarrea otros problemas sociales como el acceso al empleo de los jóvenes, que verían limitadas las plazas de trabajo por el alargamiento de la edad de jubilación que obligará a más personas a mantenerse en los puestos de trabajo por más tiempo. Incluso, podría agravar la situación de desempleo para las personas con más años de edad que, por superar la barrera de los 50 años, les sería más difícil mantener la continuidad en el empleo o su contratación en ciertas tareas; y todos los años que le falten para ser pensionados sumarían a la crisis social que se cree con esa medida. Problema, pues, para el estado y la empresa privada que tendrían que enfrentarse a un aumento impositivo para los consiguientes subsidios que se establecerían para ayudar a las personas mayores afectadas por la situación.

Panamá es un país cuyo clima y condiciones sociales hacen inconveniente un incremento de la edad de jubilación o un aumento excesivo de los años de cotización. El clima tropical, como el nuestro, expone a las personas a un desgaste mayor de su cuerpo y al riesgo de enfermedades que en otras partes del mundo, con climas más benignos, favorecen el estado de salud de las personas. La edad vigente es suficiente para ser pensionado por vejez. Si algunas mentes propugnan por aumentarla, comparándola con la de otros países con mejor clima y condiciones sociales, entonces que también propongan que al trabajador panameño le sea pagado igual salario y que reciba la misma calidad de vida de esos países que son tomados como ejemplo para pretender aumentar la edad de jubilación.

Una reforma seria del Seguro Social debe incluir, aparte de lo mencionado antes, que ejecute de manera eficiente la norma legal de exigir a toda persona que tenga ingresos que cotice el seguro social y que la atención de los servicios médicos pase al sistema del ministerio de salud. El Seguro solo reembolsaría los servicios que le sean prestados a los asegurados. En caso de incluir beneficiarios, el trabajador deberá pagar un porcentaje adicional que podría ser del 1% por cada beneficiario, limitándolos a su cónyuge, hijos menores de 18 años, y los padres del cotizante que sean mayores de 70 años de edad o que tengan algún tipo de discapacidad que los haga dependientes del trabajador asegurado. Igual debe revisarse la proporción en que se distribuye la cuota entre los programas de Invalidez, vejez y muerte y enfermedad y maternidad, para asignar más recursos a las pensiones.

Todo lo anterior será posible si se deponen las actitudes amenazantes y los intereses sectarios de quienes participan del actual diálogo por la Caja de Seguro Social. Pero eso requiere de una voluntad altruista y de renunciar a la parte del botín que le corresponde a cada sector que compone la junta directiva, cosa que, difícilmente, están dispuestos a hacer los buitres gremiales que mantienen secuestrada a la institución desde hace muchos años.

Panamá necesita reglas de control más estables ante la pandemia

 A poco de cumplir un año sufriendo esta pandemia nos enfrentamos al dilema de continuar con cuarentenas y toques de queda, o fijar reglas más estables que permitan el funcionamiento ininterrumpido de la vida social y de la economía de Panamá.

Los procesos de ensayo y error ejecutados hasta ahora por las autoridades panameñas para controlar la propagación del Covid-19 deben dar el salto hacia medidas más eficientes y eficaces que redunden en beneficio de la salud pública y el desarrollo de las actividades propias de cada panameño y de cada sector económico del país. Realizar esta tarea supera la experticia médica y la de los estamentos del orden público, en cuyas manos hemos estado durante todo este tiempo. El trabajo realizado por sus profesionales es valioso, sin duda, pero de aquí en adelante necesitamos sumar la participación de otros expertos que contribuyan a crear una eficaz "nueva normalidad" que vele por el resto de las necesidades de la población.

El momento actual exige del gobierno nacional el nombramiento urgente de una comisión que diseñe un Plan de Apertura Controlada y convocar, para ello, a filósofos, sociólogos, financistas, conocedores de la economía de mercado, gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, emprendedores, especialistas del agro y la ganadería, comunicadores sociales, y expertos en la administración de negocios y la administración pública. Todos han de ser personas serias, capaces, de comprobada experiencia en su campo y libres de ataduras político partidistas. Dicha comisión debe ser capaz de diseñar el Plan de Apertura Controlada en un máximo de 30 días, para su ejecución inmediata. Lo revisará y evaluará, constantemente, para hacer los ajustes que corrijan las distorsiones y mejoren los procesos de ejecución. Los especialistas de la salud y la seguridad pública continuarán su trabajo por separado en sus respectivos campos, pero podrán hacer recomendaciones a la comisión en el área de su competencia.

Para darle estabilidad al Plan de Apertura Controlada, el periodo de vigencia debe fijarse en 6 meses; de manera tal que los distintos sectores puedan planificar sus actividades dentro de ese periodo, mientras se mide el comportamiento de su ejercicio y se decide su prórroga, previa evaluación de resultados, por el plazo periódico de tiempo que se considere necesario. Esto le daría estabilidad al mercado y seguridad a las empresas y personas de poder funcionar dentro de un tiempo fijo, libre de cambios intermitentes.

Ya hemos vivido los métodos de endurecimiento y relajamiento de la cuarentena, toques de queda y cercos sanitarios, pero su intermitencia se ha convertido en enemiga del bien que se quiere procurar. Sería más oportuno sacar lo mejor de cada medida aplicada, para crear una norma general que nos permita mantener la retransmisión del Covid-19 en 1% o menos, mientras se desenvuelve la vida cotidiana del país. Observando los resultados que han sido publicados desde marzo del año pasado, podemos concluir que los cierres y la salida controlada para compras ayuda, ciertamente, a disminuir el contagio entre la población. Por tanto, apelando a esa experiencia, puede diseñarse el Plan de Apertura Controlada del que hablamos en este escrito.

Vale mencionar algunos elementos que podrían ser de utilidad para el plan. Por ejemplo: las actividades de la población estarían claramente definidas en dos grandes grupos: las económicas y las de esparcimiento de la población. La parte económica se desarrollaría de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Las oficinas abrirían en horario entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los comercios y centros comerciales de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El horario de las oficinas públicas sería a jornada reducida, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, con asistencia presencial alternada del 50% del personal cada día. Los restaurantes tendrían un horario especial de 11 del día a 8 de la noche durante toda la semana, pero tendrán que cerrar un día obligatorio escogido por ellos e informándolo a la autoridad competente para el debido registro. Este día de cierre tendría que anunciarse con un aviso a la entrada del establecimiento. Casinos, discotecas y toda actividad que implique aglomeración de personas en sitios cerrados operarían según el comportamiento del contagio y con aforo controlado. Los días de compras se mantendrían conforme al género, masculino o femenino, agregando los sábados para los hombres o compartiendo el viernes ambos géneros, según se estime conveniente.

Los días sábados las oficinas funcionarían hasta las 12 del día y los centros comerciales hasta las 4 de la tarde. Los domingos serían, exclusivamente, para el esparcimiento de la población, permitiendo sólo la apertura para los restaurantes y aquellas actividades de comercio al aire libre de micro y pequeñas empresas relacionadas con el turismo y la recreación. Los domingos, de ser necesario, habría cercos sanitarios por provincia en todo el país y para algunos distritos, según el comportamiento de la pandemia y la transmisión del contagio. Se entiende que las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y control de la capacidad de aforo de los locales y medios de transporte continuarán vigentes como hasta ahora.

El caso de visita a las playas y viajes al interior del país con fines recreativos, también sería controlado los fines de semana o días festivos, e incluso permitiendo algunos días entre semana para acceso a las playas. La manera más viable de control es asignar el día de viaje o traslado interprovincial de acuerdo con el número final de las placas de los vehículos, observando la modalidad de par e impar. Los vehículos no podrían exceder la capacidad que le sea permitida por las autoridades de salud y sus ocupantes tendrían que mostrar prueba de hisopado con resultado negativo. Los vehículos que se dedican de manera usual al transporte público de pasajeros y de mercancías tendrían una norma especial para su circulación, según la necesidad del servicio.

Si hay verdadera voluntad para diseñar el Plan de Apertura Controlada, tanto la vida activa de la población como la economía podrán funcionar a la par, sin comprometer gravemente la salud de los panameños ni el necesario desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas de los panameños. El Covid-19 llegó para quedarse y tendremos que convivir con él. Ya no podemos esperar a que se erradique o reduzca a su mínima expresión. La apertura del país es necesaria y por eso es imperante un Plan de Apertura Controlada, mientras esperamos que la vacuna haga su efecto, probando su eficacia para controlar la propagación del contagio del coronavirus. Está en manos de las autoridades, primero, y del resto de la sociedad, después, llegar a acuerdos y encontrar caminos para salir adelante.

De ser necesario que este Plan de Apertura Controlada se establezca por medio de una ley, el Órgano Ejecutivo puede apelar a la excepción constitucional y aprobarlo en Consejo de Gabinete, para luego enviarlo a la Asamblea Nacional para su ratificación. De esta manera no se pierde tiempo y el presidente de la república podrá demostrar que está verdaderamente comprometido con las soluciones que requiere el país en este momento y, sobre todo, que tiene el temple y la autoridad de un mandatario que no está hecho de "leche condensada."

No basta con sentirse panameño; hay que serlo

 Muchos creen que por nacer en esta tierra, arroparse con la bandera o gritar Panamá ya son panameños: ¡qué equivocados están!

A lo largo de mi vida he visto cientos de personas, quizá miles, que desgañitándose pregonan a los cuatro vientos que son panameños sin poder demostrarlo más allá de sus eufóricas palabras. En los años recientes, merced a la publicidad de algunos medios patrocinadores de eventos deportivos, principalmente el fútbol, la imagen del ser panameño se ha distorsionado y estereotipado reduciéndola al sujeto que bebe una cerveza, viste una camiseta con la insignia y los colores patrios gritando a voz en cuello ¡Panamá, Panamá! mientras zarandea la bandera.

En este Mes de la Patria que transcurre en medio de la pandemia del Coronavirus, la mayoría de la población rememora los desfiles de otros años y desempolva una bandera nacional o el vestido típico que guarda en una gaveta o en el closet. Así intenta expresar su ser panameño, porque no ha aprendido otra forma de hacerlo.

Ser panameño va más allá de los signos exteriores. Serlo implica estar consciente del porqué somos panameños, saber explicarlo con arraigado conocimiento de la historia patria y defenderla ante cada intento por mancillarla o traerla a menos. Hacerlo con argumentos fundados en la razón, el saber y el entender de cada una de las etapas que han ido construyendo el tejido de nuestra sociedad nacional. No es cuestión de gritos y frases sin sentido, sino de los hechos y las palabras que dan fe de la autoridad con la que hablamos de nuestra tierra, su cultura, su historia, los hechos vividos que hacen parte de nuestra memoria colectiva y como la construimos cada día amando la familia y trabajando honestamente para nuestro crecimiento personal y comunitario.

La gesta independentista iniciada el 10 de Noviembre de 1821 en La Villa de Los Santos, proclamada el 28 de Noviembre de ese mismo año; nuestra unión al sueño de la Colombia de Bolívar; y el largo itinerario que recorrimos para culminarla y consolidarla el 3 de Noviembre de 1903 no admite, por parte de ningún panameño auténtico, los agravios que suelen proferir algunos, incluso nacidos en esta tierra, de que somos un país inventado por la hegemónica potencia norteamericana de nuestro continente americano. Nada más alejado de la realidad. Allí están los documentos que nos hablan de la verdad concreta de Panamá: algunos en nuestros Archivos Nacionales y otros rehundidos en los de Bogotá y de España, en espera de que los panameños los saquemos del ostracismo para esclarecer tantos y tantos decires sin sustento histórico que zahieren nuestro ser nacional. 

Desde la supuesta no existencia de Rufina Alfaro hasta la hechura de Panamá por Wall Street transitan por cuanto medio lo permita, provocando que haya quienes haciéndose eco de tales aseveraciones las den por ciertas sin detenerse a analizar, siquiera, la proveniencia de ellas. 

Recuerdo hace unos 25 años que Gilberto Medina, abogado de oficio, colombiano de nacimiento y nacionalizado panameño, llegó a la oficina del periódico Panorama Católico que yo dirigía, con la novedad que Rufina Alfaro no aparecía en el Registro Civil y que, por ello, no existía. Conversé ampliamente con él y le expliqué que aquello no era determinante porque para esos tiempos había deficiencias en los registros de provincias, que los archivos centrales se manejaban en España y no en Panamá, que muchas personas en los pueblos eran conocidas por su nombre usual y no el de pila y que en el pueblo de La Villa de Los Santos aún son conocidos parientes de la heroína santeña. Incluso le mencioné que había leído alguna vez un artículo fechado unos 30 años después 1821 donde se hace mención de Rufina Alfaro, por lo que ya era aceptada su existencia y, probablemente, con muchos actores del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos aún vivos que pudieron haber dado fe de el hecho y desmentir cualquier mito o leyenda colectiva que quisiera todo el pueblo santeño crearse al respecto. El caballero siguió con su idea y algunos medios de comunicación se han hecho eco de ella a lo largo del tiempo provocando la mención cada año de la supuesta inexistencia de Rufina Alfaro. 

Otra de las afirmaciones poco analizadas y dada por cierta es decir que Panamá pertenecía a Colombia y que los Estados Unidos le quitó ese territorio para crear Panamá, sin hacer la distinción entre la Colombia de Bolívar y la Nueva Granada que, posteriormente, adoptó el nombre de Colombia. Panamá se unió a Colombia y se separó de ella, como también lo hicieran Venezuela y Ecuador (con Quito y Guayaquil primero). Ninguno, y menos un colombiano actual, tiene la osadía de decirle a un venezolano o a un ecuatoriano "ustedes eran de nosotros" sin recibir una respuesta tajante de parte de ellos o de sus propias autoridades, según sea el caso. ¿Por qué los panameños hemos de aceptar tal ultraje repetido una y otra vez cada noviembre? Nuestra vida de unión a Colombia está plagada de múltiples intentos de separación y aplastamiento militar de dichos intentos por parte de la metrópoli bogotana. Si no pudimos consolidar esa separación antes de 1903 fue por causa del poder político y militar que imponía Colombia sobre nuestro pequeño país. La conocida historia del sometimiento del débil por parte del más fuerte.

Que los Estados Unidos contribuyeron con el reconocimiento de nuestra separación de Colombia para consolidar nuestro movimiento separatista y erección como república independiente no tiene nada de pecaminoso como quieren hacernos ver algunos. El mismo Bolívar recibió ayuda de Francia e Inglaterra para independizar a los pueblos que llamó a conformar su Colombia, incluida la actual que, a la sazón, era conocida como Nueva Granada. Los propios Estados Unidos también recibieron ayuda de Francia para su independencia. Si recibir ayuda extranjera para hacer valer el sentimiento de independencia de nuestra nación es pecado, igual debe ser pecado para los demás. Pecadores unos, pecadores otros.

Panamá declaró su independencia el 28 de Noviembre de 1821. En un acto soberano, que solo puede ejercer una nación independiente, nos unimos casi de inmediato a la Colombia original creada por Bolívar. Una década después iniciamos el camino de separación de la ya desintegrada Colombia bolivariana, pero sin éxito hasta 1903. Nunca fuimos de la actual Colombia dentro del contexto de la Nueva Granada o del estado que quedó luego de desaparecida la Colombia originaria. Y la prueba más fehaciente es que al independizarse, la Nueva Granada jamás reclamo el Istmo de Panamá como suyo. Mal pudimos haber sido, y menos aceptar que lo fuimos, parte de la Colombia que adoptó ese nombre al renunciar al de Nueva Granada y que es el único territorio que hoy queda de la que fundó el Libertador Simón Bolívar. Si ya no existe la Colombia de Bolívar, la actual, de la que solo lleva el nombre, no puede insistir en decir ni enseñarlo a sus ciudadanos que Panamá fue parte de ella. Esa Colombia actual más bien conculcó nuestros derechos de recobrar nuestra soberanía e independencia que pusimos voluntariamente en las manos del sueño de Bolívar y que, así como voluntariamente nos unimos a la Colombia originaria y fuimos aceptados como nación independiente en ella, igual, voluntariamente, teníamos toda la razón y el derecho de separarnos como lo hicieran Venezuela y Ecuador a quienes la casta política bogotana no se atrevió a retener ni someter con el mismo empeño y poderío que lo hizo con Panamá.

Ojalá que a partir de este Noviembre, Mes de la Patria, los panameños aprendamos nuestra historia y defendamos con tesón nuestro verdadero ser panameño. Que nos convenzamos de serlo, no solo de sentirlo en el color de las telas. Y tener plena conciencia que el respeto hacia nuestro país comienza por el respeto que tengamos de nosotros mismos. No basta con sentirse panameño; hay que serlo.

A 528 años del Descubrimiento de América

 Así como se lee, descubrimiento de América. El hecho es una realidad porque el continente llamado América fue descubierto para el mundo y la civilización aquella madrugada del 12 de octubre de 1492.

El aniversario del arribo de Cristóbal Colón al hemisferio occidental tiene como punto de discusión algunos argumentos que al analizarse concienzudamente, la mayoría de ellos no tienen un fundamento realmente histórico sino ideológico. Cuestiones como: Colón es el causante de los males que padece la población indígena de América; el almirante genovés no descubrió nada porque aquí ya había pobladores a su llegada o porque los vikingos llegaron antes a Terranova; y cientos de millones de aborígenes vivían en paz y armonía hasta que murieron asesinados o contagiados por un montón de enfermedades traídas de Europa. Todos argumentos muy publicitados y hasta tomados literalmente como verdaderos sin escrutarlos debidamente.

Los mitos y leyendas invocados para desvirtuar la hazaña de Colón son variados y han florecido ampliamente durante la segunda mitad del siglo veinte. Los movimientos sociales promovidos desde la concepción ideológica y política del marxismo latinoamericano ha demonizado, sin duda, el propósito del viaje de Cristóbal Colón, con el fin de ganar adeptos entre la población indígena del continente aprovechando el estado de marginación que esta sufre. La consecuencia ha sido que el arraigo de alguna de esas ideas provoque enfrentamientos sociales, algunos violentos, buscando crear el caos que necesita la corriente marxista regional para ganar espacio político y así asaltar el poder con el fin instaurar el régimen revolucionario comunista que, supuestamente, será la solución a todos los males de nuestros países.

La expedición de Colón fue una odisea extraordinaria, solo comparable en el tiempo con la llegada del ser humano a la luna. Cruzar el Océano Atlántico en tres pequeñas embarcaciones, enfrentando momentos de oleajes formidables y la temporada de vientos huracanados durante la travesía, no tiene comparación con hazaña marítima alguna conocida por la civilización occidental. El viaje tenía un propósito comercial con visos de conquista, de acuerdo con el pasaporte dado a Colón y otros documentos de la época que decían, entre otras cosas, que sería nombrado Almirante y Adelantado de las tierras que descubriera. Estaba claro, pues, que el sentido comercial de llegar a Cipango y Catay por una nueva ruta proveería la segunda intención de la travesía: el descubrimiento obligado de nuevas tierras por navegar en busca de un camino desconocido hasta el momento. La motivación de Colón era más mercantil; la de la corona española de expansión de su dominios y el poder político que traía consigo.

Una vez consumado el hecho del encuentro de las culturas europeas y americanas, el 12 de Octubre, comienza un proceso de intercambio, conquista y colonización del nuevo mundo, en el cual las altruistas y bajas pasiones del ser humano se ponen de manifiesto. El europeo, ya sea español, inglés, portugués, francés u holandés, impone su ley a fuerza de un mayor conocimiento tecnológico y militar, con la complicidad de los pueblos indígenas que eran oprimidos por imperios como el inca, el azteca y naciones nativas más fuertes que sometían a tribus y naciones indígenas más débiles y pequeñas. Esa es, fundamentalmente, la forma en que la conquista y posterior colonización de América tuvo lugar, como ocurrió con otras tantas expansiones imperiales en Europa, África, el Medio Oriente y Asia.

Culpar a Colón de las situaciones posteriores a su viaje es injusto y absurdo. Y mucho más cuando se ignora o se olvida que los españoles no fueron los únicos que vinieron a América para conquistarla y colonizarla. La responsabilidad del almirante se limita a los 14 años que transcurrieron entre su primer y cuarto viaje hasta su muerte en 1506. Igual a los actos cometidos como Virrey de La Española, algunos de ellos de dudosa comprobación por lo exagerados y construidos algunos por sus enemigos ávidos, también, de poder y fama. Al fin y al cabo, las nuevas tierras prometían riquezas, alta posición social, poder económico, político y hasta ascenso a la nobleza . Cada uno quería su pedazo del pastel y cada imperio y conquistador debe ser juzgado por sus actos, sin achacárselos al chivo expiatorio de Colón.

A 528 años del Descubrimiento de América, aunque haya quienes prefieran llamarlo de otra forma, sobradas razones hay para pensar que conocerse ambas culturas era un encuentro inevitable. Si no se producía por el lado del Viejo Mundo, tarde o temprano se habría producido por el Nuevo Mundo. Tengamos claridad, entonces, que los males actuales de nuestros hermanos indígenas, con quienes compartimos la herencia genética y cultural de América, al igual los de la población africana traída a estas tierras como esclava, son responsabilidad nuestra desde que cada pueblo americano declaró la independencia de su respectiva corona europea. Durante los últimos 200 años años hemos sido nosotros y solo nosotros los responsables de los males que padecen nuestros pueblos. Buscar cargárselos a Cristóbal Colón es una estupidez. Como igual lo es el decir que antes de su llegada este continente era un paraíso poblado de inocentes individuos que no conocían la guerra, el egoísmo, la envidia o la maldad: eso sería negar la esencia humana misma.

La verdad histórica tenemos que asumirla con sus luces y sus sombras, no borrarla. Nada ganamos con ignorarla, ni con ello cambiamos el estado de marginación y pobreza en la que viven nuestros hermanos indígenas y otros habitantes de nuestros pueblos americanos. El 12 de Octubre debe ser dedicado a recordar nuestro pasado y mirar nuestro presente. Y si el vocablo descubrimiento significa "encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta el momento", redescubramos, a partir de una seria y equilibrada reflexión, nuestra historia integral, y descubramos a través de ello las causas reales de nuestros males, antes de estar culpando en octubre de cada año a quien tuvo el coraje de cruzar el mar en tres pequeñas embarcaciones en sus cuatro viajes, mientras a nuestros gobernantes y líderes les falta ese mismo valor para enfrentar el desafío de hacer progresar a nuestras naciones con justicia, honradez y trabajo duro.

Los Representantes de Corregimiento deben ser nombrados por los alcaldes

 La función dual de los representantes de corregimiento, como concejales y administradores de las juntas comunales, es un obstáculo para el desempeño democrático de los municipios porque su independencia se ve comprometida al estar sometida a la manipulación política.

Cuando la Constitución de 1972 creó la figura de los representantes de corregimiento la puso como centro del llamado poder popular. Tenía funciones locales administrando las juntas comunales, ejercía el control municipal como concejal, injerencia en los consejos provinciales de coordinación, poder legislativo al integrar parte de sus miembros la asamblea nacional, y escogía o nombraba al presidente de la república. En ese contexto tenía un poder político que, incluso, era superior al de los alcaldes, por ser estos últimos nombrados por la vía administrativa a través del órgano ejecutivo. 

Ante tal estructura de poder, el representante de corregimiento no podía ser sometido por ningún alcalde, porque ellos no solo controlaban el presupuesto municipal sino que, si hacía falta, podían solicitar la remoción de los alcaldes al ejecutivo ya que ellos, reunidos en asamblea nacional, eran la autoridad que nombraba al presidente de la república y, en teoría, también podían destituirlo. Su influencia sobre el presidente y los ministros era muy poderosa, por lo que cada uno en su corregimiento podía conseguir, facilmente, presupuesto para obras comunales y tenían acceso expedito a los funcionarios de jerarquía en el poder ejecutivo.

Luego de la reforma constitucional de 1983, el poder de los representantes de corregimiento vino a menos. Al quitar de sus manos el nombramiento del presidente de la república y al permitirse la elección de los alcaldes por el sufragio directo, las cosas se complicaron para ellos al verse confinados a sus juntas comunales, aunque conservaron su función de concejales. Tal cambio constitucional los convirtió en los funcionarios de menor jerarquía elegidos por el voto popular, en lo que respecta a su cargo como cabeza de las juntas comunales, donde ya no tienen el poder de aprobar sus presupuestos y son opacados por la figura del alcalde que sí cuenta con mando y jurisdicción y goza de mayor respaldo político.

Transcurridos casi 40 años desde la perdida del poder que les daba la constitución de 1972, la experiencia indica que el representante de corregimiento es un funcionario inoperante, incluso como concejal, y su existencia como tal está limitada a mantener un vínculo endeble con la comunidad a través de servicios intermediarios con autoridades superiores y otros más propios de asociaciones benéficas o de cualquier oenegé.

Frente a esa realidad, el cargo de representante de corregimiento sirve más para el reparto de cuota y componenda política que para servir a la comunidad. Al menos en la experiencia actual. Convendría mejor, en una futura reforma constitucional, que tal figura desaparezca del firmamento político y separar la función dual que actualmente ejercen. La administración de la junta comunal, por ejemplo, recaería en un funcionario nombrado por el alcalde del distrito como auxiliar de su gestión. Eso facilitaría la prestación de servicios a la comunidad, porque las respuestas dejarían de estar sujetas a la negociación o la intermediación entre el representante y el alcalde, permitiría un mejor manejo y reparto presupuestario en el municipio, y la gestión de gobierno municipal tendría más eficacia en el manejo ambiental, ornato, sanidad y otros servicios públicos que ahora cada ente -juntas comunales y alcaldías- opera por separado.

En cuanto al cargo de concejal, este sería ejercido por funcionarios de elección popular que solo se dedicarían de manera exclusiva a dicha función, teniendo como único emolumento la dieta correspondiente por cada sesión. Esto permitiría que cualquier persona ejerza dicho cargo, sin detrimento del trabajo o profesión que tenga, dándole al concejal la independencia necesaria en sus actuaciones ya que no tendría que transar o negociar pactos que faciliten su gestión política como representante de corregimiento a cambio de su voto en el Consejo Municipal. 

Panamá tiene que abocarse a provocar un cambio radical en sus instituciones y estructuras políticas, si quiere afianzar el régimen democrático. Uno de esos cambios es la institución municipal, que incluye a las juntas comunales y las figuras de los representantes de corregimiento y los concejales. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales es vital para el afianzamiento de la democracia y el desarrollo y progreso del país. Tenemos que liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros de un sistema que, en sus deficiencias, en parte es causa de la corrupción política que impide darnos un futuro mejor. Y una de esas ataduras es la actual figura del representante de corregimiento que, al perder su poder original pierde, también, su propia razón de ser y la deja reducida a un cargo que se presta para el negociado, la componenda política y para ser uno de los obstáculos que impide el desarrollo pleno de la institución municipal que está llamada a ser el motor del progreso de la comunidad y del desarrollo del país. 

La pobreza política e intelectual de los diputados panameños

Algunos de nuestros diputados creen que por mostrar un título universitario eso los hace personas capaces y altamente educadas. Nada más falso y pretencioso. Alabarse uno mismo por un título académico es como un sapo que se infla para parecer más grande de lo que es realmente.

por Luis Alberto Díaz

Hace unos días un miembro de la Asamblea Nacional propuso cambiar el nombre de las nuevas esclusas del Canal de Panamá en un acto con más tinte de lisonjería y clientelismo electorero que fundamento histórico o patriótico. Su propuesta, proporciones guardadas, se suma a diversos actos bochornosos protagonizados por algunos de sus colegas diputados en lo que va del año.

Si algo nos demuestran los miembros de la cámara legislativa, en sentido general, es la pobreza política e intelectual que predomina entre los miembros de ese órgano del estado. La poca cultura general que se evidencia entre ellos, la chabacanería, el verbo vulgar en sus intervenciones públicas y el comportamiento escandaloso y la actitud bajuna de algunos de ellos le dan a la Asamblea una imagen pública de pillería, corrupción y sinvergüenzura que lesiona gravemente su reputación y pone en entredicho la honorabilidad de un órgano del estado que está llamado a actuar en todo momento en interés de la nación, proveyéndola de las leyes que le den sustento al marco jurídico que ordena la vida legal del país para el buen funcionamiento del régimen democrático y garantizar los derechos de quienes viven dentro de sus fronteras.

El diputado proponente de la descabellada idea de cambiar los nombres de las nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí ignora, y si no lo hace pasa voluntariamente por ignorante, que cada esclusa del Canal de Panamá toma su nombre de una ubicación geográfica existente antes de la construcción de la vía acuática. Que esos nombres buscan mantener viva la historia panameña y del propio canal al bautizarlas así. Cambiarles el nombre es una bofetada a nuestra historia, a los panameños que hicieron de esos lugares su hogar y terruño durante 400 años, y a tantos y tantos compatriotas que sufrieron y lucharon, incluso algunos ofrendando sus vidas, para recuperar el territorio de la antigua Zona del Canal. Recuperación que también implica la historia de Panamá sobre dicho territorio.

Cualquiera que se precie de haber pasado por el sistema educativo panameño, y de la propia Universidad de Panamá, ha tenido que oír, al menos, nombres como Armand Reclus o Gil Blas Tejeira. El primero con su documentado recorrido por los pueblos que estaban en la ruta del actual Canal de Panamá, y el segundo, con su novela "Pueblos Perdidos", que narra intensamente las experiencias de una familia centroamericana inmigrante que recorre los pueblos sepultados, unos por las aguas del canal, y desmantelados otros, por los constructores estadounidenses de la ruta interoceánica.

Decenas de pueblos en los que vivían, para la época, más de 50,000 personas, se vieron privados de su gente y de su vida cotidiana. Pueblos en los que se hablaba, además del español, el francés, el inglés y el chino. Idiomas del que dudo tenga gran conocimiento el diputado proponente del adefesio legislativo que busca cambiarle el nombre a las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Contrario a él, y sin mayores estudios académicos, gente humilde y trabajadora sí los dominaba o, por lo menos, podía mantener una breve conversación en tales lenguas.

Casas, escuelas, iglesias, cuarteles, comercios, calles y plazas que constituían dichos pueblos se perdieron para siempre por la mano y la acción de los constructores del Canal. Hoy, en una lisonjera y politiquera acción un diputado pretende borrarlos, también, de la historia de la nación y del propio Canal de Panamá.

Si el diputado de marras busca honrar los esfuerzos del general Torrijos y el presidente estadounidense Carter, en la consecución de la firma del Tratado del Canal de Panamá, que nos devolvió la jurisdicción sobre la vía acuática y su territorio, bien puede poner a funcionar su cerebro buscando otra forma. Si no lo logra, consulte con el resto de los panameños o recurra a los libros de historia que reposan en las bibliotecas Nacional, de la Universidad de Panamá, o del propio Canal. De seguro no faltarán ideas valiosas. Y si lo que quiere es congraciarse con el electorado, que haga alianza con el colega de San Miguelito que representa a los electores del sector que lleva los nombres de Torrijos - Carter, para proponer una ley que ayude a mejorar la vida comunitaria de los moradores de ese lugar. ¿Qué mejor homenaje que procurar hacer de Torrijos - Carter un lugar agradable y digno para vivir? ¿Qué mejor homenaje que restituir en Torrijos - Carter y su gente las escuelas, plazas, cultura, orden urbanístico y calidad de vida que otrora tuvieron los moradores de los pueblos perdidos del Canal?

Como dijera Francisco Vera a su hija María de los Ángeles en la novela de Gil Blas Tejeira: "Aprende, hija, que cuando tus padres te falten solo ha de valerte lo que sepas", igual le damos el paternal consejo al diputado proponente de la aberración de cambiar el nombre de las esclusas de Agua Clara y Cocolí. Lo mismo vale para el Presidente de la República, que ha prometido sancionar la bofetada histórica que da el diputado a la nación panameña si llega a ser aprobada en el pleno de la ya desacreditada Asamblea Nacional.

Diputados clientelistas

 Con las recientes palabras de un diputado por su red social queda en evidencia, una vez más, que las prácticas de estos funcionarios forman parte del esquema de corrupción institucional.

El sistema de elección de los diputados, la inmunidad que se les otorga y el complicado proceso para investigarlos y juzgarlos ha creado una casta de funcionarios acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que en un tiempo fue pensado para proteger a los legisladores opositores de los abusos de la dictadura se ha convertido en una pieza importante del esquema de corrupción institucional que impera en el país.

Cómo es posible que un diputado le pida al presidente de la república nombramientos de personas y dinero para obras circuitales que faciliten su clientelismo electoral, sin que pueda ser investigado de oficio por el ministerio público a causa de la norma constitucional que le impide a la vindicta pública cumplir con su función perseguidora del delito. La susodicha norma es un elemento dañino para la administración de justicia y la propia democracia, porque en ella se sustenta la cuestionada inmunidad de la que gozan estos funcionarios.

De acuerdo con el sistema de gobierno que consagra la Constitución de la República de Panamá, la función de los diputados es hacer leyes y fiscalizar la labor del órgano ejecutivo para evitar abusos de poder y garantizar el buen funcionamiento del país a través del marco jurídico que lo rige. Nada más alejado de la realidad. Desde hace muchos años los diputados se las han ingeniado para manejar las conocidas partidas circuitales, ya sean estas asignadas de manera directa o disfrazadas dentro del presupuesto nacional, como arma para negociar su voto ante el presidente de turno. Por eso no es de extrañar que un diputado oficialista, olvidando todo recato o temor por alguna sanción, pida nombramientos de allegados y manejo de dinero público de la manera más descarada que haya podido encontrar: un mensaje directo al mandatario de la nación a través de las redes sociales.

Tal ha sido el descaro del parlamentario que, incluso, justificó su petición con el argumento de quién mejor que un diputado para manejar dinero de obras comunitarias porque es elegido por el voto popular y porque, de no hacerlo, le pasarían los electores la factura política en las siguientes elecciones. ¡Qué ignorancia! Ni siquiera es capaz de razonar sobre las funciones y la razón de existir del cargo que ocupa.

La ley y la constitución establecen claramente que son los municipios y los alcaldes los que deben y pueden, por motivos inherentes a sus funciones, dedicarse a realizar obras para la comunidad y administrar los recursos económicos que se proveen para ello. Incluso los representantes de corregimiento pueden hacerlo, aunque de manera más limitada por razones políticas más que jurídicas. Si tanto deseo tiene de servirle a la comunidad con obras y nombramientos, ¿por qué no se postuló para estos cargos? Al fin y al cabo los alcaldes y representantes de corregimiento también son elegidos por el voto popular. Pero no, no buscó esos cargos porque el esquema de corrupción política les da un poder limitado frente al que tiene un diputado. Esa es la razón, no hay otra.

Panamá está en mora con la democracia. Tras 30 años de haberse recuperado el régimen democrático, las principales instituciones democráticas continúan contaminadas con el germen heredado de la dictadura, lo que algunos aprovechan para mantener prácticas corruptas que son difíciles de erradicar bajo el sistema institucional imperante.

Urge plantearnos de manera seria, como pueblo y nación, una nueva estructura institucional para perfeccionar nuestra democracia. Uno de esos cambios es acabar con el sistema de circuitos electorales tal como lo conocemos, con la forma de elección basada en cuociente, medio cuociente y residuo que facilita el llamado voto plancha que desconoce el principio de una persona un voto para cada cargo electoral, y con la camisa de fuerza que se le impone a los municipios y a los alcaldes que resultan superados en su gestión por el abuso del presidencialismo a través del poder de los ministerios que componen el órgano ejecutivo.

Basta ya de mantener a los diputados clientelistas con nombramientos y partidas circuitales disfrazadas de gestión parlamentaria. Es un hábito deleznable que no pocas veces se utiliza para comprar el voto de los diputados, financiar su proselitismo y mantener el nefasto cacicazgo político en las circunscripciones conocidas como circuitos electorales. 

Tarde o temprano este cambio llegará. Solo esperamos que ocurra sin los traumas que han llevado a otros pueblos latinoamericanos a pasar a regímenes peores.

Cualquier persona no puede ser periodista

 "Un viejo debate reaparece en nuestro ambiente. ¿Cualquiera puede ser periodista? Alegatos por aquí y por allá con tinte de derechos humanos, de intenciones ocultas de abaratar la mano de obra en los medios y con argumentos tecnológicos son esgrimidos por unos y otros."

Esta polémica de vieja data viene desde los tiempos en que aparece el periodismo como carrera universitaria y dio el salto de mero oficio a profesión. Muchos propietarios de periódicos defendieron que el periodista se hace en el medio, no en el aula. Veteranos periodistas también defendieron esas ideas. Otros propugnaban por elevar el entonces oficio a nivel académico por el desarrollo tecnológico que sufrían los medios en aquel tiempo pasando de las rotativas a la radio y la televisión. 

Personajes como Joseph Pulitzer optaron por la ruta académica y otros, en sus países, hicieron lo mismo. En el caso panameño Gil Blas Tejeira, junto a otros periodistas empíricos, lucharon muy duro para crear la escuela de periodismo en Panamá y elevarla a nivel universitario en 1961.

Hace unos días se ha encendido este viejo debate sobre ejercer el periodismo sin estudiar para ello, apelando al fenómeno de las redes sociales introducidas por la tecnología digital y el supuesto reemplazo del periodista por aquellos que divulgan y denuncian hechos a través de ellas. Como ha ocurrido desde hace casi un siglo, en este tema unos se lanzan a favor y otros en contra. Cada uno con sus argumentos. Y salta la pregunta al aire: ¿Puede ser periodista quien no haya estudiado para serlo? Veamos.

"La profesión periodística tiene como campo principal de trabajo la transmisión de noticias. Eso en el sentido ortodoxo. Pero, limitarla solo a esa tarea es desconocer la evolución que ha sufrido el periodismo durante tres cuartas partes del siglo pasado y casi una cuarta parte del presente siglo 21. De la mera transmisión de noticias el periodismo mutó al campo de la información. Tanto es así que en el sector público y en las grandes y medianas empresas es común contratar expertos en información, comunicación corporativa y organizacional formados en las universidades. Ya no se trata de transmitir un hecho al público, sino de analizar sus consecuencias para la sociedad y la acción que deben tomar los diferentes actores que se desempeñan en el campo de la información desde los medios de comunicación hasta las entidades de la sociedades política y civil. Para poder realizar ese trabajo a cabalidad hace falta hacer uso de ciertos conocimientos, técnicas y herramientas informativas que deben adquirirse a través de una formación académica que permita desempeñarse de manera científica y profesional en la labor periodística."

Si bien es cierto que transmitir un hecho que ocurre en la calle no es potestad exclusiva de los periodistas, sí lo es su estructuración con todos los elementos que salvaguarden el uso del lenguaje periodístico y el pleno conocimiento de la situación para el público sin aristas sensacionalistas o intenciones manipulación individual o sectaria. Transmitir el hecho en sí puede ser una noticia en el momento, llegar a escudriñar el por qué y el para qué, saber distinguir qué es un hecho noticioso y qué no, cómo dar la información, dónde buscarla, qué fuente autorizada entrevistar, entre otros factores, supera el campo de la noticia momentánea que transmite un individuo por sus canales de Instagram, You Tube o cualquier otra red social. No es lo mismo, pues, enterarse de un hecho con ribetes noticiosos en tiempo real que informarse o ser informado sobre ese mismo hecho.

Aunque una persona tome la cámara de su celular para publicar lo que encuentra a su paso, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de información, eso no lo hace periodista. Simplemente ejerce un derecho humano que nadie le puede negar, impedir o regatear. Está en su derecho y eso no transgrede en nada el ejercicio de la profesión periodística. Sí lo haría, en cambio, el hacerse pasar por periodista sin serlo para aparentar ante el público u obtener un estatus social que legitime su actividad de usuario de las redes sociales. Pero esto es materia de otro campo, como el jurídico.

Frente a esta polémica debe tenerse claridad que una cosa es ejercer un derecho humano y ciudadano y otra es ser periodista. Al menos en lo que se entiende como la persona formada académicamente y reconocida formal y socialmente como titular de la profesión de periodista. Así como la gente que acostumbra hacer comida hogareña para los suyos y sus vecinos no puede ser reconocido ni llamado chef, por muy sabroso que cocine, tampoco el que está publicando hechos diarios por las redes sociales es un periodista por el solo hecho de realizar esta actividad. Y aquí vale notar que en este viejo debate los que se oponen a reconocer el periodismo como profesión adquirida formalmente a través de los estudios recurren a un ya trillado "no se trata de lo mismo", para descalificar cualquier ejemplo de otros oficios o profesiones que se presenten como argumento.

"Cualquier persona no puede ser periodista, porque el serlo requiere estudiar la carrera y conocer el arte científico de su ejercicio. Conocimiento y formación que le garantiza al público un manejo veraz y confiable de la información, que incluya los diversos puntos de vista sobre el hecho y que dé la garantía que no se trata del "fake news" que ha introducido el mundo de las redes sociales."

Si aplicarse en la reparación del automóvil y ayudar al vecino con el suyo no hace mecánico a un individuo, si el conocimiento de la medicina tradicional no hace médico al yerbero o al chamán, y si acostumbrar a conducir rápido por las calles y autopistas no hace piloto de carreras a quienes conducen así su auto habitualmente, ¿por qué pretender que una persona que divulga hechos a través de las redes sociales sin haber estudiado periodismo tenga forzosamente que ser periodista? El periodismo no se trata simplemente de ir por allí colgando hechos callejeros en las redes. Ser periodista, tampoco es eso. El periodismo y el ser periodista es mucho más que ser un "influencer" de hechos callejeros. Que cada uno, pues, ocupe el lugar y ejerza el derecho que le corresponde. Y que igual se respete el ejercicio y el reconocimiento del periodismo como profesión, porque también es un derecho. No lo olvidemos.

La economía crecerá después del Covid-19

Contrario a los malos augurios la economía podría crecer rapidamente al levantarse las restricciones impuestas por la crisis del Covid-19.

En el análisis social de la economía existen dos elementos importantes a considerar: la realidad de la infraestructura económica y los posibles eventos y escenarios que podrían ocurrir en el corto y largo plazo. Toda predicción se fundamenta en ellos; lo demás es accesorio y complementa o sustenta el resultado que se predice.

La economía panameña, como toda economía, es dinámica y sufre cambios constantemente. Con varios años de desaceleración a cuestas, ya la nuestra estaba en vías de transformación, aunque de una manera lenta. Con la crisis del coronavirus, esos cambios se acelerarán y favorecerán a las empresas que ya habían iniciado su migración hacia la etapa tecnológica. Estas, por cierto, son las que han podido capear mejor el temporal con el teletrabajo y el comercio electrónico que ya habían experimentado de manera parcial. Las otras, que con la crisis se han visto forzadas a recurrir a las herramientas tecnológicas o a suspender operaciones, estarán en clara desventaja cuando llegue la apertura total.

Si recordamos lo que ocurrió con la economía y el ambiente empresarial del país, tras la Invasión de 1989, podemos vislumbrar una fuerte transformación de las empresas panameñas. Contrario a aquel tiempo, en que la infraestructura económica estaba casi destruida, con las empresas descapitalizadas, y la carga de varios años con adversidades financieras, fuga de capital y de talentos, y la crisis restringida a la economía local, el momento actual se caracteriza por una crisis global y de unos seis meses de duración, aproximadamente, antes de que sea abierta toda la actividad económica.

Con un bajo crecimiento forzado por las circunstancias, es casi probable que tengamos un crecimiento más acelerado de lo pensado. Aunque en los próximos dos años el empleo se verá afectado duramente, no es menos cierto que la mayoría de los empresarios intentará salvar sus empresas y modernizarse, diversificando su oferta mercantil y contratando personal capaz de lidiar con las tecnologías y el comercio electrónico. Sin duda, el nuevo virus empresarial será la búsqueda del crecimiento y el uso de herramientas tecnológicas, para migrar a un novedoso modelo de negocios.

Así las cosas, quienes más sufrirán el desempleo serán aquellos que no tienen estudios ni formación para desempeñarse con las tecnologías actuales. Las personas mayores de 50 años y los que han desertado de la escuela serán las principales víctimas, ocasionando una fuerte carga social para el estado y la sociedad en general.

Panamá, luego de un par de años de adecuación a esa nueva realidad, tendrá una década de transformación y crecimiento económico muy fuerte. La población joven, aficionada a la tecnología, será un punto fuerte en esta transformación. Sin duda, y ya hay muestras de ello, entre la juventud surgirán emprendedores y expertos en tecnología que transformarán el mundo empresarial panameño. También habrá otro importante núcleo de población que quedará rezagado, por su poca dedicación y motivación para el estudio y el emprendimiento. Hacia este grupo habrá que dirigir los programas de desarrollo social, si no queremos una profundización de la pobreza y el desempleo.

Vislumbro un futuro panameño con más empresas tecnológicas, mayor inversión a través de la asociación público - privada, y un emprendurismo vigoroso, lo que redundará en mayor crecimiento económico. Eso si, siempre y cuando ocurra la adopción de leyes que faciliten esa gestión y se practique una actitud ética en todos los campos del quehacer nacional.

El reto está, pues, en que la empresa privada y el gobierno comprendan y tomen en serio el fenómeno social que se producirá después del Covid-19. Intentar volver a lo mismo es un error, y seguir con las prácticas de corrupción en ambos sectores, también. En las manos de toda la sociedad panameña está asumir el desafío y aprovechar la oportunidad que se nos presenta tras está crisis.

De cuarentena a toque de queda

A partir del 1 de junio pasaremos de la cuarentena al toque de queda. Se acabaron las salidas por sexo, edad y número de cédula. La pregunta que surge: ¿demostraremos sentido cívico como pueblo?

Si de algo carecemos desde hace años es, precisamente, de sentido cívico y respeto por las leyes y hasta por nuestra propia libertad. A pesar de que aún quedamos panameños con el ánimo de querer vivir en la rectitud, practicando el civismo y el respeto por las leyes y las normas de convivencia hay, entre nosotros, una parte de la población que le importa un rábano las reglas de urbanidad, el respeto hacia el que tiene al lado, la actitud cívica y el sometimiento legítimo a la autoridad y a las leyes.

No son pocos quienes transgreden y violentan, a diario, todo aquello que rige el comportamiento individual y colectivo. Lo mismo les da hacer ruido, ensuciar, destruir, ejercer violencia de todo tipo e irrespetar todo sentido de la ética, los reglamentos y las leyes que norman la convivencia doméstica y colectiva, sean estas derivadas de la legislación nacional o, simplemente, impuestas por los códigos de comportamiento social. Les da lo mismo, porque primero son ellos que los demás y nadie les puede decir qué hacer o cómo actuar.

Así es el ser panameño, lamentablemente, y costará mucho hacer que el panameño vuelva a ser la persona afable, respetuosa de la ley, y con alto sentido del deber y del civismo que un día fue y que lo llevaba, incluso, a detenerse y plantarse en posición de firme cuando veía izar o arriar la bandera de su patria. ¿En qué momento el panameño perdió la educación? ¿Qué circunstancias lo obligaron a perder su esencia como gente cabal? ¿Qué corriente lo condujo a la chabacanería y la irreverencia colectiva?

Con el paso de la cuarentena al toque de queda se pondrá a prueba el material del que estamos hechos los panameños. A pesar de la esperanza que tengo de ver aflorar el civismo y la responsabilidad colectiva, la experiencia vivida me pinta otro panorama. Ese levantamiento de la restricción de salir a la calle que hemos pasado en las últimas semanas nos dirá, como siempre, que esa corrupción moral que nos afecta asomará una vez más en nuestro horizonte.  No es difícil imaginar que el primer día de movilización sin las limitaciones de número de cédula, sexo, edad y periodo máximo de dos horas, será como un toque a recreo para muchos. Saldrán a la calle por el solo hecho de salir, no porque realmente lo necesiten o tengan algo urgente que hacer. La actitud será la de "salgo porque quiero y porque ya no hay confinamiento por cuarentena."

Triste es esta realidad panameña, ya demostrada en los cientos que han violado el toque de queda durante esta cuarentena por el Covid-19. Demostrada en situaciones anteriores en las que se recomendaba seguir ciertas indicaciones por riesgos para la salud por epidemias como la conjuntivitis, el dengue, el hantavirus, el zika o el chikungunya. La irresponsabilidad demostrada en estas otras situaciones quizá -y casi probablemente- vuelva a ser la misma. En esto el panameño que ha optado por ser poco importa, chabacano y chusma, no cambiará.

Panamá necesita una revolución ética y moral que traiga esperanza de un país mejor para todos. Una revolución que debe empezar desde cada persona que busca vivir una vida decente y honesta. Hay que armarse de valor y exigir a los del entorno cercano, familia, parientes, amigos, compañeros y vecinos, el respeto por los valores y principios que nos procuran el bien como personas. No podemos seguir por el camino de la corrupción que nos lleva a la degradación moral, a la vulgaridad y a la delincuencia, donde el que grita más y más irreverente es resulta ser el más popular en las redes o el más aplaudido por likes y retuits. No nos llamemos a engaño: no habrá Panamá decente, sin panameños decentes. Así de cruda está la cosa.

La desidia y la sinvergüenzura están por acabar con el Seguro Social

A partir de la reforma de la seguridad en el año 2005 se calculó que había un periodo de 10 años para buscar una solución más permanente al sistema de pago de pensiones. Los gobiernos sucesivos, en un despliegue de desidia y, hasta, de sinvergüenzura política han dejado de lado ese compromiso.

Los años fueron pasando y desde 2018 empezaron a utilizarse los ahorros que se destinarían para hacer frente a la urgencia por el impago de las pensiones. Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que ha traído como consecuencia una disminución drástica de la recaudación de cuotas, la Caja de Seguro Social ve agravada su situación para cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a través del cual se pagan las pensiones.

Pero no todo es provocado por el Covid-19, porque la situación ya venía dándose y el público no sabe, a ciencia cierta, de qué manera, cómo y con qué se tapaba el hueco financiero del IVM, porque la presentación de los estados financieros ha estado en mora y la transparencia y acción de la junta directiva de la entidad está en modo de poca virtud.

Un análisis básico del funcionamiento de la Caja, recurriendo a algunos artículos de la Ley Orgánica que la rige, crea ciertas interrogantes que deben ser respondidas en algún momento. El artículo 44, que trata de la Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción, habla de la existencia de un Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, que es seleccionado por la Junta Directiva y responde ante ella. ¿Quiénes han sido esos directores en los últimos 10 años y cuál ha sido su papel en cuanto a transparencia y responsabilidad institucional? ¿Por qué ellos han permitido que los estados financieros permanecieran ocultos al público? ¿Con qué criterio fueron nombrados? ¿Cumplieron con los requisitos que la ley señala para dicho cargo?

Si avanzamos en la lectura de la ley que rige la Caja de Seguro Social, también nos encontramos con los requisitos que se exigen para ser miembro de su junta directiva, señalados en el artículo 25, en el que llama la atención el numeral 4 de dicha norma, que establece, preferiblemente, que para ser miembro de la junta directiva la persona debe "tener título académico universitario o experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en administración, finanzas, inversiones, manejo de fondos de pensiones o salud." ¿Cuántos miembros de las juntas directivas de los últimos 15 años han reunido esos requisitos?  Al parecer, en algunos casos, la palabra "preferiblemente" que aparece en dicho artículo es tomada al pie de la letra para saltarse los requisitos. Ese "camarón legislativo" hijo de la sinvergüenzura política panameña, echa por tierra cualquier propósito serio que haya podido tener la creación de la tal ley. Esa ausencia de seriedad legislativa es, sin duda, una de las causas por la que la junta directiva resulta ser un organismo inoperante e incapaz de salvaguardar, plenamente, el auténtico objetivo de la Caja de Seguro Social.

Igual ocurre con el director general de la entidad, a quien se le exige, en el artículo 36, numeral 3, "poseer título universitario en cualquier disciplina y experiencia mínima de 5 años en administración o en finanzas."  Quizá uno que otro haya llenado cabalmente tales exigencias, pero no escapan de los nexos políticos con el partido gobernante; cosa que debe explicarle al pueblo la junta directiva que debe escoger al director general mediante un concurso del cual debe escoger a los tres mejores candidatos y presentar una terna de nombres al presidente de la república, para el correspondiente nombramiento. ¿Cómo, pues, casi siempre resulta el director general de la Caja tener vínculos políticos con el partido gobernante?

Las cosas andan mal en el Seguro Social porque la carcome la politiquería, la desidia y la sinvergüenzura de algunos que ven en ella un medio para sacar provecho propio o partidario. De nada vale que exista un director encargado de la transparencia, una comisión de inversiones y riesgos, una reserva de fluctuación e imprevistos, o cualquier otra supuesta medida para salvaguardar su objetivo y subsistencia. Lo que ocurre ahora con las finanzas del programa IVM es consecuencia directa de la politización a la que ha sido sometida la CSS por largos años.

Para robustecer sus finanzas, la reforma de su ley en 2005, hizo obligatorio que a partir de enero de 2007 toda persona que perciba ingresos debe cotizar al Seguro Social, sea asalariado o trabajador por cuenta propia. ¿Por qué no se ha podido alcanzar ese objetivo?  Los directores generales y los miembros de la junta directiva que han pasado por la institución desde dicha reforma, le deben esa explicación al país, porque esas cuotas no percibidas le hacen falta hoy a la entidad.

Corresponde a la gestión de gobierno actual enfrentar el desafío de corregir el rumbo de la Caja de Seguro Social y superar la barrera de la desidia y la sinvergüenzura que hasta ahora ha impedido que la situación del IVM se solucione. No es el mejor momento, es cierto, ni por los efectos provocados por el Covid-19 ni por el débil respaldo político con que cuenta, pero debe hacerlo asumiendo los riesgos que ello implica, porque son muchos más los misterios que las verdades en el manejo de la CSS, y porque el pueblo espera una respuesta concreta con respecto al pago de las pensiones, tanto en el presente como en el futuro.